La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano

[Ante la inminencia de un nuevo proceso eleccionario en Cuba comparto pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. Por ello, se examina también la generación del aparato estatal a través del sistema electoral existente en el país. Serán varias entregas, relacionadas pero independientes entre sí.]

Ver entrada anterior: El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

desde el princoipio: como comenzar por evitar la deriva de los elegidos

desde el principio: cómo asegurar el rumbo de los elegidos

La Constitución reformada en 1992 y la ley Electoral promulgada a su tenor establecen dos mecanismos distintos de nominación de candidatos para integrar la estructura estatal:
a) los candidatos a delegados de circunscripción son nominados de modo directo a través de propuestas de los electores. Una vez electos integran las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).
b) los candidatos a los niveles medio y superior (provincias y nación) son nominados de modo indirecto, por las AMPP a partir de propuestas realizadas por las Comisiones de Candidaturas (CC).
La nominación de candidatos a delegados de circunscripción tiene lugar en asambleas abiertas realizadas en áreas de nominación. Todos los electores presentes en ella tienen derecho a proponer, haciendo uso de la palabra, al candidato de su preferencia. Entre los propuestos resulta nominado aquel que obtenga mayor número de votos, expresados en público y a mano alzada. Para que la proposición sea aprobada, la persona debe aceptar su nominación. En cada circunscripción electoral deben existir al menos dos candidatos para ocupar el puesto de delegado. El máximo posible es ocho, pues es el número mayor de áreas de nominación en que puede dividirse una circunscripción.(1)
Para los niveles provincial y nacional las CC —integradas por representantes de las organizaciones sociales y de masas designados por sus direcciones territoriales respectivas, y presididas por un representante de la CTC— elaboran sus listas de precandidatos a partir de: a) delegados municipales que sean propuestos por las CC municipales para las Asambleas Provinciales del Poder Popular (APPP), b) ciudadanos que no sean delegados de las AMPP y que sean propuestos por las CC municipales y provinciales para integrar las APPP y la ANPP, respectivamente y c) en el caso de los precandidatos a diputados, además, ciudadanos que sean propuestos por la CC nacional para integrar la ANPP.
Según la regulación legal hasta 50% de las propuestas de delegados a las APPP y de los diputados a la ANPP provendrán de personas que sean delegados municipales. Una vez elegidos para la nueva responsabilidad, compartirán ambas funciones. El criterio busca hacer presente una representación de personas que han sido nominados de modo directo por sus vecinos. El número restante será integrado por propuestas de personas que las CC estimen como «relevantes» dentro de sus respectivos ámbitos de trabajo y estudio, aún cuando no residan en el municipio que los elige. Con ello se busca garantizar que las APPP y la ANPP estén integradas también por «ciudadanos con altos méritos y capacidad para hacer aportes importantes en los debates que se realizan en el […] órgano legislativo» con independencia del lugar donde vivan. (Lezcano)
Si bien hacer las propuestas de precandidatos a delegados provinciales y a diputados es facultad de las CC, cada AMPP aprueba, y con ello nomina, los candidatos que serán votados por su municipio y estos pasan a integrar la boleta electoral.(2) En todo caso, la base de la representación es el territorio. Para formular sus propuestas, las CC deberán consultar el parecer de cuantas instituciones laborales y organizaciones estimen pertinentes, así como los criterios de los delegados a las AMPP.
Teniendo en cuenta la regulación descrita, analizo a continuación los comportamientos participativos de la ciudadanía en ese diseño.

La nominación de candidatos a través de las asambleas de nominación
En las elecciones parciales de 2002 se pusieron a elección 14. 949 puestos de delegados de circunscripción, para los cuales fueron nominados 32. 585 candidatos en 39. 981 asambleas de base. Según esas cifras, en cada circunscripción se propuso como promedio nacional a 2,17 candidatos. Ello indica que, por un lado, el número de candidatos está pegado al mínimo legal, y, por otro, que existe un índice alto de coincidencia en las propuestas de candidatos en las asambleas de nominación.(3)
El análisis de la serie estadística de las elecciones y reelecciones entre 1976-2003 refuerza esta conclusión. El promedio de reelección es de 47,4%, luego, en una cifra elevada se propone a la persona que en la fecha ya ocupa el cargo de delegado. Si tenemos en cuenta los índices de reelección y el número de propuestas por circunscripciones (promedio de 2, 17), en conjunto, se concluye que entre 1976 y 2003 al menos en la mitad de la circunscripciones se ha agregado poco más de una nueva propuesta a la del delegado que culmina su mandato.
Otro indicador de baja nominación de candidatos puede encontrarse en la necesidad de segundas y terceras vueltas para la elección de delegados. Cuando concurren más de dos candidatos en la boleta electoral es más probable que ninguno de ellos alcance más de 50% de los votos, pues estos se reparten entre varios candidatos.(4) Por el contrario, si concurren dos candidatos, la posibilidad de tener que recurrir a segundas y terceras vueltas es menor, pues uno de ellos, a no ser que ambos alcancen exactamente 50%, alcanzará la cantidad de votos requeridos.
En 2010 se pusieron a elección 15. 093 cargos de delegados de circunscripción. De ellos, 12. 972 (85%) fueron electos en primera vuelta y 2. 121 puestos debieron resultar electos en segunda vuelta —aún se necesitó de una tercera vuelta para algunas circunscripciones. (Lee 2010) Es probable que en un número elevado de las circunscripciones donde se eligió en primera vuelta hayan concurrido dos candidatos.
Las entrevistas realizadas a delegados para esta investigación dan cuenta de un comportamiento extrainstitucional para obtener en ciertos casos el mínimo legal de dos propuestas. Varios aseguraron que al menos una vez han conocido personas que concurrieron a elecciones por sugerencia de alguna autoridad local para completar la segunda propuesta. En algún caso, fue uno de los propios entrevistados: «Cuando son las elecciones yo voto temprano y me voy. En el último periodo dije que no, me dijeron que aceptara, que no iba a salir, que había que tener dos nominados y no había un segundo, porque nadie salía. Al final salí». (Entrevista con delegado del municipio Habana Vieja) Esta práctica —allí donde ocurra— puede ser calificada de mediación política sobre el proceso y no está comprendida por la ley.(5)
En la base del hecho puede estar la aceptación de la nominación no por deseo personal sino por la compulsión de algún tipo de presión político social. Una de las más recurrentes podría resultar ser militante del PCC. Este no postula candidatos pero reclama como un deber que sus miembros acepten la nominación si ella se produce. (6)
Existen también indicadores de afectaciones a la calidad de las nominaciones, como el número de elecciones parciales que es preciso realizar dentro de un período de mandato en algunos territorios, y el tipo de causas alegadas para dejar el puesto de delegado.
Los cargos de delegados a las AMPP que resulten vacantes, salvo que se produzcan en los seis últimos meses del período correspondiente al mandato, son cubiertos para el resto de este mediante una elección parcial. En el Municipio Habana Vieja «en cada mandato a veces hay 20 ó 30 procesos parciales porque como los delegados no tienen respuestas, renuncian y hay que reelegir». (Entrevista con un delegado del municipio Habana Vieja)
Durante el proceso se concentra la prioridad institucional en contar con dos candidatos, pero al parecer en todos los territorios no se concede la misma importancia a las motivaciones personales para acceder al puesto. Como resultado, en ocasiones los delegados buscan oportunidades para cesar en sus funciones, aduciendo razones como «enfermedad» o «cambio de dirección». (7)
Como resultado, puede concluirse que el sistema institucional opera con un diseño que permite legalmente que cualquier ciudadano pueda ser nominado a delegado, pero su práctica funciona con bajos índices de nominación y afectaciones a la calidad de la nominación, lo que estaría indicando la presencia de desestímulos a la participación ciudadana en la proposición de candidatos. En palabras de Tomasetta, se aprecia un problema doble: en la «cantidad del tomar parte» y en la «calidad del tener parte».
Entre las causas de este hecho se sitúan algunos rasgos del propio diseño institucional: a) las elecciones legitiman genéricamente el sistema político, pero no deciden sobre políticas de Estado ni de Gobierno y b) el diseño institucional no establece la electividad de todos los cargos que desempeñan funciones estatales. (8)
El análisis de los procesos de representación política en los niveles de base que se realizará más adelante en este blog, permitirá profundizar en la explicación sobre la presencia de desestímulos a la participación en el diseño institucional, a partir de la valoración del desempeño de los delegados y de las percepciones sobre su capacidad/posibilidad de ejercer las atribuciones que le están conferidas.

La proposición de precandidatos a través de las CC
Las CC tienen la misión institucional de asegurar el derecho universal —de todos los ciudadanos— para ser nominados a los cargos de los niveles provincial y nacional del organigrama estatal, de acuerdo con el principio de máxima inclusividad que regula el tipo de diseño institucional establecido. (9)
El diseño busca eludir el monopolio político de las partidocracias y poner la nominación en manos de la mayor cantidad posible de personas —a través de la representación de las Organizaciones Sociales y de Masas (OSM) —socializando así las agencias de nominación.
Para las elecciones generales de enero de 2003, las CC organizaron 860 plenos de las OSM, con una asistencia promedio de 87% y la participación de 3 millones 68 mil 878 personas, y recibieron en total 57.340 propuestas para delegados provinciales y para diputados. En esas elecciones solo fueron rechazadas, por parte de dos AMPP, sendas propuestas de las CC para diputados y delegados (MINREX 2004), lo cual indica su alto nivel de aceptación.
A la par, el discurso institucional muestra una limitación del sistema: para probar su democraticidad—en tanto igualdad de derechos políticos para toda la ciudadanía—, se ha afirmado que el proceso electoral permitiría la nominación y la elección de cualquier candidato, incluso de los opositores de la política estatal revolucionaria. (Gili Colom 1993), (MINREX 2005), (Serrano 2010) Para ello solo se necesitaría que resultara nominado y que se agenciase los votos.
El criterio, válido para el espacio municipal, no es extensible a los niveles provincial y nacional, donde las propuestas no son hechas por cualquier ciudadano, sino por las CC. Estas no estarían operando, entonces, con la condición legal general de «ciudadanos», que es la empleada por la Constitución y la Ley Electoral, sino con alguna categoría cualificada, por ejemplo ciudadanos que reconocen como «revolucionarios». No obstante, sus propuestas integran un organismo universal, el Estado, que pertenece según la Constitución a todos los ciudadanos, y no un organismo político particular, de naturaleza selectiva, como es un partido. (10)
Como debe resultar obvio, no es un problema exclusivamente cubano. Mas, resulta poco útil comparar lo antes dicho con el comportamiento exclusivista de los sistemas electorales liberales, pues estos imaginan la representación como un espacio de mercado. Con esto, no prometen que todos los ciudadanos tendrán acceso al aparato estatal: la naturaleza de la democracia liberal es un dispositivo político esencialmente elitario. Resulta más prudente, empero, comparar el problema con experiencias que compartan sentidos similares sobre la representación. Harnecker lo analiza para el caso venezolano:

“El poder popular no puede teñirse del color de un partido político, ni de una corriente religiosa, el poder popular […] debe ser de muchos colores, debe ser como el arco iris y debe dar cabida a todas y todos los ciudadanos de Venezuela. Son las personas que habitan en una comunidad, centro de trabajo o estudio las que deben elegir democráticamente a sus voceras y voceros y estos naturalmente representarán diferentes posiciones políticas e ideológicas, dependiendo de la fuerza que esas posiciones tengan en sus respectivas comunidades. Esa es la idea y así se ha hecho donde se ha aplicado correctamente la Ley de los Consejos Comunales.” (M. Harnecker s.f.)

El problema del acceso universal al Estado en Cuba tiene amplias proyecciones: no se limita al tema particular de la oposición financiada por Estados Unidos —el más aludido cuando se estudia este tópico, (11) sino que alcanza a todo el espectro político cubano no calificable de «contrarrevolucionario y financiado por los Estados Unidos».
El debate social entre sectores revolucionarios, llamados de modo permanente a consulta por la dirección política del país, se presenta como una fortaleza del sistema político y siempre ha contado con diversas y encontradas posiciones. Sin embargo, desde 1976 las decisiones sobre todas las materias han sido aprobadas unánimemente por los diputados elegidos para la ANPP. (Para el caso de la «tendencia a la unanimidad» en las AMPP ver Del Río y Alonso 2009)
Lo anterior supone plena aceptación de las políticas gubernamentales por parte de los electos pero también limitaciones al principio de la representatividad social cualitativa de los resultados de la elección, pues un número de las voluntades políticas presentes en el debate social no aparecen representadas. La unanimidad en torno a decisiones específicas podría ser la síntesis final de debates entre distintas alternativas que buscan expresarse con unicidad —con el alineamiento voluntario de sus proponentes—, ahora, que sea el modo permanente de actuación, respecto a todas las decisiones, parece más una consecuencia de la necesidad de ser coherente con la existencia de una voluntad política única.
Así se configura una distorsión de la representación de la diversidad social y política cubana, que debería en cambio expresarse con mecanismos equitativos de promoción, información y concertación para participar en la deliberación pública y asamblearia presentando alternativas concretas que disputen la toma de una decisión específica. El énfasis estaría colocado en la deliberación entre ciudadanos en esferas públicas diversas y no en la pretensión de conformar una soberanía popular unitaria, pues esta última se muestra proclive a convertir en sinónimos la diferencia (ideológica) y la subversión (del orden legal).
La posibilidad de acceder de modo universal a la intervención en la dirección estatal se basa en el derecho y en el hecho del pluralismo. Resulta independiente de que una alternativa se convierta, al final, en una decisión asamblearia por voto unánime, o por algún tipo de mayoría.
Si garantizar el acceso de ese pluralismo político al aparato estatal es la misión institucional de las CC, su práctica comporta contradicciones con su diseño legal, pues deja voluntades no representadas o subrepresentadas en el sistema institucional, cuando debe estar comprometida con el criterio de máxima inclusión o acceso universal.

Notas

(1) Los candidatos se nominan por áreas y cada área puede nominar un solo candidato, si se nominase una persona por cada área serían ocho los nominados para el cargo de delegado de circunscripción.
(2) Es facultad de las AMPP aprobar o rechazar a uno o a todos los precandidatos, en cuyo caso las CC deberán presentar otro u otros precandidatos a la decisión de la correspondiente AMPP.
(3) Las cifras antes consideradas son cercanas al promedio con que cuentan estos indicadores en los procesos eleccionarios posteriores a 1992. (Granma 1992, 1995, 1997, 2000, 2002, 2005, 2007) (AEC 2005, 2008)
(4) Si la boleta tiene tres candidatos, y dos de ellos alcanzan individualmente, por ejemplo, 23% y 28% de los votos, el tercero tendrá 49% a su favor, ampliamente mayoritario pero no suficiente, pues necesita más de la mitad de los votos válidos. Si la cifra es superior a tres candidatos será aún más difícil obtener más del 50% de los votos.
(5) La Ley Electoral establece que si en todas las áreas de una circunscripción resulta nominado el mismo candidato, en la última asamblea de nominación se procede a nominar otro candidato.
(6) Sobre este punto, Jorge Lezcano afirma: «Si un militante del Partido es propuesto, se supone que acepte, porque la población, los trabajadores, los vecinos están depositando su confianza en él. No puede ocurrir que un militante del Partido al que el pueblo quiere, que sus vecinos quieren que sea su representante diga: «No, yo tengo mucho trabajo, yo no puedo», eso no puede ocurrir, porque él debe ser ejemplo ante sus vecinos, ante la población». (Lezcano 2010) En el trabajo de campo realizado en la provincia de Villa Clara, afloró que 14 de 18 delegados encuestados eran militantes del PCC o de la UJC y 16 de 18 presidentes de Consejos Populares eran militantes del PCC.
(7) Varios entrevistados describieron el proceso como sigue: «Yo quería llevar mi experiencia de trabajo […] a mi comunidad, quería trabajar con la delegada para apoyarla. Nunca pude ayudarla, nunca daba con ella. Pude hacerlo después de mucho tiempo de caerle atrás, y en confianza me dijo que se saldría del cargo, aprovechando una caída que tuvo en la moto. Me dijo que ella era del Partido, y que debía salir sin buscarse problemas. Entonces, me dijo también que me propondría como delegado». (Entrevista con ex delegado del municipio de Marianao) // «Otra causa frecuente por la que hay que hacer nuevas elecciones de delegados es el cambio de dirección (del lugar de residencia). Muchas veces no llegan a permutar, y lo hacen para justificarse y dejar el puesto». (Entrevista con delegado por el municipio Ranchuelo)
(8) El proceso deja fuera del ámbito electivo gran número de cargos públicos estatales, que son «nombrados» o «designados», como las directivas de todos los Institutos y Consejos y del sistema escolar, universitario y empresarial del país, que cumplen funciones estatales públicas—. Con ello, no se reconocen de modo universal los derechos funcionales —algunos les llaman «funcionariales»— (1992, art.43) porque, según está implementada, la práctica de la designación no asegura: a) la igualdad de oportunidades a los aspirantes al cargo público (podría, por ejemplo, disponerse la existencia de un concurso público de oposición a un cargo estatal, con la obligación de designar al «mejor para el puesto», en este caso existiría designación con respeto de la igualdad), b) un criterio de selección que reclame, en consecuencia con lo anterior, solo méritos y capacidades como los presupuestos que han de servir para elegir o designar un cargo público) y c) un procedimiento para la selección que suponga la elección del cargo público por parte de la comunidad ciudadana de base (un territorio o un colectivo laboral, según el ámbito de la decisión), o capacidad de esta para intervenir en su nombramiento.
(9) Según Jorge Lezcano: «[…] las Comisiones de Candidaturas tendrán en cuenta que en sus propuestas estén representados todos los segmentos que componen la sociedad cubana: hombres, mujeres, jóvenes, blancos, negros, mulatos, obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, representantes de los más diversos sectores; de la cultura, la ciencia, el deporte, la salud, la educación, la producción y los servicios, entre muchos otros. A su vez, asegurarán que estén presentes candidatos que puedan dar continuidad al trabajo de los órganos del Poder Popular junto al valioso aporte que constituyen los que serán electos por primera vez». (Lezcano)
(10) El diseño institucional consagra esta indeterminación: separa al Partido del Estado, prohibiéndole al primero nominar candidatos, pero coloca a las OSM, encargadas de hacerlo, bajo la subordinación del Partido. Una radicalización democrática de este elemento comportaría que las agencias de nominación fuesen entidades no subordinadas ni al Partido ni al Estado, regulando, por ejemplo, la autonomía de estas organizaciones, en renovada comprensión democrática sobre el papel del Estado en el socialismo.
(11) Ha sido ampliamente documentado el apoyo financiero que recibe la llamada oficialmente oposición. El diseño institucional inhabilita legalmente a quien, a través de esa vía, pretenda acceder al sistema institucional cubano (Ley 88, art. 8).

Textos citados

Lezcano, Jorge, entrevista de Revista Debate Socialista. “Cuba socialista y el poder popular”, Ediciones Poder Popular. (13 de 03 de 2010). Y Lezcano, Jorge, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con Director de la Oficina de Información y Difusión de la ANPP (11 de 06 de 2010).
Lee, S. «Elegidos 12 986 delegados.» Granma, 27 de 04 de 2010.
MINREX. « Cuba: una alternativa genuina y autóctona de democracia participativa, equidad y justicia», Cuba Socialista, 2004
Gili Colom, Roberto. «”Valen todos”: elecciones con rango de plebiscito.» En Elecciones en Cuba ¿Farsa o democracia? Melbourne: Ocean Press, 1993.
MINREX, “El presidente del Parlamento cubano Ricardo Alarcón habla con la BBC sobre las elecciones en Cuba”, 2005, , ultimo acceso: 10 de enero de 2013)
Serrano, Pascual. 19 de 04 de 2010. (último acceso: 09 de enero de 2013).
Harnecker, Martha. «Participación popular y socialismo en Venezuela .» En Socialismo y Democracia Participativa en Venezuela, de Camila Piñeiro (comp.). en prensa, s.f.
Del Río, Mirtha, y Joaquín Ramón Alonso. «La gobernabilidad local en Cuba: una visión desde el Derecho.» En Panorama de la Ciencia del Derecho en Cuba. Estudios en homenaje al profesor Dr. C. Julio Fernández Bulté, de Andry Matilla (comp.), 281-297. La Habana/Mallorca: Universidad de la Habana/LLeonard Muntaner Editor, 2009.

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