Cómo promover la representación de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano

[Ante la inminencia de un nuevo proceso eleccionario en Cuba comparto pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. Por ello, se examina también la generación del aparato estatal a través del sistema electoral existente en el país. Serán varias entregas, relacionadas pero independientes entre sí. Esta es la tercera entrega]

Ver entradas anteriores: La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano ;
El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

El pueblo, según Lázaro Saavedra

El pueblo, según Lázaro Saavedra

Para la democracia republicana, el derecho de igualdad implica equidad y proporcionalidad en la representatividad social de los resultados de la elección. Si existen voluntades sociales subrepresentadas, o no representadas, es preciso sostener políticas públicas para garantizar la posibilidad de su acceso a la intervención en el Estado, en cuanto garantía del ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos —los llamados de «autonomía», aquellos que se ejercen de manera colectiva frente al Estado para procurar la satisfacción de intereses plurales.

El Estado cubano ha mantenido políticas de promoción de grupos desfavorecidos a través de diferentes mecanismos y actores. Las Organizaciones Sociales y de Masas (OSM) han desempeñado un papel primordial para la continuidad de esas estrategias, un ejemplo son las políticas llevadas a cabo por la Federación de Mujeres Cubanas.

Ahora bien, las políticas de identidad con las que trabajan las OSM responden a una estructura social homogénea, mantenida por tres décadas, y menos a una estructura «heterogeneizada», como la que caló en Cuba a partir de los años noventa. Dichas políticas atienden exclusivamente a los vínculos con el trabajo/estudio y a la pertenencia a una organización político social. Sin embargo, un contexto de diferenciación social produce sujetos de identidad y lealtades múltiples, que incorporan nuevas demandas identitarias.

En su discurso público nunca ha existido espacio, por ejemplo, para los trabajadores enfermos de SIDA, mujeres negras, cederistas homosexuales o estudiantes bautistas. Esta diversidad demanda ser procesada desde un paradigma de articulación de diferencias, que reconozca identidades sociales y cívicas en movimiento, y que genere consecuencias políticas: reconocer derechos de participación a colectivos sociales autoidentificados y evaluar si están sometidos a condiciones de discriminación y desfavorecimiento en lo que respecta a su representación política.

Aún considerando las identidades «tradicionales», es posible apreciar que el modelo de políticas públicas de promoción de la participación en la dirección del Estado de sectores desfavorecidos ha alcanzado grandes éxitos, pero ha mantenido subrepresentados a determinados sectores.

La distribución por sexo de los delegados municipales y diputados aporta un ejemplo. A continuación aparecen dos series estadísticas desde 1992 hasta 2007-2008 que permiten el análisis.

Tabla 1: distribución por sexo de los delegados a las AMPP entre 1992-2007

Elecciones 1992 1995 1997 2000 2002 2005 2007
Total de delegados a la AMPP 13865 14229 14533 14686 14946 15112 15236
% de mujeres 13,5 15,5 17,8 21,0 23,4 26,5 27,3

Fuente: Elaboración propia, basado en estadísticas ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Tabla 2: distribución por sexo de los diputados a las AMPP entre 1992-2008

Período electoral 1992-1993 1997-1998 2002-2003 2007-2008
Total de diputados a la ANPP 589 601 609 614
% de mujeres 22,8 27,6 36,0 47,3

Fuente: Elaboración propia, basado en estadísticas ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Si las mujeres han representado, en el mismo período, alrededor de 50% de la población, es posible afirmar que la distribución por sexo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) se corresponde cuantitativamente con las características de la sociedad cubana.

Sin embargo, no sucede igual en el ámbito municipal, donde nomina la ciudadanía de modo directo. Como se observa en la tabla 1, el número de delegadas municipales, a pesar de su ascenso, oscila entre 13,5% y 27,3%, de modo que se encuentran subrepresentadas en ese nivel estatal. Las causas y derivaciones de ese hecho son múltiples, y responden a dimensiones económicas, históricas, políticas y culturales. Con todo, es posible concluir que a nivel social las políticas de promoción de las mujeres para su inserción en el sistema político han obtenido resultados discretos en la promoción de un cambio de mirada en los ciudadanos y ciudadanas y en el empoderamiento de las mujeres en actividades directamente políticas —lo que implicaría su promoción efectiva por parte de la propia ciudadanía al proponerlas y votar por ellas para las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP)— aunque sí han hecho posible el alcance de un estándar de representación en los niveles estatales superiores.

El diseño institucional, por tanto, desaprovecha el valor político de las identidades individuales y sociales que componen el espectro heterogéneo de su sociedad, debido a que las propuestas de precandidatos a delegados provinciales y a diputados parten de la identidad única que reconocen las OSM: los «mejores trabajadores» o los «mejores estudiantes».

El tópico expresa un reto para la perspectiva democrática republicana. Existen zonas cuya determinación resulta más simple: en ningún caso las demandas políticas de identidad deberán quedar fuera de procesos democráticos de toma de decisión, pero otros requieren mayores calas: es preciso pensar estrategias que eviten el encierro que conduzca a tales políticas hacia la imposibilidad de presentar como universalizables sus intereses en la esfera pública y que dejen en estado de impotencia a sus defensores/as para disputar la definición del bien común respecto a otros grupos con gran estructuración y visibilidad.

El tema se debate en América Latina en términos semejantes:

Las políticas de identidad suelen promocionar un tipo de solidaridad que se limita a la identidad de un solo grupo en particular, por lo que tiende a restringir su poder de convocatoria cuando se trata de solventar problemas relacionados con la injusticia social. En cambio, para crear una base amplia de movimientos poderosos es necesario incorporar las inquietudes de las políticas de identidad, a través de un movimiento generalizado en pro de la justicia social. (Wilpert s/f)

En todo caso, sería útil reconsiderar en Cuba las políticas tradicionales de promoción de la representación política de sectores desfavorecidos, evaluando los impactos reales que han tenido en la sociedad con perspectivas cuantitativas y cualitativas. En el trabajo de las Comisiones de Candidatura (CC)  lo anterior podría concretarse en al menos dos caminos: a) la pluralización, sobre nuevos criterios, de la base ideológica de la representación, y b) la modificación de su base institucional.

La reforma de la base ideológica de la representación

El discurso institucional cubano propone votar por los «mejores y más capaces». La información ofrecida sobre los candidatos para orientar la elección es una breve ficha (una cuartilla) descriptiva de su desempeño en la esfera estudiantil/laboral y política-institucional. De ella se excluye cualquier explicación sobre dimensiones de pigmentación de la piel, edad, estado de la salud, ingresos, ideología, orientación sexual, etc, varias de las cuales condicionan su desempeño social y generan diversas consecuencias políticas.

En el fondo, ese tipo de información reconduce a la comprensión del ciudadano producido por el liberalismo que concibió el capitalismo en ascenso a partir del primer tercio del siglo xix: el ciudadano abstracto, creado ideológica y legalmente por la burguesía triunfante en la Europa posnapoleónica. Ese concepto de ciudadano buscaba desarmar la presentación de los conflictos sociales, al asegurar que todos poseen iguales derechos y deberes, sin importar las dimensiones sociales determinantes en esa época para la producción y la reproducción de poder, como clase, edad y sexo.

Dicha comprensión partió de la separación liberal entre las esferas pública y privada, entre el ámbito de lo político y el de lo económico, base sobre la cual se construyó, como afirma Lander (1997), el mito de la igualdad política —la ciudadanía— ante la evidencia empírica inocultable de la existencia de profundas desigualdades sociales, económicas y culturales.

La concepción se extendió, en parte, al marxismo soviético que consideró a los antagonismos entre clases —producidos por la relación existente entre el capital y el trabajo— como condicionantes exclusivos de la conciencia individual y social. Tal idea se encontraba también, de algún modo, en Marx, que entendió el control del trabajo como determinante de la producción de poder y excluyó, según Quijano (2000), otras instancias también decisivas de ello: el control de la naturaleza, del sexo, de la subjetividad y de la autoridad, y de los recursos que cada una de estas instancias producen.(1)

Cuando el diseño institucional cubano imagina al sujeto de la representación como determinado solo por dos ámbitos de poder —las relaciones establecidas en torno a la política institucional (la autoridad) y al trabajo—, se muestra limitado para abrir paso a las demandas de una ciudadanía descolonizada, ideal que reivindica la igualdad política desde la diferencia, y busca extender el principio latente detrás de la fórmula «un hombre, un voto» desde el campo político hasta el económico, así como contrarrestar las acciones que puedan minar tal principio (desde restricciones a la participación política de algún sector de la población, hasta medidas que más directa o indirectamente favorezcan la concentración del poder económico en pocas manos) (Gargarella 2002).

Pluralizar la base ideológica de la representación contribuye a liberar las relaciones sociales de las dominaciones fundadas sobre clase, raza, sexo, edad, diferencia cultural, etc, existentes al interior de cualquier sociedad, la cubana incluida.

Precisamente, aquí radica uno de los impulsos fundamentales de la discusión contemporánea sobre la ciudadanía, porque esta última «tiene la virtud de tematizar dos cuestiones que importan sobremanera en el pensamiento contemporáneo: la de los derechos individuales y la de las identidades colectivas, la cuestión de la sociedad justa y la de la pertenencia a los grupos particulares». (Rivero 2001, 52)

La reforma de la base institucional de la representación

Antes afirmé que la nominación de candidatos tiene como única base técnica la representación territorial.

De acuerdo con el discurso institucional cubano, ese criterio brinda grandes posibilidades participativas y de control sobre el representante, entre ellas la de contar con un delegado que es a la vez un vecino, con lo que se acerca la posibilidad de conocerlo, de vincularse con su trabajo y de colaborar con las tareas de gobierno.

Una parte de la literatura sobre gobiernos locales subraya esos mismos valores:

Puesto que la escala es pequeña y existe una menor distancia física (y algunos dirían que una menor distancia social) entre los representantes y los electores que en el nivel nacional, puede desarrollarse una comunicación efectiva en ambos sentidos para discutir y criticar las políticas y programas locales. Los ciudadanos pueden tener la satisfacción de una confrontación directa con sus miembros locales y funcionarios, de manera que su función de guardianes es más efectiva. (Bowman y Hampton 1993, 25)

No obstante, en Cuba existen posiciones alternativas al hecho de considerar el criterio territorial como el exclusivo en la estructuración de la representación política. Miguel Limia ha propuesto complementar la representación territorial con la «laboral»: una parte de los electos representaría a territorios, y el resto representaría a la estructura económica del país. (Limia en Dilla, 1996, 72) Este autor se apoya en que las CC trabajan de hecho sobre la base de proponer candidatos según la estructura productiva y de servicios del país.

En la práctica se ha seguido defendiendo el criterio exclusivamente territorial como base de la representación. (2) Las CC no proponen a un candidato a nombre de un sector, sino por méritos profesionales y por su inserción política. Se nomina a un deportista, o a un maestro, para tener personas representativas de los sectores, no representantes de ellos.

El criterio tiene limitaciones: a) «condiciona que las personas estén representadas ante todo como consumidoras, de modo pasivo y no como productoras» (Limia en Dilla 1996, 72) y b) el mandato conferido a los candidatos no puede tener escala ni contenidos diferentes a lo que él puede manejar en su territorio —con lo que se limita estructuralmente la naturaleza del mandato— y grupos sociales con intereses específicos no «locales» se quedan sin cauces de representación institucional para introducir sus temas en las agendas públicas locales, regionales, nacionales y globales.

Por ello, el criterio es limitado, además, para dar cuenta de las obligaciones de la ecociudadanía republicana. Tales obligaciones «se extienden en el tiempo, así como en el espacio, hacia generaciones que aún no han nacido. Los ciudadanos ecológicos saben que sus acciones de hoy tendrán implicaciones para las personas del mañana, y pueden argüir que el generacionismo se asemeja y es tan poco defendible como el racismo o el sexismo» (Dobson 2005). Estas demandas podrían ser canalizadas con dificultad por un sistema que restrinja el objeto de la representación a demandas localizadas en el tiempo (futuro inmediato o mediato) y el espacio (el lugar de residencia o el Estado nación).

Para evitar sus limitaciones es conveniente combinar principios de representación. Por ejemplo, incorporar el de representación de intereses —la propuesta de Limia califica técnicamente como tal—, que considera la pertenencia profesional o de clase y no sustituye ni elimina la representación política. (CAPEL 1988, 599) El debate sobre este tipo de representación se ha replanteado a nivel global a través de la discusión sobre el neocorporativismo (democrático o estatalista) hacia el cual se orientan los Estados fuertemente influidos por la idea del Estado social o de bienestar. (Bobbio 2003, 491) Tal forma de representación contribuye a replantear la democracia como espacio plural y colectivo de construcción republicana del sentido de lo político.

En aras de garantizar un proceso de nominación de candidatos que supere las limitaciones del criterio territorial, y sea más sensible a expresar con mayor extensión la diferencia social, podrían seguirse algunos de estos derroteros: pluralizar las agencias de nominación de candidatos, diversificar el criterio ideológico e institucional con que operan las actuales agencias de nominación, establecer reglas de acceso mínimo al aparato estatal a favor de grupos sociales desfavorecidos, y regular como una consecuencia política del reconocimiento del espacio asociativo que las distintas formas de organización de la sociedad cuenten con canales para dirigir directamente demandas al Estado y poder representarlas por sí mismas ante el respectivo órgano deliberativo estatal con voz pero sin voto, o con voz y algún tipo calificado de voto.

Notas

(1)     «Tal como lo conocemos históricamente, a escala societal el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto articuladas, básicamente, en función y en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social: (1) el trabajo y sus productos; (2) en dependencia del anterior, la “naturaleza” y sus recursos de producción; (3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie; (4) la subjetividad y sus productos, materiales e intersubjetivos, incluído el conocimiento; (5) la autoridad y sus instrumentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. //En las dos últimas centurias, sin embargo, y hasta la irrupción de las cuestiones de subjetividad y de género en el debate, la mirada eurocéntrica no ha podido percibir todos esos ámbitos en la configuración del poder, porque ha sido dominada por la confrontación entre dos principales vertientes de ideas: una hegemónica, el liberalismo, y otra subalterna, aunque de intención contestataria, el materialismo histórico». (Quijano 2000)

(2)     Jorge Lezcano argumenta: «[El criterio de representación laboral] a mi parece que no le aporta nada a la democracia del país, a la concepción que hoy tiene la elección del delegado con rendición de cuenta y control sobre los delegados. Mientras más se aparte la elección del delegado de la rendición de cuenta y del control del pueblo directamente, el sistema es menos efectivo, menos democrático. ¿Por qué [el diputado Ariel] Pestano [que es deportista activo] debería rendirle cuentas [de su actividad parlamentaria] al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER)? Si el INDER no lo eligió ni lo propuso. ¿De qué le rendiría cuentas? ¿Del Deporte? ¿De lo que él ha propuesto en la Asamblea para que mejorara el Deporte? ¿Qué valor tendría ello ante la dirección del INDER, ante los trabajadores del INDER? No tendría ningún valor. Para tenerlo tendría que elegirlo el INDER, los trabajadores del INDER. Él no se elige como deportista. Son cosas distintas. Si solo representara al INDER discutiría exclusivamente cuando se proponen los temas del INDER». (Lezcano 2010)

Textos citados

Bobbio, Norberto. Teoría general de la política. Madrid: Trotta, 2003.

Bowman, Margaret, y William Hampton. Democracias locales. Un estudio comparativo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

CAPEL. Diccionario electoral. San José: Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), 1988.

Dilla (comp.), Haroldo. «La participación en Cuba y los retos del futuro.» De Haroldo (comp) Dilla. La Habana: Ediciones CEA, 1996.

Dobson, Andrew. «Ciudadanía ecológica.» Isegoría, nº 32 (2005): 47-62.

Gargarella, Roberto. «Liberalismo frente a socialismo.» En Teoría y filosofía política. La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano , de Atilio A. Boron y Álvaro De Vita. Buenos Aires: CLACSO, 2002.

Lander, Edgardo. «Democracia, participación y ciudadanía.» Ponencia presentada en Balance de la producción de ciencias sociales en los ochenta y noventa, XVIII Asamblea General de CLACSO. Buenos Aires, 1997.

Lezcano, Jorge, entrevista de Revista Debate Socialista. Cuba socialista y el poder popularEditado por Ediciones Poder Popular. (13 de 03 de 2010). y Lezcano, Jorge, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con Director de la Oficina de Información y Difusión de la ANPP (11 de 06 de 2010).

Quijano, Aníbal. «Colonialidad del Poder y Clasificacion Social.» Journal of world-systems research, vi, 2, summer/fall, 2000: 342-386.

Rivero, Ángel. «Tres espacios de la ciudadanía.» Isegoría, nº 24 (2001).

Wilpert, G. «¿Qué es el socialismo del siglo XXI?» En Socialismo y Democracia Participativa en Venezuela, de Camila Piñeiro (comp.). en prensa

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