¿A quién y cómo rinden cuenta los políticos electos en Cuba?

[El domingo 3 de febrero se realizaron elecciones generales en Cuba. En este contexto, sigo compartiendo pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. En esta nueva entrada, la quinta y última dedicada al tema, analizo los mecanismos de rendición de cuentas y de revocación de los representantes estatales cubanos.]

Ver entradas anteriores: Sobre el vínculo (o la carencia de este) entre el representante y su elector en Cuba; Cómo promover la representación política de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano, La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano, El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

La rendición de cuentas constituye un deber constitucional para todos los órganos y funcionarios del Estado. Según el artículo 68 «las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios» y «los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento».(1) El diseño institucional lo concibe como un control social sobre la actividad de Gobierno, no reducido a la estructura institucional del Poder Popular.(2)

Los delegados deben realizar asambleas de rendición de cuentas dos veces al año, con el objetivo de informar sobre la gestión realizada para solucionar los planteamientos antes recibidos y recoger nuevos planteamientos y opiniones. En los documentos analizados aparece la necesidad de preparación de estas reuniones como una prioridad para obtener de ella el máximo rendimiento. Los delegados deben buscar la información necesaria para ofrecer respuestas de calidad y coordinar la asistencia de las entidades implicadas en las mayores problemáticas de la comunidad. En los informes que elaboran las AMPP para sus sesiones habituales, se evidencia la preocupación por problemas existentes durante el ejercicio de la labor de los delegados: la participación de los vecinos en la solución de los problemas comunitarios; la concertación, por parte de los delegados, de los planteamientos recibidos con la AMPP; la permanencia de los electores en las asambleas de rendición de cuentas; la evaluación y análisis de lo sucedido en la propia asamblea; la comunicación del delegado con sus electores, etcétera.

Un informe de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular de la ANPP, que sintetizó una investigación sobre el desarrollo de las funciones de los delegados a las AMPP y los Consejos Populares, en junio de 2006 presentaba como uno de los problemas más notables «el relacionado con la atención, respuestas y soluciones que ofrecen las direcciones administrativas a los planteamientos que hace la población». (ANPP 2006) En 2009, otro informe de la misma Comisión declaró «hay que señalar que el nivel de solución de los planteamientos formulados a las entidades administrativas resulta particularmente bajo en algunos territorios». (ANPP 2009)

Por las entrevistas realizadas, es posible constatar altos grados de formalismo en las rendiciones de cuenta en lo que respecta, por ejemplo, a las tareas de fiscalización y control, o el ejercicio de ciertas presiones sobre el cabal cumplimiento de estas tareas.

 “Hoy el control y la fiscalización se ha convertido en una meta, en algo ficticio con lo que estamos emborronando cuartillas, hablando casi lo que es y lo que no es, para quedar bien. Hay cosas por hacer, pero no porque no sepamos que tenemos que hacerla, sino porque no se nos acompaña y otras veces porque la propia administración nos «marca» diciéndole a un directivo «cuidado con esa presidenta del consejo que puede…». Le avisan antes de hacer lo que queremos hacer. Nosotros no cuidamos ni cargos ni rangos, cuidamos a la Revolución, pero si nos metemos con mucha gente, nos pueden pasar la cuenta”. (delegada por el municipio de Placetas).

 “Hay momentos que cuando usted va a evaluar la calidad de un servicio, por ejemplo, una bodega, tiene que ir solo. Al bodeguero no se enfrenta nadie. El pueblo no se enfrenta al bodeguero. ¿Cómo sale eso? A través de encuestas anónimas. Ni los militantes del Partido quieren meterse en eso”. (delegado por el municipio de Placetas)

 El tema de la rendición de cuentas hizo aflorar otro problema que no había aparecido hasta el momento en la investigación: la valoración sobre la duración del mandato de 2,5 años para los delegados municipales.(3)

Varios entrevistados consideraron que ese tiempo era suficiente por razones imputables a deficiencias del funcionamiento del sistema: «El mandato de 2 años y medio es suficiente para el sistema actual. Y te puede salvar la vida. Llevas ese tiempo y te duele la cara de vergüenza y ya necesitas salir». (ex delegado por el municipio Marianao.) En el mismo sentido, un delegado añadió: «las rendiciones de cuenta deben ser una vez al año, si para pasar penas delante de la gente con una vez al año sobra». (delegado por municipio Placetas)

Lo anterior es una consecuencia directa de la posibilidad de ejercer el régimen de atribuciones del delegado, antes considerada. Por ello, para la ANPP

 “[r]esulta muy importante evaluar el nivel de solución que se alcanza en los planteamientos que corresponden a las entidades administrativas. Cada asunto resuelto fortalece al delegado y contrariamente, cuando él solo logra dar explicaciones, muchas veces sin todos los argumentos, debilita su papel. […] Es políticamente muy importante conocer y evaluar aquellos casos en que los electores rechazan las respuestas de los delegados. Se debe examinar cada caso y determinar, si fue correcto lo que se informó a los electores. […] [Debe existir] una verdadera necesidad de [crear las Comisiones de Trabajo pues] a la vez se logra que la población tenga la real posibilidad de participar en las cuestiones de Estado”.  (ANPP 2009)

 La obligación de rendir cuentas podría ser un control social más efectivo —que satisfaga el objetivo demorepublicano de combatir la «autonomización» del poder—  si se entiende como parte de una relación de agencia cuyo contenido no se limita a peticiones administrativas: el representante debería rendir cuentas ante sus electores por los planteamientos recibidos, por las decisiones puntuales que ha tomado en el órgano representativo al que pertenece al tiempo que podría ser comisionado para defender determinada voluntad de su comunidad ciudadana de base.

El diseño institucional no implementó consecuentemente la relación que tendrían los delegados provinciales y diputados con sus electores, con lo que puede provocar un efecto negativo de expectativa no satisfecha en cuanto al vínculo del ciudadano con esos representantes.  (García Brigos 1997) Una propuesta sugiere regular el vínculo con los delegados provinciales y diputados como un mandato que confiere el gobierno del municipio que los ha elegido para defender determinados intereses ante los órganos representativos a los cuales pertenecen. (Prieto y Pérez 2000)

La regulación desaprovecha el ejercicio de consecuencias democráticas que pueden derivarse de la exigencia de voto directo para todas las estructuras estatales establecida por la reforma de 1992: que cada Asamblea sea un órgano de poder público con poderes originarios, autorizados por la soberanía de la comunidad ciudadana de base que le ha otorgado un mandato. De ser así, se haría efectivo en el diseño institucional el principio de que se rinde cuenta ante todo frente a una comunidad soberana de ciudadanos, en cuanto mandante y fiscalizadora del poder público en todas las escalas de actuación estatal.

Ampliar la rendición de cuentas ante el elector, hasta hacerla capaz de alcanzar el pleno de decisiones que se toman en el país —que todos los funcionarios estatales rindan cuenta por diversas vías, y ante la ciudadanía o ante la comunidad electoral de base— supone el desarrollo de temas conexos como la transparencia institucional y la comunicación pública. Desde el punto de vista jurídico, sería necesario establecer mediante ley un procedimiento regularizado para disponer de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y aprobar la ley de libertad de palabra y prensa cuya promulgación exige la Constitución (art.53). Desde ese punto de vista, la obligación de rendir cuentas haría parte del objetivo de socializar el poder y equivale a la obligación republicana de transparencia en el ejercicio de la función pública.

Hacia el futuro, el discurso institucional se orienta hacia el desarrollo local. De desarrollarse en profundidad, el impacto será provechoso en dos campos: se potenciará el ejercicio de todas las atribuciones hoy otorgadas al delegado, y estas se ampliarán. Por otra parte, es preciso extender el campo global de la rendición de cuentas con la expansión de su sentido: responder por todas las decisiones estatales tomadas en cada escala del aparato estatal, y por todos los órganos estatales, todo ello ante el elector como mandante, hacia un horizonte: la completa responsabilidad de la política.

 La revocación del mandato

La Constitución establece el derecho de revocar en todo momento a todos los funcionarios públicos electos. (art. 68 c)).(5)

El discurso institucional presenta la revocación como una virtud del sistema de la representación. Los datos de delegados y diputados revocados serían una confirmación de la capacidad de control sobre la representación y de la efectividad del sistema. Sin embargo, no pudieron ser consultados. Con todo, es posible hacer análisis cualitativos sobre el comportamiento de la revocación, sobre la base de las entrevistas realizadas.

El número de revocaciones parece ser bajo. Su ejercicio podría estar siendo afectado por factores como los siguientes: ausencia de programa de gobierno para resultar electo, exigencia de requisitos legales de procedimiento que en buena medida la complejizan, preferir discrecionalmente la renuncia en lugar de la revocación según sea conveniente para alguna de las partes del proceso revocatorio, y una tendencia de la ciudadanía y de los órganos estatales a preferir la no reelección a la revocación.

La inexistencia de la llamada «campaña electoral» opera en esta dirección: cómo no se ofrece algo antes de las elecciones, no existe un programa vinculante de contenidos que ate la actuación del delegado a las expectativas del elector. Un ex delegado lo resume así:

 “Participé de reuniones, a las que iba poca gente, y en la cual la Comisión Electoral leía tu biografía. Tú estabas allí como convidado de piedra. Nunca hubo intercambio. Eso lo considero muy negativo. Sin embargo, se considera un pilar ideológico. A intercambiar sobre las cosas que piensas hacer se le llama hacer campaña, y se prohíbe. Si no te comprometes a nada, no hay nada por lo cual te puedan evaluar”. (Entrevista con ex delegado del Municipio Marianao).

 La presencia de la rendición de cuentas y de la revocación, cuando son efectivas, impedirían la demagogia con que se asocia la campaña electoral. La constitución venezolana ofrece un ejemplo de cómo regularlo en la ley: «los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado». (Artículo 66) La práctica —como en todos los casos—dependerá del funcionamiento combinado de los elementos del sistema, de la inclusión social y la ética cívica en que se funde y del empoderamiento de la ciudadanía para someter todo el proceso a su control.

En las entrevistas, varios delegados usaron el término «pasar la cuenta» como sinónimo de revocación, al referirse a la decisión del elector de no reelegir al delegado por considerar negativamente su desempeño: «Hay electores que les pasan la cuenta a sus delegados, porque ellos no han sabido ejercer el trabajo para el cual fue electo, y no los reeligen. Que yo conozca no ha habido revocación». (delegado por municipio Ranchuelo)

De constituirse en tendencia lo anterior, la revocación se estaría verificando en casos excepcionales, como casos de robo o salida ilegal del país por parte del delegado. Una causa probable sería que el procedimiento necesario para llevarla a término no estimula su práctica continuada: «Por lo que recoge la ley, la revocación es por indisciplinas graves. Realmente eso nunca nos ha pasado. Cuando te lees la ley de la revocación, tienes que hacer tantas cosas para hacerla, que es preferible decirle al delegado que pida la liberación». (Entrevistas con funcionarias de la APPP de Villa Clara, énfasis propio)

En efecto, si durante el proceso de revocación, el impugnado presenta su renuncia, el órgano competente, de considerar su pertinencia, puede aceptarla y, en su caso, disponer la conclusión del proceso con el archivo definitivo de la documentación en la fase en que se encuentre. Como aseguran los entrevistados, la ley establece requisitos ciertamente rigurosos para promover el inicio del proceso de revocación del mandato y para declarar con efecto la revocación.(6)

Con esto se abre la posibilidad de uso discrecional de la revocación, a partir de valoraciones políticas sobre la conveniencia de un proceso de este tipo:

“Un delegado mete la pata, pero la circunscripción es compleja políticamente. Si usted lo lleva a revocar te lo pueden elegir de nuevo allí mismo sin revocarlo. Si llevas a alguien, haces la comisión, informas a todo el mundo, votan, y no lo revocan, es legal, y está en el derecho, pero políticamente es una derrota. Si yo sé que no lo van a revocar, no lo llevo a la circunscripción. Si esta misma persona me ofrece renunciar, lo acepto”. (Cárdenas 2010)

 Aquí también el ordenamiento desaprovecha en parte las consecuencias del voto directo. Los delegados a las APPP y los diputados a la ANPP son electos directamente por la ciudadanía y rinden cuenta ante ella, pero los revocan las asambleas que los eligieron, no los electores,(7) lo que resulta consistente con un punto antes argumentado: son agentes de los órganos estatales superiores.

Por otra parte, la cifra exigida de no menos de 25% de los electores o de delegados de las asambleas que eligieron a delegados provinciales y a diputados resulta alta, comparada con lo dispuesto en Venezuela (exige no menos de 20%), Ecuador (no menos de 10%) y Bolivia (no menos de 15% de la comunidad electoral que haya dado el voto al mandatario que se pretende revocar).(8)

En todo caso, es preciso que el entorno legal y político facilite el proceso de revocación. Un delegado del municipio Ranchuelo lo entendió de este modo:

 “Aunque pueda verse como un elemento muy bueno del sistema, la revocación es también algo traumático, donde no solo hace falta la información que necesitan tener los electores para hacerlo, sino también la valentía política de los electores. Yo nunca he visto un proceso de revocación, y llevo 22 años de delegado”. (delegado por municipio Ranchuelo)

 La mención a la «valentía política» muestra una oportunidad y una limitación. En rigor, refiere a la exigencia de virtud en el comportamiento ciudadano, pero los derechos pertenecen a sus titulares con independencia del valor o la cobardía propias de sus caracteres individuales. Un objetivo del diseño de la revocación, como mecanismo de la relación de agencia de la que forma parte, habría de ser crear un entorno donde la «valentía» sea necesaria pero no imprescindible, lo que significa crear un procedimiento expedito en manos de una comunidad ciudadana empoderada.

Por otra parte, ha de recordarse que la práctica de designación o nombramiento de los cargos estatales por instancias superiores, que antes he analizado, deja en pie un problema: mantiene a la ciudadanía sin posibilidad de revocar el mandato de quienes ejercen cargos no electos y desempeñan funciones estatales. Si, como afirma Ovejero: «la existencia de un cuerpo de representantes que realiza profesionalmente las tareas políticas minimiza las exigencias de virtud ciudadana», (Ovejero 2005, 106), se estaría desestimulando la participación.

El diseño contribuye de esta forma a la burocratización de las relaciones políticas establecidas entre representantes y representados, pues estos tienen disminuida su capacidad de controlar —según puede apreciarse en el epígrafe anterior— y de revocar a los representantes. Precisamente, el tema de «la lucha contra el burocratismo» es recurrente en el discurso estatal revolucionario cubano, que la considera «clave» para el desarrollo del programa de cambios aprobado por el VI Congreso del PCC. Si entendemos que «burocratismo» significa exceso de funcionariado y «burocracia» equivale a falta de control social sobre las decisiones estatales, una opción para combatir con éxito ambos fenómenos radicaría en afrontar un proceso democrático de descentralización y desconcentración de poderes y funciones. Este no comportaría extender las prácticas de la democracia representativa hasta inundar todos los ámbitos, sino a potenciar, también, formas de democracia directa adecuadas al contexto local, en las cuales puede jugar un papel renovado la revocación directa de mandatos.

Según afirma Villasante:

 “Desburocratización es, pues, un término que no tiene por qué coincidir con privatización, pues por ejemplo, hay privatizaciones hacia empresas muy burocráticas. Desburocratización tampoco quiere decir cualquier descentralización administrativa […]. Desburocratización puede, en cambio, apuntar hacia una socialización auto gestionada y hacia presupuestos fiscalizados, como una tercera alternativa, frente a los pretendidos beneficios públicos del Estado, o a los beneficios privados del mercado. (…) La descentralización que aquí se está propugnando trata de ser desburocratizada, en este sentido instituyente y constructora de ciudadanía. Trata de no desregular o abandonar las conquistas sociales, lo público, sino aumentarlo, pero no a costa de la burocracia, sino de una mayor presencia de un voluntariado activo y asociativo, y de unas empresas de economía social, que resulten eficientes”. (Villasante 1995, 235-236)

 La eficacia de la revocación depende también del desenvolvimiento combinado de los elementos de todo el sistema. Su existencia como dimensión del sistema institucional de la representación completa el sentido de agencia fiduciaria que tiene en la práctica la representación política. En su práctica, se producen desviaciones del sentido que posee respecto al control de la representación: retirar con carácter expedito la confianza depositada en el agente por estimar su desempeño como no satisfactorio en relación con los intereses que se le ha encargado defender.

Notas

 (1)       La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debe recibir informes de rendición de cuentas del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y las Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP). A estas últimas, a su vez, les corresponde conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que les presenten su órgano de Administración y las Asamblea Municipales del Poder Popular (AMPP), las cuales deben hacerlo, por igual, con sus órganos de Administración.

(2)       Según Abel Prieto, actual ministro de Cultura: «[m]i trabajo frente al Ministerio de Cultura […] está sometido a permanente discusión por esa sociedad civil. Se celebra el Congreso de Pioneros y recibo lo que dicen los niños sobre política cultural. […] Estuve en una Asamblea de Escritores de la UNEAC […]. Allí analizamos desde las tarifas de derecho de autor hasta el papel enriquecedor que puede tener la crítica de los intelectuales revolucionarios y comprometidos. También asistí al Congreso de la FEU. Nuestros enemigos dirán que esa es la sociedad civil oficialista, manipulada, pero esos «instrumentos del régimen», como ellos los llaman, me exigen que yo explique las cosas, y ha habido rectificaciones muy importantes». (A. Prieto 2008, 331)

(3)       Durante el debate parlamentario que aprobó la reforma de 1992 una posición estimó que debía extenderse a cinco años. Algunos diputados consideraron que 2,5 años era poco tiempo para poder desarrollar con eficacia el trabajo del delegado. Si se analiza que las AMPP tienen altos índices de renovabilidad, que pueden comportarse sobre 50% como promedio, estas estarían comenzando cada dos años y medio con delegados nuevos en la función, lo que afecta la estabilidad del trabajo. Prevaleció el criterio de mantener el mandato por 2,5 años, reelegibles sin limitación. Esta problemática tuvo soluciones parciales, como decidir que el Secretario de las Asambleas fuera designado, pues es quien se encarga a tiempo completo de procesar el trabajo propiamente institucional de la Asamblea. Recuérdese que los presidentes de las APPP y de las AMPP también presiden el Consejo de Administración correspondiente y comparten su tiempo en ambas funciones —casi siempre mayor tiempo a esta última.

(4)       Tomás Cárdenas, presidente de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular, de la ANPP, aseguró a esta investigación: «Ahora, para el futuro hay nuevas ideas, vinculadas al desarrollo local. Se piensa cobrar servicios en CUC y que un por ciento quede en el municipio. Se trata de potenciar nuevas fuentes de ingreso ofrecidos por el poder local, con nuevas reglas del juego. (Cárdenas 2010) Lezcano afirmó asimismo que el desarrollo local constituye una prioridad para el país: «La política hacia el desarrollo local es vital. Es una política en discusión aún, hay consenso, pero no está instrumentada todavía. No se alcanzarán los niveles que necesitamos de eficiencia económica y de producción de alimentos sin un municipio fuerte». (Lezcano 2010)

(5)       Además, según la regulación constitucional: la ANPP puede revocar los decretos-leyes, en todo o en parte, que haya dictado el Consejo de Estado; la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella; los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la Constitución o las leyes; los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del país; las APPP pueden revocar, en el marco de su competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de Administración de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptadas en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado. (art.105, j)); las AMPP pueden revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades subordinados a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, resoluciones y otras disposiciones dictadas por los órganos superiores del Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado; (art. 106 d)); y pueden ser revocados los jueces por el órgano que los elige (art.120) y el Fiscal General de la República y los vicefiscales generales por la ANPP (art. 129).

(6)       Según la Ley No. 89, «De revocación del mandato de los elegidos a los órganos del Poder Popular», la revocación de un delegado municipal puede producirse a partir de dos solicitudes, ambas hechas al presidente de la AMPP: la de otro delegado o la de, al menos, 25% de los electores de la circunscripción por la cual fue electo. En el primer caso el procedimiento a seguir es el siguiente: 1) el presidente designa una Comisión Especial de Ética, a la cual el impugnado debe hacer entrega de sus descargos y que tendrá la función de realizar una investigación sobre ellos y sobre los argumentos de la impugnación; 2) dicha comisión entrega, finalizado este momento, un informe al presidente de la AMPP con las conclusiones y recomendaciones; 3) en la próxima sesión de la Asamblea se socializan los resultados y se somete a votación el inicio o negación de comienzo del proceso de revocación. 4) En caso de ser aprobado el comienzo de la revocación, el presidente de la AMPP designa una Comisión de Revocación que establecerá el diálogo con los electores y coordinará la fecha en que, por voto secreto, ellos determinarán la revocación o no del delegado. 5) La Comisión organiza el acto de votación con ayuda de la organizaciones de masas, y de ella se derivan los resultados finales del proceso; 6) finalmente, los resultados se informarán a todos los que corresponda y a la AMPP en su siguiente sesión. Para los pasos 1), 2), 4) y 5) el procedimiento tiene un margen para su realización de 50 días hábiles. El tiempo de los pasos 3) y 6) es variable de acuerdo al momento del mandato en que se solicite la revocación (si está cercano o no a las dos sesiones ordinarias anuales de la AMPP), por ello podría durar un máximo de un año, ya que el proceso deberá pasar en dos ocasiones por el espacio de la AMPP. Si la revocación es solicitada por los electores, el presidente de la AMPP designa una comisión inicial que verifica la validez de la solitud y, de no existir dificultades, se sigue el mismo procedimiento anteriormente descrito.  Para este caso los plazos no están previamente definidos, pues la comisión inicial debe pronunciarse en el plazo que el presidente de la AMPP defina, sin especificación legal. Si el delegado municipal es además delegado a la APPP o diputado a la ANPP, la impugnación debe hacerse conocer desde el inicio al presidente de la APPP o al Consejo de Estado, a través de la ANPP, respectivamente. Estas instancias son las que deciden si se inicia el proceso de revocación o no. En caso de su ejecución, se realiza a través del voto secreto de los delegados de la AMPP a la cual pertenece el delegado impugnado. El lapso para la aprobación por la APPP y el Consejo de Estado no cuenta con especificación temporal.

(7)       La Ley No. 89 establece que pueden ser revocados, de conformidad con lo establecido: a) delegados a las AMPP; b) delegados a las Asambleas Provinciales; c) diputados a la Asamblea Nacional; d) Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Municipales; e) Presidentes y Vicepresidentes de las Asambleas Provinciales; f) Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional; y g) miembros del Consejo de Estado. (art. 3) La revocación de los cargos procede de este modo: a) para presidentes y/o vicepresidentes de las AMPP: el Presidente de la Asamblea Provincial o un delegado a la propia Asamblea Municipal, b) para presidentes y/o vicepresidentes de APPP o del Municipio Especial Isla de la Juventud: el Consejo de Estado o un delegado a la propia Asamblea, c) para el presidente, del vicepresidente o el Secretario de la ANPP: el Consejo de Estado o un diputado, y d) para un miembro del Consejo de Estado: el Consejo de Estado o un diputado. Parece una contradicción que la ley no establezca el derecho de revocación sobre los cargos de presidente y vicepresidentes del Consejo de Estado, electos por la ANPP, cuando la Constitución regula que «los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento». (art. 68 c)) Ciertamente, podría considerarse que queda incluida la posibilidad de su revocación en cuanto «miembros del Consejo de Estado». Pero el diseño institucional considera como «presidente de la República» al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y es práctica usual establecer expresamente el derecho de revocación sobre la primera magistratura del país. Así se aprecia en el NCL:  (Constitución boliviana 2008, art.170), (Constitución ecuatoriana 2008, art. 145) y  (Constitución venezolana 1999, art.233) En una futura reforma constitucional, la revocación debe quedar abierta, sin excepción, a todos los cargos públicos electos en primer o segundo grado y eliminar lo que parece un defecto de la regulación. Se trataría de ser coherente con la regulación legal del propio diseño, pues se trata de un requerimiento cuyo establecimiento no puede quedar definido por juicios de valor sobre la legitimidad popular con que cuenta la persona que ocupa el cargo, sino como un requisito institucional del cargo en sí mismo.

(8)       Se regula en: (Constitución boliviana 2008, art.240), (Constitución ecuatoriana 2008, art. 105) y (Constitución venezolana, art.72)

Textos citados

 ANPP. Análisis del cuarto proceso de rendición de cuenta de los delegados a las Asambleas Municipales a sus Electores. XIII Mandato. Segundo Semestre/09. presentado por la Comisión de Órganos Locales, ANPP, 2009.

ANPP. Informe presentado por la Comisión de Órganos Locales, Archivo del autor, 2006.

Cárdenas, Tomás, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con Presidente de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular de la ANPP (24 de 06 de 2010).

García Brigos, Jesús. «Democracia, Estado y autogobierno social: Los Consejos Populares en Cuba.» Ágora. Revista de Ciencias sociales, nº III (1997).

Lezcano 2010

Lezcano, Jorge, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con Director de la Oficina de Información y Difusión de la ANPP (11 de 06 de 2010).

Ovejero, Félix. «Republicanismo: el lugar de la virtud.» Isegoría, nº 33 (2005): 99-125.

Prieto, Abel. «El socialismo hoy: cultura y política.» En Último Jueves. Los debates de Temas, volumen II. La Habana: ICIC Juan Marinello/Revista Temas, 2008.

Prieto, Martha, y Lisette Pérez. Temas de Derecho Constitucional. La Habana: Félix Varela, 2000.

Villasante, Tomás R. Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de la sociedad. Madrid: Ediciones HOAC, 1995.

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