Derechos y garantías en la reforma constitucional cubana de 1992

Por Julio César Guanche

Hacia 1976 se había desvalorizado en Cuba el papel de la institucionalidad jurídica y política de protección de derechos, al tiempo que se valorizaban extraordinariamente las garantías materiales para su protección. Entre las causas de este hecho, se encuentran la crisis de la institucionalidad burguesa previa a 1959, la rápida defección del nuevo proceso social de los sectores medio y alto de la burguesía y el repudio de sus instituciones, la crisis de resolutividad del derecho para dar cuenta de nuevas necesidades y la obra social desarrollada por la Revolución.[*]

Para la Constitución de 1976 el Estado era la encarnación misma de «los intereses colectivos de toda la población trabajadora» (Azcuy 2000, 74). Por tanto, la regulación constitucional no podía privilegiar los mecanismos de defensa de derechos individuales, que la reforma de 1992 mantuvo intactos respecto a su consagración en 1976.

La Constitución cubana no usa la distinción entre los derechos económicos, culturales y sociales, y los civiles y políticos presente en la doctrina sobre derechos humanos posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero tampoco aclara si los derechos serán de igual jerarquía y fuerza.

El ordenamiento y la práctica legales siguieron la filosofía de hacer prevalentes los derechos sociales sobre los individuales. Desde el punto de vista político, ello configura un patrón asistencialista de participación. Crea un ciudadano pasivo a la espera de la provisión pública de bienes y servicios.

Es un problema que afronta, también, a su manera, el liberalismo:

los derechos liberales y los derechos a recibir prestaciones sociales se otorgan en términos paternalistas, pues resultan funcionales para la institucionalización de los sistemas económico y administrativo. […] Como consecuencia, Habermas caracteriza la orientación predominante de los ciudadanos frente al gobierno en términos de «alto output-bajo input», es decir, por una renuncia privatista a la parte activa del papel de ciudadano, que queda de este modo reducido a la categoría de un «cliente» pasivo del Estado social, cuyas únicas contribuciones al bien común se limitan al voto y a los impuestos. (Melero de la Torre 2001, 193)

Para la ciudadanía demorepublicana, la capacidad de ejercer el conjunto de derechos —individuales y sociales—, configura un tipo de partipación política orientada hacia la autonomía y la independencia personales. Desde esta imaginación, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sustituye el principio de precedencia de un tipo de derecho sobre otro por el de «progresividad», que supone el crecimiento cuantitativo de los derechos y el crecimiento cualitativo de su interrelación a partir de su irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia.

La Constitución cubana dispone un capítulo específico para los derechos fundamentales, en el cual se plasman todos los consagrados por la Declaración Universal de 1948, con excepción de tres: el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de circulación y emigración, que aparecen regulados en leyes específicas —Código Penal, Código Civil y Ley de Migración no. 1312 de 1976 (modificada por el Decreto Ley No. 302, de 16 de octubre de 2012), además de disposiciones de los organismos de la Administración Central del Estado, respectivamente.

La Constitución establece un conjunto de principios que deben considerarse como derechos: la igualdad, la participación y el derecho de petición. Varios de ellos son extraíbles del cuerpo constitucional, algunos corresponden a los llamados de «tercera generación» —como el derecho a un medio ambiente sano— y derechos al deporte, a una vivienda confortable, a la defensa de la patria, entre otros. (Torrado 2003)

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los respectivos pactos de la ONU, se encuentran mayoritariamente reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano (Delgado Sánchez 2009). En específico, están consagrados todos en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales.

La declaración constitucional cubana de derechos no es atrasada para el año 1976, pero lo es respecto a 2010, si se compara no solo con los pactos internacionales antes mencionados[i] sino con los derechos introducidos por el NCL, que reconoce como derechos colectivos los ambientales, los étnicos, los de los consumidores y otros derechos sobre los que se discute doctrinalmente a cuál «generación» pertenecen: acceder de modo universal a las tecnologías de la información y a las frecuencias del espectro radio electrónico para gestión de estaciones de radio y televisión; buscar, recibir, intercambiar y producir información veraz; la libertad estética; acceder al espacio público como espacio de deliberación; rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos para los adultos mayores; la objeción de conciencia para el servicio militar u otras actividades, celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo (solo en Ecuador); migrar, estimular el retorno voluntario de los nacionales emigrantes; al tiempo que consagra el derecho a la soberanía alimentaria, prohíbe las armas químicas, somete a la ley el uso de transgénicos y declara por vez primera en la historia a la naturaleza como sujeto de derechos.

La Constitución de 1976 no consideró los derechos propios del poder negativo directo. La reforma constitucional de 1992 introdujo el derecho de resistencia, ejercible contra «cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico» establecido por ella y no consagra el derecho de huelga.

En la concepción republicana democrática, el ejercicio del derecho de resistencia no comporta necesariamente una proyección antisistémica, sino una continua posibilidad de oposición —política y/o institucional— a la actividad gubernamental. En ese sentido, opera en cuanto poder negativo: «poder de impedir, del todo o en parte, la creación y la aplicación del derecho; poder que puede llegar a «negar» el ordenamiento jurídico (salvados sus principios fundamentales) e impedir su dominio y aplicación». (Catalano en Fernández Estrada 2005)

Así lo recoge la Constitución ecuatoriana (que no cuenta aún con la ley que desarrolle este derecho):

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. (Art. 98)

En lo que respecta al sistema cubano de garantías jurídicas de los derechos, la regulación muestra desbalance entre la declaración de derechos —amplia—y el régimen de garantías correspondiente, que resulta limitado aún para el momento de su promulgación.

Las garantías jurídicas establecidas constitucionalmente en Cuba son, entre otras, las del debido proceso, las de limitación a la confiscación, la irretroactividad de las leyes, la aplicación de la norma penal favorable al reo, y la genérica que regula «[n]inguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo» (art. 62).

Las acciones que componen el sistema de garantías a los derechos en el NCL resultan un cuerpo muy completo: la protección diferenciada a grupos o personas vulnerables, el trato oficial y obligatorio de ciudadano o ciudadana; el reconocimiento normativo de los derechos consagrados por la Constitución, aunque no exista la ley reglamentaria que los desarrolle; el otorgamiento de jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos —que resultan por tanto directamente aplicables—; el procedimiento de amparo constitucional oral, público, breve, y no sujeto a formalidad, con acción interpuesta por cualquier persona para defender la libertad y la seguridad; la acción de protección contra políticas públicas o particulares que provoquen daños; acción de hábeas corpus para recuperar la privación ilegal de libertad, para proteger la vida y la integridad física; acción de acceso a la información pública; acción de hábeas data para conocer de la existencia y acceder a documentos, datos genéticos y archivos de datos personales; acción por incumplimiento para garantizar la aplicación de las normas, las sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos y la acción extraordinaria de protección contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado algún derecho constitucional.

El ordenamiento cubano contiene normas especiales que suplen en parte sus carencias constitucionales. El Código Penal prevé delitos contra formas de discriminación o contra derechos constitucionales. La Ley de Procedimiento Penal regula el hábeas corpus como garantía del derecho de libertad. La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (LPCAL) garantiza derechos patrimoniales y familiares mediante procedimientos ordinarios y especiales, regula el amparo en la posesión, y el uso del procedimiento administrativo y del procedimiento laboral. La Fiscalía General de la República tiene el mandato constitucional de velar por el cumplimiento de la legalidad y es la encargada de responder jurídicamente por el derecho de queja.

En la práctica, algunas de estas garantías jurídicas tienen eficacia limitada. El recurso de hábeas corpus apenas es utilizado en los tribunales y el amparo se limita solo a la posesión, sin extender sus atribuciones al amparo constitucional. (de la Cruz Ochoa 2010) El artículo 658 de la LPCAL dispone que la jurisdicción administrativa conocerá en todo caso de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la administración, aún cuando ésta se derive de la ejecución de cualquiera de las disposiciones y cuestiones excluidas del conocimiento de la propia jurisdicción por el mencionado artículo 657, pero la mayoría de la legislación de los últimos años (salvo algunas decisiones de autoridades de la vivienda) bloquea esta actividad y cierra la posibilidad para la utilización de esta vía, con lo que reduce la posibilidad de hacer justiciable la actuación gubernamental (Prieto s/f) No pueden tampoco reclamarse por la vía jurisdiccional cuestiones constitucionales. (Cobo 2010)

El artículo 63 establece el derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades, sin más especificaciones ni correspondientes salidas procesales a esta garantía.[ii] En la práctica de las instituciones cubanas, no se distinguen las solicitaciones entre quejas, reclamaciones de derechos y peticiones, por lo que se generan diversos problemas: número extraordinario de documentos a procesar, seguimiento de los mismos requisitos y lapsos para tramitar asuntos de diferente naturaleza, falta de inmediatez en la reposición del derecho y falta de efecto vinculante de la disposición de la Fiscalía. (Toledo Santander 2010)

El ordenamiento cubano es omiso respecto a las garantías sociales de autotutela, que se ocupan, sobre todo, de la participación popular en el ámbito socio-económico (Pisarello 2009): la autogestión, la cogestión, las cooperativas, las cajas de ahorro, las empresas comunitarias, las comunas y otras formas asociativas guiadas por los valores de mutua cooperación y solidaridad, encaminadas a crear un marco de independencia personal a través de la socialización republicana de la propiedad.

Por todo lo anterior, parece existir consenso en que el sistema de garantías antes descrito debe ser actualizado y completado. (de la Cruz y Cobo 2009) (de la Cruz, Hernández, y otros 2010) (Aguado, y otros 2009) (Delgado Sánchez 2009)

El tribuno del pueblo

Para la defensa institucional del conjunto de derechos, el NCL ha consagrado la figura de la defensoría del pueblo, magistratura heredera del poder negativo indirecto propia del Tribunado de la Plebe de la República romana, que «nada podía hacer» pero «todo lo podía impedir».

La eficacia de la defensoría se asegura en un contexto que conjugue su independencia institucional con el desarrollo de formas de poder popular que reivindiquen al mismo tiempo las formas del poder negativo directo (derecho de resistencia, de rebelión contra el abuso de poder, huelga política, etc).

En Cuba las funciones de una defensoría son asumidas por la Fiscalía General de la República, perfil proveniente de la Procuraduría soviética: representa el interés público en los procesos y vela por la legalidad y por las violaciones de derechos.

Al momento de su creación los pronunciamientos de la fiscalía cubana en este último campo no eran vinculantes. La Ley de la Fiscalía General de la República (no. 83 de 1997) enmendó el déficit y la habilitó para actuar «ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantías legalmente establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones de organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los órganos locales y demás entidades económicas y sociales, exigiendo su restablecimiento» (art. 8, b), al tiempo que la facultó para restablecer la legalidad a través de resolución dictada por el fiscal actuante. Amén de los problemas prácticos para llevar a vías de hecho ambas declaraciones,[iii] la regulación conserva dos problemas: las limitaciones de acceso a la justicia procesal y la inexistencia de un mecanismo de restauración inmediata en caso de violaciones de derechos fundamentales.

No existe impedimento doctrinal ni legal que prohiba establecer en Cuba un mecanismo institucional —de impronta republicana— que amplíe la protección de derechos e intereses de la ciudadanía como instrumento de poder negativo indirecto.

Si el poder tribunicio tiene su origen en la república romana, resulta útil recuperar esa fuente y buscar sus proyecciones en nuestros días, en aras de reforzar la autoridad de la defensoría con las siguientes atribuciones (Fernández Estrada 2005):

a)      El derecho de asistencia: esta protección a la plebe contra el imperium de los magistrados supremos romanos, se ha convertido hoy en simple defensa de derechos ante el Estado, pero aún así es la actividad tribunicia más conservada. En el caso cubano podría defenderse la envergadura que el derecho de asistencia llegó a tener en la República romana. Sería pertinente incluir la posibilidad de invocar el derecho también por un funcionario del Estado contra otro que hubiese sobrepasado su autoridad.

b)      El poder de veto: el poder de veto de los tribunos contra las acciones de los órganos del Estado, cuando la plebe lo interesaba, se convirtió con los defensores del pueblo en una oposición débil a decisiones lesivas de derechos. Es posible defender el veto suspensivo, que un magistrado del pueblo pueda interponer ante la decisión de cualquier otro funcionario público, con el mismo carácter de un veto entre funcionarios de un órgano colegiado. El veto de esta propuesta se debería extender, como el romano, hasta las propuestas de leyes, la movilización militar o las elecciones.

c)      El derecho a llamar a consulta: el derecho de convocar al concilio de la plebe ha sido defendido en la actualidad por quienes aspiran a rearmar a los defensores del pueblo. Un magistrado popular debe tener la facultad de llamar al pueblo a consulta.

d)     La protección del magistrado: La intercessio romana estaba ligada a la facultad de ejecutar personalmente las propias decisiones. Los tribunos podían multar o hacer arrestar al que impidiera el ejercicio de la actividad tribunicia. El carácter inviolable del tribunado republicano en Roma se debe adoptar como principio de protección de los magistrados.

Asimismo, es necesario que sus decisiones tengan carácter vinculante. El conjunto redundaría en la ampliación de los instrumentos con que puede contar la ciudadanía para ejercer derechos, y poder intervenir en, y controlar, la formación de la voluntad estatal.

Textos citados

Aguado, Nelia, Majela Ferrari, Miguel Alfonso, Jorge Bodes, y Armando Torres. «Práctica de los derechos humanos: un simposio cubano.» Temas, nº 59 julio-septiembre (2009): 95-105.

Arreola, Gerardo. «Tribunal Supremo de Cuba acepta demanda administrativa contra ministra de Justicia.» La Jornada, 24 de 01 de 2011: 22.

Azcuy, Hugo. «Análisis de la Constitución cubana.» Papeles de la FIM, 2000: 7-144.

Cobo, Narciso, entrevista de Julio César Guanhe. Entrevista con el presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular (7 de junio de 2010).

de la Cruz Ochoa, Ramón, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con el ex fiscal general y ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la ANPP Ramón de la Cruz Ochoa (2 de junio de 2010).

Correa, Ahmed, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con el ex fiscal Ahmed Correa (5 de 06 de 2010).

de la Cruz, Ramón, Rafael Hernández, Armando Torres, y Leonardo Padura. «La justicia, la ley y el orden.» En Ultimo Jueves. Los debates de temas Volumen 4, 225-236. Ciudad de La Habana: Ediciones ICAIC/Revista Temas, 2010.

de la Cruz, Ramón, y Narciso Cobo. «Diké: diez notas (críticas) sobre el acceso a la justicia.» Temas, nº 59 julio-septiembre (2009): 84-94.

Delgado Sánchez, Léster. «Los pactos sobre derechos humanos: un paso en el camino.» Temas No. 59, julio-septiembre (2009): 65-74.

Fernández Estrada, Julio Antonio. El Tribunado; sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo iuspublicístico. Tesis doctoral en Ciencias Jurídicas, inédita, 2005.

Melero de la Torre, Mariano. «Liberalismo, participación política y pertenencia cultural.» Isegoría, nº 24 (2001): 189-198.

Pisarello, Gerardo. «Rebelión.» 2009. (último acceso: 23 de 06 de 2010).

Toledo Santander, José Luis, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la ANPP (24 de junio de 2010).

Tomasetta, Leonardo. Participación y autogestión. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1972.

Torrado, Fabio Raimundo. Los derechos humanos en el sistema político cubano. Ciudad de La Habana: Ciencias Sociales, 2003.

Zaldívar, Abraham, entrevista de Julio César Guanche. Entrevista con el fiscal Abraham Zaldívar, (7 de junio de 2010).


[*] Este texto es un epígrafe de la investigación: « Estado, participación y representación políticas en Cuba : Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992», disponible íntegramente en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20120420112357/guanche201105.pdf


[i] Los dos pactos fueron aprobados por el Gobierno de la República de Cuba en 2008, y no han sido ratificados por la ANPP.

[ii] En enero de 2011, por primera vez en la historia del sistema institucional cubano vigente, se da curso legal a una demanda interpuesta por particulares contra un alto funcionario. El Tribunal Supremo Popular (TSP) ha aceptado una demanda administrativa cuyo objeto es una queja contra el proceder presuntamente moroso e injustificado de la ministra de Justicia. Su Ministerio (MINJUS) no ha tramitado una solicitud de inscripción de una asociación, en un proceso en el cual se han seguido los trámites legales para hacerlo. La demanda exige que el MINJUS informe si existe legalmente un grupo con los fines y el nombre de la asociación que se pretende inscribir. Esa constancia es requisito para pedir el registro, de acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1985. Los promoventes relataron a la prensa que «muchísima gente ha intentado registrar asociaciones, sin obtener respuesta oficial. Se desaniman y no siguen, porque entienden que el silencio es una negativa. Nuestro caso es distinto, porque conocemos la ley». (Arreola 2011) El TSP respondió que la demanda debió presentarse en otro lugar, y permitió que la demanda continuase su curso. En el momento en que reviso estas líneas, no dispongo de documentación sobre la continuidad del proceso.

[iii] Por ejemplo, en la práctica la fiscalía puede evitar dictar resoluciones y en su lugar remitir el caso a la entidad objeto de queja, con lo que su pronunciamiento no tiene efecto obligatorio sino resulta más bien una exhortación, un pedido de atención y solución, si procede, del problema. (Correa 2010), (Zaldívar 2010)

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Un comentario sobre “Derechos y garantías en la reforma constitucional cubana de 1992

  1. Julio, ante todo reciba un cordial saludo junto a mi profesado respeto por su obra, que tanto creo nos va a aportar en el presente y futuro. Quisiera saber en qué librerías se encuentra disponible el título suyo “La verdad no se ensaya”. Este texto aún no tengo el tiempo suficiente para leerlo con profundidad, pero lo haré. El link a la biblioteca virtual del CLACSO está “roto”. Saludos

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