La evolución del constitucionalismo cubano según Hugo Azcuy

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Por Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche

La Constitución vigente en Cuba data de 1976. Las reformas de 1978, 1992 y 2002 se proyectaron sobre la forma y el fondo de ella. La reforma de 1992 modificó más de la mitad de su articulado, aunque oficialmente no dio lugar a una nueva Constitución.

Escribir un prólogo a un libro que recoge, entre otros textos, conferencias dictadas en los años 1970 por el profesor Hugo Azcuy sobre la Constitución de 1976 es un empeño complejo. Aunque trate sobre una Constitución vigente, el paso del tiempo y las modificaciones operadas sobre ella pueden ofrecer la impresión de ser un libro que nace caducado.

Es usual que un prólogo sea laudatorio del autor y de su obra. Quienes lo escribimos leímos al profesor Azcuy en la última etapa de su vida. En la fecha, mediados los años noventa, era investigador del Centro de Estudios sobre América (CEA) y fue uno de los primeros en trabajar con mayor lucidez desde Cuba el tema de los derechos humanos. Desde 1992 en adelante había elaborado varios de los textos que resultaban esenciales para recomponer la teoría constitucional cubana, desde un punto de vista marxista, tras décadas de seguirse en el país las líneas gruesas del Derecho constitucional soviético.

Las conferencias de Azcuy de los años setenta no escapan a esa influencia. Este libro merece, por tanto, no tanto nuestro «elogio» como toda nuestra atención.

Ernesto Che Guevara utilizaba una metáfora singular para dilucidar el camino que lleva a resolver una desviación: un aviador que ha perdido el rumbo debe volver al punto de partida, al origen del camino y no tratar de enmendar el destino cuando toma conciencia del hecho. Publicar en Cuba, en 2010, este libro de Hugo Azcuy contribuye a entender el punto de partida de muchos presupuestos de algún modo todavía vigentes, pero que no hacen visibles su pertenencia a la experiencia «desviada» del socialismo histórico.

En sus páginas se afirma: «Nuestra Constitución se atiene, con toda consecuencia, a la doctrina y a la técnica propia del constitucionalismo socialista» (todas las citas de Azcuy en esta edición, p.51) y, más adelante, asegurará: el «plan organizativo del Estado socialista quedó esbozado, en sus elementos esenciales, en los decretos fundamentales de la Revolución [rusa], que conformaron la Constitución soviética de 1918. Esos elementos se perfeccionaron en las Constituciones de 1924 y 1936, las cuales, puede decirse, elaboraron las bases generales del sistema socialista de los órganos estatales». (p. 183)

La Constitución soviética de 1936 consagró la transformación de la Revolución rusa en el régimen diseñado por Stalin. En 1977 se aprobaría la última de las constituciones que rigieron la vida política de la URSS hasta su disolución en 1991. El «constitucionalismo socialista»[1] referido por Azcuy se había desplegado desde 1936 hasta los años setenta en las leyes fundamentales de Bulgaria (1947), Corea (1948), Hungría y Alemania Oriental (1949), Polonia y Rumanía (1952), Mongolia (1960), Checoslovaquia (1960, reformada en 1968 y 1970), Rumanía (1965), República Democrática Alemana (1968), Bulgaria (1971), Hungría (1972), Yugoslavia (1974) y China en 1975, esta última tras una historia de confrontación con la URSS. Ese es el marco histórico, el contexto, de la experiencia constitucional a la que «se atiene, con toda consecuencia», según el profesor Azcuy, la Constitución Socialista de la República de Cuba, aprobada en 1976 por 97,7% de los votos del electorado cubano.

Tomando en cuenta las que entendemos como necesidades del hoy, es importante «servirse» del «Azcuy de los años 70» por un motivo esencial: entendemos que perviven en Cuba muchas de las tesis del «constitucionalismo socialista». El «marxismo-leninismo» en su versión soviética no es desde 1992 la ideología oficial del Estado cubano, y la URSS desapareció hace dos décadas, pero la cultura política y las corrientes institucionales tienen disímiles mecanismos de pervivencia y reproducción. Con la crítica a lo producido por Azcuy en los años setenta se puede contribuir a poner sobre sus pies varias nociones que hoy pasan como «naturales» y que no obstante provienen de aquella experiencia y están marcadas por ella.

Ahora, al empeño contribuye el propio Azcuy, que hace la crítica de sí mismo en los textos «Cuba: ¿reforma constitucional o nueva Constitución», «Revolución y derechos» y «Estado y sociedad civil en Cuba», así como en los materiales que fueron recogidos en el volumen Derechos humanos. Una aproximación a la política, de aparición póstuma.[2] Lamentablemente, el desarrollo de esta perspectiva, que él había contribuido decisivamente a perfilar,[3] se vio limitado por su fallecimiento temprano.

Hugo-Marcial-Azcuy

Hugo Azcuy

Es de temer la persona cuyo pensamiento no haya variado en el transcurso de dos décadas. El pensamiento de Azcuy cambió, pero no cambió su consecuencia en los principios revolucionarios. Azcuy fue un revolucionario consecuente a lo largo de su vida. Combatiente de la clandestinidad, se graduó de derecho (1962) en La Habana y fue enviado a hacer estudios de postgrado en la Universidad Lomonosov de Moscú (1965). Formó parte del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana desde su creación en 1963 y llegó a ser su subdirector; fue más tarde profesor principal y titular de la asignatura Derecho Constitucional en la facultad de Derecho. Después de pasar por varios desempeños, finalmente sería investigador del CEA hasta su fallecimiento en marzo de 1996. Para sus colegas, era un hombre serio y agudo, erudito intelectualmente y hombre de partido, del Partido Comunista de Cuba, del cual fue fundador, comprometido con los ideales de la Revolución cubana y con su práctica de transformación socialista.

La crítica de Azcuy al «constitucionalismo socialista»

Hoy es preciso reaprender el sentido histórico revolucionario que tuvo la promulgación de la Constitución Socialista de 1976. El texto otorgó cauces de regularidad y transparencia a la actuación del Estado cubano, fijó límites a su actuación, prescribió un catálogo amplio de derechos ciudadanos y, en general, consagró las conquistas sociales alcanzadas por el proceso revolucionario. Configuró, en suma, el paso progresivo de la provisionalidad revolucionaria, de casi dos décadas con sus características de emergencia política y falta de certidumbre jurídica, hacia un Estado de Derecho socialista. Por ello, la defensa de Azcuy de dicho texto constitucional, aún con todo lo dicho hasta aquí, nos sigue pareciendo no solo justificada sino imprescindible.

Ahora, la posibilidad de una renovada defensa de dicho texto en 2010 encuentra claves en sus últimos textos (1992-1996). Ellos resultan esenciales para situar el marco histórico de la Constitución y para dilucidar las líneas maestras de lo que sería el constitucionalismo revolucionario hacia su futuro, lo que hizo el autor ya alejado de las doctrinas del «constitucionalismo socialista», tras revisarse a sí mismo:

Cuando en 1976 se proclamó la nueva Constitución Socialista, con sus instituciones de iure, la remodelación del sistema político y el trabajo de recodificación legislativa que se venía haciendo, parecía que se iba a alcanzar rápidamente una estabilidad normativa que encauzaría en los términos de certidumbre jurídica los procesos sociales y económicos.

La evaluación compleja del proceso no hace falta aquí, el lector la encontrará en el texto «Revolución y derechos». Llamamos la atención solo sobre uno de sus hitos: el impacto originado por la implosión del socialismo soviético, el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba y uno de sus efectos: la mayor crisis económica de la historia posterior a 1959, todo ello ocurrido en los años noventa. Azcuy leyó la crisis de los noventa desde una clave política. En «Estado y sociedad civil» describió los cambios políticos gestados en el país y adelantó una manera de darles renovados cauces socialistas, a partir del análisis detallado de tres ejes: la modificación de la integración societal, el nuevo pluralismo emergente y la relación Estado-sociedad civil.

El autor fue pionero en reivindicar el uso marxista del concepto de sociedad civil. En la época, la discusión teórica sobre el tema fue muy controversial. Llegó al extremo de considerarse como un caballo de troya del imperialismo, empleo justificado por el uso que del término hizo la política exterior norteamericana a través del llamado carril dos de la Ley Torricelli. Azcuy contribuyó —junto a Rafael Hernández, Jorge Luis Acanda, Miguel Limia y Aurelio Alonso, entre otros— a restaurar la utilidad de su desempeño para discutir el sistema político cubano con una perspectiva más amplia. En su texto, proyecta una articulación socialista entre sociedad civil y Estado, distinta a la tradicionalmente existente hasta ese momento:

Otra cosa es el paternalismo y el control verticalizado que ejerció el Estado, directa o indirectamente, sobre la sociedad civil cubana como consecuencia de una extensión desmesurada de lo político. Las circunstancias históricas que engendraron ese modelo institucional no son exactamente iguales a las de hoy. La sociedad cubana está cambiando en ese sentido, es decir, en la dirección apropiada. Hay que decir que las presiones externas y la pretensión de decirles a los cubanos lo que tienen que hacer, no es precisamente una ayuda, sino que estorba a ese proceso.

Sobre estas bases, produjo el texto más importante que sobre la reforma constitucional de 1992 se haya escrito hasta hoy en Cuba. En sus páginas, analiza las mutaciones experimentadas por lo que llama los «elementos rígidos» del texto de 1976: la definición del Estado sobre la base de un esquema jerarquizado de clases, que priorizaba el papel y la ideología de la clase obrera en las transformaciones socialistas; la definición clasista del Partido Comunista como partido de la clase obrera, a la vez que se consideraba como dirigente de toda la sociedad y del propio Estado; la concepción unitaria del poder estatal, que no diferenciaba sus funciones a los efectos de limitar el desempeño simultáneo de cargos, que resultaban incompatibles por las diferencias de esas funciones; una ideología oficial identificada como clasista que, en consecuencia con los elementos anteriores, dificultaba el acceso y la participación de determinados sectores de la población; una definición que excluía de la propiedad socialista a cualquier otra forma, fuera de las otras cuatro reconocidas: pequeño agricultor, cooperativa agropecuaria, personal y de las organizaciones sociales y de masas y la enumeración de las organizaciones sociales y de masas y su asociación con el cumplimiento de funciones estatales.

El último Azcuy recordaba las causas propiamente cubanas del papel atribuido al Derecho en la transformación social a lo largo de los años setenta: la crisis de la institucionalidad burguesa, la rápida defección de los sectores medio y alto de la burguesía del nuevo proceso social, la bancarrota de los partidos políticos burgueses y la crisis propia de resolutividad del derecho para dar cuenta de las necesidades nuevas planteadas a la nación:

La Revolución cubana no propició, ni el pueblo desarrolló, un apego especial por la legalidad. El sentimiento de la seguridad personal, de la igualdad y de la equidad, de gran arraigo en la población, se originaron más en las condiciones sociales y políticas creadas por la Revolución que en una obra de perfeccionamiento institucional y jurídico.

La necesidad de concentrar poder político como mecanismo de respuesta al ritmo exigido por las transformaciones sociales y por las agresiones al proceso: «(…) llevó a ver en los complicados y lentos procesos legales una rémora que recordaba más las instituciones y formas de la sociedad burguesa que los procedimientos adecuados para los rápidos cambios que se efectuaban y para la ingente cantidad de dificultades a resolver». Sin embargo, la situación en los años noventa habría cambiado decisivamente el panorama.[4]

A partir de entonces, reivindicará sin ambages la función normativa del derecho así como el carácter interdependiente del conjunto de derechos.

La igualdad ante la ley tiene sentido en la medida en que la ley contiene todas las reglas de la vida social que pueden y deben ser contenidos en ella, incluyendo las de su eficacia procesal, de modo que el ciudadano pueda reclamar sus derechos en el sentido de que existen vías para hacerlo.

Con lo anterior, revisa la matriz de sus posiciones de los setenta.  Si entonces decía que el Estado socialista

ya no necesita una construcción alambicada que ofrezca garantías contra las violaciones del orden constitucional, porque este deja de ser la expresión de supuestos equilibrios entre facciones políticas en pugna para convertirse en la representación real de los intereses colectivos de toda la población trabajadora. (p.74)

afirma ahora:

La cuestión aquí no se refiere a la factibilidad material de ejercitar el derecho. La confusión de estos dos aspectos lleva frecuentemente a su sustitución recíproca, a la idea de que la mera igualdad jurídica es la igualdad en general, o a la de que la igualdad material (real, sustantiva) hace superflua, por formalista, a la igualdad jurídica.

Asimismo, critica el uso «instrumental» del Estado en el marxismo soviético, sin abandonar la centralidad del componente estatal en la transformación socialista. Desde este presupuesto, trabajará el tema de los derechos humanos —sus textos sobre el particular no son parte de este libro— todo a partir de un eje: «La regulación estatal de la economía en beneficio de las grandes mayorías es necesaria para la expansión de los derechos civiles y sociales y esa regulación solo es posible cuando las clases mayoritarias gozan de una representación efectiva en el ejercicio del poder político».

En esta nueva concepción, el Estado es un actor de importancia decisiva, más no el único, en la transformación social. Es un paso hacia la comprensión del socialismo como un proceso de «actores múltiples» (Espina 2009). «Aquí se encuentran algunas de las razones más importantes de la necesidad de ampliación y fortalecimiento de un espacio social autónomo que represente los intereses populares, es decir, de lo que algunos llaman sociedad civil».

El cambio de la posición de Azcuy en los noventa se aprecia con suficiencia en los tres textos mencionados. Ellos se defienden por sí mismos. La extensión prudente de un prólogo nos aconseja no comentarlos, y remitir a ellos al lector o lectora de estas páginas. Juntos alcanzan una conclusión: conducen hacia «una redefinición del papel del derecho en la sociedad y hacia una legalidad más controlable por ella y ajustada a sus requerimientos actuales». En esa comprensión, revisa sus concepciones sobre los derechos y sus garantías, sobre el control constitucional y sobre el sentido mismo atribuible al Derecho en una renovada construcción socialista.

En 2010 reconocemos en la obra y en la trayectoria política revolucionaria de Azcuy, el mismo objetivo que nos anima hoy: refundar el socialismo cubano sobre las bases de lo más avanzado que ha alcanzado el pensamiento y la práctica revolucionarios hasta el momento. En ello el Derecho debe protagonizar un papel protagónico.

La Habana, julio de 2010

Nota: Las citas de las páginas que no aparecen en este texto debidamente referenciadas, pueden encontrarse en el libro que La Cosa  ofrece en pdf.


[1] En lo adelante se emplea este concepto, entrecomillado, en el mismo sentido en que lo utiliza el autor, referido al constitucionalismo producido en la Unión Soviética y en el campo socialista de Europa del Este.

[2] Todos aparecen en este volumen.

[3] El Dr. Julio Fernández Bulté, maestro de los firmantes de este trabajo, es uno de los autores que comprendió primero y se comprometió siempre con ese trabajo de actualización del constitucionalismo cubano respecto al marxismo producido en el mundo, para desembarazarlo de las influencias teóricas del socialismo soviético. Sus últimos trabajos son muy significativos en la recuperación marxista del republicanismo democrático.

[4] Ver la descripción de dichos cambios en «Estado y sociedad civil».

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