Sobre la nueva Ley de Inversión extranjera en Cuba: dos comentarios

Cuba

Los cubanoamericanos y la nueva ley de inversión extranjera

por Jesús Arboleya

Uno de los aspectos que más expectativas generó en las discusiones de la reciente ley de inversión extranjera en Cuba, fue lo relativo a la posibilidad de que los emigrados, particularmente los cubanoamericanos, pudieran invertir en el país.

Al igual que la ley de 1995, la nueva ley no excluye esta posibilidad, aunque también es cierto que no conozco algún caso que se haya concretado. Como causa, se aduce la supuesta reticencia de las autoridades cubanas a aceptar las inversiones provenientes de la comunidad cubanoamericana, pero en verdad no conozco a ningún cubanoamericano que lo haya solicitado, simplemente porque lo prohibe el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Al igual que su predecesora, la nueva ley está orientada a incentivar y regular las grandes inversiones procedentes del extranjero. Según informó el ministro Rodrigo Malmierca a la Asamblea Nacional del Poder Popular y fue reportado por el periódico Gramma, “la atracción del capital extranjero estará orientada hacia grandes y necesarios proyectos y dará prioridad a las asociaciones y empresarios serios, con buena situación financiera y que, por supuesto, no estén involucrados en acciones contra Cuba de ninguna índole”.

Aunque algunos grandes empresarios cubanoamericanos pudieran encuadrarse en esta definición, dudo mucho que se arriesguen a invertir en el país mientras exista la actual política norteamericana contra Cuba, por lo que estaremos en una situación bastante similar a lo ocurrido hasta ahora. La buena noticia es que parte de este sector pudiera verse compelido a influir para que cambie la política existente.

La nueva ley no contempla la inversión extranjera orientada a los pequeños negocios existentes en el país, donde la participación de los cubanoamericanos es un hecho tangible. El problema consiste en que quizá debido a prejuicios políticos, la ley cubana ni siquiera reconoce la existencia de pequeñas empresas privadas, por lo que estas formas de propiedad están metidas en el saco de los “trabajadores por cuenta propia”, sin reconocer sus especificidades.

Como resulta de esto, la inversión de los cubanoamericanos, y de los emigrados en otros países, no tienen un respaldo legal efectivo y aparecen contabilizadas como remesas para el consumo, lo cual desvirtúa su naturaleza y las distancia de la propia política cubana encaminada a incentivar estos negocios, como un factor más de la revitalización económica del país.

Está claro que vistas de manera individual, estas inversiones no son portadoras de grandes capitales, alta tecnología o mercados externos, ni están orientadas a sectores estratégicos de la economía, pero de conjunto representan cifras y oportunidades nada despreciables y la lógica de un mercado socializado como el cubano es que, a la larga, una buena parte de sus utilidades se oriente en el sentido de las prioridades del país.

Aunque la falta de datos e imprecisiones estadísticas impiden contabilizar con exactitud su volumen, la mayor parte de los analistas calculan que las remesas constituyen un ingreso superior a los dos mil millones de dólares anuales y cerca del 50 % se invierte o se planea invertir en el desarrollo de pequeños negocios. Si, tal y como acaban de informar los funcionarios cubanos, Cuba necesita entre 2 000 y 2 500 millones de dólares de inversión externa para alcanzar los niveles de desarrollo que requiere la economía, es fácil comprender el potencial de estas inversiones, si se establece una política encaminada a estimularlas.

Desconocer la existencia de estas inversiones tiene implicaciones nocivas para la transparencia de las pequeñas empresas que se desarrollan en el país e incluso se contradice con el interés de limitar la concentración de la riqueza. Paradójicamente, a través de familiares, amigos o socios, hoy día un emigrado cubano puede ser dueño en la práctica de una cadena de restaurantes, una red de autos de alquiler o de varias empresas agrícolas, y acumular un capital considerable en estos u otros negocios, sin que exista ningún mecanismo legal que controle esta inversión, lo cual no solo desprotege al inversionista y desestimula estos emprendimientos, sino también al propio Estado cubano.

La inversión de los emigrados, especialmente los cubanoamericanos, en las pequeñas empresas cubanas tiene, además, efectos políticos a una escala que trasciende su valor económico. En primer lugar, estas personas han demostrado que no los detiene el bloqueo y, de hecho, constituyen una masiva rebelión contra sus medidas, complicando su implementación. Por otro lado, estas inversiones cambian la naturaleza de su relación con Cuba, en correspondencia con el espíritu de la nueva ley migratoria.

La nueva ley de inversión extranjera es, sin duda, un paso más en el sentido de las reformas que requiere el modelo económico cubana y la intervención estatal en las mismas, posibilita garantizar que se corresponda con los intereses de la nación, tal y como aspiran aquellos que en el mundo se oponen al capitalismo salvaje y las terapias de choque neoliberales.

Conciliar estos intereses con las relaciones con la emigración y estimular su participación en el progreso del país forma parte también de este proceso y, desde mi punto de vista, en tal sentido también se avanza, en correspondencia con las exigencias de la realidad.

Tomado de Progreso Semanal

Cuba: Ley de Inversión Extranjera, reformas y sector turístico

Por Lenier González

Cuba acaba de aprobar una nueva Ley de Inversión Extranjera, que sustituye la normativa vigente en esa materia desde 1995. La nueva Ley se enmarca en el contexto de reformas económicas que impulsa el Gobierno del presidente Raúl Castro, de ahí el alto nivel de expectativas nacionales e internaciones que ha generado la nueva legislación.

Detrás de esta nueva normativa se esconde la necesidad apremiante de inyectar capitales a la economía cubana con el objetivo de generar ciclos de crecimiento virtuosos. Especialistas y fuentes gubernamentales han insistido en el imperativo de lograr entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa (IED) para lograr la meta de un crecimiento anual del 7%. Sin embargo, economistas calculan que la IED en Cuba ronda hoy apenas unos pocos cientos de millones de dólares y que la economía debe crecer solo un 2,2%.

La normativa de 1995 focalizaba la IED sobre sectores muy selectos de la economía nacional -industria ligera, turismo, telecomunicaciones, etc.-, los cuales funcionaban como sectores amurallados, sin lograr encadenamientos económicos al interior y al exterior del país. Además, en las estructuras políticas primaba una mentalidad negativa hacia la IED, pues era percibida como “un mal necesario”.

Cuba: Ley de Inversión Extranjera, reformas y sector turístico

El Gobierno cubano, con la nueva normativa, busca incorporar la IED como un componente estructural de la economía. Exceptuando las ramas de educación, salud y defensa, el resto de las áreas de la economía estarán abiertas a inversiones externas. A diferencia de 1995, ahora se podrá invertir en agricultura, infraestructura, azúcar, níquel, la renovación de edificios y en negocios de bienes raíces. Como incentivos, la nueva ley recorta a la mitad los impuestos sobre las utilidades, elimina el impuesto sobre el uso de mano de obra y ofrece una moratoria de ocho años para empezar a tributar sobre las ganancias. Igualmente, garantiza la libre transferencia al exterior de las utilidades en moneda libremente convertible y da la posibilidad a los inversores de disponer de sus acciones a favor del Estado cubano o de terceros, siempre que estos resulten aprobados por el Gobierno de la Isla.

Sin embargo, quedan en pie “cuellos de botella” que no dan solución a problemáticas presentes desde 1995. Si bien los emigrados cubanos pueden legalmente invertir en el país (ambas legislaciones lo refrendan: 1995 y 2014) todo parece indicar que no se promoverá gubernamentalmente. Otro asunto peliagudo es el referido a la contratación y pago de la fuerza de trabajo, que seguirá siendo mediante un agente externo que cumplimentará ambas funciones. No se permitirá pagar de manera directa a la fuerza de trabajo. Otro agravante de la nueva Ley es que prohíbe la IED en el floreciente sector privado de la Isla, el cual queda limitado de generar crecimiento y encadenamientos económicos con el sector estatal y a nivel internacional.

Aunque el sector turístico no fue mencionado durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, la inversión extranjera ha constituido punto fundamental para desarrollar infraestructuras y estimular el flujo de viajeros hacia la Isla. Los capitales externos han logrado dotar de un fuerte dinamismo al sector turístico cubano en los últimos 20 años.

Hace apenas cuatro meses, José Reinaldo Daniel, director de negocios del Ministerio de Turismo (Mintur), comentó a la prensa que la inversión extranjera es clave para poder desarrollar la capacidad hotelera del país. Desde el Mintur se ha insistido en las oportunidades de negocios para crear empresas mixtas dedicadas a la construcción y operación de hoteles, desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf, contratos de administración y comercialización, además de franquicias en el exterior.

En aquel entonces, diciembre de 2013, el directivo apuntó la disposición del Mintur de examinar intereses de inversión foránea en áreas que aún no están explotadas. Dijo que se busca inversión para la zona sur de las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus (en la colonial ciudad de Trinidad), el norte de Camagüey (playa de Santa Lucía), Las Tunas y Holguín. Especificó que la modificación del Código Civil cubano permite el derecho de superficie por 99 años y a perpetuidad, lo que permite plenas garantías a los extranjeros que compren propiedades.

Cuba cuenta con 60.500 habitaciones hoteleras y para 2020 las autoridades prevén llegar a los 85.000. Los principales polos tendrán un destaque particular, como el balneario de Varadero (en el rango del 31% de todas las habitaciones), además de realce en La Habana, norte de Villa Clara, Jardines del Rey y Holguín. Cuba opera tres terminales de cruceros, siete marinas y 10 aeropuertos internacionales.

Como administración hotelera existen 62 contratos firmados con 17 gerencias extranjeras, de las que 13 son españolas, una canadiense, una jamaicana, otra portuguesa y una francesa, que abarcan 31.277 habitaciones. Al concluir 2013 se firmaron cinco nuevos convenios y la entrada de dos cadenas en planes de administración compartida de hoteles, incluida la NH que había salido de Cuba y regresó para operar el Hotel Capri, recién reinaugurado. Todo parece indicar que, lejos de aminorarla, la nueva normativa potenciará la IED a gran escala en el sector turístico nacional.

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