La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

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Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

  1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
  2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana.

CUBA. 1963.

Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

 

La soberanía frente al gobierno ajeno

Me referiré primero a la cuestión de la soberanía cuando esta es impedida por un gobierno extranjero y al vínculo que esta establece con la soberanía ciudadana. Pensemos en 1902, año de nacimiento de la república cubana.

Una entrada es obvia: el principio de autodeterminación nacional es incompatible con la Enmienda Platt. Sin embargo, ante versiones que han gozado de enorme circulación por décadas, es útil recordar la resistencia cubana ante esa Enmienda, frente a la crónica que solo observa mero “entreguismo” en  “aquella república”.

 Hacia esa fecha, la sociedad cubana experimentaba una terrible crisis económica y humana después de las pérdidas generadas por la guerra. En el mes de agosto de 1898, el sorteo de una revista elitista como El Fígaro dejó de ser un elegante abanico de nácar y encajes para ofrecer un lote de víveres. En ese año casi la mitad de La Habana vendía melcochas a centavo, pues solo sobraba el azúcar.

El país estaba ocupado militarmente y pendía sobre él la amenaza cierta de otro conflicto armado, esta vez con los Estados Unidos. Las fuerzas independentistas estaban divididas y contendiendo entre sí. Gómez había sido depuesto por la Asamblea del Cerro. El Partido Revolucionario Cubano fue disuelto por Estrada Palma en una situación diferente a la prevista por Martí. Reducido a 105 mil varones adultos, aproximadamente, el electorado constituía solo un cinco por ciento de la población cubana. En esas, entre otras condiciones, los cubanos tuvieron que resolver su futuro en relación con los Estados Unidos.

El 20 de mayo de 1902 fue un referéndum por la nación. En la coyuntura descrita, el independentismo cubano, a través de una tremenda lucha de masas entre 1898 y 1902, pudo derrotar la línea anexionista del ejecutivo norteamericano y de sus aliados nativos. A favor de la independencia se pronunciaron unánimemente cien alcaldes municipales (los independentistas habían ganado ampliamente las municipales de 1901), el Consejo Nacional de Veteranos de las Guerras de Independencia, la Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios, 15 mil habaneros que espontáneamente se dirigieron hasta el Palacio de Gobierno para protestar ante el gobernador militar contra la Enmienda Platt, dos de los tres partidos constituidos para las elecciones municipales (los que gozaban de mayoría), periódicos, dirigentes cívicos y, sobre todo, el pueblo que llevaba años sufriendo penurias inimaginables y no entendía cómo una constituyente libre y soberana podría sesionar según la imposición del gobernador militar estadounidense.

 Para aprobar la Enmienda Platt los Estados Unidos tuvieron que recurrir a la imposición descarnada y, aún así, alcanzó un triunfo precario dentro de la Asamblea Constituyente. Para ese momento estaba completamente explícito que, o se aprobaba la Enmienda, o los norteamericanos no se retiraban del país.

 Ahora bien, la Enmienda Platt no afectaba solo a la soberanía nacional sino a la posibilidad misma de ejercer ciudadanía en Cuba. Terminados “los tiempos líricos de la revolución, su período jacobino y radical”, como diría un articulista del periódico conservador La Lucha, el gobierno constituido estaría ciertamente lejos de ser “un feudo del elemento revolucionario”. No obstante, el estado-nación republicano era un hecho para los cubanos y significó un avance real en varios órdenes.

El sufragio universal masculino, por ejemplo, resultó un gran logro en el contexto político del momento. El voto para los varones mayores de 21 años, sin limitaciones por razón de nivel educacional, renta o “raza”, no se reconocía como derecho en la mayoría de los países latinoamericanos ni en los propios Estados Unidos. La puja por la república como forma política de la independencia obtuvo ese resonante triunfo. El sufragio universal marcó a partir de entonces el modo de hacer política en Cuba, abriendo la puerta de la discusión y la decisión sobre lo público a nuevos sectores sociales. Por ejemplo, a los negros cubanos.

La Enmienda Platt no solo suprimía la soberanía nacional a través del control y la amenaza de intervención –el ejército interventor también contribuía a pacificar el campo cubano, controlando las resistencias a la explotación del trabajo, para poder hacer las zafras– sino que reproducía esa usurpación de la soberanía también en el ámbito de los ciudadanos: recortando su capacidad de intervención sobre la política en la medida en que sostenía la estructura oligárquica del poder.

El Estado cubano era plattista también para poder ser liberal y oligárquico. Aseguraba así su dominación sobre la expropiación de la soberanía popular: prometía que la soberanía radicaba en el pueblo cuando en realidad radicaba en la Enmienda Platt.

La expansión de la lógica oligárquica se asentaba sobre la contracción de la lógica de la ciudadanía. Ese Estado tenía nula capacidad, y ninguna vocación, para habilitar la ciudadanía material: la capacidad efectiva de ejercer los derechos consagrados por la ley por parte de una comunidad ampliada, cada vez más numerosa, de ciudadanos “de hecho y de derecho”. De este modo, la ciudadanía, entendida en clave liberal solo como estatus jurídico formal –en tanto ciudadanos “de derecho”–, por ser condición y resultado de la república oligárquica, era compatible con procesos de desposesión material y política de enormes mayorías sociales.

En otra coyuntura, hacia mediados del XX, el principio de la autodeterminación nacional podía observarse desde Cuba en el espejo ofrecido por su contexto: las nacionalizaciones del gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas y la nacionalización del canal de Suez, realizada por Gamal Abdel Nasser. Esta política mantenía relaciones con otro ideal de ciudadanía, más expansivo, que reunía sus dimensiones formales y materiales.

Obsérvese que otra vez estoy apreciando la relación entre soberanía nacional y la soberanía de los ciudadanos.

El principio de la autodeterminación era entendido en la fecha, por una línea de discurso republicana, como la «garantía misma de la integridad y desarrollo de los pueblos débiles». Por ejemplo, Raúl Roa denunciaba las posiciones tanto de las potencias occidentales como de la Unión Soviética en torno a la causa egipcia. Roa estaba lejos de considerar a la «economía» como la fuente de todos los problemas y de todas las soluciones. Argumentaba sobre las necesidades políticas –en estricto sentido– de un país cuya autodeterminación nacional se encontrase en riesgo: «La libertad de expresión es un imperativo biológico para las naciones subdesarrolladas o dependientes, compelidas a defender su ser y propulsar su devenir mediante el análisis crítico y la denuncia pública del origen y procedencia de sus males, vicios y deficiencias».

 En otras palabras, no es posible defender la democracia sin defender al mismo tiempo la plena independencia y autodeterminación nacionales. Quien ceda en este principio, renuncia asimismo a la posibilidad de la soberanía de sus nacionales, esto es, rehúsa a la democracia como espacio de producción política desde la ciudadanía.

La soberanía frente al gobierno propio

La respuesta democrática al problema de Abela afirma que el todos supone una sociedad civil autogobernada. Afirmar el carácter civil de esa sociedad no pretende invisibilizar las desigualdades sociales que atraviesan la constitución de esta sociedad, ni dejar de observar cómo el poder económico particular de grupos y personas se traduce en poder político sectario a su favor. Significa, por el contrario, civilizar la sociedad a través de políticas que rompan los lazos de dependencia personal y social e impidan así el control de la cosa pública por parte de un grupo privilegiado y excluyente de poder.

 Dicho sea en síntesis: ningún poder supracivil –poderes privados económicos o poderes burocráticos colocados “por encima” de la sociedad– puede acumular de modo legítimo la capacidad de disputar a la soberanía –al todos autogobernado– su derecho a definir el bien común.

Luego, pasemos a explorar las dos preguntas formuladas desde el inicio, ya con la vista puesta en la soberanía frente al gobierno propio: cómo todos llegan a ser todos; y como resultan capaces de autogobernarse.

Dos expedientes han sido utilizados en la historia para ello: el sufragio universal, unido al control de la representación política, y la redistribución de la propiedad que impida, o al menos enfrente, la patrimonialización de la democracia, el uso de esta como un recurso privado a favor de quienes monopolicen el poder.

El sufragio universal fue una enorme conquista cuya introducción cambió el sesgo de la política en las primeras décadas del siglo XX. Los viejos partidos de honorables, liberales y oligárquicos, experimentaron sucesivas derrotas tanto en Europa como en América Latina, a manos de nuevos partidos de masas, expresivos de bloques sociales que antes no contaban con espacio político en sus respectivas sociedades.

En la época, la teoría política de las élites (Mosca, Pareto) y la filosofía política del “decisionismo” (Carl Schmitt) fueron críticas abiertas contra el liberalismo, la democracia, el parlamentarismo y los partidos. La primera caracterizaba el protagonismo de las masas como un problema para el ejercicio con calidad del poder encarnado en el régimen, y se enfocaba en los mecanismos de selección de las élites dirigentes. La segunda, el decisionismo, argumentaba que la dialéctica amigo-enemigo era “constitutiva” de la política, esto es, tampoco dejaba en pie la democracia si esta no se diferenciaba del “estado de excepción”. Ambas reconocían en la democracia algo diferente a la universalización del ejercicio político y operaban con un concepto de soberanía administrada por el poder y el derecho instrumentado por este.

Esas críticas comprendían la potencia del sufragio para producir desplazamientos efectivos de poder, y cómo era un expediente que no siempre podía quedar sometido al control elitario de la política. A través de la lucha por alcanzar el sufragio universal, o de la política desarrollada bajo su cobertura, se expresaban las crisis de legitimidades antes operantes. La potencia del sufragio universal ha dependido, entonces y ahora, de su capacidad para expresar la entera politización de la ciudadanía. Esto es, no es dable reducirlo a un fin en sí mismo. Antes bien, es instrumento para construir relaciones de poder compartidas, disputadas, que deban albergar actores, procesar el conflicto y traducir las demandas en políticas. Así, y solo así, el sufragio universal resulta el expediente de la autonomía social y personal, es decir, de la soberanía.

Ahora, la democracia es un programa demasiado complejo para hacerlo depender solo del sufragio. Vinculado a este, la defensa de la soberanía se proyectó también en la defensa del control sobre los representantes electos.

En la concepción de Rousseau, la tesis del mandato imperativo retiene la soberanía en el ciudadano. El representante queda obligado a actuar según la voluntad originaria de la comunidad ciudadana que otorga el mandato. Del mandato imperativo se deduce el reconocimiento a la ciudadanía del derecho a elaborar la política, a participar de su gestión y a controlar el itinerario de la decisión, con la revocación como remate del proceso. En Locke, la representación aparece como «agencia fiduciaria»: el representante es un agente fiduciario del principal, donde el principal es el elector. El agente puede ser sustituido por el principal a voluntad de este en cualquier momento, por los motivos que entienda el elector y con las menores formalidades exigibles para hacer más expedito el proceso.

Martí sigue ese sentido en la organización de la «Guerra Necesaria» por la independencia de Cuba. Las bases secretas del Partido Revolucionario Cubano (PRC) estipulaban el carácter de mandato imperativo del encargo otorgado por las asociaciones revolucionarias al Delegado: podían exigir de este cuantas explicaciones requiriesen para el mejor conocimiento del espíritu y métodos con que el Delegado cumpliría su mandato.

A la comprensión fiduciaria del poder le es consustancial el reconocimiento de derechos de disputabilidad ante la arbitrariedad del poder y la corrupción de la representación. El derecho a la disputabilidad de las decisiones estatales es la vía democrática de recuperar la soberanía –el todos autodeterminado– frente a quienes la usurpen. Esta línea combate la forma liberal de la representación, «como representación de la nación», como representación “libre”, sin mandato de ciudadanos concretos ni de comunidades específicas, que otorga al representante la libertad de actuar en nombre de la ciudadanía sin contar con su participación ni ser controlado de modo directo por esta.

Con lo antes dicho, estoy afirmando algo que parece obvio, pero no lo es: el Estado debe ser un agente de los ciudadanos, no de fuerzas políticas particularistas, como un partido, o de fuerzas corporativas, como las grandes empresas y las altas finanzas.

Pongamos esta afirmación en la perspectiva del contexto cubano. La Constitución de la República regula que la soberanía reside en el pueblo, pero al mismo tiempo ordena que el PCC sea «la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado». Son dos enunciados contradictorios: la soberanía está en el pueblo o está en el Partido, pero no puede estar en ambos a la vez si se entiende que “pueblo” es el “todos” y el partido es “parte” de él, su “vanguardia organizada”. Precisamente por ser un partido, el PCC no está sujeto a un deber constitucional de funcionamiento democrático ante toda la sociedad. Frente al incumplimiento de los deberes específicos del Partido, solo sus militantes pueden reclamar derechos. Esta diferencia entre derechos de los militantes y derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de «la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado» mantiene una tensión conceptual y política, no resuelta desde 1976, que viola el principio de igualdad política. Resolver esta contradicción supone replantearse de una vez por todas las funciones del Partido y el Estado y sus identidades: el Partido, más aún por ser único, debería legitimarse en la interacción política igualitaria entre actores empoderados y abrir canales eficaces de control sobre su propio desempeño a favor de la ciudadanía; y el Estado debe seguir un criterio institucional de la política –ser un ente público no restrictivamente ideologizado.

Afirmé antes que la democracia es un programa demasiado complejo para hacerlo depender solo del sufragio. Acabo de referirme a cómo la soberanía ciudadana se sostiene sobre la capacidad efectiva del sufragio para crear relaciones políticas, y no solo para reproducirlas, y sobre el control de la representación para defender a la soberanía frente al gobierno. Con ello, espero haber respondido la pregunta sobre la posibilidad de autogobierno por parte del todos, es decir, sobre la posibilidad de participar de las reglas que rigen la vida en comunidad, para poder crear colectivamente el orden. Dicho esto, me hago cargo ahora de la segunda de las preguntas inicialmente formuladas: cómo el todos llega efectivamente a ser todos.

El sufragio puede ser en efecto universal si cuestiona la estructura social en la que es llamado a funcionar: la desigualdad social emplea el sufragio universal como retórica del poder constituido; la igualdad social, por el contrario, emplea el sufragio universal como instancia de fundación de poder constituyente.

En ello, la patrimonialización de la democracia, su uso privativo por parte de quienes puedan definir por sí mismos lo que consideren como bien común, es la negación de la democracia como régimen de la libertad universal. Es necesario proteger a la democracia de quienes puedan comprarla, de la “acumulación (de unos) por desposesión (de otros)” de poder, político, económico, cultural.

Se trata de un tema antiguo: el problema de la soberanía del ciudadano en cuanto individuo independiente, tanto del Estado como de la sujeción a otro individuo. El reparto de la propiedad, o el control social sobre el ejercicio de esta, que viene a ser lo mismo, consuma un hecho democrático: si la libertad equivale a ausencia de dependencia –pues es libre el que no depende de otro para vivir– la democratización de la propiedad provee a los ciudadanos de garantías sobre las condiciones de su existencia, y abre así una puerta a la universalización de la ciudadanía, a la conformación efectiva del todos.

La integración del todos dentro de la esfera considerada «económica» entra en el territorio del «derecho a la existencia». En esa idea democrática, defendida ya en la época moderna por Thomas Paine, entre otros, el hecho de haber nacido personas otorga el derecho de proteger la vida humana. Ese es el sentido de la declaración francesa de 1789: los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Rousseau lo decía de esta manera: «que ningún ciudadano sea suficientemente opulento como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para ser obligado a venderse». (Rousseau 2002, 51) Thomas Jefferson, con su ideal de propietarios-trabajadores-independientes, defendía la independencia del ciudadano en la figura del propietario-trabajador, aunque «olvidase» la presencia de la esclavitud. En ese argumento, el Estado tiene derecho “a limitar la propiedad, a castigar a los acaparadores, a regular el derecho sucesorio, a establecer un impuesto progresivo sobre las grandes fortunas y a garantizar la vida y el trabajo”.

Martí compartía el núcleo de esta doctrina democrática crítica de la expansión capitalista en su preocupación por el «con todos y para el bien de todos». La República debía satisfacer «el anhelo y la necesidad de cada ciudadano, sin distinción de razas ni de clases, mediante la abolición de todas las desigualdades sociales y de una equitativa distribución de la riqueza». El «suelo –agregaba Martí– es la única propiedad plena del hombre y tesoro común que a todos (…) iguala y enriquece, por lo que, para la dicha de la persona y la calma pública, no se ha de ceder, ni fiar a otro, ni hipotecar jamás». A partir del mismo juicio, Céspedes luchó por destruir de raíz el aparato de la economía sacarócrata cubana.

El problema fue recogido a su modo por Marx cuando defendía que el futuro poscapitalista adquiriría la forma desmercantilizada de una asociación republicana de productores libres e independientes. En nuestros días, ese programa equivale a la constitucionalización del trabajo asalariado, a la búsqueda de alternativas de organización colectiva de la economía, al establecimiento de la función social de la propiedad, a la democratización de la propiedad no solo como «reparto» sino también como control de los trabajadores/ciudadanos/consumidores sobre el proceso productivo, el consumo y la distribución, y a la responsabilidad social y ambiental que se le debe fijar tanto a la propiedad común como a la propiedad individual.

La traducción contemporánea de estos principios conduce al control desde adentro –no solo desde fuera– de la actividad económica. El objetivo es constitucionalizar cualquier forma despótica de organización política de la economía. Los expedientes de este control son varios, pero entre ellos destaca la vigencia de los derechos sociales, la expansión de los derechos del trabajo frente a los derechos de la rentabilidad capitalista y el empoderamiento del mundo asociativo en defensa de los trabajadores.

En la Cuba de hoy supone otorgar al trabajo el sentido de derecho y obligación ciudadana, reconocer el derecho que ampare el producto derivado del trabajo, el mérito social y el servicio público y buscar formas diversificadas de propiedad y de control sobre la propiedad, que permitan la ampliación de formas de propiedad personales, privadas, asociadas, cooperativas, comunitarias y solidarias, coherentes con los principios de una economía política que articule el mercado regulado con la planificación no burocrática, esto es, que se preocupe tanto por la eficiencia como por la democracia.

Ergo, la construcción política del todos ha de quedar soportada por el acceso democrático a la propiedad. Su objetivo es empoderar a los ciudadanos en el escenario mismo de la producción, para que puedan sostener y reproducir materialmente interacciones igualitarias en la esfera pública.

En este horizonte, la política es una propiedad del todos y responde al problema de quiénes lo son también por este otro lugar: pretende civilizar el ámbito de las relaciones sociales reconduciendo a situaciones de igualdad civil y política la dominación de unos seres sobre otros por cualquier razón de clase, género, edad, color de la piel, etcétera.

La defensa de la soberanía es así la defensa de un concepto holístico de diversidad, capaz de soportar una ciudadanía texturizada por las diferencias de clase, raza, edad, género, lugar de nacimiento. La diversidad es una política capaz de comprender demandas plurales y de garantizar que sujetos distintos se encuentren en condiciones de apropiarse de y participar del espacio público. En el camino, se “descoloniza” la matriz del poder para emancipar las relaciones sociales de las distintas dominaciones existentes al interior de la sociedad, con el objetivo de construir políticamente el todos.

Hasta aquí, espero haber contribuido a responder a la pregunta de El Bobo: cuando se diga «con todos y para el bien de todos» nos estamos refiriendo tanto a todos los seres que viven y conviven como libres e iguales como a la lucha contra las exclusiones, por conquistar una forma de vida soberana para todos.

 

Presenté este texto en el evento. Cuba: Soberanía y futuro, realizado el 10 y 11 de octubre de 2014 en el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba (CCRD-C), espacio organizado entre este centro y Cuba Posible.

Fue publicado antes aquí: http://cubaposible.net/articulos/la-soberania-de-los-ciudadanos-es-tambien-la-soberania-nacional-2-aa5-2-6-4-2

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2 comentarios sobre “La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

  1. Excelente artículo, vamos a ver como avanza la “cosa” ante el “cansancio histórico” (concepto de Padura), desconocimientos y torpezas, así como tantos apetitos anexionistas. Sacrificar intereses y porciones de libertades, para conformar la soberanía nacional, con todos y para el bien de todas, a ver si el “Bobo” no vuelve a preguntar lo mismo casi un siglo después, Un abrazo

  2. Profesor ha sido un gusto leer uno más de sus artículos. Me llamo Jesús y soy estudiante de 4to año del Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Cuba. Me gsutaría organizar un debate sobre el sistema político cubano en mi universidad y quisiera invitarlo a usted como único conferencista. Si Ud. está de acuerdo, pudieramos establecer contacto en la forma que desee.

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