Populismo y régimen representativo.  Un análisis desde el corporativismo en la Cuba de los 1930

 

Julio César Guanche

Actualmente, un extendido consenso teórico sitúa, como causa de la emergencia del populismo, la reacción frente a la crisis del sistema institucional representativo. Ese consenso afirma que tal reacción toma formas antinstitucionales y críticas de la representación, que terminan por desmontar el entramado democrático.

En esta lógica, el populismo (en este texto me referiré solo al considerado “clásico” en América Latina, verificado entre los 1930-1950) se ancla en la crítica a la institucionalidad democrática puesta al servicio del orden oligárquico. El problema, para dicho argumento, son sus costos: la entronización del “reinado del pueblo”, la reducción de la heterogeneidad política, el desmantelamiento del entramado institucional de la democracia representativa, la concepción monolítica de la voluntad popular, y la autonomización del poder que se arroga la representación del pueblo.

Representación de la “vieja” política (oligárquica) y la “nueva” política (social), también de la “Cuba nueva”

 

Su proyecto estructuraría, siguiendo este argumento, tensiones tanto con el liberalismo como con el entramado republicano, con los que colisiona en tanto pone en solfa los elementos que el liberalismo aseguraría para la democracia: derechos fundamentales, separación de poderes, existencia de mediaciones representativas como el parlamento y el espacio público, y la separación entre público y privado.

El argumento opera con una noción de democracia (liberal) como cuestión básicamente procedimental. Con ello, la reduce a un “régimen político”. Kurt Weyland lo hace así en en su caracterización del populismo: este da “forma a patrones de reglamentación política, y no a la distribución de beneficios o pérdidas socioeconómicas”. La perspectiva se remite al debate sobre “sistema institucional, reglas conocidas y resultados inciertos”, en un formato que contiene específicos actores, reglas e instituciones. No obstante, la demanda por reconocer la cuestión social, y por hacerla inscribir en las políticas estatales, que es central en el populismo, entiende a la democracia como un “sistema productor de decisiones económico-sociales”.

La reconstrucción de las propuestas sobre cómo representar políticamente al pueblo por parte de los actores populistas “clásicos” ilumina lo problemático de la visión negativa de la soberanía popular, homogénea, antirrepresentativa y “absolutista”, que se le atribuye genéricamente al populismo. En ello, aparece la dificultad de trazar una clara línea divisoria entre propuestas populistas, y contenidos liberales y republicanos.

Observado en sus procesos reales, aparece más bien otro tipo de constatación: la crisis del funcionamiento del modelo institucional, con reducida base social, y estructura política y económica de contenido oligárquico, y la necesidad de ofrecerle soluciones en los marcos de las ideas y los procesos existentes en el contexto global de los 1930, marcado por la redefinición y defensa de la democracia en el contexto de crisis del liberalismo individualista y la presencia del fascismo y del comunismo soviéticos.

En este texto doy cuenta de este problema. En particular, analizo cómo el populismo cubano de los 1930 imagina la representación de la soberanía popular, especifica su crítica a la democracia liberal y a los partidos, y explico cómo el ensanchamiento social de la política impulsada por los actores populistas disputa nociones distintas de democracia. Para ello, me detengo en analizar cómo la solución corporativista formó parte de esos objetivos y en establecer el significado de la conservación del régimen democrático representativo como mecanismo de captura elitaria de la política.[1]

En el contexto cubano de los 1930, fueron los sectores oligárquicos —defensores de la que fue llamado en la hora “vieja política”, y con control de la industria clave del país, la del azúcar de caña— los que entendieron la democracia en el sentido restringido de “procedimientos”, como gobierno de la opinión pública, con forzosa y exclusiva estructura representativa, colocaron a la política como barrera de contención a la creación de nuevos derechos, no distinguieron entre legalidad y legitimidad, y manejaron una concepción de la propiedad privada desde la cual se hacía imposible la expansión de derechos sociales y laborales.

Esas posturas localizaron así la fuente del despotismo: “El ciudadano se ha expuesto a experimentar, principalmente, dos tipos de agresiones, derivadas del régimen. Una es la omnipotencia legislativa y otra la arbitrariedad del poder ejecutivo de la nación.” En dicha lógica, la opresión proviene del régimen exclusivamente político, el ejecutivo o el legislativo, ero no de la limitación de la base social del sistema institucional ni de las carencias de su régimen de derechos. El derecho debía proteger situaciones creadas por la propiedad privada, e impedir a la acción política mayoritaria modificarlas. El uso del término “confiscación”, por parte de estos actores, para calificar cualquier acto “intervencionista” de estado sobre los acuerdos civiles y la propiedad privada revelaba su desconsideración de cualquier soporte social para la democracia.

 

Representaciones de la “vieja” política (oligárquica) y de la nueva política (social) y de la política popular, obrera y democrática.

 

La asociación “virtuosa” entre democracia y capitalismo —a partir del congelamiento de la estructura liberal de la propiedad privada— era un núcleo duro del discurso liberal oligárquico de la hora en Cuba. Con ello, defendía un concepto de libertad “negativa”, como “no interferencia” del Estado, y protegían la democracia en su versión exclusivamente procedimental, como respeto a las reglas e instituciones ya establecidas.

Tal asociación era la noción más restrictiva de democracia entre las disponibles en la fecha para los sujetos sociales cubanos. Un vasto campo político cuestionaba esa noción, en el marco de la crisis del liberalismo individualista experimentada tras la Gran Guerra y la Gran Depresión. En ello, los discursos de sectores obreros que impulsaban demandas populistas no distinguían entre tipos de derechos, ni “intercambiaban” unos por otros. Tampoco elegían un tipo de derechos, en detrimento de otros, los actores burgueses interesados en las demandas populistas de integración social, diversificación económica, ampliación de los mercados internos y estabilidad política.

No existe en sus argumentos descreimiento de los derechos tenidos por “liberales”. Para hacer efectivo el robustecimiento de los derechos civiles y políticos era necesario cambiar el fundamento de los derechos de propiedad privada y libre empresa, de modo que estos dejasen de ser instrumentos de uso privilegiado de sus detentadores. Por lo mismo, es difícil encontrar aquí una ruptura a secas con el liberalismo de los derechos y con el republicanismo.

Los argumentos del ABC, de Ramón Zaydín, de Ramón Grau San Martín, de Juan Marinello, de los apristas y de Acción Socialista (socialistas no comunistas) valoraban la libertad “negativa” al tiempo que la “positiva”, considerada esta última como un comportamiento explícito orientado —desde la esfera pública— a viabilizar la creación de condiciones materiales y legales para el ejercicio de la libertad, a través de la institución de bienes comunes e individuales.

En dicha lógica, la función pública de producir justicia “rearma” al Estado, crea instituciones para ese fin y transforma su identidad política. Fue común a esas posiciones las propuestas de crear la carrera administrativa, la banca nacional y el tribunal de cuentas. Desde esta lógica, en el lapso fueron creados institutos de estabilización del azúcar, de la moneda y del café, la comisión nacional de transporte, escuelas provinciales de agricultura, comisión de la malaria, y comisión nacional de salarios mínimos, con un diseño institucional que daba espacio a los distintos actores involucrados en sus respectivos campos, y así encontraban, también, en ellos mecanismos de comunicación e intermediación política.

Ese consenso recogía la necesidad de la interdependencia de derechos y la insuficiencia del gobierno representativo realmente existente. Propugnaba una democracia alternativa a la liberal, no una desviación antidemocrática. En su lógica, la política creaba derechos, la ley debía estar al servicio de la libertad y no del orden, existía diferencia entre legalidad y legitimidad y asignar una función social a los derechos era la manera de otorgarle complexión social a la política. En este marco, la democracia no estaba al entero servicio del capitalismo, sino tenía entre sus deberes la contención de sus efectos disruptivos y excluyentes. Parte de ese consenso reinvindicaba explícitamente programas socialistas, en sus diferentes versiones de la hora.

El diagnóstico crítico sobre la eficacia de la concepción exclusivamente procedimental de la democracia, y las demandas de ensanchar su base social, encontraron una alternativa en Cuba en las propuestas corporativistas y fueron formuladas por actores críticos del liberalismo oligárquico desde la izquierda, el centro y la derecha.

El corporativismo era una proposición universal en los 1930. Su presencia abarcó un campo mucho más amplio que el fascismo italiano. Distintas versiones del corporativismo “societal” —centrado en el poder de las organizaciones sociales y comprometido con las formas democráticas, opuesto a corporativismos de tipo “estatalista”, como el fascista— adquirieron carta de ciudadanía. Keynes, buscando salidas a las consecuencias trágicas de la crisis del laissez-faire las encontró “en algún lugar entre el individuo y el Estado moderno”, aunque defendiendo siempre la soberanía de la democracia, personificada por el parlamento. Harold Laski impugnó “el derecho de soberanía” estatal y colocó la legitimidad en un espacio de actores múltiples, entre los cuales el Estado participaba como una más de las agrupaciones sociales. En esta lógica, la politización de lo económico suponía la democratización de lo político.

Tal imaginación no era una novedad radical en Cuba. En 1914 José Antonio Ramos defendió la necesidad de establecer una senaduría corporativa. Fernando Ortiz formuló en 1934 una propuesta similar, pero que contenía, a diferencia de la de Ramos, a los sectores populares emergentes de la revolución de 1930. El ABC —propuesta de derecha “de masas” nacida de la revolución de 1930, que nucleó a amplios sectores sociales, sobre todo entre las clases medias— fue la organización que llevó más lejos la propuesta corporativista, y la única que la defendió (sin éxito) en la Convención Constituyente de 1939-40.

Es constatable una fuerte asociación entre los actores interesados en el reformismo socialdemocrático y la solución corporativa. Unos porque ofrecía canales de inclusión política a las clases trabajadoras, otros porque significaba un remedio técnico a los rigores de la lucha de clases y una alternativa de estabilización política e impulso planificado de la economía del país bajo hegemonía burguesa. Coincidían en la necesidad de soportar la democracia sobre una base social. Ninguno rehusaba el principio del sufragio universal ni la integración representativa de los órganos del Estado. Proponían cambiar la base de la representación para dar espacio a los sectores actuantes en la vida nacional. La identificación de los sectores funcionales que debían integrar los órganos gremiales respectivamente propuestos era una apuesta por dar relevancia a la diversidad existente en el conglomerado social cubano. El corporativismo buscaba así hacer efectivo políticamente el pluralismo societal. Esa diversidad hacía impensable la reducción de la voluntad política de tal conglomerado a una única voluntad homogénea, hasta el punto que debían ser representados por sí mismos, en tanto sectores diferenciados que cumplían sendas funciones sociales.

Ahora bien, la solución final que adoptó la Constitución de 1940 sobre el tema de la representación política de la soberanía popular desestimó la visión “funcional” de la representación a favor del gobierno representativo de partidos. El hecho, en mi argumento, fue una victoria indirecta de los defensores del liberalismo oligárquico. Estos habían vinculado sus demandas con la defensa de la democracia liberal representativa, que en su criterio estaba fundada sobre “la organización voluntaria de la sociedad por medio de estas cinco bases esenciales: el derecho de propiedad privada, derechos individuales, igualdad de oportunidades, sufragio universal y equilibrio de los poderes del Estado”.

El Partido Demócrata Republicano —representante clásico de la “vieja política” oligárquica— sostuvo enérgicamente la postura de conservar “el viejo régimen estrictamente representativo”. Estuvieron de acuerdo con ella —aunque tenían posiciones diferentes sobre la forma de gobierno (si debía ser presidencialista o parlamentaria) liberales individualistas/oligárquicos, como Orestes Ferrara, y liberales “productivos/sociales”, como José Manuel Casanova. El hecho mostraba el límite a donde los segundos —los burgueses llamados a sí mismos “productivos”— podían llegar, en los hechos, respecto a la democracia social y la representación plural del pueblo. Se trató de un acuerdo clasista entre liberales oligárquicos y “pankeynesianos” burgueses: la protección de la democracia representativa como mecanismo elitario de captura de la política a su favor.

Varios factores intervinieron para diluir la aspiración corporativa de poder popular en la noción liberal de pueblo representado por los partidos políticos en el aparato institucional. Las razones públicas de este fracaso fueron la asociación del corporativismo con el fascismo, la invocación de los peligros del totalitarismo “extranjerizante” —que podría servir de “quintacolumna” (comunista) en Cuba contra la democracia—, y la crítica a los vicios del corporativismo realmente existente en la Isla en esa fecha, el implementado por Batista entre 1936 y 1940.[2]  En el fondo, estaba también una estrategia burguesa de control sobre la política.

La negativa al corporativismo, propuesta que gozaba del consenso antes descrito entre diversos actores cubanos en los 1930, debía dar alguna respuesta a la crítica al sistema institucional tradicional. La respuesta fue la formulación, por primera vez en la historia institucional cubana, de un régimen semi-parlamentario, con la figura de un primer ministro y mecanismos de concertación entre todos los poderes públicos, que moderasen el peso del Ejecutivo —que a  larga se reveló bastante ineficiente.

La república insurgente: acción colectiva en los cambios sociales y transformación del Estado.

 

La conservación de este sistema respondía también a otra lógica: la captura elitaria de la política por parte de los actores dominantes del sistema con capacidad de conducirlo a su favor.

La tesis de Roberto Gargarella (el constitucionalismo reformista latinoamericano, dentro del cual está el populista, amplió por el lado del constitucionalismo social lo que impedía por otro al dejar intocada la “sala de máquinas” de la Constitución) refiere fundamentalmente al hiperpresidencialismo. Sugiero que quizás el argumento deba extenderse no solo a la concentración de poder del presidencialismo, sino también, en el contexto que he venido analizando, el mantenimiento irrestricto del aparato representativo de partidos como exclusivo “representante” de la soberanía “popular”.

El hecho resultó un modo de contener las demandas sociales más radicales que se colocaban como deberes de la Constitución, al encuadrarlas en un formato institucional que permitía procesarlas con garantías para los intereses con mayor poder para capturarlo.

Los autores de los informes de la embajada estadunidense en la Habana sobre la Asamblea Constituyente comprendieron el hecho. Le dieron seguimiento detallado a cómo se iban modificando los artículos constitucionales en debate, clasificando las propuestas más “conservadoras” y alineadas con sus intereses. Los informes identificaron que el lenguaje de los artículos estaba siendo empleado de forma tal (por general y ambigua), que hiciera posible que el Congreso pudiese legislar luego en función de sus intereses.

El régimen representativo, con el sistema de partidos, no fue entonces “atacado” y menos “desmontado” por el populismo. Funcionó como un resguardo de la posesión del poder político por parte de las élites, que limitaban con ello las vías de intervención popular en la política. Este era una de los objetivos fundamentales del corporativismo democrático, que se imaginaba como un “complemento” a la democracia liberal, para suplir sus deficiencias “individualistas” y otorgar representación a diversos sectores sociales, más allá de los partidos políticos.

Orestes Ferrara, viejo “liberal doctrinario”, comprendía también el problema cuando observaba la “contradicción” entre el “régimen representativo” y la “revolución”, o entre representación e intervención popular directa:  “¿Qué es régimen representativo? Es la ordenada marcha que el pueblo sigue, al poner en los curules del Estado a los que obtengan el mayor número de votos, y aquí hay tres partidos que se califican de revolucionarios. ¿Qué es la Revolución? La desordenada, aunque noble marcha de la voluntad popular, ocupando los poderes por encima de la forma, y por encima del método representativo.”

Ferrara comprendía que el régimen representativo era un dique frente al hecho revolucionario. Ellen Meyksis Wood ha teorizado contemporáneamente este enfoque con su tesis de la democracia liberal como recurso de la dilución del poder popular. En su argumento, la oposición entre democracia representativa y democracia directa no visibiliza el foco del problema que estoy comentando, pues existen razones para favorecer la representación “hasta en el sistema de gobierno más democrático”. El punto en cuestión —para Wood— es la suposición en la que se basó la concepción federalista [formulada por Hamilton] de representación: “La ´democracia representativa´, al igual que una de las mezclas de Aristóteles, es la democracia civilizada con un toque de oligarquía.”

Los burgueses populistas cubanos —que tenían en el modelo político estadunidense su gran referencia— parecieron comprenderlo. Luego, el fracaso del corporativismo —insisto en que me refiero al fracaso de todas las propuestas corporativas en ese contexto y a las alternativas triunfantes ante él— no debería celebrarse normativamente como un “triunfo” de la “democracia liberal”. Otras lecturas pueden aportar mayor rendimiento analítico: primero, ofrecen una matización del “antagonismo” entre populismo y republicanismo y, luego, sugieren una puerta de entrada para entender mecanismos de control de la expansión de la democracia social y de desempoderamiento de lo popular procesadas más a través del régimen representativo que propiamente del populismo.

El tema ofrece otra puerta para observar cómo el populismo clásico, un proceso ni enteramente oligárquico ni enteramente popular, produjo un marco de confluencias que podía servir para defender causas populares, pero con la aspiración —y en la medida de sus fuerzas, con la práctica— de tenerlas bajo control por parte de los actores burgueses dominantes en dicho pacto.

 

 

 

Nota: Presenté una primera versión de este texto en el seminario internacional “Las izquierdas latinoamericanas: sus trayectorias nacionales y relaciones internacionales durante la primera mitad el siglo xx.”, celebrado en el ICIC Juan Marinello, La Habana, noviembre de 2016. Reelaborado en formato académico, aparecerá publicado en Cuba y México. Esta es una versión “informal”, breve, que suprime citas, bibliografía, etcétera, en aras de la brevedad y de facilitar su lectura.

[1] En caso alguno, pretendo extrapolar en este texto una defensa de ideales “corporativos” para el presente. Lo que sugiero es una interpretación de cómo emergió esta propuesta en esa fecha y cuáles argumentos lo defendieron y lo combatieron y qué implicaciones políticas tenía su discusión. La utilidad, y los problemas, del corporativismo y del neocorporativismo para el mundo de hoy serían objeto de otro texto, que debería analizar, por ejemplo, la configuración actual del sistema capitalista en lo que respecta a la relación capital-trabajo, entre otros temas que no trato en este texto.

[2] Por razones de espacio, no puedo trabajar aquí la perfomance de Batista en esta fecha.

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