Constitución y constitucionalismo en Cuba: Introducción al dossier y reflexiones

Foto: Fernando Medina (Cortesía para La Cosa)

Por Jorge I. Domínguez

(Este texto forma parte de un dossier sobre constitucionalismo cubano publicado en Cuban Studies (Vol. 45, 2017). Se publica en La Cosa por cortesía de esa revista.)

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Los artículos en este dossier, organizado por iniciativa de Julio César Guanche, representan un loable intento de ponderar diversos aspectos de la Constitución vigente en Cuba. Este equipo académico ha laborado sobre cuatro temas. Uno es la ubicación de cualquier constitución en la conversación implícita entre el presente y el futuro, lo cual requiere meditar sobre el mecanismo formal de enmienda constitucional. Otro es el propio texto constitucional. ¿Cuál es la relación entre las partes fundamentales de cualquier constitución, y en particular de la cubana, para comprender su funcionamiento apropiado? Y, ¿cuál es la relación entre ese texto constitucional y el país que gobierna? El tercer tema examina la constitución vigente desde la perspectiva del derecho comparado. ¿Cómo se parece, o se distingue, la carta magna cubana de otras que fueron adoptadas o modificadas durante el último cuarto del siglo anterior y del comienzo del siglo actual? El cuarto tema trata de la relación entre una constitución vigente y sus predecesoras, considerando los procedimientos de deliberación que desembocaron en su adopción inicial.

Las ponencias que ahora se publican se presentaron, en primera instancia, durante el Congreso Internacional de LASA (Latin American Studies Association) que se reunió en San Juan, Puerto Rico, en mayo de 2015. Aprendo de la sabiduría de mis colegas autores, y valoro sus textos de este dossier. Aporto simplemente unas reflexiones que le faciliten al lector, principalmente a quien no sea abogado o jurista—yo tampoco lo soy[1]—comprender la utilidad de estos artículos que Cuban Studies ahora publica. La organización de mi breve artículo sigue los cuatro acápites mencionados en el párrafo anterior.

El pacto intergeneracional

¿Cuáles deben ser los propósitos de cualquier constitución? Una constitución afirma los derechos de los ciudadanos que la autorizan, y que ella rige, y organiza los órganos del Estado, y las relaciones entre ellos y la ciudadanía. Crea espacios de acción y un orden para el desempeño de tales acciones. Una constitución es, además, un pacto entre generaciones, que se refleja en los procedimientos constitucionalmente establecidos para enmendar la constitución. El artículo de Julio Antonio Fernández Estrada en este dossier trata esta cuestión fundamental.

Consideremos, por hipótesis, dos generaciones. Una es la generación del presente y la otra es la generación del futuro. En un pacto intergeneracional, la generación del futuro reconoce los valores históricos de la generación del presente, y respeta las reglas establecidas por los del presente en una constitución. Ese reconocimiento y respeto no quedan en el aire. La generación del futuro acepta que debe ser difícil modificar la constitución, legado que hereda de la generación del presente. Esa dificultad se encuentra en el instrumento operativo que, en casos concretos, puede permitir el reemplazo de la constitución, o su modificación con mayor o menor afectación sobre ella. Suele ser típico que una enmienda constitucional requiera, para que sea adoptada, una mayoría parlamentaria calificada que siempre exceda una simple mayoría, por ejemplo, una aprobación por dos-terceras partes de los parlamentarios. En otros casos, una enmienda constitucional requiere un plebiscito nacional para que sea aprobada por la ciudadanía. En diversas instancias, se exige tanto el apoyo del parlamento por mayoría calificada así como un plebiscito. Y en estados federales, se suele exigir adicionalmente la ratificación por una mayoría, simple o calificada, de la unidades conforman la federación.

A su vez, la generación del presente también incurre obligaciones acorde a este pacto intergeneracional. La generación del presente reconoce que las circunstancias cambian a través del tiempo, y por tanto respeta el derecho de la generación del futuro de modificar o de remplazar la constitución adoptada por la generación del presente.

Diversos aspectos de este pacto intergeneracional ya existen en la Constitución de la República de Cuba, según su última modificación en 2002, en su artículo 137. Por ejemplo, la Constitución permite la adopción de enmiendas, mediante lo cual se observa el respeto de la generación del presente por los derechos de la generación del futuro. El mismo artículo 137 exige que cualquier enmienda constitucional sea aprobada por una votación de dos-terceras partes del número total de integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante lo cual se observa el respeto de la generación del futuro por los derechos y méritos de la generación del presente. En caso de una reforma constitucional fundamental, que modifique los poderes de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, o los derechos y deberes de los ciudadanos, tal enmienda requeriría, además, la votación a favor de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, que es un elemento adicional del respeto de la generación del futuro frente a las decisiones de la generación del presente.

Viola, sin embargo, el artículo 137, según su modificación en 2002, el pacto intergeneracional cuando insiste que no se puede reformar “lo que se refiere al sistema político, social, y económico” que poseen un carácter “irrevocable.” Un pacto intergeneracional como el que existía en la constitución cubana, a partir de la adopción original en 1976 y su modificación a fondo en 1992, imponía ya difíciles barreras a una enmienda constitucional, es decir, la votación calificada en la Asamblea Nacional y el plebiscito nacional en circunstancias que planteen precisamente la reforma del sistema político, social, o económico. Pero se rompe ese pacto intergeneracional cuando se intenta anular los derechos plenos de la generación del futuro de modificar la carta magna, como permitía la Constitución adoptada en 1976 en su artículo 141 y la reformada en 1992 en su artículo 137.

Es posible considerar, además, que la reforma del 2002 no cumplió con los requisitos establecidos por la Constitución de 1992, que pretendía enmendar. Es imposible creer que pueda existir algún cambio más medular a los “derechos y deberes consagrados en la Constitución” que la prohibición total de reformar el sistema político; según la Constitución vigente en 2002, tal modificación requería una votación de la ciudadanía. No hubo tal votación; hubo una consulta popular bajo la égida de los Comités de Defensa de la Revolución, que no es lo que preveía la Constitución para cualquier enmienda fundamental. Adolece, pues, la reforma de 2002 de atentar contra los derechos de los ciudadanos del futuro y de no haber sido adecuadamente aprobada.

Surge una duda adicional con relación a la enmienda de 2002, al que también se refiere el artículo de Rafael Rojas en este dossier. Si es irrevocable el sistema económico, ¿cómo se explica constitucionalmente la implantación de un “socialismo próspero y sostenible,” célebre frase del Presidente Raúl Castro? La Constitución de 1976 parecía prohibir la inversión extranjera directa y la presencia de empresas transnacionales que, en años posteriores a la enmienda de 2002, parecen ser ya un motor de la nueva economía cubana. El mismo empleo por cuenta propia, que ya en diversos casos permite empresas no-estatales de cierto tamaño, parecería haber quedado fuera del marco constitucional en 1976. ¿Fue o no fue la bienvenida a las empresas transnacionales y al empleo por cuenta propia una reforma fundamental del sistema económico? Cuba ya salió del socialismo burocrático que prevaleció antes de 1990. ¿Es la nueva zona de Mariel, que busca atraer a empresas transnacionales bajo un marco especial aún más alejado de la empresa estatal burocratizada, enemiga de la Constitución? ¿O son todas estas reformas respuestas sensatas a las cambiantes circunstancias del devenir económico de Cuba?[2]

Hay otra duda final con relación a la posibilidad de reforma según el artículo 137 de la Constitución de 2002. ¿Quién decide si se puede o no se puede adoptar una reforma al “sistema político, social, y económico”? La misma Constitución indica (artículo 75c) que es una atribución de la Asamblea Nacional “decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos, y demás disposiciones generales.” Eso puede explicar cómo llegó Cuba al “socialismo próspero y sustentable,” con empresas transnacionales y empresas no-estatales nacionales de dimensión pequeña y mediana, sin violentar el artículo 137 de la Constitución reformada en el 2002.

Así como la reforma del 2002 no fue una reforma fundamental (si lo hubiera sido, un plebiscito habría sido imprescindible, pero no lo hubo), parece que tampoco estos otros cambios constituyen una reforma fundamental del sistema económico de un irrevocable socialismo. Se pueden adoptar estos cambios importantes sin que surjan objeciones constitucionales. La Asamblea Nacional determinó que lo anteriormente impensable puede ahora regir al país.

Si la Asamblea Nacional dispone del poder de determinar la constitucionalidad de sus propias acciones, incluyendo estos importantísimos cambios del sistema económico, entonces el artículo 137 modificado en 2002 ya es nulo desde su adopción inicial.

La coherencia de la constitución vigente

El artículo de Amalia Pérez Martín en este dossier nos exige una reflexión sobre la coherencia interna de la constitución vigente en Cuba. Determina Pérez Martín un elemento fundamental: solamente el pueblo puede, en última instancia, ejercer la soberanía. Se remonta a un análisis basado en su conocimiento del derecho romano, que subraya el valor de un gobierno que sea colegiado, reconozca la dimensión temporal su ejercicio del poder, y sea por tanto responsable ante la ciudadanía de la cual su poder depende. ¿Es internamente coherente la Constitución en estos aspectos? A su vez, el artículo de Rafael Rojas en este dossier plantea un segundo aspecto con relación a coherencia, es decir, entre la Constitución y la cambiante situación económica y social del país.

El único soberano es el pueblo, que es inherentemente heterogéneo, con mujeres y hombres, personas de mayor o de menor educación, enfrascados en diversas labores, viviendo su juventud o su vejez, encarando dramáticos cambios demográficos, y con deseos, esperanzas, sufrimientos, y preocupaciones necesariamente diversos. Ese pueblo soberano transita por su historia y posee experiencias de mayorías necesariamente coyunturales y transitorias. Ese pueblo soberano, por supuesto, puede cambiar sus criterios. Más allá de la reforma de la Constitución, ya discutida anteriormente, ¿cómo considerar esos posibles cambios de criterios, de coyuntura a coyuntura, de tiempo a tiempo, en el contexto del mismo marco constitucional? Pérez Martín llama atención, por tanto, a procedimientos para la revocación de instrumentos legalmente adoptados en algún momento y la declaración de inconstitucionalidad.

Ya mencioné en la sección anterior que la Constitución, en su artículo 75c, determina que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es decidir sobre cuestiones constitucionales. Pero, Pérez Martín nos recuerda, la Asamblea Nacional nunca ha ejercido tal control constitucional. Una primera dificultad es que esa normativa convierte a la Asamblea Nacional en juez y parte en cualquier posible declaración de inconstitucionalidad, inclusive de su propia legislación, por lo que no sorprende que haya evitado ese acto de malabarista. En general, por supuesto, la Asamblea Nacional no debería ser, aunque sí sea, fuente de ley y control de sus propias acciones.

Pero, ¿es posible que no hubiera en treinta y cinco años decretos-leyes, decretos o resoluciones ministeriales que merezcan haber sido declaradas inconstitucionales? En estos casos, la Asamblea Nacional estaría evaluando la labor no de sí misma sino de otros órganos del gobierno y del Estado. Recordemos que las resoluciones ministeriales no surgen de un proceso colegiado, sino de un proceso burocrático; tampoco resultan de una deliberación pública que observe, matice, critique, modifique, o exija una formulación lógica, un encaje bien fundamentado con procedimientos anteriores, y una base empírica para su funcionamiento. No implican ni requieren tales resoluciones una rendición de cuentas frente a un pueblo soberano, ni siquiera frente a su Asamblea Nacional, con las ocasionales excepciones en que un Ministro rinde cuentas de su labor general, no de una resolución particular. Es asombroso que la proliferación de decretos-leyes, decretos, y resoluciones no haya conducido a la Asamblea Nacional a ejercer su control constitucional.

La relación entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado es también problemática. La Constitución presume que la Asamblea Nacional está en la cima de la autoridad constitucional. La Asamblea Nacional puede exigir que el Consejo de Estado rinda cuentas de su labor, pero los parlamentarios solamente pueden ejercer este poder durante los muy pocos días al año cuando se reúnen en plenaria. De hecho, como señala Pérez Martín, el Consejo de Estado ha venido sustituyendo a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional posee un carácter no permanente y no profesional; los Diputados le dedican poco tiempo, y no logran especializarse y profundizar sobre los temas por considerar. El Consejo de Estado combina la permanencia de su actividad legislativa frente a los larguísimos intervalos entre plenarias de la Asamblea Nacional, con los poderes ejecutivos del Consejo de Estado, ejerciendo ambos poderes legislativos y ejecutivos mediante los decretos-leyes que emite el Consejo de Estado y que la Asamblea Nacional ha simplemente aceptado sin modificaciones o cuestionamientos.

Dada la insistencia revolucionaria en el carácter democrático del sistema político cubano, es también asombroso que la Asamblea Nacional abandone su función legislativa de facto al Consejo de Estado. La Asamblea Nacional podría fortalecer sus comisiones para ejercer mejor su función constitucional de “control” sobre los demás órganos del Estado y del gobierno. Esas comisiones podrían reunirse con mayor frecuencia, no solamente durante los pocos días que anteceden a una reunión plenaria del parlamento, y podrían interpelar a los Ministros u otros funcionarios con mayor frecuencia, profundidad, y agudeza investigativa. La Asamblea Nacional puede consultar el Tribunal Supremo Popular para que opine sobre la constitucionalidad de diversos instrumentos legales. Aunque solamente le corresponda a la Asamblea Nacional decidir sobre la constitucionalidad de decretos-leyes, decretos, y resoluciones, nada impide que la Asamblea Nacional se asesore profesionalmente del Tribunal Supremo, cuyos miembros ella elige, y que le solicite que opine sobre los asuntos que le competen a la Asamblea Nacional.

La coherencia constitucional exige que la Asamblea Nacional ejerza su poder formal y sus responsabilidades frente a otros órganos del Estado y del gobierno, y tal labor requiere mayor tiempo en el desempeño parlamentario, probablemente mediante las comisiones de la Asamblea Nacional durante el transcurso del año, y mayor capacidad profesional, que puede emanar mediante consultas explícitas al Tribunal Supremo.

Al abdicar de facto la Asamblea Nacional sus responsabilidades constitucionales, impide así que un gobierno colegiado represente la heterogeneidad ciudadana. Al no ejercer un verdadero control sobre el Consejo de Estado y otros órganos del gobierno y del Estado, deja la Asamblea Nacional de reconocer la dimensión temporal del ejercicio del poder, que presupone la derogación en algún momento, inclusive por inconstitucionalidad, de algunos decretos-leyes, decretos, y resoluciones. Como resultado, la Asamblea Nacional no cumple con su obligación de ser responsable frente al pueblo soberano, ni con su deber de obligar a los demás órganos del gobierno y del Estado que lo sean igualmente.

La coherencia constitucional, y la relación entre la Constitución y los cambios económicos ya en curso, plantean otra pregunta: ¿qué puede ser reformable para promover esta segunda dimensión de coherencia, es decir, entre la Constitución y el país que rige? Este tema también aparece en la obra de Rafael Rojas en este dossier. Evidentemente, ya ha sido posible, a partir de la reforma constitucional de 1992, modificar el régimen de propiedad. Y una consecuencia de la adopción de los Lineamientos como programa del Partido Comunista de Cuba y orientación general y explícita de la política del gobierno es que también resulta constitucionalmente legítimo que funcionen en Cuba empresas no estatales, pequeñas si sus dueños son cubanos y transnacionales en el caso de las empresas mixtas. Esto implica que la Asamblea Nacional se ha sentido segura de la constitucionalidad de estas medidas, independientemente de las salvedades insertadas en la Constitución en el 2002. La propiedad exclusivamente estatal de las empresas ya no define al socialismo en Cuba, nos recuerda Rojas.

Si resulta ser tan constitucionalmente flexible la introducción de notables modificaciones en el régimen económico, ¿podría ocurrir lo mismo con relación al régimen político? Rojas propone cambios a los artículos 53 y 54 de la Constitución vigente, es decir, los que tratan sobre la libertad de palabra y los derechos de reunión, manifestación, y asociación. La versión actual indica que se ejercen esos derechos mediante los medios de comunicación estatales y las organizaciones de masas y sociales, respectivamente. Una simple opción es eliminar esa precisión empírica con relación a los medios para ejercer esos derechos constitucionales. Otra opción es añadir que la sociedad cubana cuenta ya con otras organizaciones no gubernamentales y medios no afiliados al Estado para ejercer tales derechos. De tal manera, se extendería la legitimidad constitucional a nuevas esferas de la sociedad civil, dilatando la autonomía reconocida en los pertinentes artículos constitucionales.

Añadiría yo que el artículo 53 ya incluye el precepto que “la ley regula el ejercicio de estas libertades,” y el modificado artículo 54 podría incorporar una oración similar. El artículo 55, que reconoce la libertad de conciencia y de religión, puede servir de paralelo. Cuba, a diferencia de la República Popular China, nunca estableció cultos religiosos que reconoce y que distingue de los cultos religiosos que no reconoce. El artículo 55 parte del criterio que ya hay “instituciones religiosas” en Cuba, que el Estado también respeta, y el mismo artículo 55 señala que “la ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas.” Como símil, esa misma fórmula puede aplicarse a los artículos 53 y 54, extendiendo el reconocimiento a la sociedad civil y regulando por ley sus relaciones con el Estado. Por ejemplo, el arzobispado de La Habana comenzó a publicar su revista, Palabra Nueva, en 1992. Cabe ya, presumo, como “propiedad . . . social” en el artículo 53 sobre la prensa. Igualmente podría ampliarse para permitir otras publicaciones auspiciadas por asociaciones civiles, sin fi n de lucro, bajo la regulación de la ley. Diversas publicaciones científicas y académicas caben bien bajo este nuevo posible diseño constitucional. Esta ampliación del marco regulatorio para la sociedad civil corresponde a los cambios sociales que han venido ocurriendo en Cuba, y a una visión más flexible de lo posible y permisible en un socialismo sustentable.

La constitución cubana en el ámbito latinoamericano

En su artículo en este dossier, Roberto Gargarella medita sobre los procesos de reformas constitucionales en diversos países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Señala que América Latina fue pionera en la reformas constitucionales que expandieron los derechos sociales, económicos, y culturales. Gargarella observa, sin embargo, que faltó una reforma de la organización de los poderes del Estado. Por tanto, las constituciones latinoamericanas, por décadas caracterizadas por lo que Gargarella llama híperpresidencialismo, retuvieron ese carácter y, en sus versiones más recientes, se intentó justificar la persistencia del híperpresidencialismo como garantía que ahora sí se cumplirían los constitucionalmente ampliados derechos ciudadanos: un presidente fuerte impondría esos derechos. Gargarella insiste, por lo contrario, que ese híperpresidencialismo es antidemocrático, y que institucionaliza un sistema político represivo que limita la participación ciudadana en vez de facilitarla. Gargarella se preocupa en particular sobre procesos diacrónicos de cambios constitucionales, es decir, distintas partes de una constitución se modifican en diversos momentos, a diferencia de cambios sincrónicos, típicos de una modificación total de la constitución o de su diseño inicial que afectan necesariamente a las diversas partes de la constitución.

Aplicando su esquema al constitucionalismo en Cuba, Gargarella indica que, al igual que en demás países del continente, hubo una notable expansión de derechos sociales y económicos plasmados en la constitución a lo largo de la trayectoria de las constituciones de 1901, 1940 y 1976. A partir de la Constitución de 1976, Gargarella anota que se torna omnipotente el poder del ejecutivo, y en particular del Presidente Fidel Castro, justificado como garantía que sí se cumplirían los derechos sociales y económicos plasmados en la constitución. Surge, según Gargarella, una ruptura entre las dos partes de la Constitución; la abrumadora concentración de poder en el ejecutivo nacional impedía que cualquier otro mecanismo para ejercer poder pudiera realmente funcionar. La democratización en el ejercicio del poder en Cuba requeriría, siguiendo la lógica de este análisis, una desconcentración y reducción del poder presidencial.

Reflexionando sobre el interesante análisis de Gargarella, es menester señalar que el híperpresidencialismo en Cuba, a diferencia de lo ocurrido en muchos otros países del continente, no fue producto de reformas diacrónicas, cambiando una parte de la constitución sin la otra. La Constitución de 1976 fue totalmente nueva, y la construcción sincrónica de sus partes normativas y orgánicas produjo el híperpresidencialismo. Sin embargo, la reforma constitucional de 2002 sí fue un proceso diacrónico. Esa reforma cercena los derechos de la generación del futuro de modificar la constitución mientras que retiene los poderes omnímodos del ejecutivo, que ahora se justifican más para impedir que se ejerzan derechos ciudadanos en un futuro.

Vinculando estas observaciones con las propuestas de Rafael Rojas y el análisis de Amalia Pérez Martín, discutidos en la sección anterior, sería más deseable, si se genera mayor latitud en el ejercicio de los derechos sociales y políticos, modificar sincrónicamente también el papel de la Asamblea Nacional. Una sociedad civil más amplia, bajo un marco constitucional más flexible, podría entrelazarse con un mayor activismo por parte de las comisiones de la Asamblea Nacional, y una mayor permanencia en el desempeño de sus labores. Requeriría pensar en más detalle sobre los reglamentos internos de la Asamblea Nacional y la Ley Electoral para vincular modificaciones en ambas grandes partes de la Constitución que orienten al país hacia rumbos más democráticos de participación y hacia un ejercicio más participativo del poder.

La deliberación política para una constitución deseable

¿Responde una constitución a los deseos del pueblo soberano, deseos que manifiesta y ejerce mediante un ponderado debate y deliberación pública? El artículo de Julio César Guanche en este dossier se formula implícitamente esa pregunta, y hurga en los orígenes de la Constitución de 1940 en busca de su interesante respuesta. Guanche demuestra resultados impresionantes de esa deliberación y debate público:

  • El texto constitucional de 1940 reconoció las demandas y aspiraciones de justicia. Hubo por tanto una estrecha relación entre la expresión de deseos y la formulación de un texto deseado.
  • La acción colectiva y el debate público en 1940 fueron fruto de una ya ampliada sociedad civil, y a su vez esas acciones y esos debates ampliaron y fortalecieron más a esa pujante sociedad civil. Resultó ser un proceso político eficaz y deseado al mismo tiempo.
  • Se formó un genuino y tangible consenso plural en 1939 y 1940 en el debate político y en la Convención Constituyente. Hacendados, industriales, y líderes sindicales participaron en el debate y en la Convención, así como conservadores y comunistas y políticos de todos los colores ideológicos. A pesar de discrepantes puntos de partida, coincidieron en medidas importantes como la adopción de una moratoria hipotecaria.
  • También plural fue el debate y el consenso que aprobó el precepto constitucional que la discriminación racial es un delito. Hubo mayor diversidad de criterios sobre cómo tratar el problema racial, pero se cumplió la satisfacción de la aspiración de justicia, mediante el debate público y la acción colectiva, para lograr el consenso que produjo el texto constitucional en esta materia clave para una sociedad como la cubana.

Sin embargo, tomemos nota también tres aspectos adicionales:

  • Por loable que fueron el debate y la deliberación y sus resultados textuales, la Constitución de 1940 se cumplió sólo parcialmente tanto en términos del eficaz ejercicio de los derechos ciudadanos como en el funcionamiento real del Estado y del gobierno.
  • La aprobación de la moratoria hipotecaria respondió a la presión de los intereses de unas doscientos mil personas en un país cuya población rondaba los cuatro millones. Los más pobres nunca tuvieron el lujo de obtener una hipoteca. La moratoria hipotecaria protegió a quienes ya tenían medios para que un banco les otorgara una hipoteca, y ya tenían poder para persuadir a comunistas y conservadores que merecían tal protección política. Se fortaleció el poder de quienes ya lo poseían en alguna medida.
  • La Constitución de 1940 proclamó el delito de discriminación racial pero retuvo la prohibición de organización de un partido político que intentara la representación racial. Esa prohibición, que data de comienzos del siglo y cuya manifestación sangrienta fue la supresión del Partido Independiente de Color en la breve guerra civil de 1912, es un ejemplo de un pacto intergeneracional respetado. Los regímenes republicanos posteriores y la Constitución vigente en 2016, prohíben tal partido.[3] La Constitución vigente permite solamente un partido político, es decir, el Partido Comunista de Cuba.

El muy acertado análisis de Guanche resalta el valor de la deliberación y del debate. Simplemente recordemos que fuera del consenso surgido de esos debates quedó la libertad de asociación que permitiera el establecimiento de un partido de representación racial para proteger a los desprotegidos; que parte del consenso surgido logró la protección, mediante la moratoria hipotecaria, de quienes ya poseían una cuota de poder; y que a pesar de lo loable de las deliberaciones políticas, resultaron ser insuficientes para construir los mecanismos que lograren que la Constitución de 1940 verdaderamente se cumpliera.

Conclusión

La Constitución de la República de Cuba, en su preámbulo, cita a José Martí: “Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.” Los artículos de este dossier coinciden con ese criterio. Señalan la importancia de reconocer y respetar el pacto intergeneracional que permita que la generación del futuro, portavoz de la dignidad de la República, pueda ejercer su derecho de modificar la Constitución en sus aspectos fundamentales, si así lo estima pertinente. Insisten en la importancia de la coherencia constitucional sincrónica para que correspondan eficaz y democráticamente las partes clave de la Constitución: la garantía de los derechos y la dignidad ciudadana y el funcionamiento del Estado como instrumento para lograrlo. Esa coherencia, además, argumentan los autores en el dossier, requiere restablecer y fortalecer el papel fundamental de la Asamblea Nacional como órgano superior del Estado, como instrumento para controlar a las instancias inferiores, y como sendero hacia un futuro de cambios que exija la responsabilidad y la rendición de cuentas frente a un pueblo digno y soberano. Coinciden, finalmente, en la importancia de un debate público, de una amplia deliberación, de una dilatación de los espacios para una vibrante sociedad civil, y de la importancia fundamental de proveer los mecanismos y de fortalecer las capacidades que permitan el ejercicio participativo y democrático de los derechos de ese pueblo digno y soberano.

 

[1] Sin embargo, he publicado un artículo sobre la Constitución vigente en Cuba en Cuba hoy: Analizando su pasado, imaginando su futuro (Madrid: Editorial Colibrí, 2006), capítulo 13; versión en inglés, A Constitution for Cuba’s Political Transition: The Utility of Retaining (and Amending) the 1992 Constitution (Miami: Cuba Transition Project, Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami, 2003); el anexo de ese folleto incluye un ejemplo de enmienda constitucional sincrónica, artículo por artículo. Mi texto está disponible también en el sitio http://ctp.iccas.miami.edu/Research_Studies/JDominguez.pdf, y su anexo en http://ctp.iccas .miami.edu/Research_Studies/JDominguezAnexo.doc.

[2] Para una descripción de las reformas económicas y sus resultados bajo la presidencia de Raúl Castro, véanse dos artículos de Omar Everleny Pérez Villanueva, “La economía cubana: Evaluación y propuestas de cambios necesarios en las políticas,” 33–55, e “Inversión extranjera directa en China, Vietnam y Cuba: Experiencias pertinentes para Cuba,” 206–244, ambos en Desarrollo económico y social en Cuba: Reformas emprendidas y desafíos en el siglo XXI (México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2013).

[3] Sobre este importante tema, véase Alejandro de la Fuente, A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001).

 

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