La Constitución de 1940: Una reinterpretación

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Por Julio César Guanche

(Este texto forma parte de un dossier sobre constitucionalismo cubano publicado en Cuban Studies (Vol. 45, 2017). Se publica en La Cosa por cortesía de esa revista.)

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La interpretación de la Constitución cubana de 1940 ha estado dominada por dos claves estándar de lectura: representó el mayor proceso de consenso en Cuba republicana y resultó “burlada” por la carencia de legislación accesoria, que le otorgó escaso alcance normativo. En el presente texto, releo la segunda de estas claves. Para ello, repaso los debates sobre la liquidación de la moratoria hipotecaria y la discriminación racial. Mi hipótesis es que la forma en que quedaron solucionados ambos problemas en 1940 —en el primer caso, la moratoria fue diferida a favor de los deudores en más de 20 años y, en el segundo, la Constitución creó el delito de discriminación racial— resolvían asuntos de importancia crucial para el aquí y ahora. Con ello, la Constitución proveía además de buenas razones las expectativas hacia el futuro de ese orden normativo, por consagrar un criterio social de la democracia y una acepción de la nación inclusiva y sensible hacia lo popular. Mi texto no se pronuncia sobre aquello en que la Constitución de 1940 fue “burlada” —que sería materia de otro estudio—, pero sí matiza la narrativa sobre su “ineficacia general.”

La liquidación de la moratoria hipotecaria

Es irónico que “el primer problema de Cuba,” el asunto que representaba, en 1939, el “alma de la Constituyente,” no haya sido tomado en cuenta para juzgar la efectividad de la Constitución de 1940. Me refiero al “magno problema” de las deudas hipotecarias. Cuando en octubre de 1939, el presidente Laredo Brú vetó un proyecto de ley de liquidación, aun cuando sus críticos señalaron que favorecía a los acreedores, la reconsideración congresional del veto se estuvo valorando hasta la víspera de la Constituyente, que tomó el asunto en sus manos como “el más importante que discute esta Convención,” una “cuestión de honor para con el pueblo de Cuba” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940c).

El problema de la moratoria puede sintetizar así: los efectos de la Gran Depresión, la crisis azucarera, la subida de los precios de productos de primera necesidad, el encarecimiento del valor de la moneda, la escasez de circulante, la carencia de instituciones públicas de crédito, la propiedad extranjera de parte de la banca y la ausencia de una institución eficaz de declarar bancarrota, provocó la incapacidad de pago de los deudores hipotecarios. Miles de propiedades fueron rematadas a precios de fábula. Tómese en cuenta dos ejemplos: un edificio del reparto El Vedado, de veinticuatro apartamentos, propiedad de E. Montoulieu, tasado en 200.000 pesos, fue rematado en 1932, a favor de E. Sarrá, en 5.000 pesos (Asociación Nacional de Propietarios 1939a, 40). Marcial Facio tomó 30.000 pesos a préstamo del Chase National Bank, en 1927, y dio en garantía un certificado que representaba el 30 por ciento del valor neto de la Compañía Azucarera de Bahía Honda, S.A., con valor total estimado en 400.000 pesos. En el contrato se pactó el avalúo de dichos valores, para el caso de subasta, en la suma de 100.000 pesos. En 1929, el banco acreedor subastó la prenda y el postor del mismo banco se la adjudicó en primera y única subasta por 2.000 pesos (Asociación Nacional de Propietarios 1939a, 38).

El problema tenía soluciones en el derecho privado, mediante recursos como el propio código civil o la cláusula rebus sic stantibus. Según esta, si por fuerza mayor, cambian las condiciones que dieron lugar a un contrato, y lo pactado antes es ahora desproporcionalmente más oneroso, dadas las nuevas circunstancias extraordinarias e imprevisibles, la cláusula permite modificar o incluso poner final contrato (Goldenberg 1977). Aquí radicaba una primera cara del dilema: resolver el problema apelando al derecho civil, reconociendo la legitimidad de los contratos y ofreciendo una puerta de excepción, de carácter “civil,” de salida; o considerarlo un problema de derecho económico, ofreciendo, en cambio, como regla una salida de naturaleza “pública.” La cuestión es que sendas salidas conducían hacia destinos diferentes.

Para los defensores de la moratoria, era imprescindible evitar la “paz de los sepulcros.” Sin ella, Cuba sería un “cementerio de deudores” (Asociación Crédito Territorial, 4 de octubre de 1939). Estimaban en doscientas mil familias las afectadas por las hipotecas, sobre una población de cuatro millones. Los defensores de los acreedores argumentaban que liquidar la moratoria, y aceptar la retroactividad de los actos nacidos de la contratación privada, equivalía al hundimiento del crédito, al fin de la propiedad privada y del sistema capitalista y a la bancarrota de la economía cubana.[1]

La salida “pública” al problema de la moratoria disputaba sentidos políticos cruciales hacia 1940: asegurar la posibilidad misma de la Constituyente, cuestionar el liberalismo económico, legitimar el intervencionismo estatal en la economía, adjudicar el costo de los derechos sociales, considerar a la política como “creadora” de derechos, definir qué era el “pueblo” y disputar el contenido de la democracia.

Hacia fines de los 1930, la celebración de una Constituyente “soberana” enfrentaba varios obstáculos: el artículo 115 de la Ley Constitucional de 1935, la necesidad de aprobar la amnistía política y de resolver el problema universitario. Una vez superados estos, la liquidación de la moratoria quedó como “el” problema. Se trataba de evitar la “paradoja de una convención nacional sin nación.” (Asociación Nacional Pro-Deudores, 25 de octubre de 1939). Para esta opinión, sin liquidación de la moratoria se iría a la Constituyente a pronunciarle al pueblo “el panegírico de su desgracia.” Su texto sería mero informe de la pérdida de la propiedad, la tierra, el trabajo y los negocios cubanos. La “gran batalla” por la justicia de la revolución de 1930 habría sido ganada por la usura.[2]

Para los defensores de la moratoria, el liberalismo económico fue el principal causante del desastre. Cuestionaban la “santidad” de los contratos y la imposición del derecho adquirido sobre el derecho “a la vida” (el lema de la Asociación Nacional de Propietarios era “vivir es primero”). La prevalencia de estas nociones liberales, hacían imposible, según sus críticos, la consecución de un rumbo capaz de lograr un “capitalismo humanizado.” La defensa de los deudores, dentro del marco general de impugnación del derecho ilimitado de propiedad privada y de necesidad de intervención sobre la economía, representaba el propósito de refundar el capitalismo cubano poscrisis sobre nuevas bases.

El reclamo keynesiano de la “eutanasia del rentista” cobró forma en Cuba en la crítica al acreedor hipotecario “parásito,” en una loa del capitalismo productivo, considerado capaz de someter políticamente al capital financiero especulativo. El ideal se expresaba de este modo: “Hay dos tipos de capital. El que se pone en marcha y el estático. El que se pone en marcha circula por la vía de las inversiones audaces y creadoras que son, en definitiva, la que comportan riqueza nacional y prosperidad pública, el estático se limita a no correr riesgos y asegurar un rendimiento sólido, por la vía de la inversión conservadora y tranquila, lo que se traduce, comúnmente, en empobrecimiento general y en acaparamiento de la propiedad inmobiliaria, por la vía de las hipotecas, por unos cuantos capitalistas usurarios. (“Editorial” 1936b, 17 y 45) El modelo de “capitalismo productivo” prometía a su vez concesiones al mundo del trabajo y, con ello, aseguraba la reformabilidad del capitalismo.

En este punto coincidían pequeños deudores, grandes industriales y hacendados, como J. M. Casanova y la Coalición Unión Revolucionaria Comunista. Para esta última, inmersa en una estrategia que le permitiera mayores niveles de interpelación con distintas zonas sociales, además de inserción electoral, la derrota de la moratoria abría paso a rechazar “las leyes de impuestos directos y a crear todo un muro infranqueable para las leyes populares tan enérgicamente demandadas por las masas.” Por ello, “detrás de la moratoria se ventilan [no solo]: asamblea constituyente, ruta hacia el progreso nacional, mejoramiento del pueblo, derrota de los extranjeros explotadores, soberanía patria” (“Opiniones de hoy,” 17 de octubre de 1939), sino también el progreso de la “economía dirigida” que en ese momento ya regulaba el azúcar, el café, comenzaba a regular el tabaco, fijaba el precio de los artículos de primera necesidad, establecía jornales no contractuales e intervenía en toda la economía productora del Estado, en aras de diversificar la economía, postulando al estado como soporte de este programa, y exigiendo en ello la creación de instrumentos como la banca nacional. Para esta lógica, el Estado estaba “obligado” no solo a “amparar,” sino a “desarrollar”: “Ese concepto arcaico de que el Estado es un mero recaudador y que su función es meramente acumular fondos en el Tesoro no tiene ya vigencia en parte alguna. El Estado es un regulador científico de la economía pública y su misión es proteger y estimular con leyes previsoras y justas la agricultura y a las industrias básicas del país” (Cambeyro 1936).

Durante este proceso, diversos sectores vivenciaron la experiencia de “pueblo,” más allá de las interpelaciones discursivas paternalistas ante este (los “humildes” rehusaban esta etiqueta: eran “hombres,” organizados y exigentes, y no “humildes” desposeídos de la capacidad de lucha). (“No encontramos en el veto, los motivos del veto,” 26 de octubre de 1939). Un vasto espectro policlasista se presentaba a sí mismo como un mismo sujeto moral y político: los “deudores” y los “trabajadores.” Empleados, funcionarios, trabajadores asalariados de cierta condición, clases media y grandes propietarios apreciaban cómo un mismo problema atravesaba de modo horizontal a todas sus clases.[3]

A diferencia de la integración “vertical” —dentro de una misma zona social, por ejemplo, la vinculada por la relación asalariada, tipo obreros versus patronos—, esta experiencia era clave para la constitución política del pueblo. El conflicto, que los acreedores quisieron presentar como una pugna “entre capitalistas,” fue reinterpretado por los deudores como “el problema del pueblo cubano.” “Somos el 99%,” se dijo desde entonces. “Mis palabras,” decía José Antonio Echeverría, a nombre del Comité Pro-Retracto Hipotecario (en una vista pública celebrada en el Senado para aportar criterios sobre la moratoria): “son sencillamente una somera y benévola expresión del sentir y apreciar del 99% de la población” (Asociación Nacional de Propietarios 1939b). Era una idea repetida constantemente : “La Asociación Nacional de Propietarios, respetada por todos los comités provinciales y municipales, que representan la clase media de Cuba, con todos sus amigos, que son todos los demás trabajadores cubanos, es decir, el pueblo entero, con la sola excepción de los directamente interesados” (Asociación Nacional de Propietarios 1939b, 43).

Este discurso se producía dentro de un complejo simbólico que es calificable con precisión de “populista”:[4] polarización entre “pueblo” y “oligarquía” —representada esta por los “Sarrá, Falla Gutiérrez y demás cousureros y [. . .] los enemigos extranjeros de la República” (“Opiniones de hoy,” 17 de octubre de 1939)—; la refutación de las diferencias entre “derechas e izquierdas” (Carbó 1939) a favor de la consideración de problemas “nacionales,” “no partidaristas”; la calificación del capital como “el enemigo público número uno” (“Editorial” 1936b, 17 y 45) en paralelo al despliegue de medidas protectoras de este; la demanda de gobierno técnico y planificación estatal,[5] frente a los gobiernos de la “vieja política”; la expansión de los derechos sociales y la consideración de la democracia como una “tercera vía” entre el fascismo y el comunismo, a favor de la democracia social.[6]

Lo antes dicho sitúa el marco para entender el debate por la apropiación del término de democracia en la fecha. La expresión “verdadera” democracia significaba en tal contexto una democracia de tipo “sustancialista” (Rosanvallon 2007). Batista, a quien Knight califica de “populista escurridizo” (2005, 231) era en realidad más populista que “resbaladizo”: emergió cómo líder de este proceso con la defensa de una concepción social de la democracia:[7] el “verdadero concepto de la democracia,” decía, se funda en que “el interés del individuo, como el interés de las colectividades, debe sacrificarse al interés general de la nación, siendo ésta la verdadera democracia; la del beneficio general, ya que los intereses de los individuos y de las colectividades, instrumentos en la organización social, regularmente son antagónicos al interés general” (“La verdadera democracia es la que satisface los intereses del pueblo,” 10 de enero de 1938).

Con estos sentidos, se disputaba el carácter de “desmercantilización” que traía aparejado el establecimiento de los derechos sociales y se pugnaba por quién debía cargar con su costo. La insistencia en la prohibición de pagar salarios a través de fichas y vales (práctica aún extendida en los centrales a fines de los 1930)[8] se pronunciaba contra una práctica que retiraba del mercado el acceso a satisfactores de la vida, pero no colocaba al Estado en condición de hacerlo. Con tales modos, el capital quedaba “libre” del mercado y del Estado. La presión por impedir el pago en vales, como la de establecer salarios oficiales, buscaba especificar tales peticiones como “derechos” contra la libertad del capital. En la lucha por “los derechos,” la réplica de los contrarios a la moratoria fue presentarla como una ley de “privilegio” (un particularismo injustificable normativamente desde un punto de vista democrático, puesto que reclamaba el uso del poder público para proteger a los propietarios) y calificar al cuerpo naciente de derecho social como declaraciones “demagógicas.” Los deudores respondieron que la primera se trataba de una ley de “interés nacional” (un universalismo legítimo) y los trabajadores aseguraron que el Estado era el agente de la protección y distribución de los derechos sociales. En el proceso, presionaron al Estado a “funcionar” como un recurso institucional a favor de los deudores y los trabajadores. Contra la tesis paleoliberal, concebían que la política no solo protegía derechos adquiridos, sino creaba nuevos derechos. Sin embargo, la ejecutabilidad del catálogo de derechos sociales (jornal mínimo, jornada máxima, descanso retribuido, trabajo de los nacionales) tenía límites: la introducción de braceros antillanos para la zafra que presionaba a la baja los salarios y la pulsión por cargar a los sectores trabajadores el costo de las nuevas cargas sociales.[9] “En Cuba ha habido economía dirigida a costa del infeliz que la sufrió, sin que el Estado nunca le haya pagado nada” (Asociación Crédito Territorial, 6 de octubre de 1939). En un plano general, la expansión de los derechos tenía su límite en la contradicción, típicamente capitalista, entre acumulación y legitimación. Laredo Brú lo expresaba así en su veto a la moratoria de 1939: “La existencia y confianza del crédito, es, sin duda lo general, lo fundamental y permanente, lo que interesa a todos los cubanos, en tiempo ilimitado e incalculables cantidades y tal interés de ninguna manera debe ser afectado en beneficio del de alguna de las partes que luchan alrededor del problema de la moratoria y su liquidación” (“El veto del Ejecutivo,” 1939, 32).

Con todo, la acepción “social” no agota el significado de la democracia disputado en el lapso. Ya cuando tuvo la garantía del poder —después de la “pacificación represiva” de 1934–1935— Batista continuó desplegando medios autoritarios como purgas selectivas en el ejército, expulsión de extranjeros “indeseables” y cierre de periódicos—.[10] A partir de 1936, Batista respetó la institucionalidad política demoliberal (si en 1936 provocó la revocación de Miguel Mariano Gómez, en 1939 declaró respetar el ya aludido veto de Laredo, decisión clave con la que se había manifestado en desacuerdo) y se declaró defensor del poder civil (reconociendo la posible reconsideración del veto por el Congreso). En un plano más general, sus proyectos de naturaleza “corporativa” no pretendían sustituir la lógica del régimen representativo. Las críticas cubanas al liberalismo económico dejaban fuera de crítica a la estructura de la democracia liberal: “Cuba no tiene grandes cuestiones políticas que ventilar en esa magna reunión [la Constituyente de 1940]. Pero está llena de angustiosa interrogaciones económicas” (Asociación Nacional Pro-Deudores, 25 de octubre de 1939). Salvo la propuesta corporativa del ABC, en forma de senado funcional, que fue derrotada, la Constituyente de 1940 no conoció de otras alternativas de régimen de gobierno distinto al representativo, que se entendió parte “indivisible” de esta tríada: “democrático-republicano-representativo” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 2–38).[11]

El hecho de juzgar la relación entre “sustancialismo” y representación política como insuficiente, en general, en el populismo, desconoce la crítica al gobierno representativo realmente existente, cuando era este el catalogado expresamente de “insuficiente” en contextos como el cubano. Esa crítica llegaba, a fines de los 1930, a justificar por parte de sectores democráticos un “régimen autoritario” en función del “bien común”: “En Cuba hay mucho por hacer, y será bien recibido el que lo haga. [. . .] Si un régimen autoritario viniese a comportar la asepsia de la administración, tornándola más idónea, más moral y menos onerosa, él no provocaría tanta reserva. Lo que lo tornaría opresivo, y por tanto despótico, es que él no persiguiese más finalidad que la de ejercer su predominio, la de reprimir toda libertad, la de sustituir, dentro de un mismo cauce dañino, la forma de simulada institucionalidad que adoptó durante siete lustros la República” (“Editorial,” 1937). Este enfoque explica mejor el performance de Batista, tanto como los significados de la democracia en la fecha —uno de los cuales era el “autoritarismo justiciero”—, que una supuesta vocación crítica “doctrinal” del “populismo” frente a la institucionalidad representativa liberal. El entorno mundial resultaba favorable a estos criterios. Para Cuba, estaba cercano el ejemplo de Lázaro Cárdenas, visualizado por algunos actores como una “actuación democrática,” combinada con rasgos de un sistema político autoritario.

Las propuestas “corporativistas” cubanas, también la del ABC, parecen haber sido del tipo “societal,” centrado en el poder de las organizaciones sociales al tiempo que comprometido con las formas democráticas, y opuestas a corporativismos de tipo “estatalista,” como el fascista. En esa fecha, el corporativismo democrático participaba, junto al populismo, del “espíritu de época” crítico del liberalismo, del fascismo y del comunismo. Laski impugnaba “el derecho de soberanía” estatal y colocaba la sede de la legitimidad en un espacio de actores múltiples, entre los cuales el Estado participaba como una más de las agrupaciones sociales. La propuesta sindicalista de Sorel, el solidarismo jurídico de Duguit y la teoría pluralista de G. H. D. Cole negaban la unidad soberana del Estado para refundar la política sobre la base de la existencia múltiple de grupos sociales y de realidades económicas. En dicha lógica, la politización de lo económico suponía la democratización de lo político. En Cuba, Miguel Suárez Fernández (del Partido Revolucionario Cubano-Auténtico) declaraba en la Convención de 1940 que estaba orgulloso de ser calificado de “no liberal,” cuando estaba defendiendo “la democracia pura, la democracia criolla, la democracia plena” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 20).

Esta noción de la democracia suponía la ampliación de la sociedad civil, como espacio que, a través de la participación política, resultaba competente para autoatribuir derechos y contestar decisiones lesivas tomadas por otros. El problema de la moratoria provocó un gran debate público, actos cívicos de miles de ciudadanos, estructuración de actores colectivos,[12] creación de canales deliberativos y de negociación para la agregación de demandas y de procesos de presión sobre el régimen representativo. Frente a la “impresionalibilidad” de las masas, acusadas por las teorías funcionalistas sobre el populismo de ser “manipulables,” como en Germani (1962), Batista decía: “contrariamente a los que piensan que la conciencia ciudadana está sufriendo una locura colectiva [. . .] las masas populares viven momentos de sincero entusiasmo, seguras de que la hora de la reivindicación les ha llegado” (“Triunfarán los que defiendan la mejor causa. Dice Batista,” 13 de noviembre de 1939).

Después de largos debates, la Constitución de 1940 prorrogó la moratoria de este modo: “los capitales que no excedan de mil pesos deberán quedar amortizados en treinta de junio de 1960. Los capitales comprendidos entre mil y cincuenta mil pesos, deberán quedar amortizados en treinta de junio de 1965; y en igual día de 1970, si es mayor de cincuenta mil pesos.” En las discusiones prevalecieron los argumentos que he descrito como de los “deudores,” o, según estos, del “pueblo cubano.” Este triunfo no es adjudicable a un solo actor sino al despliegue de esa sociedad civil a favor de la acepción “sustancialista” de la democracia definida a través de un criterio “expansionista” de derechos.[13]

El delito de discriminación racial

El problema de la discriminación racial era otro “magno” asunto a tratar hacia 1940. Aunque más estudiado que el tema de la moratoria, también comparece escasamente cuando se trata de juzgar la eficacia normativa de esa Constitución. Ya en la deliberación constituyente, actores muy diferentes entre sí se afanaron en mostrarse como defensores de la igualdad racial. De hecho, aprobaron por unanimidad (arts. 10 y 20), crear en el constitucionalismo cubano el delito de discriminación racial. El hecho fue celebrado por la Federación Nacional de Sociedades Cubanas de la Raza de Color por su “elevación patriótica” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940d, 2).

Aún con cierto avance social, económico, profesional, de sectores negros a partir de las primeras décadas republicanas, la discriminación continuaba siendo un problema concreto en Cuba en los últimos años de la década de 1930. En mayo de 1937 el Hotel Unión, de la Habana, negó hospedaje a dos jóvenes “de color,” delegadas a una reunión de la Caja de Maternidad Obrera.[14] En Santiago de Cuba, el balneario “La Socapa” negaba la entrada a familias de color. En agosto de 1937 la alcaldía de la Habana suprimió las becas, porque determinados colegios no admitían becados “negros.” Para enero de 1938, la prensa negra denunciaba que las playas, en la Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba, estaban en poder de empresas particulares o centros aristocráticos que prohibían el acceso de los negros. El hecho sucedía también con extranjeros: al congresista afronorteamericano Arthur Mitchell le fue prohibido alojarse en el hotel Saratoga (“La hermandad de los jóvenes cubanos y la discriminación,” 4 de enero de 1937).

La discriminación afectaba a los negros en el trato social, en el acceso a empleos en el comercio y los servicios, y a recursos como tierra y banca. Activistas antirracistas veían a los sectores negros de esta manera: en el catastro de la industria y el comercio nacional la representación del negro no llega “ni siquiera al 2%. La posesión de la tierra, que en todas partes determina la tenencia del principal elemento productor de riqueza, es para ellos un espejismo remoto” (Primitivo Ramírez Ros 1916, 10). Casos contrapuestos, de acceso igualitario de blancos y negros, como el del Jiguaní Club, se consideraban una excepción, que manifestaba cuánto importaba a las élites mantener la “barrera del trato social” como instrumento de preservación de jerarquías sociales racializadas (Juan Marinello 1936, 12).

La discusión sobre la “raza,” sobre el lugar del negro, del negro cubano, o del afrocubano, en la sociedad de la fecha estaba en el centro de la definición sobre aspectos claves: afectaba a la noción de democracia y a la definición sobre la nacionalidad. En ese horizonte, era necesario cuestionar fronteras históricas de acceso del negro, como sujeto, a la sociedad cubana, contrarias a su vez a la legitimidad de su complejo cultural, que habían quedado estructuradas socialmente a través de discursos y prácticas como el “peligro de guerra de razas” y la asimilación de la “brujería” con los sistemas religiosos de origen africano.

El símbolo de la “guerra de razas” tenía existencia previa a la llamada “guerrita de razas” de 1912. Juan Gualberto Gómez criticaba en 1893 el uso de la etiqueta para interpretar la aparición de partidos organizados por “el color” en un contexto de transformación de los partidos políticos existentes en la fecha (Juan Gualberto Gómez 1943). En la Convención Constituyente de 1940, cuando se trató el tema de la discriminación, negativa o positiva, apareció un convencional, aunque de modo minoritario, que agitó el término. Delio Núñez Mesa, del Partido Liberal, consideraba “anticubano y antipatriótico tratar de este problema de racismo en Cuba; creo que todos, sin excepción, debemos tener mucho cuidado con esto, porque resulta muy peligroso” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940b, 6–15).

La prensa, en los años inmediatos a 1940, presentaba todavía ciertos delitos comunes como “crímenes de religión.” La profanación de tumbas para colectar huesos y, sobre todo, los secuestros y asesinatos de niños —hechos cuyas noticias, muchas veces sensacionalistas, estimulaban el terror social frente al negro— eran presentados junto a las “fiestas de santos” como un mismo conjunto indivisible que rendía “culto salvaje a los dioses del fetichismo” (“Muerta a tiros la niña Gloria y muerto el secuestrador,” 1 febrero de 1938). En El Vedado, en diciembre de 1936, fue sorprendida por la policía una “fiesta de santo” a cuyos participantes le exigieron 25 pesos de fianza para quedar libres (“Acusan a brujos y curanderos de Holguín, Oriente,” 10 de marzo de 1939). En febrero de 1937, la prensa consignó que habían sido “ocupados,” en otra fiesta de santería, los santos Changó, Obatalá, Ochúm y Yemayá (“Batidas contra los centros de brujería se realizan en la 14ª demarcación,” 20 de febrero de 1937).

El lenguaje “policial” sobre la santería desconocía la reflexión sobre los “sistemas religiosos de los afrocubanos,” que en la fecha, en las obras de Lachatañeré y de Ortiz, distinguía entre brujería y religión y entre delitos y prácticas litúrgicas (Fernando Ortiz 1939a; Rómulo Lachatañeré 1939). Pero el hecho fue desconocido también por el discurso de la Constituyente. Al discutirse sobre cuál moral sería exigible a la ciudadanía triunfó la propuesta de la “moral cristiana” como sinónimo de “moral pública.” En esa lógica, para la mayor parte de los convencionales no existía duda sobre la “universalidad” de la moral cristiana. Las únicas “religiones” que aparecen mencionadas en este debate son el espiritismo y la masonería. En la discusión que ventilaba el carácter laico del Estado, y el deber de no proteger religiones en específico, no hubo mención a las religiones “afrocubanas.”

Para 1940, producto de la presión de un fuerte activismo antirracista, tanto científico como político,[15] apoyado por la marca impuesta por el fascismo sobre el racismo, era perentorio cuestionar estas fronteras y resolver “en cubano” el “problema negro.” Por lo antes dicho, algunas de dichas barreras quedaran inmunes, pero otras experimentaron significativos socavamientos. En todo caso, el horizonte de la democracia racial pasaba no solo por vencer el “trauma del PIC,” sino por “incorporar” al negro a la sociedad y a la cultura cubana. Diversas propuestas intentaron dar cuenta de esto, y formularon diferentes versiones de la nacionalidad. Se trata de algo poco visibilizado: la definición sobre el lugar del negro se encuadraba en varios proyectos de nación beligerantes entre sí en esa fecha.

Hacia 1940, pueden identificarse, al menos, cuatro proyectos diferentes de nación, atravesados todos por la “cuestión racial”: (1) la “raza” cubana como parte de “la raza americana”; (2) la “raza” negra como “nacionalidad oprimida,” (3) la nación cubana como “conglomerado étnico,” al cual no había que “incorporar” al negro, pues este se encontraba en el origen mismo de “lo cubano” y (4) la “cubanidad” como resultado de la fusión “afrocubana.”

La “raza americana” era la propuesta oficial de los gobiernos de las “21 repúblicas americanas.” Respondía a la posición de la región ante la guerra mundial, al nuevo liderazgo de Estados Unidos, y acaso a un proyecto de “pacificación” de las relaciones de América Latina con España. Al mismo tiempo, propiciaba su diferenciación de otras “razas” y de sus usos por los fascismos. En las primeras décadas del siglo, la representación gráfica de este programa fue Liborio (campesino blanco, encuadrado en la utopía de un nacionalismo de corte agrario —cuando era escasa la propiedad real del campesino cubano sobre la tierra—, que mira al “negro” como algo externo a sí mismo. El Partido Independiente de Color respondió a este símbolo con otra imagen de “criollo puro,” el personaje negro José Rosario).[16] Para los 1930, este nacionalismo “americanista” sobrevivía en imágenes como “el blanco (pobre) y el negrito,” de razas separadas, pero fraternales entre sí y era estimulado por las celebraciones oficiales del “día de la raza.”[17]

La tesis de la raza negra como “nacionalidad oprimida” era defendida por el partido comunista desde una estrategia dual. Si por una parte defendía la igualdad racial para el conjunto nacional, tenía también, por otro lado, un corolario radical. La noción de nacionalidad “separada “justificaba crear una “faja negra de Oriente.” Para esta opinión, apoyada también por la Confederación Nacional Obrera de Cuba, “las masas negras tenían un carácter de minoría nacional.” Si estas masas constituían en Cuba más del 20 por ciento de su población total, en la zona negra de Oriente (La Maya, Caney, Cobre, Guantánamo, Palma Soriano, Baracoa, Santiago de Cuba, y parte de Bayamo), según estimaban, más del 50 por ciento de la población era negra, y ocupaba un territorio continuado, una economía propia, un lenguaje común y una cultura unitaria (“La cuestión negra”).

Contra esta idea, algunos actores cuestionaron, desde un enfoque hoy conocido como “interseccionalidad,” que la opresión de “las masas negras, con las masas de mujeres pobres, surgen del régimen de una doble opresión: la general, de clase, y la específica, de raza o sexo” (Agustín Alarcón 1936, 12). La crítica consideraba que imaginar la “faja” por razones de “raza” era un contrasentido, ante la existencia de diversos orígenes de la opresión sobre el negro. Sin embargo, como mantuvo abierto en “otro frente” la defensa de la igualdad racial para el conjunto nacional, específicamente para los trabajadores, y en ello para los trabajadores negros discriminados, el partido comunista supo captar numerosa militancia y aliados entre los “negros,” hasta el punto de quedar asociado el comunismo con la reivindicación racial (De la Fuente 2001, 264–276). La idea de la “faja,” abandonada en 1935 —como un error— era contemporánea de la idea de “una nación adentro de la nación,” enarbolada por W. E. B. DuBois como respuesta a la opresión del negro en los Estados Unidos. En 1936, este insistiría en la tesis del “uso táctico” de la segregación (ver Sandro Medrazza 2008).

Para la tesis de la nacionalidad cubana como un “conglomerado étnico,” mezclado, pero no “mestizo,” en el sentido que daba Ortiz al término, la causa del negro era la causa de la nacionalidad. Para Arredondo, sin dejar de reconocer la influencia psicológica y cultural que introdujeron en el oriente de Cuba los negros “franceses” de Haití y los asiáticos, el conglomerado étnico de Cuba se integraba por la concurrencia de negros de África y blancos de España. Este punto de vista criticaba el “afrocubanismo,” otro proyecto de nacionalidad que comento más adelante. La geografía, la economía, la historia y la cultura habrían forjado “un tipo cubano” que no respondía ni al África ni a España. “Responde a Cuba, a una nueva realidad tiempo-espacial.” Al hablar de la “nacionalidad,” al decirse “cubano,” se habla tanto del blanco como del negro (Alberto Arredondo 1938, 7). Desde estos enfoques, criticaban las comparsas (“recuperadas” en 1937, después de estar prohibidas desde la decada de los 1910) como una “tradición inventada” que respondía a las necesidades y circunstancias del presente cubano, y no a las “purezas” de un pasado africano. Estimaban que la “confusión” entre comparsas (“con valor estético”) y las congas (“arrollaos sin valor artístico”) volvería a hacer “hervir las nefastas teorías de la inferioridad racial y el retraso del negro” (Alberto Arredondo 1939 y 1937). Por lo mismo, cuestionaban la “despolitización” de la llamada “poesía negra,” que celebraba un espacio de vida para el negro en el que este no deseaba vivir y que de hecho luchaba por dejar atrás (Juan Luis Martín 1937, 7).

El proyecto de la nacionalidad cubana que tomaba al mestizaje como “esencia” de la nación, era el de la “cubanidad.” Sobre este, por estimar que resulta el “triunfador” en 1940, me detengo con más detalle. La formulación más conocida de este proyecto es la de Fernando Ortiz: “La cubanidad es principalmente la peculiar calidad de una cultura, la de Cuba. [. . .] Es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes. Pero todavía hay una cubanidad más plena diríase que sale de la entraña patria y nos envuelve y penetra [. . .] Algo que nos atrae y nos enamora como hembra que es para nosotros a la vez una y trina: madre, esposa e hija” (Fernando Ortiz 1939b, 3). La tesis de Ortiz vinculaba las teorías orgánicas y voluntaristas de la nación en una construcción abierta: se es cubano por nacer en Cuba y formar parte de su comunidad de cultura, y por la “conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo ser.” El “ajiaco” la más poderosa metáfora mesticista de la “cubanidad,” teorizada luego por su creador como “trasculturación,” fue elaborada por Ortiz entre 1939 y 1940.[18] La imagen del ajiaco —que en Ortiz comprende el dolor y la explotación de los sujetos que entraron como esclavizados al “caldero” nacional—, comporta un empeño, cuya clave es retomada en nuestros días por la crítica a los “nacionalismos étnicos,” de elaborar un concepto normativamente defendible de la nación, no comprometido con el esencialismo, pero capaz de tomar como relevante a la cultura y de someter todo el conjunto a preceptos cívicos susceptibles de ser reconocidos como universales.

En el contexto cubano, hacia 1940, el mestizaje “afrocubanista” no era un proyecto de “socio-liberales,” como Ortiz. El “nuevo negro” de Gustavo Urrutia, que cuestionaba la capacidad de “nuestro demoliberalismo vigente” para resolver los problemas sociales y materiales del negro en Cuba, también era “afro cubano.” El “nuevo negro” “se ha orientado hacia la promoción de alguna forma de socialismo, de izquierda en la mayoría de los individuos, compatible con nuestra idiosincrasia y con la realidad de nuestras relaciones internacionales” (Gustavo E. Urrutia 1937, 7). Pinto Albiol, marxista, no entendía “el mal efecto que le (producía) al señor Arredondo la palabra ‘afrocubanos’” (Angel C. Pinto 1937, 11).

En ese contexto, la “cubanidad” era un recurso de cierto nacionalismo para re-crear la nación. En la fecha, es una “tradición inventada,” como lo era la propia palabra “cubanidad.” En los debates constituyentes, Ferrara entendía el sentido del término “nacionalismo” según este operó hasta la primera guerra mundial. “La idea de la cubanidad responde al antiguo lema ‘la patria con razón o sin ella’” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940a, 10–13). El viejo liberal no podía decirlo más claro: “¿Por qué nosotros hemos inventado esto de cubanidad?” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940a, 10–13). La respuesta se encuentra en el uso productivo del mestizaje y del nacionalismo popular de esa hora en América Latina.[19]

Con esos sentidos se le trataba en Cuba hacia 1940. “Lo ideal sería que Cuba fuese Una de raza y de espíritu, que la colonia hubiese sido una apta preparación para la república democrática y ésta un éxito de capacidad cívica [. . .] Estamos de acuerdo. Pero la realidad en que la mente sana y adulta se empeña en vivir, sin acudir a ningún ensueño de opio, es que Cuba será mestiza, si ha de ser Cuba y no otra cosa” (José Antonio Ramos 1937, 111). Incluso ciertas críticas al término “afrocubano” se hacían desde la celebración radical del mestizaje como democrático al tiempo que nacional. “Somos mestizos y debemos tener el orgullo de nuestro mestizaje. Pues ya es un hecho demostrado que las razas puras empobrecen y degeneran. La mezcla aparece, ante los ojos de los biólogos modernos, como un factor de enriquecimiento. A nuestro mestizaje debemos nuestra personalidad, nuestras posibilidades de futuro. Somos pueblos nuevos, surgidos [. . .] de razas disímiles” (J. I. Jiménez Grullón 1936, 5). La idea recibía “consagración”: “La Iglesia Católica fue la primera en reconocer esta realidad que se trata de ocultar por los timoratos, designando Patrona de Cuba a la Caridad del Cobre. Patrona mestiza como corresponde a país mestizo” (Armando Hernández 1937, 5).

El concepto de cubanidad operaba dentro de un campo semántico distinto al que le atribuía Orestes Ferrara. El nacionalismo latinoamericano adquiría en esa hora un nuevo contenido, de naturaleza popular. Hobsbawm (2009, 334) le ha llamado nacionalismo de “tercera ola” en América latina, fase que comienza con la Revolución mexicana y la Revolución rusa y se distingue por la participación activa y positiva de movimientos populares en la política de sus países a escala nacional. El nacionalismo, vía la “cubanidad” en la Isla, representaba la ideología que hacía posible la unidad nacional, el espacio inclusivo de la nación; el cauce de integración de las diferencias sociales, raciales, sexuales y regionales, y la posibilidad de desarrollar una economía nacional. En el proceso, la consagración de los derechos sociales y la profundización de las demandas de completamiento de la ciudadanía, sostenidas bajo el manto de ese nacionalismo, convivieron con estructuras de exclusión social y con el proyecto de sectores burgueses de capturar el Estado a su favor.

Para los críticos del mestizaje, como suerte de “etnopopulismo” (Gottberg 2002), este habría obrado en dicho contexto como “mito conciliador de la nación.” El precio a pagar por la conciliación era la abolición formal de las diferencias, o su “superación,” necesidad correlativa a los discursos de armonía social y de unidad nacional que los nuevos órdenes populistas necesitaban para sostener lo que hoy se llama “gobernabilidad.”[20] Por ese camino, en el contexto populista el discurso de la “unidad nacional” perseguía fines específicos: inclusión social, formación de mercados internos, industrialización y nacionalización —burguesa— de los recursos del país. Ese reformismo se comprometía con manejar institucionalmente el pluralismo y administrar un concepto de pueblo que suponía la disolución etnopopulista de las desigualdades (Gottberg 2002).

Con todo, el mestizaje propuesto por la cubanidad operaba también como un recurso democrático. Como aprecia Moore (1997), hacía parte de una compleja interpenetración de discursos raciales, nacionalistas y artísticos en conflicto. Si bien “estilizaba” las expresiones afrocubanas para su consumo por sectores sociales no negros, también servían para reafirmar el acervo afrocubano y generaban efectos “ciertamente indeseables para las clases dominantes” (De la Fuente 2001, 263). El mestizaje no se presentaba solo como una cuestión de “reconocimiento” sobre la “raza.” El populismo era asimilacionista (por mesticista) en lo étnico/racial, pero redistributivo en lo social. La cubanidad no era solo una noción “racial,” pues comprendía por igual las demandas de derechos sociales, de trabajo para los nacionales, de nacionalización de la enseñanza, de paridad entre los hijos, etcétera. (No por casualidad, la mayoría de los defensores de la “cubanidad” eran a su vez defensores de la moratoria hipotecaria.) La penetración cultural del mestizaje como sinónimo de la nacionalidad, y no como una representación de esta, se afincó sobre esta realidad: funcionaba en un marco que producía un tipo de reconocimiento “cívico” —respeto y dignidad por las “razas” y valoración positiva de su integración— al tiempo que redistribución en forma de defensa de los derechos sociales.

Tal complejo de problemas se encontraba en el fondo de la aprobación del delito de “discriminación racial” en 1940. En la superficie, la discusión sobre este punto versó sobre si “discriminación” era la palabra más “adecuada.” Márquez Sterling señaló que “no aparecía en los diccionarios.” Núñez Mesa creía que no existía “discriminación” y que de haberla, era solo porque los afectados no hacían uso de sus derechos. La palabra que contendió con “discriminación” fue “molestia.” García Agüero definió el sentido de la primera: “Discriminación, en nuestro criterio y en el de la masa popular, es el acto mediante el cual alguien con posibilidad de ejecutarlo, establece diferencias entre dos núcleos distintos de la población para menospreciar, negarle posibilidades económicas, sociales, de vida, de cualquier naturaleza, a uno de sus dos grupos para ventaja del otro en forma deliberada” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940b). Al mismo tiempo, el convencional comunista propuso agregar la palabra “color” en el precepto sobre discriminación, lo que equivalía a un doble movimiento: buscaba consagrar la inexistencia de las razas y cuestionar la realidad del racismo.

Con la disputa sobre la palabra discriminación se ventilaba todavía una cuestión de fondo: la oposición tanto al paternalismo racial (tipo Casanova: “Yo practico mi amistad a la raza negra de Cuba. Que lo digan, si no, muchos negros que son comerciantes, colonos y altos empleados en las fincas azucareras de mi propiedad, y a los cuales no les han faltado nunca ni mis consejos ni mi protección”) (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940b, 6–15), como a la despolitización del problema “del color.” Ante el paternalismo y la despolitización, a resultas del debate, la Convención aprobó por unanimidad el término discriminación dentro de un marco de sentido que politizaba la diferencia: el racismo no debía entenderse solo como un “prejuicio moral.” Dicho prejuicio tenía fundamentos materiales reconocibles en la pretensión de monopolizar recursos sociales, económicos, culturales. Esta postura, que no era exclusivamente comunista, pues con ella coincidían Emilio Ochoa (del Partido Revolucionario Cubano) y Ramón Zaydín (de Acción Republicana)[21] (a diferencia de Casanova, del Partido Liberal, o Mañach e Ichaso del ABC), coincidía con las maneras en que sectores antirracistas defendían el tema desde la sociedad civil. Cuando ocurrió el “caso” de Mr. Mitchell, la Hermandad de los Jóvenes Cubanos se pronunció “contra actos que sean contrarios a la igualdad democrática” y contra la “discriminación.” El propio término fue empleado por parte de estos colectivos, como la Asociación Nacional contra la Discriminación Racial, que pusieron el tema racial como prioridad del debate de la sociedad civil en Cuba.

Consignar esa palabra en el texto constitucional significaba extraer del ámbito de lo “moral” el problema, abrir las puertas a sus consideraciones sociales y sanciones jurídicas y otorgarle mayor potencia para situarse dentro de complejos discursivos como la cubanidad. De la discusión, propuesta por la bancada comunista, sobre la acción afirmativa en el empleo a favor de los negros, quedó este contenido en el artículo 74: “El Ministerio del Trabajo cuidará, como parte esencial, entre otras, de su política social permanente, de que en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio, no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de personal y en la creación de nuevas plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o comercios que se establecieren, será obligatorio distribuir las oportunidades de trabajo sin distingo de raza o color, siempre que se satisfagan los requisitos de idoneidad.”

Raimundo Despaigne, explicando lo que el negro debía esperar de la Constituyente, escribió: “A la nueva constitución no debe ir ningún precepto que responda a las tradiciones negativas o reaccionarias, que pueden ser muy honrosas para esa exigua minoría de la población cubana que a través de 35 años de República la usufructúan, pero que nada significan para esa gran mayoría [. . .] que se llama pueblo, que tan afanosamente viene trabajando para que la próxima Constitución recoja todas sus aspiraciones. El problema negro está tan vinculado al ritmo de los acontecimientos humanos, que no podrá decirse que se ha trabajado por Cuba hasta tanto no se plantee y resuelva definitivamente la situación tan lamentable en que vive, en el que tanto contribuyó y contribuye, con su laboriosidad. El negro no puede ver con indiferencia que se le discrimine de tal manera.” El debate sobre la “discriminación” de 1940 recogía parte de estas expectativas con buenas razones.

Conclusiones

En este texto he repasado dos cuestiones centrales del debate público cubano de fines de los 1930. He estudiado el conflicto sobre la moratoria hipotecaria y la creación del delito contra la discriminación racial, las dimensiones que comprendían estos debates, y el modo en que quedaron reguladas en la Constitución de 1940. El análisis permite llegar a tres conclusiones de distinto orden:

a) Establecer que la Constitución de 1940 cumplió con aspiraciones centrales de un orden constitucional: recoger el debate público existente al momento de su adopción, fijar normativamente los valores considerados socialmente como de mayor justicia en su contexto, dejar latente la posibilidad de interpretarlos de modo más radical, y reflejar un pacto entre fuerzas sociales, económicas y políticas diferentes, que aumente el campo político que la apoya.

b) Identificar cómo la acción colectiva, el debate público y la ampliación de la sociedad civil, resultó clave para la consagración legal de expectativas sociales largamente incubadas. Se observa que tal consagración, por las disputas de que fue objeto, no despotenciaba dichas exigencias. La investigación establece que la obtención de la moratoria ventilaba modelos de estado en pugna, el carácter del capitalismo cubano de la hora, la definición del “pueblo” y la vigencia de un modelo de democracia expansiva de derechos. El establecimiento constitucional del delito de discriminación racial significaba dejar atrás el “trauma del PIC,” impedir tratar “lo cubano” dejando fuera de la nación al negro y su cultura, considerar como “triunfante” un modelo de nación inclusivo y con sensibilidad popular y desarrollar una consideración politizada del antirracismo.

c) El enfoque teórico del texto contribuye al debate que la historia intelectual latinoamericana sostiene actualmente sobre las acepciones del populismo, el liberalismo y la democracia en el siglo XX dentro de la región. Considera que el populismo histórico latinoamericano, del cual hace parte el proceso cubano que llevó a 1940, pretendía emular las nociones de democracia social de la época, rivalizar con el fascismo y el comunismo y constituirse en una alternativa propia de democracia de masas.

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[1] Raúl de Cárdenas, presidente de la Asociación Nacional Pro-Restauración del Crédito Cubano, se expresaba en estos términos: “El asunto de la reevaluación tiene un interés tan excepcional que el problema de la constitucionalidad [del proyecto de ley de liquidatoria] resulta secundario. El aspecto primordial es el del quebranto inmenso que han de sufrir los intereses públicos con la desaparición del crédito. [. . .] Y a eso vamos nosotros: si se aprueba la ley, el país entero experimentará la sensación de estar en un estado de disolución” (Asociación Nacional Pro-Restauración del Crédito Cubano 1939, 7). Raúl de Cárdenas se presentó como candidato a la Constituyente de 1940 (no resultó electo), por el partido Demócrata Republicano, con un lema que recogía el núcleo de esta campaña: “El principio fundamental para recuperar el crédito es la irretroactividad de las leyes civiles que nazcan de la contratación privada” (“Dr. Raúl de Cárdenas . . . ,” 6 de noviembre de 1939).

[2] La propiedad norteamericana sobre algunos de los bancos prestamistas introdujo al gobierno de F. D. Roosevelt como otro actor de esta ecuación, que no puedo tratar aquí.

[3] Ver este enfoque en Thompson (1979, 31).

[4] En mi argumento, el populismo, en su tipo histórico conocido como “populismo latinoamericano,” es un tipo ideal de ejercicio político constituido por (1) factores estructurales —economía dirigida, arribo de nuevos sectores al mundo del trabajo asalariado, urbanización, migraciones, conquista del Estado por actores burgueses—; (2) a dimensiones culturales —relanzamiento del nacionalismo como sinónimo de “proyecto legítimo de país,” al mismo tiempo inclusivo de actores sociales y disolutivo de identidades “culturales,” afirmado sobre una polarización ideológica entre el pueblo y el “antipueblo”—; y (3) a procesos específicamente políticos —inscripción de demandas de distinto signo en el Estado, democratización social e impugnación de las formas liberales de dominación. Este enfoque es deudor de tesis como las de Vilas (2009) y Knight (2005, 231). Por su tema, en este texto no es necesario entrar a considerar el problema de los “neopopulismos.” Ver otros enfoques sobre el populismo en: Cammack (2000), Bremmer (2006), Vilas (2003), Roxborough (1987), Hermet (2003).

[5] La idea según la cual el populismo latinoamericano de los 1930 y 1940 sometió a la “improvisación constante” su política económica, tesis atravesada a su vez por la noción de su “desapego por la institucionalidad” es una generalización ahistórica. Este es un enfoque más preciso: “Presentar la política económica del populismo como fruto de una estrategia puede resultar excesivo en algunas de sus manifestaciones concretas; en algunos países (Argentina, Brasil, México) corresponden al populismo los primeros experimentos en planificación del desarrollo, pero en otros fue más bien resultado de un encadenamiento de acciones producto de las circunstancias, o la continuidad de enfoques que habían comenzado a tener presencia como respuesta a determinados estímulos externos. En general es admitido que, producto de programaciones articuladas o resultado de determinadas coyunturas, la macroeconomía del populismo presentó convergencias evidentes con una variedad de enfoques que en la misma época venían siendo puestos en práctica por las principales economías capitalistas” (Vilas 2009).

[6] Entre los autores que han comprendido como “populista” este escenario en Cuba, ver Annino (1994), Kapcia (1997) y Whitney (2010).

[7] Batista desde el principio apoyó la moratoria, diciendo que “salvar a los deudores es salvar a la República.” Si bien la moratoria es un importante botón de muestra, no es el único de este proceso. El Ejército fue el destinatario principal en que confiaron las denuncias obreras contra incumplimientos de leyes sociales y fue el mismo que hizo penetrar al Estado cubano ante zonas sociales antes poco o nada “contactadas” por el Estado, a través de campañas de escuelas rurales, institutos cívicos militares y lucha antituberculosis.

[8] En 1936 y 1937, violando la Ley Arteaga, se reportaban pagos en vales, entre otros, en los centrales Santa María, Gómez Mena, Delicias, San José, Jobabo, España y Mabay (“Opinión ajena” 1936b; 1936a, 13; 1937b, 13, 1936a, 13, Opinión ajena 1937a, 9 y 48; 1936b, 13).

[9] En octubre de 1936, tres personas que pidieron omitir su nombre (era práctica frecuente el despido para quienes protestaran, junto a la acusación de “comunistas”) enviaron una carta a Carteles declarando lo siguiente: “El Central España, en Matanzas, en manos de intereses norteamericanos [gracias a procesos técnicos] aprovecha energía barata durante la refinación, bajando los costos en 40% por debajo de los corrientes en cualquier refinería de la ciudad de Cárdenas, la ciudad más cercana al central. Este emplea obreros residentes en su propio batey y en el pueblo de Perico. Viéndose por la ley obligado a pagar un peso de jornal mínimo, la administración del central descuenta a todo el personal que gane no más de un peso, 0.20 centavos por servicio de luz y agua. “Si usted vive en Perico, paga a la compañía 0.20 por el agua que toma durante el trabajo, y la luz que alumbra el lugar donde usted trabaja para ellos” (“Opinión ajena” 1936c, 13 y 54).

[10] Para 1937, Batista controlaba el mayor ejército de Cuba en su historia: 12.000 efectivos regulares; 20.000 reservas y una policía nacional de 4.000 efectivos. (“Cuba’s Boss Batista,” Time, 26 de abril 1937). La secretaría de defensa disponía en 1937 del 28 por ciento del presupuesto nacional, cifra que superaba ampliamente los presupuestos de secretaría.

[11] No hay que ver aquí una defensa “incondicional” de “la democracia” en singular. El régimen representativo, con el sistema de partidos, funcionaba también como un resguardo de la posesión del poder político por parte de las elites, que se reservaban el derecho legítimo de hablar por “el pueblo” y limitaban con ello las vías de intervención popular en la política. Esto último era una de los objetivos fundamentales del corporativismo democrático de los 1930, que se imaginaba como un “complemento” a la democracia liberal, para suplir las deficiencias “individualistas” de esta y otorgar representación a diversos sectores sociales, más allá de los partidos políticos. La revista Carteles fue uno de los voceros más agudos de este enfoque en los 1930: “La implantación de una cámara de elección corporativa no sólo estimularía, sino que haría obligatoria la corresponsabilización de esas superiores fuerzas ciudadanas en la administración pública” (“Editorial” 1936c, 17). Sin embargo, Carteles decía también: “¿Es posible que todas estas reformas que de un modo tan radical mermaría en las prerrogativas e influencias de los legisladores y los partidos sean propuestas y aceptadas por los actuales miembros del Congreso? Por eso no llevan trazas de prosperar las iniciativas corporativistas, y, en cambio, encuentra [camino] favorable la implantación de un sistema semiparlamentario, mediante el cual, miel sobre hojuelas, aumentarían considerablemente las facultades e influencia de los legisladores, sin ningún resultado práctico que no fuera de un orden puramente político, ya que, en el mejor de los casos, sólo serviría de dique más o menos efectivo contra la recurrencia del hábito revolucionario” (“Editorial” 1936a). Orestes Ferrara comprendía el problema cuando observaba la “contradicción” entre el “régimen representativo” y la “revolución,” o entre representación e intervención popular directa: “¿Qué es régimen representativo? Es la ordenada marcha que el pueblo sigue, al poner en los curules del Estado a los que obtengan el mayor número de votos, y aquí hay tres partidos que se califican de revolucionarios. ¿Qué es la Revolución? La desordenada, aunque noble marcha de la voluntad popular, ocupando los poderes por encima de la forma, y por encima del método representativo” (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940), 2–38).

[12] Por ejemplo, del lado de los deudores, la Asociación Nacional de Propietarios, el Comité Nacional Pro-Deudores, y la Asociación de Crédito Territorial; y, en contra de la moratoria, la Asociación Pro Restauración del Crédito Cubano y la Asociación Conservadora.

[13] En el momento en que terminé de escribir este texto, no contaba aún con el acceso a fuentes de archivo cuya revisión, ahora, me permite acceder a conclusiones que matizan la aseveración del párrafo anterior y, creo que, me permiten entender mejor la solución constitucional dada en 1940 al problema de la moratoria. Ciertamente, los argumentos de los deudores ganaron “en general,” pero ahora puedo afirmar que un tipo de deudores ganaron más que otros y desprender consecuencias analíticas más profundas de ese hecho. En el texto constitucional aprobado, las deudas más pequeñas (menos de 1.000 pesos) quedarían amortizadas en 1960. Las comprendidas entre 1.000 y 50.000 mil pesos en 1965; y las mayores de 50.000 pesos en 1970. Además de este punto, que privilegiaba las deudas mayores, he comprendido la importancia de otro tema relacionado, mirando más atentamente a los intereses de las deudas: estos iban en una escala desde el 3 por ciento para las deudas pequeñas (menos de 15.000 pesos) hasta el 1 por ciento para las más grandes (más de 800.000 pesos). En la propia Asamblea Constituyente, varias voces comentaron que esta medida protegía en mayor medida a los grandes deudores, aunque se invocase a “todos los deudores.” En este sentido, me sigue pareciendo que la solución final fue ventajosa para los deudores, pero que la desigualdad de esas ventajas abre la puerta a considerar temas de clase y de poder constituido que favorecieron más a los sectores gran burgueses que se situaban dentro del “bloque de los deudores.” Por otra parte, solo recientemente pude acceder a una visión más completa del papel de los Estados Unidos, de sus bancos, de su gobierno y de su embajada en Cuba. La documentación muestra una intensa actividad por parte de estos actores para lograr soluciones “conservadoras” al tema de la moratoria. Por ejemplo, en el resumen de George S. Messersmith al secretario de estado de los Estados Unidos, fechado el 29 de junio de 1940, este aseguraba que la embajada pudo ver el proyecto final de Constitución antes de que fuese promulgado. El funcionario consideraba que el texto contenía numerosos artículos que afectaban “mayormente los intereses americanos en Cuba” y que “muchos de esos artículos proveen las bases para posteriores resoluciones que afecten esos intereses”. Sin embargo, consideraba que los artículos eran “mayormente perjudiciales desde el punto de vista sicológico, más que económico o material.” En el tema que aquí me ocupa, el de la moratoria, Messersmith afirmaba que “las provisiones concernientes a la no retroactividad de las leyes y la prohibición de confiscación de propiedades están redactados en una forma satisfactoria.” En el curso de mi investigación sobre este tema, aún en proceso, profundizaré en estos temas, datos y enfoques. Ver “Resumen semanal de George S. Messersmith al Secretario de Estado de los EEUU, 29 de junio de 1940,” Confidential US Diplomatic Post records, Central America, Cuba 1930–1945, reel 63, 1940.

[14] Ante su reclamo, se le impuso al dueño del hotel solo dos pesos de multa (“Discriminación” 1936, 11).

[15] Con activismo científico me refiero a acciones como la siguiente. A instancias de Fernando Ortiz, el octavo Congreso científico panamericano, celebrado en Washington en mayo de 1940, concluyó en uno de sus acuerdos: “considerando que la expresión ‘raza’ implica una herencia común de características físicas en grupos humanos y que no se ha demostrado que tenga conexión alguna causal con realizaciones culturales, cualidades psicológicas, religiones ni lenguajes, el octavo congreso científico panamericano resuelve: que la antropología rehúsa prestar apoyo científico alguno a la discriminación contra cualquier grupo social, lingüístico, religioso o político, bajo pretexto de ser un grupo racialmente inferior” (“Las razas ante las leyes y las costumbres” 1940, 128–129). Con activismo político me refiero a labor que en la esfera pública realizaban centenares de sociedades “de color,” asociaciones como Adelante, la Asociación Nacional contra la Discriminación Racial, etcétera.

[16] Según Julián V. Serra: “Alguien ha tenido la peregrina idea de personificar al grupo humano en la típica figura del campesino blanco de este país. Esta premeditada ocurrencia carece de un detalle digno de ser tomado en consideración; y es que el tal Liborio es blanco, o parece serlo, y no se explica que siendo el pueblo cubano uno de los más heterogéneos del mundo, pueda estar bien personificado en la típica figura de este humilde ciudadano que por su tipo, no representan nada más que a una de las dos entidades étnicas que forman el total de la población cubana.” En contraste, el autor del texto proponía “la no menos interesante figura de José Rosario, el cual tenemos el alto honor de presentar como cubano criollo también.” José Rosario era de “carácter enérgico y un valor rayano en la temeridad, con poca instrucción, con muy buen sentido práctico, de costumbres en extremo sencillas y sin pretensión alguna” (Previsión, 30 de diciembre de 1909).

[17] En esta lógica, el 12 de octubre de 1939, “el Día de la Raza,” motivaba celebraciones de este tipo: “Todas las naciones de América, unidas por la tradición hispánica, celebran hoy la fiesta de la raza. La gesta colombina sirve de marco propicio a la fraternidad de los pueblos nacidos en esta parte del mundo. Cuando la vieja Europa se desgarra en una lucha cuyo alcance nadie puede predecir, cuando la civilización peligra, América da el espectáculo de su unidad espiritual, de la permanencia de su tradición democrática, liberal y fraterna. Hagamos votos hoy, día de la raza, porque los ideales americanos [contribuirán a que el] mundo comprenda, de una vez, que sólo la paz es capaz de garantizar la civilización” (“Día de la raza,” 12 de octubre de 1939).

[18] Según Ortiz “ el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una nueva y distinta cultura, que es lo en rigor indicado por la voz inglesa acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación. Al fin, como bien sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de coberturas sucede lo que en la cúpula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación y este vocablo comprende todas las fases de su parábola” (Fernando Ortiz 1940, 278).

[19] Después de una larga elaboración, y de significados peyorativos, el mestizaje fue presentado, habitualmente en el marco de los “populismos latinoamericanos,” como el ideal prototípico de lo nacional. Las visiones virreinales y coloniales sobre el mestizo, que suponían la mezcla de “lo peor” de las culturas “española” e “indígena” habían sido abandonadas por nociones que lo dignificaron en tanto lo contrario: el espíritu que, por no estar anclado en parte alguna, capitaliza las ventajas de la mezcla con vocación moderna y emprendedora. En ese curso, el adjetivo “mestizo” evolucionó hacia el sustantivo “mestizaje” (Zermeño-Padilla 2008). La revolución mexicana convirtió al mestizaje en su fundamento cultural —tratando a los indígenas más como mexicanos que como indígenas— y lo tradujo en política estatal. Por ese camino, el cardenismo empleó el discurso mesticista.

[20] Ese populismo habita en un conflicto que tensa lo político y desborda lo institucional y enfrenta resistencias clasistas y racializadas de los sectores dominantes frente al acceso de nuevos sujetos a la esfera de lo político. El campo político vive rupturas que, lejos de celebrar las reglas del juego existentes, a las cuales los actores deberían subordinarse, ponen en disputa nuevas reglas en medio de fuertes colisiones por los desplazamientos que supone el empeño de redistribuir poder entre clases y grupos sociales antes imposibilitados de acceder a sus estructuras.

[21] Ramón Zaydín aseguraba: “Se ha hablado en diversas sesiones [. . .] del propósito de nacionalizar a Cuba, del propósito de crear un espíritu nacional, que sea la dínamo de la cubanidad. [. . .] Ese espíritu de cubanidad, ese espíritu nacional, no podrá crearse en nuestra Cuba mientras no podamos borrar todos los prejuicios, todas las reservas, todos los recelos creado en el campo social, y mientras no ascendamos a la paridad económica, para dar a todos los individuos, que integran la nación, sin discriminaciones de ninguna clase, los recursos que los armen en el orden económico para la subsistencia de la vida, y en el orden moral para la captación de la cultura.” Estos principios estaban contenidos también en el programa del partido Acción Republicana (Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1940e, 26).

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