Si “el poder del pueblo, ese sí es poder”, ¿cuál es el problema?

Foto: Geandy Pavón. 2015

 

Por Randol Pérez Salas. (Infografías del autor)

Y a punto de concluir el debate popular sobre el Proyecto de Constitución, me gustaría compartir algunas ideas sobre la estructura del Estado, sus entidades político-administrativas y la necesidad de introducir cambios en el modelo de representación popular.  

SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

No considero que otorgar autonomía a las ramas ejecutiva, legislativa y judicial de un Estado contradiga el principio de unidad de poder. Para un país subdesarrollado que busca construir el socialismo, deslindar funciones, dentro de un marco lógico de solidaridad, no significa entregar el poder; al contrario, es reforzar el único poder verdadero, el del pueblo. 

El actual Proyecto de Constitución establece en su ART.10 que “(…) la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”, y “(…) la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan (…)”. Si esto se cumple a cabalidad, las Asambleas del Poder Popular no solo ocuparían el primer eslabón en la cadena de mando – en tanto determinarían qué políticas se seguirían, cuáles deberían esperar y cuáles desecharse –, sino que también a ellas correspondería elegir a las máximas autoridades estatales y gubernamentales.

Soy consciente de que muchos prefieren elegir directamente a las autoridades del Estado y del Gobierno. No comparto ese entusiasmo. Me indigna la posibilidad de que un oportunista manipule al pueblo y me asustan las consecuencias de esos engaños. Además, el voto directo otorga una legitimidad demasiado grande, difícil de manejar por los menos virtuosos. ¿Qué pasaría si alguien electo por la “mayoría del pueblo” un día “mete la pata” y daña a ese mismo pueblo? Bien podría esgrimir esa “arma” para no abandonar el poder; al menos no con la premura que exigiría una situación determinada. Habría que esperar hasta las próximas elecciones o acudir a sinuosos procesos revocatorios mientras el “indeseado” sigue haciendo de las suyas.  

Por eso, considero que

Los representantes del pueblo, reunidos en asambleas y tras genuinos debates, deben determinar quiénes pueden dirigir las principales instituciones del Estado y del Gobierno: Presidente de la República, Primer Ministro, Gobernadores… Si alguien abusara de su cargo o simplemente resultara ser un incapaz, el pueblo exigiría a sus representantes revocar ese mandato. En Cuba no hay lucha entre partidos políticos y es muy poco probable que diputados o concejales (salidos de candidaturas más que verificadas y bien discutidas) sean capaces de proteger intereses contrarios a la Revolución. De suceder, pues se les revocaría a ellos también y punto. 

Las elecciones indirectas solo son antidemocráticas cuando ocurren designaciones no discutidas ni aprobadas por los representantes del pueblo; cuando ellos mismos, olvidando su misión de servir a la ciudadanía, por miedo o conveniencia evitan cuestionar a los designados, exigirles cumplir sus deberes.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Presidente de la República se prevé como máximo representante del Estado, garante de su integridad y, por supuesto, de su Revolución,

Sería conveniente fortalecer su autoridad – fortalecerla, no diluirla – creando un órgano colegiado que lo acompañara en la toma de importantes decisiones. Se integraría con figuras de prestigio provenientes de múltiples esferas de la sociedad y podría adoptar el nombre de Consejo de Estado (actualmente reservado para un segmento de la Asamblea Nacional). No hay dudas de que un cuerpo de esa naturaleza otorgaría gran legitimidad al sistema político cubano y, además, tendría la potestad de actuar como moderador entre las instituciones del Estado, un tipo de poder defendido desde tiempos de Bolívar y muy mal ensayado en el constitucionalismo latinoamericano del siglo XIX.

Por tanto, el Poder Popular debe ser principio y fin en la organización del Estado cubano. El primero y más poderoso motor que, alimentado continuamente por el pueblo, articule a los demás órganos del sistema, los eche a andar. 

Se repite mucho que el PCC ni postula ni elige. Sin embargo, por mucho tiempo se tendrá que militar activamente en él (y contar con una abultada hoja de servicio) para asumir cualquier cargo al más alto nivel. El Partido seguirá siendo, entonces, la organización de vanguardia que nuclea lo más granado de la vida política, económica y cultural de la nación. Su principal misión no cambiaría: captar a potenciales cuadros políticos y dotarlos de herramientas para entender, desarrollar y defender el proceso revolucionario. En otras palabras, convertirlos en auténticos líderes y ponerlos al servicio de la sociedad, para que sus organizaciones más auténticas e influyentes seleccionaran a los mejores y más capaces. 

Para elegir la Presidencia de la República:

Primera Etapa:

El ente electoral convocaría a las presidencias y/o comités nacionales de las organizaciones de la Sociedad Civil más relevantes (determinadas con antelación por la Asamblea Nacional según proyección social, número de afiliados, resultados concretos, entre otros parámetros) a proponer un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) precandidatos – todos miembros del Comité Central del PCC – para Presidente y Vicepresidente de la República.

Segunda Etapa:

Dichas presidencias y/o comités nacionales llamarían entonces a sus bases a pronunciarse sobre las propuestas, que, naturalmente, podrían modificar. Acto seguido, mediante votación directa y secreta, cada afiliado seleccionaría hasta cinco (5) precandidatos de su preferencia. Quienes obtuvieran más de la mitad de los votos válidos integrarían una Lista Oficial de Candidatos.

Tercera Etapa:

Por último, la Asamblea Nacional discutiría esa lista – incluso podría invitar a los candidatos al pleno y formularles preguntas – y elegiría, también por votación directa y secreta, a quienes considerara idóneos para Presidente y Vicepresidente.

Una segunda variante, con mayor protagonismo ciudadano, podría incluir la votación directa del pueblo a partir de la primera Lista de Candidatos. En ese caso, no sería necesario convocar a las bases de las organizaciones de la Sociedad Civil; bastaría con las propuestas de sus presidencias y/o comités nacionales. De ser así, lo ideal sería que los electores seleccionaran unos cuantos, a quienes consideraran más aptos. Podrían marcar uno, dos, tres… hasta cinco, o sencillamente ninguno. Luego el Consejo Nacional Electoral conformaría una segunda y definitiva Lista de Candidatos – siempre con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) – que sería presentada a la Asamblea Nacional.

¿Que sería engorroso movilizar a personas tan diversas o computar adecuadamente los votos? No parece. Cada organización pudiera gestionar su proceso y responsabilizarse con sus resultados. El ente electoral crearía una metodología o protocolo mínimo y junto a los sindicatos garantizaría la transparencia. No es tan complicado. De hecho, el actual debate popular del Proyecto de Constitución es muchísimo más complejo.

No obstante, hay un detalle fundamental: de aplicarse la segunda variante, e independientemente de quiénes hayan obtenido más votos populares, corresponde únicamente a la Asamblea Nacional decidir quiénes ocuparían esos cargos. Puede ser controvertido, pero nos alejaría bastante de decisiones apresuradas.

Una vez elegida la Presidencia de la República, corresponde formar gobierno:

El Presidente podría llevar al parlamento hasta tres (3) propuestas para Primer Ministro. Eso daría a los diputados más posibilidades de otorgar su voto de confianza al candidato más adecuado; en otras palabras: estos tendrían la oportunidad de elegir según el interés de la mayoría, siempre una mezcla de necesidades presentes y expectativas futuras. De ser rechazado un tercer candidato, resolvería el Presidente de la República imponiendo a este último y la ANPP estaría obligada a aprobarlo. No obstante, para evitar roces innecesarios, se podría comprometer al Presidente con más inspecciones de la ANPP al gabinete de su elegido – por periodos nunca superiores a los 18 meses – y una advertencia implícita: o da la talla, o se le revoca.  

SOBRE EL GOBIERNO EN PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

¿Cómo se replicaría este esquema en provincias y municipios? El Proyecto de Constitución esboza a nivel provincial una estructura ejecutiva novedosa, en tanto concentra dicha labor en dos figuras: el Gobernador y el Vicegobernador. Que el primero sea designado por la Asamblea Nacional – a propuesta del Presidente – y el segundo por el Consejo de Ministros – previo acuerdo con el Gobernador –, permite desplegar un sistema de control más estricto.

Si finalmente se eliminan las Asambleas Provinciales (algo que podría evitarse reestructurándolas adecuadamente, con menos delegados, más autonomía, etc.), deberían entonces ser las diferentes Asambleas Municipales del territorio las que aprobaran a los Gobernadores. Al menos así se evitarían designaciones arbitrarias e impopulares. 

En cuanto a los municipios, funcionaría de la misma forma. Por cierto, el vocablo intendente no acaba de convencerme. ¿Qué necesidad hay de levantar ronchas con una palabra tan ajena a nuestra tradición política? ¿Acaso el término alcalde no es más cercano y más sonoro? Entiendo que algunas personas se resistan a usarlo porque les recuerda la politiquería republicana, pero tal argumento, a estas alturas, se torna un tanto pueril. No todos los alcaldes fueron como el de San Nicolás del Peladero. Los hubo ladrones, pero también los hubo decentes y muy patriotas. Igual debería rescatarse concejal en lugar de seguir utilizando delegado, más común – al menos en Cuba – de funcionarios ministeriales en los diferentes territorios. Y es que si hay algo que abunda entre nosotros son los vocablos presidente y delegado. Para todo hay uno u otro. Otorgar más distinción a estos cargos no implica ceder terreno en la guerra de símbolos contra el pasado capitalista. Al contrario, sería vencer fantasmas que todavía asustan a muchos.

Por otro lado, ¿tendría sentido mantener a ese nivel el actual modelo ayuntamiento-administrador? ¿Ha demostrado reducir la burocracia? ¿Sería el más apropiado para fomentar la tan anhelada autonomía municipal? A mi juicio, dicho sistema funciona mejor en territorios pequeños que cumplen criterios de vecindad, identidad, etc. Por tanto:Sería más práctico implementar un régimen mixto donde el Alcalde y su Consejo Municipal (ejecutivo) tuvieran en la Asamblea del Poder Popular a su cuerpo de electores y a su órgano deliberante, normativo y fiscalizador.   

Relacionado también con los municipios, resalta en el Proyecto de Constitución la mención de distritos administrativos. Según el inciso o) de su ART. 103, la Asamblea Nacional podrá “aprobar regímenes de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios u otras demarcaciones territoriales y los distritos administrativos”. ¿Se referirá a los viejos y poco funcionales distritos en que se dividen algunas ciudades muy pobladas como Santiago de Cuba o Camagüey? No me queda claro. Pero, además, hay una realidad: a excepción de los de La Habana, los municipios cubanos suelen ser relativamente grandes. Por ejemplo, la superficie media de los municipios de la provincia de Ciego de Ávila es 500 km2. Sin dudas un espacio geográfico considerable comparado con sus similares de otros países. Por esa y otras razones, sería justo que   

  • Pueblo y autoridades municipales tuvieran el derecho de subdividir sus territorios en pequeñas entidades administrativas que, cumpliendo con el principio de subsidiariedad, asumieran los habituales servicios de limpieza y conservación de parques, calles, carreteras rurales, etc. En otras palabras: que hicieran lo que actualmente “hacen” – poco y mal – los municipios; no se sabe si por incapacidad, por falta de fondos o porque sencillamente ese tipo de funciones deberían ser coordinadas a una escala menor.

En los primeros años de la Revolución, debido a que las provincias eran menos y más extensas, se crearon los llamados regionales como eslabón intermedio entre estas y sus términos municipales. A la larga no resultaron, y se llegó a una sabia decisión: multiplicar el número de provincias y reducir el de municipios. Sin embargo, entre las eternas dificultades materiales y el poco sentido de pertenencia de algunos dirigentes a ese nivel – donde sigue influyendo el mal hábito de traerlos desde otros territorios –, la calidad en la mayoría de los servicios básicos se ha visto muy disminuida. 

No se trata simplemente de adaptar nuestra estructura administrativa local a las prácticas más avanzadas en la región; es también una manera de desbrozar el camino para la tan pregonada “desconcentración”. Si los municipios finalmente ganan en autonomía y son autorizados a trazar políticas de desarrollo propias, es preciso ir montando desde ya los pilares de esa independencia: los distritos municipales. Pero, ojo… No es duplicar funciones y generar más burocracia. Los equipos de administración tendrían que ser bien pequeños. De ser posible – que lo es – con un número fijo de funcionarios.   

Para que se entienda bien el punto, utilizaré nuevamente al territorio avileño de ejemplo. El municipio de Ciego de Ávila – unos 445 km2 – bien podría subdividirse en un distrito municipal urbano y tres rurales. El primero contendría a la ciudad – poco más de 120.000 habitantes – y los otros tres – Ceballos, Jicotea y Vicente – a territorios básicamente agrícolas, salpicados de pueblos, poblados, caseríos y bateyes. Para evitar confusión, a los urbanos se les podría nombrar Distritos y a los rurales Comarcas (rescatando el sentido original del término: “lo cercano”; o sea, un pueblo y sus alrededores).

Estas unidades territoriales tendrían que cumplir un mínimo de requisitos:  

  • Los Distritos se conformarían en urbanizaciones compactas con categoría de ciudad (+ 20.000 hab.). En caso de ciudades muy grandes, podrían crearse más distritos. Por su parte, las Comarcas abarcarían pequeñas poblaciones rurales – alejadas entre sí – que reconocieran a un pueblo (+ 5.000 hab.) o poblado de primer orden (+ 2.000 hab.) como su núcleo económico, cultural y/o histórico. Ambas jurisdicciones otorgarían mayor relevancia a las comunidades. El Consejo Popular, sus órganos de representación, se convertirían en la unidad mínima de la sociedad socialista organizada. Estos serían, como en la actualidad, urbanos y rurales, pero elegirían a sus propios delegados de circunscripción (diferentes de los concejales).

En la siguiente figura, los Consejos Populares de un ficticio “Distrito Municipal Ciego de Ávila” son los mismos que abarca esa ciudad en la actualidad; en cambio, los de la también ficticia “Comarca Municipal Ceballos” son recreaciones hechas a partir datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre población, asentamientos urbanos y rurales, servicios básicos, etc. 

¿Cómo se administrarían dichas entidades?

  • Contarían con su propio equipo de gestión (subordinado presupuestariamente a la alcaldía municipal, pero con libertad operacional). O sea, pequeñas juntas –¿Consejos de Distrito? ¿Consejos de Comarca? – integradas por un Prefecto (propuesto por el Consejo Municipal y aprobado por sus Consejos Populares) y por cinco (5) gestores en el caso de los Distritos y tres (3) en el de las Comarcas.  Estos últimos se encargarían de áreas concretas y serían elegidos por voto popular. Sus nominaciones se harían a través de los Consejos Populares y los electores podrían escoger en bloque a los cinco (5) o tres (3) gestores de su preferencia, según corresponda.

¿Por qué prefectos? En realidad, no es una palabra ajena a la historia política cubana. Durante las guerras de independencia en el siglo XIX se crearon numerosas prefecturas mambisas. Si bien es cierto que no lograron concretarse como auténticas entidades político-administrativas, sí consiguieron articular maneras propias de gestionar la vida en comunidad, producir sus bienes y garantizar la seguridad de quienes allí buscaban refugio. Al frente de ellas se designaban prefectos, militares de profesión, pero también buenos administradores. No obstante, estos otros prefectos se parecerían mucho más a los llamados alcaldes pedáneos.  

Cualquiera podría decir que estoy soñando demasiado, pero, de cierto modo, algunas de esas “posibles comarcas” ya son una realidad.  Días atrás se leyó en la prensa nacional que la misma zona de Ceballos se estaba convirtiendo en un importante polo de producción y exportación agrícola. NOTA de Granma. (http://www.granma.cu/cuba/2018-10-30/de-las-senales-de-humo-a-polo-exportador-30-10-2018-20-10-56) Además, hay algo bien cierto: nunca se podrá administrar una ciudad igual que un territorio rural. Ambas demarcaciones llevan estrategias y tácticas diferentes.

SOBRE LOS REPRESENTANTES POPULARES Y SUS ÓRGANOS DE PODER

La corrupción es un cáncer muy difícil de extirpar, y en países subdesarrollados como Cuba sus daños (económicos y políticos) son devastadores. Sinceramente, si el pueblo no logra controlar bien a quienes gobiernan, el socialismo próspero y sostenible lo vamos a alcanzar en otro planeta, en este jamás. La única manera de combatir con éxito a corruptos y burócratas es fomentar mecanismos de inspección popular legítimos, autónomos y transparentes. El control interno también es importante, pues redunda en aparatos de administración más diáfanos; pero si los órganos del Poder Popular, actualmente hipertrofiados y poco funcionales, no modifican algunas estructuras y valoran introducir nuevos principios, su autoridad seguirá viéndose resentida. 

Considero que para revertir de algún modo esa situación, se podrían seguir tres pasos básicos:

  1. Desarrollar un principio que garantice la representación adecuada del sujeto político, cuya doble naturaleza – individual y colectiva – alcanza mayor relieve en los procesos socialistas;
  2. Promover una relación más compleja y ajustada entre electores y representantes a través de una nueva tipología de circunscripciones, y
  3. Elegir cuerpos representativos más pequeños, con mayor capacidad reguladora y examinadora, que redunde en más actividad legislativa y en el fortalecimiento de su autoridad.

Según ilustró bien el Ché, el sujeto político cubano en los años sesenta devino vertiginosamente “actor de ese extraño y apasionante drama que es la construcción del socialismo, en su doble existencia de ser único y miembro de la comunidad”. Capaz de reflexionar y participar, ese sujeto político también cultivó una manera muy singular de decidir sobre lo público, en especial involucrándolo todo y a todos, no dejando mucho espacio para lo privado.

Si aceptamos (un tanto esquemáticamente, lo admito) que hoy en día nuestros sujetos políticos individuales son los ciudadanos electores, y que nuestros sujetos políticos colectivos – además de todo conjunto de personas unidas (consciente o inconscientemente) por una misma forma de percibir, comprender y formular la realidad – son los gremios laborales, las asociaciones más diversas, o sea, la Sociedad Civil, entonces podríamos convenir en que la autoridad popular se vería reforzada si materializáramos esas dos formas de expresarnos políticamente en dos tipos de representantes: uno semi o profesional y otro no profesional.

Ambos representantes serían las dos caras de una misma moneda, de esa “estrecha unidad dialéctica” de la que hablaba el Ché, “entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y, a su vez, la masa, como conjunto de individuos, se interrelaciona con los dirigentes”. Si traducimos a un lenguaje más contemporáneo, gran parte de esa masa se expresa hoy en Cuba a través de una Sociedad Civil más activa, no contraria al Estado, aunque sí crítica y plural.

  • Con términos “robados” a la academia y al derecho, se podría ensayar una breve clasificación de los representantes que necesitamos, sobre la base de tres pares cualitativos:
  1. Por el tiempo dedicado a la representación:
  2. Titular: laboraría a tiempo completo (en la asamblea y en su circunscripción).
  3. Adjunto: laboraría a tiempo parcial (en la asamblea y en su circunscripción).
  • Por el grado de especialización:
  • Profesional: dominaría el proceso legislativo, integraría comisiones permanentes en las asambleas y podría formar parte de sus equipos ejecutivos.
  • Lego:no tendría que dominar todo el proceso legislativo, integraría comisiones permanentes para aportar desde sus experiencias particulares.
  • Por el tipo de compromiso:
  • Individual: expresaría la voluntad del elector en tanto individuo, como singularidad irreductible.
  • Colectivo: expresaría el interés de los ciudadanos en tanto colectivo, como pluralidad armoniosa y solidaria. 

La posibilidad de elegir en cada circunscripción a dos diputados o concejales, uno titular y otro adjunto, permitiría a los electores contar con representantes más profesionales – tanto en los parlamentos como en las circunscripciones –, sin renunciar a la visión práctica y complementaria que aportarían aquellos ciudadanos que trabajan lo mismo en un surco agrícola que en la consulta de un hospital.  

De esta manera, el Poder Popular garantizaría que bajo un mismo techo se reunieran dos tipos de representantes del pueblo: Uno, titular de esa representación, permanente en el tiempo, profesional en las formas y singular en la defensa de universos particulares y finitos; otro, con menos presencia formal, pero igual jerarquía, con el aval de su experiencia en el trabajo y dando voz a grupos humanos con sueños colectivos, desde los más elementales – convivencia y solidaridad –, hasta los más complejos – cultivo de la espiritualidad y socialización de ideas –.

Es importante recordar que, siguiendo la práctica internacional, la representación de diputados y concejales no se debería exclusivamente a sus electores, sino al conjunto de ciudadanos del país y de los municipios, respectivamente.

  1.  Aunque ambos tipos de representantes tendrían que cumplir iguales requisitos, las candidaturas para titular se originarían en las comunidades y para adjunto en centros laborales, asociaciones, etc. Todos los electores dispondrían de dos boletas: una para seleccionar concejales y otra para diputados. Ambas contarían con dos columnas – una para candidatos titulares y otra para adjuntos – con mínimos de dos (2) y máximos de tres (3) aspirantes cada una.

Aquí podría funcionar el llamado voto preferencial. Una de las ventajas de no lidiar con politiqueros en pugna – muchas veces, de manera literal –, es poder evaluar con justicia y sin apasionamientos a quienes buscan representarnos. Por esa razón, más que escoger a uno, lo ideal sería poder seleccionar al menos tres (3) de cada columna; todos ellos con méritos, sabiduría y actitud para asumir dichos cargos. El voto preferencial o alternativo, también conocido como segunda vuelta instantánea, aparte de ser menos costoso, brindaría a los candidatos cubanos la posibilidad de socializar sus criterios sobre política, economía y sociedad – a nivel nacional o local – en un ambiente civilizado, distendido. En igual medida, ofrecería a los electores la invaluable oportunidad de no tener que confiar en una sola persona.   

Por cierto, sería prudente aumentar a 21 años la edad para ser concejal o diputado. Como mismo defiendo el límite de 16 años para ejercer el voto – entre otras razones, porque ya a esa edad es legal contraer matrimonio y no pocos comienzan a trabajar (lo que significa pagar impuestos) –, es preciso que aquellos con vocación de servicio público, con intenciones de representar a sus comunidades o gremios, cuenten al menos con cinco años de experiencia laboral.

Resumiendo: implementar la doble representación como principio de integración entre los sujetos políticos individual y colectivo, dentro de un marco armonioso, de crítica y autocrítica propio del socialismo, sería, en mi opinión, muy beneficioso para el avance de la democracia participativa en Cuba. La lógica tensión que se produce entre el individuo y la masa es un viejo dilema que aún sirve a la derecha para desprestigiar los procesos revolucionarios de izquierda. La naturaleza dual de la voluntad política encontraría en la doble representación un canal de expresión más auténtico, motivador y justo que la gastada democracia representativa de corte liberal.   

II

Por otro lado, las circunscripciones electorales no deberían aparecer únicamente en tiempo de elecciones; podrían ser espacios reales – con sedes reales – donde electores y representantes se relacionen. Los Consejos Populares, además de cumplir con sus actividades, pudieran crear oficinas para que diputados y/o concejales trabajaran en dos objetivos fundamentales: recabar opiniones sobre los temas de la agenda pública y promover consensos en torno a ellos. Por tanto,

Las oficinas de diputados y/o concejales serían como “puestos de mandos” para atender a sus electores y movilizarlos continuamente. Las circunscripciones pudieran adoptar los nombres de diputación – espacio de una provincia con n habitantes por cada par de diputados – y de concejalía – espacio de un municipio con n habitantes por cada par de concejales –.

Los límites de una diputación no tendrían que coincidir necesariamente con los municipales, pues se crearían – y se modificarían cada cierto tiempo – según determine el ente nacional electoral. Pero, además: ¿por qué un municipio tendría que ser una circunscripción, si a fin de cuentas “sus” diputados aprobarían políticas para aplicarse, sin distinción, en todo el territorio nacional? En cuanto a los límites de una concejalía, también sufrirían modificaciones, pero siempre estarían contenidos, como es lógico, dentro de los municipios.  

III

La figura anterior me permite enlazar el último punto: ¿Vale la pena seguir eligiendo cientos de diputados y decenas de concejales para conformar faraónicas asambleas del Poder Popular? Lo de faraónica puede parecer exagerado, pero tengamos en cuenta que una Asamblea Provincial en la actualidad, por ejemplo, ronda los 75 delegados como promedio. Vaya, que con razón las quieren eliminar. Las asambleas municipales no andan muy lejos, y en cuanto a la Asamblea Nacional, bueno, hasta su presidente actual ya ha hablado de eso.

Si bien una Ley Electoral sería el espacio para introducir grandes transformaciones, no sería ocioso que la próxima Constitución fijara ciertos parámetros.

Reducir drásticamente la cantidad de miembros en las asambleas del Poder Popular – mucho menos de la mitad en todos los casos –, no mermaría ni la calidad ni la autoridad de dichas instituciones. Según varios estudios, la llamada diversidad cognitiva – variedad de individuos con distintas habilidades y conocimientos – demuestra que en grupos reducidos se puede deliberar mejor, así como alcanzar acuerdos más justos y rápidos. La doble representación, además de contribuir a lo anterior, serviría de antídoto contra los llamados “diputados forasteros” – muchos de ellos elegidos por sitios en los que jamás han puesto un pie – que ya llevan tiempo encendiendo debates. Las ventajas serían tantas… Mayor capacidad regulatoria y de control gubernamental, más actividad legislativa, mejores discusiones y acuerdos…

¿Qué formato de asambleas ayudarían a estos propósitos?

La Asamblea Nacional se compondría, invariablemente, de doscientos (200) diputados – 100 titulares y 100 adjuntos – más su Presidente, Vicepresidente y Secretario. Se reuniría cuatro (4) veces al año en plenario – cada tercer mes por un mínimo de tres (3) y un máximo de (5) jornadas – y en comisiones permanentes tal y como fijaran sus miembros en el calendario del parlamento.

En los municipios también se reducirían las circunscripciones – concejalías –, siempre determinadas por medio de un sistema de escalas que garantizaría cantidades similares de habitantes por cada par de concejales. Estas pudieran como sigue:   

De 1 a 50.000 hab., cuatro (4) concejalías (8 concejales)

           de 50.001 a 100.000 hab., ocho (8) concejalías (16 concejales);

           de 100.001 a 500.000 hab., doce (12) concejalías (24 concejales);

           de 500.001 a 1. 000.000 hab., dieciséis (16) concejalías (32 concejales), y

           de 1. 000.001 habitantes en adelante, veinte (20) concejalías (40 concejales).

En el Proyecto de Constitución, la naturaleza del Consejo de Estado no está muy clara. Hasta el día de hoy, este ha sido integrado por autoridades del estado, del gobierno y de múltiples asociaciones políticas y de masas. Sin embargo, el segundo párrafo del ART. 116 expone: “No pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal”. ¿De qué se tratará entonces? ¿de un comité permanente? De ser el caso, debería extenderse esa modalidad al nivel local.

Así, todas las asambleas del Poder Popular tendrían Comités Permanentes que las representarían y ejecutarían sus acuerdos. En lugar de profesionalizar al total de sus miembros, bastaría con que los plenos eligieran a aquellos representantes titulares que consideraran aptos para ocupar asiento en dichos órganos, incluyendo presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Cada asamblea impondría un límite del 25 %, que en las Municipales variaría según la cantidad de concejales y en la Nacional siempre sería cincuenta – 25% de 200 = 50 – más el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la misma.

Otro asunto sería el nombre. En el caso de las municipales podría ser Consejo Permanente; en el de la Asamblea Nacional, ¿Comisión General? ¿Consejo de Diputados? Igualmente es importante la frecuencia con que se reunirían. Lo ideal sería a finales de cada mes por tres (3) jornadas al menos. A sus sesiones, con el objetivo de contrastar opiniones, pudieran ser invitados delegados de las organizaciones de la Sociedad Civil.

¿Cómo se distribuirían los curules de la ANPP?

Existirían siempre 100 diputaciones repartidas por las provincias de acuerdo a su población y según los pasos siguientes: a) se dividiría el total de habitantes del país – actualmente 11 239.224 – entre cien (100), para obtener una cuota de distribución proporcional (CDP), o lo que es igual, cantidad de habitantes por diputación – 112.392 ahora mismo –; b) luego se dividiría el número de habitantes de cada provincia por esa (CDP), y c) se redondearía a entero la cifra resultante para determinar cuántos diputados enviaría cada provincia al parlamento. Independientemente de las cuentas, todos los territorios tendrían derecho a una diputación – dos (2) diputados – como mínimo. 

Presidente, Vicepresidente y Secretario de la ANPP deberían escogerse mediante otra fórmula. Al no representar directamente ninguna circunscripción, y jugando un papel fundamental no solo como órgano directivo, sino también como garantía de no paridad en las votaciones – 200 diputados + 3 presidencia –, durante el periodo electoral, la legislatura que termina podría seleccionar de entre sus miembros a aquellos con más años de experiencia y méritos, y luego el Consejo Nacional Electoral presentar dichos candidatos a la nueva legislatura.  

A modo de conclusión, está muy bien que las asambleas del Poder Popular se elijan cada cinco (5) años como indica el Proyecto de Constitución; pero sería mucho incluso mejor si los ciudadanos tuvieran la oportunidad – cada dos (2) años y medio – de ratificar a sus representantes, o simplemente cambiarlos. Estas otras elecciones serían parciales, pues nunca se confirmaría o removería más del 50 % de los asientos en cada asamblea. Tal medida no solo ahorraría unos cuantos procesos revocatorios, sino que también permitiría al nuevo Consejo Nacional Electoral sistematizar más su trabajo y, por tanto, ganar en eficiencia y autoridad.

 

 

Lic. Historia del arte y Diplomado en Periodismo (Universidad de La Habana) PhD Estudios Hispánicos (Universidad de Western Ontario, Canada) Trabajé como redactor reportero sobre temas culturales en Juventud Rebelde (2004 – 2008)

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