Un concepto de la cultura sesgado y discriminatorio

Alicia Rodríguez Alvisa, from the series Pulling, 2016

A propósito de la entrevista de Alina Estévez con motivo del Decreto 349, publicada en Granma

Por Anamely Ramos González

“…el Caribe no es un mundo apocalíptico. La noción del apocalipsis no ocupa un espacio importante de su cultura. Las opciones de crimen y castigo, de todo o nada, de patria o muerte, de a favor o en contra, de querer es poder, de honor o sangre, tienen poco que ver con la cultura del Caribe; se trata de proposiciones ideológicas articuladas en Europa que el Caribe sólo comparte en términos declamatorios, mejor, en términos de primera lectura.” La isla que se repite. Antonio Benítez Rojo

La primera cuestión que salta a la vista en el artículo del Granma, y que ya he observado en otras ocasiones al escuchar argumentos pro decreto 349, es lo complicado que resulta explicar para quién es y para quién no es el decreto en cuestión.

La explicación es siempre tan larga y con tantos pliegues que enseguida surge la duda de por qué no fue redactado de otra manera, más concreta, más cercana a sus objetos o sujetos de aplicación. Incluso algunos de esos “no es para…” parecen contradecir otros, de tal manera que se hace difícil comprender a primera vista y al final queda una incómoda sensación de ambigüedad.

Es por esto que las normas complementarias que están siendo redactadas tendrán que ser exhaustivas e incluso podrían contradecir el propio decreto, en aras de enmendar su carácter totalizador. Es un contrasentido.

El decreto es amplísimo, como si quisiera matar muchos pájaros de un tiro. Sin embargo, la funcionaria Alina Estévez, que ofrece la entrevista, deja claro que “la implementación del decreto se concentrará en contravenciones muy específicas” y eso no me alivia, más bien me asusta.

Un decreto planteado de manera tan general para al final ser aplicado de manera puntual es más peligroso, sobre todo porque dichas normas se escriben siguiendo nociones ambiguas “el carácter obviamente lesivo a los intereses públicos”.

Lo que me parece es que el decreto está mal planteado de base, supone que hay un grupo, o sector, o personas que tienen “mal gusto”, “malas costumbres”, etc. y que están llevando todo esto al espacio público, contaminando a las personas que no lo tienen.

Supone que hay otro grupo “vanguardia” que está en la obligación de parar esto, de reformar, de orientar. Para esto se refuerza la autoridad del Ministerio de Cultura. Con su actuación oportuna todos debemos respirar aliviados, pero OJO: toda nación tiene sus “otros” y es justamente en advertir y analizar quienes son esos “otros” en cada momento, donde está la posibilidad de identificar también las limitaciones de las políticas y avizorar sus consecuencias discriminatorias. 

Creo que el problema de la vulgaridad, la chabacanería etc, es un problema de TODA nuestra sociedad. Con esto no quiero decir que todos seamos unos vulgares, sino que es un problema social de muchas aristas, con muchos tentáculos y con muchas causas y como tal hay que entenderlo y tratarlo pero no por unos pocos, por todos, sin descartar a esos supuestos “otros”.

Creo que toda sociedad sana debe generar múltiples espacios de sociabilidad, a niveles diferentes y articulando en ellos sus gustos, intereses, sus propias formas de sensibilidad y desde allí aprender a respetar las de los otros grupos, tan legítimos e importantes como ellos.

Muchas veces esas formas de consumo cultural “chatarra” como se ha llamado, se introducen y dominan porque han faltado o fallado esas formas de sociabilidad espontánea y autogeneradas por las personas. No vamos a cambiar esto con un decreto y es autoritario siquiera pensarlo de esa manera, es también un tipo de penetración cultural.

Mi opinión no es apostar por el “vale todo”, es apostar por el poder y la necesidad de las personas de ser y construirse a sí mismas y en comunidad. Es desmarcarse de comportamientos autoritarios en materia cultural en un momento en que se hace absurdo pensar así en el mundo y en Cuba.

Creo que es tan dañino atribuir todo poder de legitimación al mercado como a un grupo de funcionarios. (¡Y en Cuba ahora mismo! Donde las instituciones culturales están debilitadas visiblemente porque los artistas no quieren dirigirlas y prosperan los “cuadros” en esos puestos o la doble dirigencia. El propio Fernando Rojas es Viceministro de Cultura y además Presidente del Consejo de Artes Escénicas, y esta situación se reproduce en otras instituciones.)

El autoritarismo también es una forma de vulgaridad, más esencial y corrosiva que la vulgaridad digamos estética. Un hombre llega a una reunión pactada, tarde, hosco, no explica nada a los presentes, entra a ella y dirige la misma dando o negando la palabra según cree oportuno y responde a medias las inquietudes. Luego termina la reunión cuando lo cree conveniente y se va sin cambiar un ápice su pensamiento y su espíritu, sin que haya ocurrido un diálogo real. ¿Eso no es vulgar? ¿Y cuándo ese tipo de comportamiento, típico en nuestra sociedad, se hace natural? Creo realmente que el Decreto 349 es autoritario, parte de un concepto de la cultura sesgado y discriminatorio. En este sentido, lo considero un decreto vulgar y debería aplicarse a sí mismo.

Las preocupaciones de los intelectuales que menciona el artículo, como Desiderio Navarro o Fernando Martínez Heredia, lamentablemente fallecidos, son legítimos pero con certeza tenían detrás una compresión más amplia del asunto y en las posibles soluciones no creo que pensaran simplemente en un decreto. Es posible que también pensaran, como yo y como muchas personas con las que he hablado, en nuestra televisión nacional, llena de contravenciones según el decreto o en la liviandad en el uso de los símbolos patrios o de algunos héroes por parte del Fondo de Bienes Culturales. ¿Entra eso en la mira del decreto? Creo que todo esto demanda un debate amplio, con todos. Demanda más que un artículo donde se interpretan las reuniones realizadas con grupos de artistas (como si estos no pudieran hablar por sí mismos y exponer lo que creen), se asumen las opiniones de unos y se descartan las de otros como si de un casting se tratara.

Y el debate, en efecto, debe rebasar el decreto.

Debe alcanzar también las bases de nuestra política cultural, fórmula naturalizada que también debe ser actualizada, al menos repensada, así como esas expresiones tan comunes en nuestras leyes y regulaciones, y enfermas de ambigüedad, como “los intereses de la nación”.

Lo mismo que sucede con el decreto en materia cultural sucede con este tipo de enunciaciones a nivel de la sociedad entera, defiende abstracciones más que personas concretas y sus prácticas concretas y propias.

Urge humanizar las leyes y las prácticas políticas, como vía a la participación y a la construcción de un futuro. Porque siempre detrás de las abstracciones y de la lógica maniquea se esconde un poder que tiene miedo a mirar la realidad, a dialogar con ella, a perder poder.

Y lo terrible es que esa lógica termina por diseminarse en todos, alcanzarlo todo y ya no conseguimos mirar sin los anteojos de la bipolaridad y del atrincheramiento. Entonces no, no hay que defender a los artistas, no hay que defender a la cultura popular, ni a la cultura cubana. Tenemos TODOS que salirnos de la lógica del autoritarismo.

 

 

Anamely Ramos González (Camaguey, 1985). Licenciada en Historia del Arte y Máster en Procesos Culturales Cubanos. Profesora del ISA, donde imparte Arte Cubano y Arte Africano. Curadora independiente y crítica de arte. Recientemente coordina el proyecto Fórum Loyola, de debate social en torno a temas cubanos de actualidad.

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