CLACSO publica el libro “Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992”

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 Por Julio César Guanche

La política cubana posterior a 1959 reelaboró el concepto de democracia a partir de la centralidad de la justicia social, la multiplicación de los actores políticos y la independencia nacional.

El proceso se orientó a la integración social del pueblo como clave de su transformación en sujeto colectivo. En 1976 se dotó de una Constitución que institucionalizó las formas de participación ciudadana. En 1992 una extensa reforma fijó nuevas condiciones de desarrollo para ese objetivo.

El sistema institucional cubano ha funcionado desde entonces sin interrupciones, reconoce mecanismos de participación directa y las elecciones han sido convocadas con regularidad, transparencia del escrutinio y altos índices de participación electoral. El hecho es explicable por la legitimidad histórica del poder revolucionario y de la figura de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa del sistema que ha conseguido inclusión social, equidad y soberanía nacional, y por diversos grados de presión política y social.

Sin embargo, el diseño institucional está sometido a tensiones contradictorias en su interior. Por un lado, busca promover la participación política, por otro concentra y centraliza poder y desestimula con ello la participación. De hecho, las prácticas representativas prevalecen sobre las participativas, en una contradicción con los objeticos declarados por el discurso institucional.

Las experiencias de cambio social desarrolladas hoy en América Latina han recolocado el tema de la participación en un lugar central, con una recuperación creativa del contenido clásico del republicanismo y del socialismo en cuanto régimen del autogobierno, esto es, de la participación directa de los ciudadanos en la gestión pública.

La reflexión sobre el contenido de la Constitución cubana vigente tras la reforma de 1992 reclama atención no solo por urgencias específicamente cubanas sino por un hecho que alcanza al contexto regional: la necesidad de reconstruir el paradigma de la democracia desde las condiciones socioestructurales e históricas de la región, marcadas por una inveterada exclusión social y un concepto patrimonial de la política.

Esta investigación recoloca el tema en los debates teóricos-políticos cubanos a partir de una comprensión republicana democrática. Recupera y confronta saberes provenientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de corrientes teóricas cuyas ideas apenas circulan en el contexto nacional.

En un plano específico, esta investigación contribuye a colocar en el campo de las opciones políticas cubanas respuestas a dos problemas: la debilidad de las formas de ejercicio directo de poder y las carencias del control concreto sobre la actuación estatal.

En esta argumentación, la concentración y la centralización de poder son incompatibles con la promoción de la participación, y, al mismo tiempo, la desconcentración y la descentralización, para ser democráticas, deben orientarse hacia la socialización del poder y la soberanía ciudadana.

Para ello, se proponen posibilidades de rediseño del sistema institucional de la participación/representación política con la ampliación—y la facilitación del empleo— de los instrumentos de democracia directa y del control sobre la representación.

De modo inusual en Cuba, el ejercicio de derechos individuales y colectivos se considera aquí como otra forma de participación. La práctica cubana siguió el modelo constitucional de hacer precedentes los derechos sociales sobre los individuales. El principio de precedencia configura un patrón asistencialista de participación. Se hace necesario reforzar la base institucional del ejercicio de derechos como clave de la participación autónoma de la ciudadanía. En esta comprensión, el ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales que los aseguran, y de su sistema de garantías jurídicas— es un recurso para subordinar el Estado a la sociedad. Por ello, propongo la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos y de control constitucional.

Por otro lado, a partir del análisis del sistema institucional de la representación política —nominación, mandato, rendición de cuentas y revocación— se proponen garantías materiales y jurídicas para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder, a través de representantes, a la intervención en la dirección del Estado.

En todos los casos, la argumentación teórica, el análisis de la práctica política y las recomendaciones que se hacen, parten del trabajo empírico realizado con investigaciones de campo, análisis de datos y entrevistas a expertos, funcionarios estatales y ciudadanos.

En un plano general, la investigación contribuye a defender la necesidad de radicalizar democráticamente el sistema institucional cubano de la participación, en contraposición a la imaginación liberal. Sitúa las necesidades de la «democratización de la democracia» en el continuo de las necesidades republicanas: la promoción de la autoorganización popular, la independencia política de las organizaciones sociales, la autonomía de la persona, la socialización de la propiedad y el fomento de formas asociativas desmercantilizadas.

Se argumenta como, para alcanzar mayor desarrollo democrático, el Estado cubano debe convertirse en actor de importancia decisiva, no único, en la transformación social con equidad. Se afirma que es preciso construir poder desde lugares diferentes —Estado, poderes públicos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas—, en un espacio político regido por los principios de autonomía y cooperación, con la participación directa de las bases en la elaboración, ejecución y control de la política estatal hacia este horizonte: la construcción colectiva del orden.

En Cuba se modifica hoy el perfil de lo que ha sido el socialismo en su historia nacional. Los procesos de descentralización parecen ser la guía de las remodelaciones. Hasta el momento, ellas se han pronunciado básicamente sobre el campo económico, pero las tranformaciones modificarán bases políticas.

En ese contexto, la afirmación de la participación ciudadana es el único expediente eficaz para procesar el conjunto de cambios con consenso social.

Una conclusión resultante de este estudio es que la posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en el SP cubano enfrenta numerosos obstáculos, provenientes de su ambiente, pero también del propio perfil del modelo.

En consecuencia, afirmo que la acumulación de los desgastes causados por tales obstáculos reclama una sustitución del modelo mismo de participación política. Las soluciones a los problemas antes considerados pueden encontrarse en varios órdenes: ejercer efectivamente prerrogativas ya consagradas, transformar el sentido de las regulaciones vigentes que otorgan prevalencia a la soberanía estatal sobre la soberanía ciudadana y habilitar nuevos mecanismos de participación que empoderen a la ciudadanía a través de la participación directa y el control de la representación. Si la reforma de 1992 habilita constitucionalmente el conjunto de cambios económicos que hoy se proponen, por la magnitud de los desafíos políticos que ellos plantean se estima que es aconsejable encararlos a través de un proceso constituyente nacional.

Estos contenidos son abordados en el libro Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, de Julio César Guanche, que acaba de ser publicado por CLACSO, en su colección Becas de Investigación.

El Estado como precondición de los derechos: beneficios y límites de una concepción relevante para América Latina

   El costo de los derechos

Descargue aqui  el prologo y la introduccion de El Costo de los Derechos, de Stephen Holmes y Cass Sunstein

Por Juan González Bertomeu

El texto que a continuación se reproduce es el prólogo de Juan F. González Bertomeu a la edición castellana del libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein, El Costo de los Derechos, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2011. Se reproduce aquí con el amable permiso de la editorial.

Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes: así podría resumirse la tesis central del valioso libro que prologo. Para Stephen Holmes y Cass Sunstein, la pregunta ¿qué derechos garantiza una comunidad? no puede responderse (sólo) mirando la Constitución de esa comunidad sino, muy especialmente, estudiando cuántos recursos se destinan a asegurar su cumplimiento. Los derechos cuestan dinero. Todos ellos, ya se trate de las libertades tradicionales a la no interferencia estatal (libertades negativas), ya de los derechos sociales, usualmente identificados como aquellos que exigen el despliegue de una actividad más directa por parte del Estado (libertades positivas).

 Para los autores, justamente, esta dicotomía es engañosa. Porque su satisfacción cuesta dinero, porque ella requiere la prestación de un servicio público activo, todos los derechos son positivos. Los derechos sociales muestran más claramente esta dimensión, la necesidad de la prestación estatal. Esta prestación queda más oculta en el caso de las libertades negativas. Igualmente existe: ni la más negativa de las libertades podría ser garantizada en ausencia de un deber estatal, y tal deber sólo merece ser tomado en serio cuando se destina parte del presupuesto tanto a satisfacerlo en forma directa cuanto a penar su incumplimiento.

 Según Holmes y Sunstein, esas libertades significan bien poco si se las toma meramente como inmunidades contra la intervención estatal, sin considerar el aparato burocrático que debe concretarlas en la práctica. Dicho sea de paso, todos los derechos son también negativos: la demanda de una persona por acceder a una vivienda se transforma, una vez satisfecha, en una por conservarla de interferencias indebidas; el derecho de una niña a acceder a la educación sólo puede garantizarse si el Estado o un tercero no pueden restringirlo.

 La idea del libro es clara y sencilla, y su contribución es significativa. El libro debilita la noción de que el Estado es por definición el enemigo de la libertad y los derechos, de que un Estado fuerte sea necesariamente uno abusivo. Sus autores muestran de manera convincente que los derechos carecen de virtualidad práctica en ausencia de un Estado que vele por su protección (es en cambio al defender un Estado débil que se exhibe un bajo compromiso con ellos). Además, desnuda la falsedad de uno de los argumentos principales empleados para negar el carácter exigible de los derechos sociales, según el cual lo que hace tan costosos estos derechos –a diferencia, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos– es la necesidad de que el Estado brinde un servicio a sus beneficiarios. Como vimos, la vigencia de los derechos civiles y políticos tampoco puede entenderse sin la existencia de un servicio público. Seguir leyendo “El Estado como precondición de los derechos: beneficios y límites de una concepción relevante para América Latina”