Derechos y garantías en la reforma constitucional cubana de 1992

Por Julio César Guanche

Hacia 1976 se había desvalorizado en Cuba el papel de la institucionalidad jurídica y política de protección de derechos, al tiempo que se valorizaban extraordinariamente las garantías materiales para su protección. Entre las causas de este hecho, se encuentran la crisis de la institucionalidad burguesa previa a 1959, la rápida defección del nuevo proceso social de los sectores medio y alto de la burguesía y el repudio de sus instituciones, la crisis de resolutividad del derecho para dar cuenta de nuevas necesidades y la obra social desarrollada por la Revolución.[*]

Para la Constitución de 1976 el Estado era la encarnación misma de «los intereses colectivos de toda la población trabajadora» (Azcuy 2000, 74). Por tanto, la regulación constitucional no podía privilegiar los mecanismos de defensa de derechos individuales, que la reforma de 1992 mantuvo intactos respecto a su consagración en 1976.

La Constitución cubana no usa la distinción entre los derechos económicos, culturales y sociales, y los civiles y políticos presente en la doctrina sobre derechos humanos posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero tampoco aclara si los derechos serán de igual jerarquía y fuerza.

El ordenamiento y la práctica legales siguieron la filosofía de hacer prevalentes los derechos sociales sobre los individuales. Desde el punto de vista político, ello configura un patrón asistencialista de participación. Crea un ciudadano pasivo a la espera de la provisión pública de bienes y servicios.

Es un problema que afronta, también, a su manera, el liberalismo:

los derechos liberales y los derechos a recibir prestaciones sociales se otorgan en términos paternalistas, pues resultan funcionales para la institucionalización de los sistemas económico y administrativo. […] Como consecuencia, Habermas caracteriza la orientación predominante de los ciudadanos frente al gobierno en términos de «alto output-bajo input», es decir, por una renuncia privatista a la parte activa del papel de ciudadano, que queda de este modo reducido a la categoría de un «cliente» pasivo del Estado social, cuyas únicas contribuciones al bien común se limitan al voto y a los impuestos. (Melero de la Torre 2001, 193)

Para la ciudadanía demorepublicana, la capacidad de ejercer el conjunto de derechos —individuales y sociales—, configura un tipo de partipación política orientada hacia la autonomía y la independencia personales. Desde esta imaginación, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sustituye el principio de precedencia de un tipo de derecho sobre otro por el de «progresividad», que supone el crecimiento cuantitativo de los derechos y el crecimiento cualitativo de su interrelación a partir de su irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia.

La Constitución cubana dispone un capítulo específico para los derechos fundamentales, en el cual se plasman todos los consagrados por la Declaración Universal de 1948, con excepción de tres: el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de circulación y emigración, que aparecen regulados en leyes específicas —Código Penal, Código Civil y Ley de Migración no. 1312 de 1976 (modificada por el Decreto Ley No. 302, de 16 de octubre de 2012), además de disposiciones de los organismos de la Administración Central del Estado, respectivamente.

La Constitución establece un conjunto de principios que deben considerarse como derechos: la igualdad, la participación y el derecho de petición. Varios de ellos son extraíbles del cuerpo constitucional, algunos corresponden a los llamados de «tercera generación» —como el derecho a un medio ambiente sano— y derechos al deporte, a una vivienda confortable, a la defensa de la patria, entre otros. (Torrado 2003)

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los respectivos pactos de la ONU, se encuentran mayoritariamente reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano (Delgado Sánchez 2009). En específico, están consagrados todos en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales.

La declaración constitucional cubana de derechos no es atrasada para el año 1976, pero lo es respecto a 2010, Seguir leyendo “Derechos y garantías en la reforma constitucional cubana de 1992”

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Ayer, hoy y mañana de la Constitución cubana

Por Tania Chappi Docurro

El espacio de debate Último Jueves, de la revista Temas (correspondiente a octubre de 2012), tuvo lugar en la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Esa vez  Temas impulsó el intercambio de criterios en torno a “20 años. La reforma constitucional de 1992”. A vuelo de pájaro podría decirse que, según los presentes, los cambios realizados entonces a la Constitución fueron positivos, pues se flexibilizó la política económica, se elaboró una Carta Magna menos deudora de postulados del socialismo soviético, más acorde a las realidades y a la identidad cubanas. No obstante, afirmaron también, las transformaciones resultaron insuficientes y, debido al “proceso de actuali-zación” por el que en estos momentos transita la Isla, cada vez lo son más. Por lo tanto, Cuba necesita volver a reformar su Constitución, e incluso, señalaron algunos, elaborar una nueva. Asimismo, expertos y público coincidieron en que los postulados de la Ley de leyes suelen desconocerse y violarse.

Desde el auditorio se formularon interrogantes como: ¿Qué tópicos deberá reflejar un nuevo proyecto constitucional? ¿Qué pasos se van a dar, a tono con las actuales relacio-nes entre la Iglesia y el Estado, en cuanto al marco jurídico para ellas?  Si se plantea que el Estado es de todos y el Partido es el de la nación cubana, ¿por qué gracias al artículo 5 de la Constitución el PCC es el rector fundamental de la sociedad y está más allá del control popular? Igualmente: ¿Por qué no funcionan los mecanismos que están en la letra de la Constitución; no tiene que ver con los mecanismos reales de poder que se ejercen a través de las estructuras verticales de la sociedad? Otro de los asistentes mani-festó: los juristas y sociólogos cada vez hacen más referencia al emergente constitucio-nalismo democrático latinoamericano. Cuba se halla dentro del contexto del ALBA, ¿eso ejercería alguna influencia en una futura reforma constitucional?

Si fuera a publicar esta información en un diario, tal vez escribiría solo esto, pero, como en realidad no me agradan las reseñas periodísticas que describen el traje y escamotean el alma –práctica tan en boga y de la cual tampoco yo he podido escapar-, cederé el es-pacio a los protagonistas de esa tarde. Fueron ellos Orlando Cruz, Dr. en Ciencias His-tóricas, investigador en el Instituto de Filosofía; Julio César Guanche, jurista, investiga-dor; Ulises Aquino, cantante, director de la Ópera de la Calle; Rafael Hernández, direc-tor de la revista Temas, moderador del encuentro; y una nutrida concurrencia, juriscon-sultos incluidos, que desafió un verdadero diluvio para acudir a la cita.

Rafael Hernández comenzó con un viaje en el tiempo: “¿Cómo eran las cosas hace 20 años? Tuvieron que ver con el IV Congreso del Partido en octubre de 1991, uno de cu-yos acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional una reforma de la Constitución de 1976. La Asamblea la sometió a reforma en 1992 y aprobó un texto constitucional nue-vo. Según las estadísticas de entonces, en aquella sesión del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron 296 intervenciones de diputados, que dieron lugar a correcciones. La nueva versión de la Constitución suprimió 16 artículos presentes en la de 1976, se modificaron 64 y se introdujeron 13. En consecuencia, la mayor parte del texto constitucional fue modificado de manera parcial o total.”

¿Por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional en 1992? Seguir leyendo “Ayer, hoy y mañana de la Constitución cubana”