Filosofía, lengua castellana y modernidades

 

Por Antoni Doménech y María Julia Bertomeu

 En su España defendida (1609), el joven Quevedo se sintió obligado a llevar

el celo de su apología patria a la misma filosofía:

“¿Por ventura en España halló aplauso vuestro Pedro de Ramos [Petrus Ramus: 1515-1572], perturbador de toda la filosofía y apóstata de las letras? ¿Cuándo abrió en España nadie los labios contra la verdad

de Aristóteles? ¿Turbó las academias de España Bernardino Tilesio o halló cátedras como en Italia? ¿Tiene acá secuaces la perdida ignorancia del infame hechicero y fabulador Teophrasto Paracelso, que se atrevió a la medicina de Hipócrates y Galeno, fundado en pullas y cuentas de viejas y en supersticiones aprendidas de mujercillas y pícaros vagamundos? (…) ¿Qué desechó España por falso y vil que no  hallase estima en vuestra superstición y prejuicio en vuestros libreros?  ¿Qué sagrado libro no manchó Melanchton? ¿Qué ánimo no llevó tras sí la cavilosa adulación de Lutero? ¿Qué no creísteis a Calvino?”

La prodigiosa prosa de Quevedo logra concentrar en un solo paso todos los tópicos que, andando el tiempo, se aducirán para explicar, digámoslo así, la pretendida insuficiencia del pensamiento moderno expresado en vulgar castellano. No falta aquí ninguno: ni la rotunda negativa a poner en cuestión, siquiera en duda, “la verdad de Aristóteles”; ni el hidalgo desprecio de la villana plebe, de las “mujercillas” y los “pícaros vagamundos”; ni, claro está, el esterilizador caveant tridentino –hechura española donde las hubiere– ante todo lo que huela a Reforma protestante y a barbarie septentrional.

Tópicos sobre otros tantos tópicos. Porque –ya veremos con qué verdad cada uno de ellos– son también lugares más o menos comunes:

1) Que la filosofía moderna arranca de una radical ruptura con Aristóteles, en epistemología y en metafísica, no menos que en filosofía práctica: ¿no suele presentarse al radicalmente antiaristotélico Hobbes en todos esos campos como campeón de la modernidad?

2) Que la filosofía moderna, en epistemología y en metafísica, no menos que en filosofía práctica, ha concedido razón y experiencia a la villana plebe y aun a las mujercillas: ¿no se cartearon filosóficamente Descartes y Leibniz con mujercillas, bien que distinguidas? ¿No conversaba de filosofía y de geometría analítica Descartes –en vulgar francés– con su criado Gillot? ¿No raciocinaban mejor en vulgar inglés ciertos campesinos observados

por Locke que los filósofos peripatéticos en estudiado latín? Y si hay que creer a Heine, ¿no restituyó Kant a Dios en su filosofía práctica, después de haberlo destruido en la teórica, para dar alivio y satisfacción a su criado Lampe?

3) Y en fin: que la filosofía moderna va íntimamente unida a la cultura desarrollada en suelo protestante, o, como en Francia, fecundado al menos por la Reforma.

(…)

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México: Aquel 18 de marzo de 1938, cuando se expropió el petróleo

petroleo

Por Adolfo Gilly

La reunión de gabinete en la cual el presidente Lázaro Cárdenas anunció la decisión de expropiar a las empresas petroleras y obtuvo su aprobación tuvo lugar el viernes 18 de marzo a las 20 horas. Eduardo Suárez, el secretario de Hacienda, refirió en sus memorias su participación en esa reunión. Dice que días después de su conversación con el Presidente, a la salida de la entrevista que tuvieron el 7 de marzo con los representantes de las empresas petroleras, precisamente el día 18 de marzo,

“el señor Presidente me citó para que me presentase en su domicilio particular en Los Pinos. Esperé un poco en la antesala y vi salir al señor licenciado Lombardo Toledano, secretario de la Confederación de Trabajadores de México, y a los líderes del Sindicato Petrolero. Enseguida el señor Presidente me invitó a que lo acompañara en su automóvil a que diéramos algunas vueltas por el Bosque de Chapultepec, para ponerme al tanto de lo que había determinado que debía hacerse y para que nos reuniésemos posteriormente con los miembros del gabinete presidencial, a quienes tenía reunidos en el Palacio Nacional.

“Durante el trayecto me pidió que explicara en su nombre al Consejo de Ministros todos los esfuerzos que se habían hecho para llegar a un acuerdo con los trabajadores de la industria petrolera y con las empresas; que la huelga estaba ya causando muy serios trastornos a la economía nacional y que no podía continuar así por tiempo indefinido pues, como yo sabía, la industria y los transportes de México se movían principalmente con productos del petróleo y que la huelga, de prolongarse algunos días más, tendría la consecuencia de paralizar la economía nacional; que en vista de la intransigencia de las compañías para negociar, no le quedaba más remedio que expropiar los bienes de las compañías petroleras en su integridad, y que ya había dado instrucciones a la Secretaría de Economía Nacional para que se preparasen los efectos correspondientes.

“Llegamos a Palacio, y en el salón de Consejo de la Presidencia de la República el señor general Cárdenas me dio la palabra para exponer lo que habíamos hablado en nuestro paseo por el Bosque de Chapultepec. Todos los ministros aprobaron la resolución tomada, y el decreto de expropiación fue firmado ahí mismo por el señor Presidente y refrendado por el señor don Efraín Buenrostro, secretario de Economía Nacional, y por mí, en mi carácter de secretario de Hacienda.”

En ese momento, 18 de marzo a la tarde, eran por los menos tres los secretarios de Estado al tanto de la decisión del Presidente: uno, el general Múgica, con quien la discutió el 9 de marzo y a quien encargó al día siguiente preparar el manifiesto a la nación que sería leído esa noche; los otros dos, informados ese 18 de marzo con anterioridad a la reunión de gabinete, el secretario de Hacienda Eduardo Suárez, encargado de presentar el informe en dicha reunión, y el secretario de Economía Efraín Buenrostro, encargado de preparar las medidas administrativas. Parece lógico suponer que a esa altura el secretario de la Defensa Nacional, Manuel Ávila Camacho, también estaba al tanto de la decisión que Cárdenas comunicaría en esa reunión. Seguir leyendo “México: Aquel 18 de marzo de 1938, cuando se expropió el petróleo”

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

aguadefensamayo2010Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales. Seguir leyendo “A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana”

Propuestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la sociedad cubana

1. Paisaje cubano (Small)

Antes de cesar en sus funciones como editores de Espacio laical, Roberto Veiga y Lenier González preparaban un libro sobre sociedad y política en Cuba, bajo el auspicio de dicha revista. Se trataba de una compilación en la que participaban analistas de la realidad nacional (Carlos Alzugaray, Julio César Guanche, Rafael Rojas, Haroldo Dilla y Armando Chaguaceda) y los dos ex-editores.  Ante la malograda edición del libro, La cosa publica, en exclusiva, el texto que, como prólogo, debía presentar dicho volumen. Ha sido escrito por el Dr. Juan Valdés Paz, uno de los intelectuales más importantes del país, con una vasta obra escrita y publicada sobre temas de sistema político, el socialismo, el nacionalismo y la democracia. Parafraseando a Valdés Paz, sirva también el presente texto “como un homenaje a la revista Espacio Laical y sus (ex) editores por su apreciable esfuerzo.”

 Por Juan Valdés Paz

La presente compilación de textos, realizada por Roberto Veiga, incluye 17 artículos publicados en la revista Espacio Laical desde el año 2008 hasta 2013. De entre ellos se destacan los siete firmados por el propio Veiga y los cuatro firmados por Lenier González, ambos destacados intelectuales católicos, editor y sub editor respectivamente de la revista y promotores del Centro Cultural Padre Félix Varela dela Arquidiócesis de La Habana, así como del proyecto político Casa Cuba acunado en éste.[1]

Los artículos de Veiga y González constituyen el núcleo duro de la compilación y los que levantan los principales temas, en gran medida compartidos, sobre los que inciden los restantes trabajos. Algunos de estos temas son:

  • El diagnóstico socioeconómico y sociopolítico de la sociedad cubana actual. Cambios estructurales y tendencias.
  • El alcance, ritmo y estilo, de la reforma económica en curso
  • Su complementación con una reforma política y civil
  • La reforma del Estado
  • El papel del Gobierno en esos procesos de cambio
  • La ampliación de las libertades y las responsabilidades sociales
  • La instauración de un Estado de derecho
  • La reforma de la Constitución de la República y su implementación irrestricta
  • La reforma del sistema de representación y participación social y política
  • La creación de una esfera pública autónoma, comunicacional y deliberativa.
  • La refundación del PCC
  • La creación y desarrollo de una clase política. El relevo generacional.
  • El papel de las Instituciones Armadas en el proceso de reforma y en el futuro de la sociedad cubana.
  • La promoción de una cultura de la inclusión, del diálogo y del debate
  • El papel de la Iglesia Católica y de su laicado.
  • El papel de la intelectualidad
  • El proyecto de nación. Los consensos mínimos.

Sobre todos estos temas, y otros más, los autores adelantan numerosas propuestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la sociedad cubana.

Los textos de Veiga y de González en particular, se caracterizan por su ubicación al centro del espectro político, el cual advierten cada vez más diverso y menos representado en las actuales instituciones políticas y civiles del país.

Desde este centro, no tan distante de propuestas del gobierno cubano, enuncian políticas reformistas graduales; así como numerosas reformas puntuales que, opinan, están ausentes en el actual proceso y que son tan necesarias como posibles. En esta perspectiva entienden que las reformas, necesarias o deseables, admiten la conciliación y permanencia de algunas de las instituciones que han caracterizado al régimen revolucionario cubano en estas décadas, tales como: la primacía de la defensa y ejercicio de la soberanía nacional; la política social de la Revolución; el papel de Raúl Castro y la dirección histórica en la legitimización del gobierno y las políticas de reforma; el papel dirigente del PCC;  el papel de las Fuerzas Armadas; la opción socialista de desarrollo; el papel regulador del Estado en la economía y la preservación de un sector estatal de la economía a cargo de los “sectores nacionales estratégicos”, etc.

Obviamente y a la par, estas reformas deberían acompañarse de importantes reformas constitucionales, institucionales e ideológico-culturales, signadas por el regreso a la tradición martiana y a su paradigma de una República “con todos y para el bien de todos”. También en esta perspectiva, los autores reclaman una reforma política y civil que acompañe desde ahora la reforma económica en curso y de cuenta de la diversidad social y la pluralidad política de la sociedad cubana actual.

Los textos de Rafael Rojas y Armando Chaguaceda tributan a estos temas y a las propuestas de Veiga y Lenier, desde una perspectiva más liberal, con críticas más puntuales al Gobierno cubano y enfatizando aspectos más relacionados con un cambio de régimen. Rojas reitera sus anteriores críticas a las limitaciones de los derechos políticos y civiles en Cuba, los cuales se derivan de su excepcional ordenamiento constitucional e institucional; igualmente, Chaguaceda reclama un mayor desarrollo, politización y empoderamiento de la sociedad civil; así como el reconocimiento del pluralismo político. Los dos advierten el desempeño del PCC como un obstáculo a una reforma generalizada de la sociedad cubana.

Por otra parte, los autores Julio César Guanche y Carlos Alzugaray complementan con sendos artículos los temas centrales de la compilación: el primero, refiriéndose a los antecedentes históricos y martianos de un proyecto de nación basado en una irrestricta democracia popular; el segundo, señalando el peso del entorno internacional en la viabilidad del proyecto nacional y la necesidad de un marco regional de integración económica y de concertación política, caso de la CELAC, para compensar los obstáculos geopolíticos que enfrenta Cuba.

Este conjunto de textos y de temas han sido elaborados con la seriedad y nivel de argumentación necesaria a un debate interno de las estrategias de reformas actuales o por venir, en la sociedad cubana. No obstante, considero que su lectura demanda tanto un cierto rigor en el examen de los temas levantados, como una recepción desprejuiciada de los argumentos presentados, juzgándolos por sus propios méritos. Al respecto me parecería útil enumerar algunas “categorías” con las que debería abordarse su lectura y estimación, a saber:

  • La primera cuestión que subyace a toda reforma en curso, es la cuestión del poder político y social instaurado por la Revolución de 1959. Las reformas en curso, deseables y posibles, deberán asegurar la preservación de un poder al servicio de la independencia nacional y de los intereses de las grandes mayorías. Ese poder deberá mostrar la voluntad de una reforma permanente de la sociedad cubana y ejercerse “con todos y para el bien de todos”.
  • Como toda sociedad, la cubana es una totalidad y un sistema social. Las reformas en las estructuras o en los mecanismos de alguno de sus subsistemas -político, económico, civil, ideo cultural, etc.- tienen efectos sobre el sistema social y sobre otros subsistemas. Estos efectos pueden estar previstos pero nunca lo estarán del todo, lo que implica complementar o corregir las políticas en curso o las propuestas desde fuera del Gobierno, de cara al comportamiento real del sistema y de su entorno.
  • El sistema social es mucho más complejo que los modelos de que nos valemos para evaluarlo. Estos modelos pueden ser representaciones del sistema real establecido o de un sistema ideal de cual son portadores los políticos e intelectuales críticos. La crítica del sistema social o de sus subsistemas desde estos modelos puede implicar la subversión de los mismos o su reforma. Otras experiencias suelen utilizarse para argumentar una posición u otra, pero nunca darán cuenta suficiente de la sociedad real que se examina, para el caso, la cubana.
  • Si la propuesta no es subvertir el sistema o alguno de sus subsistemas, el problema de toda política reformista es definir cuánto tendrá de continuidad y cuánto de cambios. En un escenario nacional dado, caso de Cuba, la cuestión es cuánto se propone cambiar el gobierno con sus reformas y cuánta continuidad aceptarán los reformistas críticos y opositores.
  • Los sistemas sociales y sus subsistemas son históricos y sujetos a procesos de cambio espontáneos o inducidos. La temporalidad del sistema nos permite compararlo con su pasado o con su futuro. Su pasado es la sociedad real que ha sido transformada en mayor o menor medida; el futuro es la sociedad que resultaría de las políticas en curso y de los objetivos programados. Esta doble perspectiva permite comparar la realidad social conformada por la Revolución con la sociedad cubana precedente a la cual se propuso y alcanzó superar; y a la vez, comparar las tendencias observadas, con la propuesta de sociedad futura de los gobernantes o eventualmente, de sus críticos.
  • Otra manera de examinar el sistema social conformado es atender al orden institucional establecido o a las instituciones comprendidas en cada subsistema. Este orden institucional aparece por un lado como una normativa y por el otro como el orden realmente existente; entre normativa institucional y orden real hay una diferencia o desvío al cual podemos llamar su “régimen”. Cerrar esa brecha o desviación es una fuente de reformas posibles, aunque no sea la única.
  • La República del nacionalismo radical cubano, en la tradición del republicanismo revolucionario, no es tan solo una forma de gobierno sino un cierto ordenamiento de la sociedad cuyo fundamento es la soberanía nacional y ciudadana. Es este ordenamiento el que incluye y conforma al Estado de la República y a su gobierno, pero donde, como se señala más arriba, el poder está al servicio de la emancipación humana y de los intereses de las grandes mayorías.
  • La sociedad histórica cubana, como todo sistema social, ha estado sujeta a restricciones internas y constricciones externas de todo tipo. De entre ellas, la proyección imperialista de Estados Unidos ha sido la de mayor peso y persistencia. No vale salir del paso admitiendo que existe un “diferendo” entre el Estado cubano y el norteamericano si de lo que se trata es de una secular y multidimensional proyección de la dominación de Estados Unidos sobre Cuba, que abarca desde la geopolítica hasta la identidad cultural. Ante este desafío  histórico, garantizar la independencia, soberanía, desarrollo, democracia popular e identidad cultural de los cubanos ha sido y será la primera de las tareas impuestas a la República, a sus ciudadanos y a sus gobernantes.

Por otra parte, las políticas y prácticas de Estados Unidos frente a la Revolución cubana han sido hasta hoy de continuada y múltiple hostilidad. En este sentido, cabe retener en cualquier análisis de las políticas de reformas, el peso que esta restricción imperialista tendrá sobre sus objetivos.

  • Cualquier debate sobre los escenarios presentes y futuros supone que las partes sustentan propuestas de cambios que superen las disfuncionalidades identificadas y orienten la evolución de la sociedad cubana en uno u otro sentido, acorde a ciertas metas y valores privilegiados. Aquí aparece, explícita o implícitamente, el inseparable tema del proyecto nacional o de nación que se sustenta por los distintos actores políticos y sociales.
  • Por otra parte ha de tenerse en cuenta que la implementación de cualquier política de reforma modificará en el mediano o largo plazo, la estructura social y con ello, la correlación de fuerzas sociales e intereses, así como que tales modificaciones tendrán su correspondiente expresión política e ideológica.
  • Las diferentes doctrinas democráticas son irreductibles entre sí; en ese arco doctrinario tenemos en un extremo a los que la conciben como una forma de organizar el poder político, y en el otro, a los que la interpretan como una forma de organizar la sociedad. Como es obvio, caben muchas gradaciones entre esos extremos. Una alternativa a este debate entre perspectivas teóricas ha sido equiparar la democracia con la realización del conjunto de los derechos humanos de las personas, definición menos doctrinaria, más concreta y mensurable. Cuestión aparte es que en ninguna sociedad el orden realmente existente realiza la democracia en que ha declarado fundarse ni ha garantizado todos los derechos humanos reconocidos en sus leyes o pactados internacionalmente. Este déficit supone un desarrollo democrático en el tiempo y una permanente lucha social y política para impulsarlo. La “democracia plena” es un ideal pero una “sociedad plenamente democrática” es un ideologema.
  • La preservación de un poder revolucionario supone la reproducción de su hegemonía, una dimensión del poder siempre amenazada por: los cambios en la estructura social; el agotamiento de las fuentes de su legitimidad (historia, juridicidad, obra y desarrollo democrático); las deficiencias de gobierno;y por la proliferación de discursos anti hegemónicos; etc. Las reformas y propuestas tendrán, se estimen o no, consecuencias hegemónicas; por ende, las reformas en curso deberán contribuir a la reproducción de esa hegemonía en condiciones de una mayor diversidad de actores e intereses, así como de una esfera pública cada vez más autónoma.

Esta compilación, como otras de Espacio Laical, es una contribución al debate público de los temas que sus autores levantan y, a la vez, una contribución a una cultura del debate político y plural entre los cubanos al cual el Centro Cultural Padre Félix Varela ha brindado un espacio de convivencia y diálogo. Sirva el presente libro como un homenaje a la revista Espacio Laical y sus editores por su apreciable esfuerzo.

Cada uno de los temas examinados en estos textos sugiere una reforma posible, cosa que no debe velarnos las diferencias ideológicas y políticas que muchos lectores tendrán con los autores y sus propuestas. También que muchos querrían ver incluido en la compilación otros trabajos y otras ideas.

Los textos aquí reunidos son ante todo una oportunidad para nutrirnos de una lectura diversa y reflexiva, y a la vez, una convocatoria a participar en un debate público que sea cada vez más abierto, más crítico y mejor fundamentado.

Juan Valdés Paz, La Habana, 29 de julio del 2014

[1] Después de escrito este texto, ambos intelectuales cesaron en sus funciones en Espacio laical, y anunciaron que editarán una nueva plataforma de debate, intercambio y activismo políticos, llamada “Cuba posible”.

La “nueva Cuba”: el capital simbólico de la revolución

diferencias encontradas

Por Julio César Guanche

La legitimidad de una revolución se asocia a  la promesa de un origen, a un nuevo nacimiento. Promete el advenimiento de una nueva vida. La promesa de la vida futura adquiere los matices de una religión secular: convoca a la fraternidad, al “compañerismo” para conseguirla. Así, la proclamación de una “nueva Cuba” está en el centro de las promesas políticas revolucionarias en la historia de la Isla, con los términos propios de su universo: renovación, refundación, mañana, “ahora sí”.

Problemas de la nueva Cuba se titula el estudio que realizó la Foreing Policy Association (1934) sobre el escenario cubano, dirigido a contrarrestar los efectos de la Revolución de 1930 a través de una plataforma reformista. “Joven Cuba” fue la organización fundada por Antonio Guiteras para luchar por lo contrario: la revolución social. Uno de los manifiestos (1934) del ABC, una de las organizaciones políticas antimachadistas confluyentes en la Revolución de 1930, se titula: “Hacia la Cuba nueva”. En esa historicidad, Cuba no acaba jamás de ser nueva.

La valoración de dicha “novedad” se observa en todos los discursos. Las oficinas cubanas en 1959 colgaron letreros en sus puertas que exigían: “Sea breve, hemos perdido cincuenta años”. Se aprecia por igual en las disputas: una investigación de 1700 páginas publicada por la Universidad de Miami (1963) le negó cualquier adjetivo a la nueva realidad cubana: fue titulada a secas Un estudio sobre Cuba.

En los 1950, la nueva Cuba necesitaba libertad económica y justicia social y un régimen libre de trabas con naciones extranjeras y libre de apetitos de políticos y personajes propios. Ese programa era expuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Rafael García Bárcena, con estas palabras: (El MNR) “se enfrenta en lo económico al comunismo, y se dirige a superar el capitalismo. Se opone, en lo social, a las exclusiones sociales o clasistas y a toda forma de totalitarismo” y concretaba su pensamiento doctrinal en: “Nacionalismo, Democracia, Socialismo”.

Sobre esos pilares, la libertad política (democracia), la justicia social (socialismo) y la recuperación de los bienes del país (nacionalismo), todo ello también bajo las influencias de la Revolución mexicana, la república española y el new deal, se asentaba la cultura política cubana de los años 50.

Ese campo aportó entonces un cambio radical al programa tradicional que aseguraba que “sin azúcar no hay país”. La nueva Cuba repudiaba ser un “presidio de cañas amargas”. El líder sindical comunista Jesús Menéndez afirmó: “sin obreros no hay azúcar”, o sea, sin obreros no hay país. El MR-26-7 radicalizó esa trayectoria: llamó a quemar más caña en medio de la insurrección. En ello, enarboló una consigna más generosa: “Sin libertad no hay país”.

En tal horizonte, las soluciones nacionales se situarían en el camino de los proyectos colectivos. De esa evolución no escapaba la percepción sobre el papel que los Estados Unidos habrían de jugar ante un triunfo revolucionario.

El golpe de estado de 1952 sepultó el gran triunfo del espacio posrevolucionario: la Constitución de 1940. Con los años, el contenido antidictatorial de la cultura política cubana de los años 40 y 50 —la cara “política” de su otra vocación democrática, la  democrático social— se ha difuminado. La explicación de la Revolución según la cual su origen se encuentra en “causas económicas”, impide recordar cómo se localiza también en contenidos específicamente políticos.

Muchos jóvenes, entre ellos Fidel Castro, fueron a Cayo Confites (1947) para combatir contra Trujillo. José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez y Juan Pedro Carbó Serviá, entre otros líderes estudiantiles, integraron una expedición a Costa Rica (1955) para defender el régimen constitucional de José Figueres. Dentro de Cuba, se contaba con la memoria del “aceite de ricino” y del “palmacristi” —provistos por Machado, y por Batista en su primera era— y se sabían los motivos de sus convicciones: amasar fortunas individuales, entregar el país a la embajada norteamericana y soltar las manos a la oligarquía cubana.

La preocupación no se reducía al pasado cubano, sino a la realidad de América Latina. «No es de ahora, ciertamente, la crisis del régimen democrático en nuestra América —decía Raúl Roa—. Su razón última hay que buscarla en las supervivencias de la estructura colonial, en la concentración de la propiedad rural, en el desarrollo económico dependiente, en el predominio político de las oligarquías, en la concepción patrimonial de la administración pública, en el avaro atesoramiento de la cultura, en la pugna interimperialista por el control de materias primas esenciales y en la etapa de tránsito social que atraviesa el mundo.”

Fidel Castro, al denunciar la venta de armas por los Estados Unidos a Somoza y a Trujillo, y de estos a su vez a Batista, afirmó en la época: “Si los dictadores se ayudan entre sí, ¿por qué los pueblos no han de darse las manos? […] ¿No se comprende que en Cuba se está librando una batalla por el ideal democrático de nuestro continente?”.

El programa de la nueva Cuba de 1959 alcanzó un consenso extraordinario al ser capaz de fusionar demandas diversas: “pan con libertad y pan sin terror”. Mostró el hambre como el resultado de la injusticia, y no de la ignorancia del trabajador, y la libertad como conquista popular. Expropió así el concepto de “revolución” del campo de la “politiquería” y restituyó su sentido. El capital simbólico de la revolución se materializó sobre la tierra firme de la justicia: haría justicia histórica al pueblo de Cuba contra los desmanes de la dictadura, y proveería la justicia del futuro con el reordenamiento de la estructura política y económica del país. En resumen, prometía una nueva Cuba.

 http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-nueva-cuba-capital-simbolica-de-la-revolucion.html