La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

  

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.

La política nuestra de cada día (I)

Por: Mónica Baró

El 17 de diciembre de 2014 fue para Cuba una fecha marcada por la poderosa convergencia de la mística y la política. Convergencia nada rara en la historia nacional –a pesar de las frecuentes discreciones de quienes la escriben-, pero que siempre conmociona a la sociedad. En esta ocasión, en el día de San Lázaro –Babalú Ayé en la religión afrocubana- el Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Raúl Castro, anunció dos sucesos tan insólitos que cualquiera calificaría de milagros: el comienzo de las conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos -un titular que suena a fin de guerra, aunque la paz permanezca como rehén del congreso norteamericano-, y el retorno de Gerardo, Antonio y Ramón, de los otros cinco héroes que ya eran tres pero continuaban siendo los cinco porque la libertad de cada uno dependía de la libertad de todos. Dos sucesos que si no alcanzan para convertir a un ateo, al menos sí para hacer dudar a un agnóstico.

A partir de ese momento, algo más cambió. O la gente sintió que algo más cambió o iba a cambiar, que es lo importante. Múltiples esperanzas adormiladas comenzaron a despertar como margaritas. Ahora cuando vengan los americanos devino casi una premisa de proyecto de vida, casi un fundamento teórico de cambios, casi una garantía de futuro, que si no próspero y sostenible, al menos sí distinto.

Desde el alboroto por los Lineamientos -de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2011-, y el consecuente recorte de las maxifaldas del estado con la legalización de un pintoresco listado de actividades productivas por cuenta propia –léase privadas- y la simplificación del proceso de otorgamiento de licencias, no se habían removido tanto las expectativas sociales en relación con la economía, ni los temores sociales en relación con la utopía. Donde unos han percibido peligro, otros han percibido oportunidad. Como si fuera real semejante desconexión entre utopía y economía, o peor, como si esas expectativas y esos temores fueran los más definitorios para la economía, la utopía y la sociedad del país.

Porque detrás, debajo, dentro, de todas esas esperanzas emergentes, válidas y necesarias, subyace inmaculada una problemática esencial: el poder popular. Una problemática que observamos a través de un cristal con algunas grietas dignas pero que aún no rompemos, pues lo más definitorio para un proyecto socialista, que sería el cómo y el quién de los cambios, además por supuesto del complemento directo del cambio, es lo único que no cambia. El estado continúa como protagonista-estrella y el pueblo alternando entre el rol de extra y actor de reparto. Sí, enhorabuena por el 17 de diciembre, pero y “la cosa” qué.

Ese fue precisamente el propósito de esta entrevista: indagar en la estructura orgánica, en el metabolismo y en las potencialidades de “la cosa” con uno de sus principales estudiosos, que es también jurista, escritor, padre de gemelos y autor de libros como La imaginación contra la norma. Ocho enfoques sobre la república de 1902 (2004); El continente de lo posible. Un examen sobre la condición revolucionaria (2008); y La verdad no se ensaya. Cuba: el socialismo y la democracia (2012) –que puede descargar gratuitamente de su blog personal La cosa (Democracia, Socialismo, República)-, así como de disímiles ensayos y artículos desperdigados por el portal Rebelión, las revistas Temas y Espacio Laical, entre otros sitios que Google amablemente indicará a las personas interesadas que le pregunten.

No hay mucho más que añadir de Julio César Guanche, a no ser su nombre. Sus ideas lo describen con más justicia que su experiencia profesional como investigador, editor, periodista, intelectual en el sentido hondo y ancho, o que sus méritos y premios, o que cualquier otro dato de su curriculum vitae. Aquí interesa más el diálogo con su obra teórica, que aporta al controversial panorama cubano de discusión política un enfoque relevante desde las ciencias jurídicas y desde su implicación con proyectos de participación ciudadana.

En marzo de 2013, en el suplemento digital de Espacio Laical, apareció un documento titulado Cuba soñada – Cuba posible – Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato, que presentaba 23 propuestas muy concisas, como “Instrumentos para afianzar la República en la Cuba de hoy y de mañana”, con el fin de que fueran estudiados y debatidos públicamente.Este texto apareció firmado por algo que entonces se denominó Laboratorio Casa Cuba, integrado por investigadores “de procedencias ideológicas disímiles”, entre los cuales usted se encontraba, y que declararon como objetivo “estudiar la institucionalidad cubana y hacer sugerencias para su mejoramiento, así como socializar el estudio y el debate sobre estos temas”. A casi dos años de la publicación de ese documento, ¿cuál considera que fue su trascendencia y el saldo de los debates públicos que suscitó?

Ese documento tuvo algo singular, que fue su propia concepción y elaboración entre personas con ideologías manifiestamente distintas. Unos eran socialcatólicos; otros, anarquistas; otros socialistas y republicanos democráticos. Fue un ejercicio de diversidad, entendiendo que si predicas que la diversidad es un valor fundamental de la vida política que debe afirmarse en la vida social, también debes vivirlo como valor en tus interacciones concretas.

La vida política pasa por ahí, por la pluralidad de maneras de hacer política, por la pluralidad de articulaciones políticas. Lejos de ver con sospecha la legitimidad de un proyecto independiente —como fue Laboratorio Casa Cuba, nacido fuera de cualquier tipo de institucionalidad—, se trata de construir esa legitimidad a partir de la transparencia de los medios y los fines que se persiguen, del respeto, la honestidad y la seriedad con que se trabaja, de la calidad cívica de lo que se propone.

Aparte de lo mencionado, ¿qué aprendizaje esencial rescata de ese proceso de participar y construir algo en conjunto con personas diversas desde un espacio alternativo a los de las instituciones?

Fue un aprendizaje constatar que hay mucha gente diversa que cree que esos proyectos son valiosos, que apuesta por ellos, que los defiende. A veces uno piensa que cosas así pueden quedarse en la soledad, pero te enseñan que no, que hay muchas personas que pueden sumarse, participar y articularse para generar proyectos de más aliento. Eso fue un aprendizaje. Como no se le da visibilidad a ese tipo de propuestas, no sabes cuán compartida puede ser la propuesta, pero los comentarios y el apoyo que recibimos ayudan a visualizar que hay agendas compartidas dentro del país y varios consensos posibles.

Nosotros hemos vivido demasiadas polarizaciones; vivimos todavía en demasiadas polarizaciones y fracturas políticas. Como se decía en una época, entre los que se fueron y los que se quedaron, los de izquierda y los de derecha, los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, que son imágenes atadas al contexto del que surgen, pero evolucionan en nuevos contextos. Creo que es necesario mantener la diferencia como un valor, pero también hay que ser capaz de reconocer, cuando las haya, comunidades, confluencias y consensos.

Una de las cosas en las que más insistía ese documento era en la despolarización del campo político cubano. Y despolarizar no significa despolitizar. Es lo contrario. Despolarizar es pensar la política más allá de las trincheras que cada uno se construye para sobrevivir desde ellas, para conquistar un lugar exclusivo desde ellas. Es pensar más en puentes que en trincheras.

 

¿Implica construir solo con el diferente o también con el antagónico?

La tentación primera sería la de hacerlo con el diferente, claro, pero el antagónico está ahí, existe y tiene derechos como persona y como ciudadano. No podemos negarlo ni despacharlo sin más con argumentos sobre la no injerencia en asuntos internos, o la ilegitimidad de aceptación de financiamiento externo; porque con ello muchas veces se termina despachando todo tipo de actuación política que se reclame autónoma respecto al PCC.

La sociedad civil cubana, como se ha dicho tantas veces, está lejos de ser sinónimo de grupos específicos de opositores apoyados por medios gubernamentales o por grupos de poder político de EEUU. Por esa razón, y esto se dice menos, tal sociedad civil tiene que contar con muchos más espacios de actuación política, difusión de ideas y organización política en Cuba. Así habría más posibilidades de identificar exactamente quién es el antagónico y con respecto a qué, porque hay muchos prejuicios alzados sobre esta historia, y a veces se identifica como antagónica a gente que no lo es.

La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana.

Problemas de la democracia en Cuba

Nelson Ponce

 

(Notas para una exposición)

Por Julio César Guanche

Visiones sobre los núcleos del concepto de democracia de 1959

Se trata de una concepción diferente a la variante estadounidense del liberalismo.

1. Soberanía nacional e independencia económica. El nacionalismo es una de las bases de la cultura política cubana.
2. Justicia e igualdad social. Cuba llegó a ser el “primer estado de bienestar de América Latina” (1975-1989).
3. Participación popular, con gran presencia de mecanismos consultivos.
4. Visión crítica sobre el carácter “despiadado” del capitalismo.

Visiones sobre los núcleos críticos de ese modelo democrático

1. Partido único, ideología de estado, penalización de la oposición, militarización de la cultura política.
2. Monopolio estatal de la economía. Estancamiento de la productividad.
3. Mucha administración, poca política: escasa agencia ciudadana, dependencia del gobierno, Estado con cuotas de autonomía.
4. Institucionalización de la intolerancia y carencia de reconocimiento del pluralismo societal.

La democracia en lo social

Cuba cumplió los compromisos para 2010 respecto a los primeros cuatro Objetivos del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y reducir la mortalidad de los menores de cinco años. Para 2015, debe cumplir los objetivos 5 y 6: mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, y el paludismo.

Ocupa el lugar 44 (sobre más de 180) del Índice de Desarrollo Humano (Idh) (mide vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno). Según el “Índice de Desarrollo Humano No Económico”, se encuentra en el puesto 17 a nivel mundial y es el primero de los “países en desarrollo”.

Tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. Cuenta con uno de los mejores sistemas de respuesta médica a desastres. (ébola en África, misiones ante desastres a Paquistán, Haití, Honduras)

Por el bloqueo/embargo, Cuba “no ha tenido acceso a equipos médicos, medicinas ni materiales de laboratorio fabricados bajo patente estadounidense”.

No obstante, desde 2008, los gastos en educación, salud, bienestar social y vivienda han disminuido como proporción del presupuesto del Estado y del PIB. El último dato público sobre pobreza en Cuba es de 2004: 20 % de la población urbana.

La democracia en lo político

Cuba es Estado Parte en 42 instrumentos de derechos humanos. Se permitió, por ejemplo, la libertad de viajar y no existe hoy ningún condenado a pena de muerte. Sectores de la sociedad civil exigen la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales y Económicos y la posterior adecuación de la legalidad cubana a sus contenidos.

El PCC es partido único, y no reconoce tendencias en su interior. El Estado y las organizaciones sociales están subordinadas al partido, lo que obstruye el desarrollo independiente de la sociedad civil y la representatividad del aparato estatal.

La sociedad civil ha construido por sí misma espacios de desarrollo.

Por la prensa internacional, es más conocida la oposición tradicional. Es ilegal y en algunos casos tolerada. Amnistía Internacional denuncia represión, acoso y detenciones de corta duración sobre este sector. Como consecuencia de acuerdos con la Iglesia Católica y con el gobierno de EEUU ha habido excarcelaciones de presos por motivos políticos.

Existen además otros actores de importancia. Funcionan con o sin el PCC, tienen agendas propias, y se organizan y presionan para alcanzar intereses propios.

Como resultado del empoderamiento de la comunidad gay, el gobierno provee cirugías de reasignación de sexo y tratamiento de reemplazo hormonal a personas transgénero, se hacen marchas de calle, y el Gobierno comenzó a votar a favor de resoluciones que apoyan los derechos de personas homosexuales en ONU. Se considera un modelo potencial para expandir otro tipo de derechos civiles.

La comunidad afrocubana cuestiona que sufre discriminación (condiciones de vivienda, acceso a empleos y emprendimientos mejor remunerados, beneficio en las remesas, acceso a alquiler de casas y autos y a restaurantes y emprendimientos de servicios). Datos reflejan que los no blancos no padecen de una situación de exclusión o discriminación en las organizaciones políticas del sistema, pero su presencia en altos cargos de dirección política y empresarial es mucho más escasa. Se exigen políticas contra el racismo, que remuevan estructuras de discriminación y desigualdad.

Existe gran debate crítico en el campo cultural. Aparecen nuevas formas cívicas de organización. (Por ejemplo, autoorganización de cineastas para obtener una ley de cine.) Aumenta la blogosfera y las esferas públicas alternativas (comunicación a través de correos electrónicos, blogs, y mecanismos privados de difusión de contenidos, como el “Paquete” (especie de Netflix, que circula en discos duros portátiles por todo el país a bajos precios). El hecho es correlativo a la exigencia de acceso con precios justos a internet y de democratización de la prensa. Cerca de 27% de la población accede a internet, aunque otras fuentes estiman que la penetración de Internet es de 5%. El acceso privado actual tiene un costo muy alto, y ofrece servicios muy limitados.

Desde 1992 el Estado es laico. La iglesia católica ha sido interlocutor del gobierno. Se han construido instituciones religiosas, devuelto propiedades y multiplicado actividades de difusión y educación. Se ha elevado la visibilidad y el reconocimiento a las iglesias ecuménicas, y a la judía.

Una nueva generación, diferente a la de Fidel y Raúl Castro, ocupa puestos de poder en el país. Hace un año, según Rafael Hernández, de los 15 presidentes de asambleas provinciales del Poder popular, 80% tenía menos de 50. Los dirigentes del PCC en los 167 municipios de Cuba tenían todos menos de 50 años (menos uno). La edad promedio del Consejo de Ministros de Raúl Castro era 58 años y la del Comité Central del PCC 57.

Un desafío del Estado, el PCC y la sociedad civil es convivir con la diferencia,  despenalizar la resistencia política y pacífica, y legitimar la diversidad. Las políticas norteamericanas de apoyo al “cambio de régimen” deslegitiman a los actores internos que participan de ellas, y obstruye la colaboración de sectores civiles con el gobierno de EEUU sobre temas de beneficio mutuo. El desarrollo de la sociedad civil, también de la autónoma respecto al PCC y a las políticas de EEUU, es central para un mayor desarrollo democrático.

La democracia en lo económico

Se diversifica la organización económica. Se orienta hacia una economía mixta, con sector nacional y extranjero, y con formas públicas, cooperativas y privadas.

Contra la pretendida “hostilidad” del discurso oficial cubano contra el mercado, se amplían los espacios regulados por la lógica mercantil. A la IED se le otorga un rol fundamental. (Se estiman necesarios 2 mil millones anuales de inversión). Se ofrecen garantías a los inversionistas: exoneración del pago por 8 años del impuesto sobre utilidades, del pago de aranceles durante el proceso inversionista y del pago de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Se descentralizan funciones que antes eran de los ministerios y pasan a empresas. De los ocupados en el sector estatal, 49% laboran en empresas. Hace 20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales. Hoy en el sector no estatal de la economía labora alrededor de 26% de los ocupados, y tiene ingresos más elevados. La población que tenía acceso a moneda fuerte, hacia 2010, fue estimada en 60%. En 2015 serán desestatizadas al menos 7.480 entidades económicas. Se ha anunciado que 40% de la fuerza laboral debe pasar al sector no estatal.

La ampliación del mercado se hace a expensas de dejar sin regulación tópicos fundamentales. Desde el punto de vista constitucional, como señala Domínguez, no existe tope sobre las tasas de interés financiero, ni sobre precios, ni está fijado salario mínimo ni máximo. No se impide la entrada de empresas internacionales en la inmensa mayoría de la economía cubana. No existen restricciones (salvo la IE) sobre el desarrollo de mercados laborales flexibles.

Se diversifica la propiedad: gubernamental, pública, mixta, extranjera, cooperativa, privada, personal. Se permitió la compraventa de casas y terrenos, y de automóviles. Cerca de 85 % de las viviendas del país son propiedad de quienes las viven. Se elevó a 99 años el tiempo en que los inversores extranjeros pueden utilizar tierras estatales para negocios inmobiliarios. Se extendió el tiempo y la cantidad de tierra entregada en arrendamiento a campesinos privados.

Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que limita el monopolio estatal sobre la actuación política. El nuevo modelo se define oficialmente por lo que impedirá: «el plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad». Pero se consolidan estructuras de desigualdad e injusticia, con escasos canales de disputa. Los sindicatos tienen escaso papel como actor en disputa real de las condiciones de trabajo.

Visiones sobre la democracia en una Cuba posible

1. Reclamo de mayor espacio a los ciudadanos para organizarse, crear decisiones políticas y controlar y disputar las existentes.
2. Concepción interdependiente de los derechos: todos son necesarios.
3. Mayor peso al derecho (hacer valer el papel de la ley frente al decreto y el reglamento) y del derecho a resistir el derecho cuando su aplicación resulta ilegítima.
4. Democratización del acceso a la propiedad, frente a su monopolización y oligarquización, y del control sobre la organización económica, que garantice, o contribuya, a ganar en control sobre las condiciones de vida. Reclamo de función social y ambiental de la propiedad.
5. Reclamo de intervención pública orientada a disputar las fuentes de reproducción de la exclusión, la desigualdad y la injusticia.
6. Fomento de valores y de instituciones que favorezcan prácticas de reconocimiento y tolerancia. No es aceptable el “todo vale”. No valen la superexplotación, el individualismo implacable, la corrupción, las prácticas mafiosas, ni clase alguna de discriminación.
7. Es necesario reconstruir las relaciones con los Estados Unidos sobre bases distintas a las de la historia de su relación con Cuba: Ni Teddy Rooselvelt: “esa infernal pequeña república cubana”, ni Alexander Haig pidiendo a Nixon: “Usted ordene y convierto esa pinche isla en un estacionamiento.” Es democrático defender la soberanía nacional y la soberanía de los ciudadanos.

*Los días 27 y 28 de enero de 2015 un grupo de emprendedores, blogueros, cineastas e intelectuales cubanos viajaron a Washington DC para intercambiar con políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y académicos estadounidenses y cubanoamericanos, en un encuentro organizado por el proyecto Cuba Posible y el Cuba Research Center. El texto anterior constituye una ponencia presentada durante esta cita.

Ver todas las ponencias en: http://www.cubaposible.net/

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales.

Propuestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la sociedad cubana

Antes de cesar en sus funciones como editores de Espacio laical, Roberto Veiga y Lenier González preparaban un libro sobre sociedad y política en Cuba, bajo el auspicio de dicha revista. Se trataba de una compilación en la que participaban analistas de la realidad nacional (Carlos Alzugaray, Julio César Guanche, Rafael Rojas, Haroldo Dilla y Armando Chaguaceda) y los dos ex-editores.  Ante la malograda edición del libro, La cosa publica, en exclusiva, el texto que, como prólogo, debía presentar dicho volumen. Ha sido escrito por el Dr. Juan Valdés Paz, uno de los intelectuales más importantes del país, con una vasta obra escrita y publicada sobre temas de sistema político, el socialismo, el nacionalismo y la democracia. Parafraseando a Valdés Paz, sirva también el presente texto “como un homenaje a la revista Espacio Laical y sus (ex) editores por su apreciable esfuerzo.”

 Por Juan Valdés Paz

La presente compilación de textos, realizada por Roberto Veiga, incluye 17 artículos publicados en la revista Espacio Laical desde el año 2008 hasta 2013. De entre ellos se destacan los siete firmados por el propio Veiga y los cuatro firmados por Lenier González, ambos destacados intelectuales católicos, editor y sub editor respectivamente de la revista y promotores del Centro Cultural Padre Félix Varela dela Arquidiócesis de La Habana, así como del proyecto político Casa Cuba acunado en éste.[1]

Los artículos de Veiga y González constituyen el núcleo duro de la compilación y los que levantan los principales temas, en gran medida compartidos, sobre los que inciden los restantes trabajos. Algunos de estos temas son:

• El diagnóstico socioeconómico y sociopolítico de la sociedad cubana actual. Cambios estructurales y tendencias.
• El alcance, ritmo y estilo, de la reforma económica en curso
• Su complementación con una reforma política y civil
• La reforma del Estado
• El papel del Gobierno en esos procesos de cambio
• La ampliación de las libertades y las responsabilidades sociales
• La instauración de un Estado de derecho
• La reforma de la Constitución de la República y su implementación irrestricta
• La reforma del sistema de representación y participación social y política
• La creación de una esfera pública autónoma, comunicacional y deliberativa.
• La refundación del PCC
• La creación y desarrollo de una clase política. El relevo generacional.
• El papel de las Instituciones Armadas en el proceso de reforma y en el futuro de la sociedad cubana.
• La promoción de una cultura de la inclusión, del diálogo y del debate
• El papel de la Iglesia Católica y de su laicado.
• El papel de la intelectualidad
• El proyecto de nación. Los consensos mínimos.

Sobre todos estos temas, y otros más, los autores adelantan numerosas propuestas concretas de reformas a los sistemas económico, político y civil de la sociedad cubana.

Los textos de Veiga y de González en particular, se caracterizan por su ubicación al centro del espectro político, el cual advierten cada vez más diverso y menos representado en las actuales instituciones políticas y civiles del país.

Desde este centro, no tan distante de propuestas del gobierno cubano, enuncian políticas reformistas graduales; así como numerosas reformas puntuales que, opinan, están ausentes en el actual proceso y que son tan necesarias como posibles. En esta perspectiva entienden que las reformas, necesarias o deseables, admiten la conciliación y permanencia de algunas de las instituciones que han caracterizado al régimen revolucionario cubano en estas décadas, tales como: la primacía de la defensa y ejercicio de la soberanía nacional; la política social de la Revolución; el papel de Raúl Castro y la dirección histórica en la legitimización del gobierno y las políticas de reforma; el papel dirigente del PCC;  el papel de las Fuerzas Armadas; la opción socialista de desarrollo; el papel regulador del Estado en la economía y la preservación de un sector estatal de la economía a cargo de los “sectores nacionales estratégicos”, etc.

Obviamente y a la par, estas reformas deberían acompañarse de importantes reformas constitucionales, institucionales e ideológico-culturales, signadas por el regreso a la tradición martiana y a su paradigma de una República “con todos y para el bien de todos”. También en esta perspectiva, los autores reclaman una reforma política y civil que acompañe desde ahora la reforma económica en curso y de cuenta de la diversidad social y la pluralidad política de la sociedad cubana actual.

Los textos de Rafael Rojas y Armando Chaguaceda tributan a estos temas y a las propuestas de Veiga y Lenier, desde una perspectiva más liberal, con críticas más puntuales al Gobierno cubano y enfatizando aspectos más relacionados con un cambio de régimen. Rojas reitera sus anteriores críticas a las limitaciones de los derechos políticos y civiles en Cuba, los cuales se derivan de su excepcional ordenamiento constitucional e institucional; igualmente, Chaguaceda reclama un mayor desarrollo, politización y empoderamiento de la sociedad civil; así como el reconocimiento del pluralismo político. Los dos advierten el desempeño del PCC como un obstáculo a una reforma generalizada de la sociedad cubana.

Por otra parte, los autores Julio César Guanche y Carlos Alzugaray complementan con sendos artículos los temas centrales de la compilación: el primero, refiriéndose a los antecedentes históricos y martianos de un proyecto de nación basado en una irrestricta democracia popular; el segundo, señalando el peso del entorno internacional en la viabilidad del proyecto nacional y la necesidad de un marco regional de integración económica y de concertación política, caso de la CELAC, para compensar los obstáculos geopolíticos que enfrenta Cuba.

Este conjunto de textos y de temas han sido elaborados con la seriedad y nivel de argumentación necesaria a un debate interno de las estrategias de reformas actuales o por venir, en la sociedad cubana. No obstante, considero que su lectura demanda tanto un cierto rigor en el examen de los temas levantados, como una recepción desprejuiciada de los argumentos presentados, juzgándolos por sus propios méritos. Al respecto me parecería útil enumerar algunas “categorías” con las que debería abordarse su lectura y estimación, a saber:

• La primera cuestión que subyace a toda reforma en curso, es la cuestión del poder político y social instaurado por la Revolución de 1959. Las reformas en curso, deseables y posibles, deberán asegurar la preservación de un poder al servicio de la independencia nacional y de los intereses de las grandes mayorías. Ese poder deberá mostrar la voluntad de una reforma permanente de la sociedad cubana y ejercerse “con todos y para el bien de todos”.
• Como toda sociedad, la cubana es una totalidad y un sistema social. Las reformas en las estructuras o en los mecanismos de alguno de sus subsistemas -político, económico, civil, ideo cultural, etc.- tienen efectos sobre el sistema social y sobre otros subsistemas. Estos efectos pueden estar previstos pero nunca lo estarán del todo, lo que implica complementar o corregir las políticas en curso o las propuestas desde fuera del Gobierno, de cara al comportamiento real del sistema y de su entorno.
• El sistema social es mucho más complejo que los modelos de que nos valemos para evaluarlo. Estos modelos pueden ser representaciones del sistema real establecido o de un sistema ideal de cual son portadores los políticos e intelectuales críticos. La crítica del sistema social o de sus subsistemas desde estos modelos puede implicar la subversión de los mismos o su reforma. Otras experiencias suelen utilizarse para argumentar una posición u otra, pero nunca darán cuenta suficiente de la sociedad real que se examina, para el caso, la cubana.
• Si la propuesta no es subvertir el sistema o alguno de sus subsistemas, el problema de toda política reformista es definir cuánto tendrá de continuidad y cuánto de cambios. En un escenario nacional dado, caso de Cuba, la cuestión es cuánto se propone cambiar el gobierno con sus reformas y cuánta continuidad aceptarán los reformistas críticos y opositores.
• Los sistemas sociales y sus subsistemas son históricos y sujetos a procesos de cambio espontáneos o inducidos. La temporalidad del sistema nos permite compararlo con su pasado o con su futuro. Su pasado es la sociedad real que ha sido transformada en mayor o menor medida; el futuro es la sociedad que resultaría de las políticas en curso y de los objetivos programados. Esta doble perspectiva permite comparar la realidad social conformada por la Revolución con la sociedad cubana precedente a la cual se propuso y alcanzó superar; y a la vez, comparar las tendencias observadas, con la propuesta de sociedad futura de los gobernantes o eventualmente, de sus críticos.
• Otra manera de examinar el sistema social conformado es atender al orden institucional establecido o a las instituciones comprendidas en cada subsistema. Este orden institucional aparece por un lado como una normativa y por el otro como el orden realmente existente; entre normativa institucional y orden real hay una diferencia o desvío al cual podemos llamar su “régimen”. Cerrar esa brecha o desviación es una fuente de reformas posibles, aunque no sea la única.
• La República del nacionalismo radical cubano, en la tradición del republicanismo revolucionario, no es tan solo una forma de gobierno sino un cierto ordenamiento de la sociedad cuyo fundamento es la soberanía nacional y ciudadana. Es este ordenamiento el que incluye y conforma al Estado de la República y a su gobierno, pero donde, como se señala más arriba, el poder está al servicio de la emancipación humana y de los intereses de las grandes mayorías.
• La sociedad histórica cubana, como todo sistema social, ha estado sujeta a restricciones internas y constricciones externas de todo tipo. De entre ellas, la proyección imperialista de Estados Unidos ha sido la de mayor peso y persistencia. No vale salir del paso admitiendo que existe un “diferendo” entre el Estado cubano y el norteamericano si de lo que se trata es de una secular y multidimensional proyección de la dominación de Estados Unidos sobre Cuba, que abarca desde la geopolítica hasta la identidad cultural. Ante este desafío  histórico, garantizar la independencia, soberanía, desarrollo, democracia popular e identidad cultural de los cubanos ha sido y será la primera de las tareas impuestas a la República, a sus ciudadanos y a sus gobernantes.

Por otra parte, las políticas y prácticas de Estados Unidos frente a la Revolución cubana han sido hasta hoy de continuada y múltiple hostilidad. En este sentido, cabe retener en cualquier análisis de las políticas de reformas, el peso que esta restricción imperialista tendrá sobre sus objetivos.

• Cualquier debate sobre los escenarios presentes y futuros supone que las partes sustentan propuestas de cambios que superen las disfuncionalidades identificadas y orienten la evolución de la sociedad cubana en uno u otro sentido, acorde a ciertas metas y valores privilegiados. Aquí aparece, explícita o implícitamente, el inseparable tema del proyecto nacional o de nación que se sustenta por los distintos actores políticos y sociales.
• Por otra parte ha de tenerse en cuenta que la implementación de cualquier política de reforma modificará en el mediano o largo plazo, la estructura social y con ello, la correlación de fuerzas sociales e intereses, así como que tales modificaciones tendrán su correspondiente expresión política e ideológica.
• Las diferentes doctrinas democráticas son irreductibles entre sí; en ese arco doctrinario tenemos en un extremo a los que la conciben como una forma de organizar el poder político, y en el otro, a los que la interpretan como una forma de organizar la sociedad. Como es obvio, caben muchas gradaciones entre esos extremos. Una alternativa a este debate entre perspectivas teóricas ha sido equiparar la democracia con la realización del conjunto de los derechos humanos de las personas, definición menos doctrinaria, más concreta y mensurable. Cuestión aparte es que en ninguna sociedad el orden realmente existente realiza la democracia en que ha declarado fundarse ni ha garantizado todos los derechos humanos reconocidos en sus leyes o pactados internacionalmente. Este déficit supone un desarrollo democrático en el tiempo y una permanente lucha social y política para impulsarlo. La “democracia plena” es un ideal pero una “sociedad plenamente democrática” es un ideologema.

• La preservación de un poder revolucionario supone la reproducción de su hegemonía, una dimensión del poder siempre amenazada por: los cambios en la estructura social; el agotamiento de las fuentes de su legitimidad (historia, juridicidad, obra y desarrollo democrático); las deficiencias de gobierno;y por la proliferación de discursos anti hegemónicos; etc. Las reformas y propuestas tendrán, se estimen o no, consecuencias hegemónicas; por ende, las reformas en curso deberán contribuir a la reproducción de esa hegemonía en condiciones de una mayor diversidad de actores e intereses, así como de una esfera pública cada vez más autónoma.

Esta compilación, como otras de Espacio Laical, es una contribución al debate público de los temas que sus autores levantan y, a la vez, una contribución a una cultura del debate político y plural entre los cubanos al cual el Centro Cultural Padre Félix Varela ha brindado un espacio de convivencia y diálogo. Sirva el presente libro como un homenaje a la revista Espacio Laical y sus editores por su apreciable esfuerzo.

Cada uno de los temas examinados en estos textos sugiere una reforma posible, cosa que no debe velarnos las diferencias ideológicas y políticas que muchos lectores tendrán con los autores y sus propuestas. También que muchos querrían ver incluido en la compilación otros trabajos y otras ideas.

Los textos aquí reunidos son ante todo una oportunidad para nutrirnos de una lectura diversa y reflexiva, y a la vez, una convocatoria a participar en un debate público que sea cada vez más abierto, más crítico y mejor fundamentado.

Juan Valdés Paz, La Habana, 29 de julio del 2014

[1] Después de escrito este texto, ambos intelectuales cesaron en sus funciones en Espacio laical, y anunciaron que editarán una nueva plataforma de debate, intercambio y activismo políticos, llamada “Cuba posible”.

La “nueva Cuba”: el capital simbólico de la revolución

Por Julio César Guanche

La legitimidad de una revolución se asocia a  la promesa de un origen, a un nuevo nacimiento. Promete el advenimiento de una nueva vida. La promesa de la vida futura adquiere los matices de una religión secular: convoca a la fraternidad, al “compañerismo” para conseguirla. Así, la proclamación de una “nueva Cuba” está en el centro de las promesas políticas revolucionarias en la historia de la Isla, con los términos propios de su universo: renovación, refundación, mañana, “ahora sí”.

Problemas de la nueva Cuba se titula el estudio que realizó la Foreing Policy Association (1934) sobre el escenario cubano, dirigido a contrarrestar los efectos de la Revolución de 1930 a través de una plataforma reformista. “Joven Cuba” fue la organización fundada por Antonio Guiteras para luchar por lo contrario: la revolución social. Uno de los manifiestos (1934) del ABC, una de las organizaciones políticas antimachadistas confluyentes en la Revolución de 1930, se titula: “Hacia la Cuba nueva”. En esa historicidad, Cuba no acaba jamás de ser nueva.

La valoración de dicha “novedad” se observa en todos los discursos. Las oficinas cubanas en 1959 colgaron letreros en sus puertas que exigían: “Sea breve, hemos perdido cincuenta años”. Se aprecia por igual en las disputas: una investigación de 1700 páginas publicada por la Universidad de Miami (1963) le negó cualquier adjetivo a la nueva realidad cubana: fue titulada a secas Un estudio sobre Cuba.

En los 1950, la nueva Cuba necesitaba libertad económica y justicia social y un régimen libre de trabas con naciones extranjeras y libre de apetitos de políticos y personajes propios. Ese programa era expuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Rafael García Bárcena, con estas palabras: (El MNR) “se enfrenta en lo económico al comunismo, y se dirige a superar el capitalismo. Se opone, en lo social, a las exclusiones sociales o clasistas y a toda forma de totalitarismo” y concretaba su pensamiento doctrinal en: “Nacionalismo, Democracia, Socialismo”.

Sobre esos pilares, la libertad política (democracia), la justicia social (socialismo) y la recuperación de los bienes del país (nacionalismo), todo ello también bajo las influencias de la Revolución mexicana, la república española y el new deal, se asentaba la cultura política cubana de los años 50.

Ese campo aportó entonces un cambio radical al programa tradicional que aseguraba que “sin azúcar no hay país”. La nueva Cuba repudiaba ser un “presidio de cañas amargas”. El líder sindical comunista Jesús Menéndez afirmó: “sin obreros no hay azúcar”, o sea, sin obreros no hay país. El MR-26-7 radicalizó esa trayectoria: llamó a quemar más caña en medio de la insurrección. En ello, enarboló una consigna más generosa: “Sin libertad no hay país”.

En tal horizonte, las soluciones nacionales se situarían en el camino de los proyectos colectivos. De esa evolución no escapaba la percepción sobre el papel que los Estados Unidos habrían de jugar ante un triunfo revolucionario.

El golpe de estado de 1952 sepultó el gran triunfo del espacio posrevolucionario: la Constitución de 1940. Con los años, el contenido antidictatorial de la cultura política cubana de los años 40 y 50 —la cara “política” de su otra vocación democrática, la  democrático social— se ha difuminado. La explicación de la Revolución según la cual su origen se encuentra en “causas económicas”, impide recordar cómo se localiza también en contenidos específicamente políticos.

Muchos jóvenes, entre ellos Fidel Castro, fueron a Cayo Confites (1947) para combatir contra Trujillo. José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez y Juan Pedro Carbó Serviá, entre otros líderes estudiantiles, integraron una expedición a Costa Rica (1955) para defender el régimen constitucional de José Figueres. Dentro de Cuba, se contaba con la memoria del “aceite de ricino” y del “palmacristi” —provistos por Machado, y por Batista en su primera era— y se sabían los motivos de sus convicciones: amasar fortunas individuales, entregar el país a la embajada norteamericana y soltar las manos a la oligarquía cubana.

La preocupación no se reducía al pasado cubano, sino a la realidad de América Latina. «No es de ahora, ciertamente, la crisis del régimen democrático en nuestra América —decía Raúl Roa—. Su razón última hay que buscarla en las supervivencias de la estructura colonial, en la concentración de la propiedad rural, en el desarrollo económico dependiente, en el predominio político de las oligarquías, en la concepción patrimonial de la administración pública, en el avaro atesoramiento de la cultura, en la pugna interimperialista por el control de materias primas esenciales y en la etapa de tránsito social que atraviesa el mundo.”

Fidel Castro, al denunciar la venta de armas por los Estados Unidos a Somoza y a Trujillo, y de estos a su vez a Batista, afirmó en la época: “Si los dictadores se ayudan entre sí, ¿por qué los pueblos no han de darse las manos? […] ¿No se comprende que en Cuba se está librando una batalla por el ideal democrático de nuestro continente?”.

El programa de la nueva Cuba de 1959 alcanzó un consenso extraordinario al ser capaz de fusionar demandas diversas: “pan con libertad y pan sin terror”. Mostró el hambre como el resultado de la injusticia, y no de la ignorancia del trabajador, y la libertad como conquista popular. Expropió así el concepto de “revolución” del campo de la “politiquería” y restituyó su sentido. El capital simbólico de la revolución se materializó sobre la tierra firme de la justicia: haría justicia histórica al pueblo de Cuba contra los desmanes de la dictadura, y proveería la justicia del futuro con el reordenamiento de la estructura política y económica del país. En resumen, prometía una nueva Cuba.

 http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-nueva-cuba-capital-simbolica-de-la-revolucion.html

El Capitolio, el soberano, la representación y la ley en Cuba

Por Teodoro Yan Guzman Hernández

Días atrás Progreso Semanal publicó un trabajo titulado “Para cuando terminen el Capitolio…” en el que se afirmó que El Capitolio, sometido ahora a una su restauración general, sería la sede nuevamente del parlamento cubano y que para ello ocuparía la planta baja y el ala norte del tercer y cuarto pisos. La materialización de esa idea pudiese traer consigo cambios políticos en Cuba, que trascienden a un simple movimiento de locación de la actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hoy se encuentra en la esquina donde convergen las calles 42 y 23, en el municipio capitalino de Playa. Aunque es válido aclarar que allí solo se encuentran las oficinas y que las pocas veces que sesiona en el año, de manera ordinaria y extraordinaria, con sus más de seiscientos diputados, lo hace en el Palacio de las Convenciones.

La mudada, ya sea inminente o demorada –esto al parecer dependerá sobre todo de la gestión constructiva que va avanzando con obstáculos– plantea preguntas sobre la estructura y las funciones de ese órgano de representación de nuestro sistema político. ¿El hábito hace al monje? El Capitolio fue construido originalmente para acoger a un parlamento distinto al de hoy. ¿El cambio de sede podría marcar el momento para una renovación en aspectos que ya están desde hace un tiempo en la agenda pública?

El primero está relacionado con sus escasas sesiones. Según la Constitución cubana, la Asamblea Nacional debe reunirse dos veces al año de forma ordinaria. Esto tradicionalmente sucede a mediados y a final de año; de forma extraordinaria puede reunirse las veces que sean necesarias, previa convocatoria del Consejo de Estado, lo que sucede casi siempre una vez más en el año.

Cuando la asamblea no sesiona, en su lugar –y no en su grado- lo hace el Consejo de Estado, un órgano que la representa y está integrado por 31 miembros, que no son elegidos por el voto popular, sino que mediante la elección directa de los ciudadanos, primero ingresan al Parlamento en condición de diputados, y es ese mismo Parlamento recién constituido, quien elige entre todos sus miembros, a los integrantes del Consejo de Estado, así como a su jefatura.

A ello está vinculado un segundo reclamo: el peso que ha tenido el Consejo de Estado en la actividad legislativa en Cuba, cuando ha regulado cuestiones esenciales de la sociedad cubana, a través de decretos-ley, que debían o podían hacerse mediante ley, teniendo en cuenta el significado político-jurídico de esta, y al margen de la equiparación, que en 1979 haya hecho la propia Asamblea Nacional entre estas dos disposiciones jurídicas de diferente rango.

Un tercer reclamo tendría que ver con la dinámica de las sesiones. En particular, con la marcada tendencia a la unanimidad en las votaciones de los proyectos de ley, como manifestación de un posible pensamiento monolítico y poco disentido de sus miembros, que en principio, en nada tendría que ver con el monopartidismo. Las posibles discusiones, según se dice, ocurren en las comisiones previas, pero en plenario, lo que observa el soberano en las sesiones –editadas y diferidas– que se trasmiten en televisión, suele ser un ejercicio de aprobación prácticamente  unánime.

Escamotean voluntad del Parlamento en nueva ley laboral

Por Paquito el de Cuba

Estamos en tiempos de palabras y no podemos permitir que las palabras nos separen. Por que las palabras representan ideas, y «No hay proa que taje una nube de ideas». Somos un todo: con todos y para el bien de todos, dijo Martí.  Si se incluyó «sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana» podría haber sido perfectamente incluida la identidad de género.

 Estoy indignado porque ocurrió lo que no debía suceder. El nuevo Código de Trabajo acaba de ser publicado, sin incluir de forma explícita a la identidad de género como uno de los motivos para no discriminar, dentro de los principios fundamentales que rigen el derecho al empleo.

 Aunque quedó expreso el rechazo a la discriminación por orientación sexual, que estaba en el proyecto que discutió el Parlamento en diciembre último, y le añadieron la discapacidad como fruto del debate entre los diputados, la propuesta de Mariela Castro Espín sobre la identidad de género, apoyada en el plenario por varios integrantes del máximo órgano legislativo, fue desconocida por la comisión que tuvo a su cargo la redacción final de la ley.

 El asunto es muy grave. Pone en entredicho los métodos y formas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cumplimiento de los procedimientos legislativos por parte de la dirección del máximo órgano del Estado y la transparencia en la toma de decisiones a partir de la voluntad de los diputados y las diputadas, los únicos que pueden ejercer el derecho de aprobar o modificar leyes en representación del pueblo cubano.

 Como recordarán, la inclusión del tema de la identidad de género solo tuvo el rechazo público en el Parlamento del secretario del Consejo de Estado, quien a pesar de confesar que no dominaba el asunto, tomó partido en contra desde su desconocimiento.

 También presentó sus reservas hacia las propuestas de la diputada Mariela, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, quien fue encargado para dirigir la comisión que concluiría la redacción del cuerpo legal.

 No fue atendida ni siquiera la sugerencia del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien medió en la discusión y abogó por tener en cuenta lo allí planteado por Castro Espín.

La necesidad de abrir caminos (Dúplica a Haroldo Dilla)

Por Julio César Guanche

Haroldo Dilla me ha hecho el honor de replicar, en “Los íconos difusos”, un artículo en el que cuestiono algunos de sus comentarios.

No me he referido a los miedos que despierte ser acusado de “difuso”, ni a cuál sería la respuesta heroica ante ello. Sostener una posición política democrática debe ser un derecho ante el cual la heroicidad sea superflua y el miedo inconcebible —como defiendo, ya que estamos, abolir todas las fuerzas antidisturbios y liberar a todos los presos por razones políticas de este mundo—. Pero sigo pensando que su posición regatea la legitimidad de posturas políticas diferentes.

Nunca he aceptado desacreditar una postura intelectual por las descalificaciones que se dirijan a la persona de su proponente. Dilla hizo esto en su primer texto, cuando aseguró que todas las opciones de Alfredo Guevara se orientaban a su “uso y beneficio” como “mandarín y gay oficial”, “suerte de florero”. Ahora dice que soy yo el que lleva a ese punto la discusión. Pero lo dejaré de lado, pues dice cosas de mayor importancia que mis reales o supuestos yerros polémicos.

Las biografías son algo más importante que los intercambios de “chismes” privados. Ya que Dilla entra en detalles biográficos, lo haré para explicarme.

Para entender la vida política de Mañach, por ejemplo, es necesario ser preciso en su biografía. Es oportuno saber que prologó la primera edición en forma de libro (1954) de La historia me absolverá. Es importante conocer que  Mañach, “no se fue” de Cuba, sino que, según él mismo, no le dejaban alternativa, cuando lo retiraron del claustro universitario, y le privaron de sus fuentes de empleo en los medios de prensa.

También es necesario notar que se opuso a la dictadura de Batista, y que, por sus convicciones, liberal republicanas, no podía compartir el curso comunista, que según entendía, tomaba el curso revolucionario desde fecha temprana. Es bueno saber que llegó muy enfermo a Puerto Rico, que esto ha habilitado reinterpretar el “apoyo explícito” que, se ha dicho, prestó a la invasión de Girón (1961), o conocer que no autorizó en vida la publicación de Teoría de la frontera, queeran notas de curso sobre un tema que nunca antes había trabajado.

Tampoco es redundante la interpretación de sus inserciones políticas. Es necesaria la interpretación del ABC, entendida tradicionalmente como “facistoide”, cuando fue el primer movimiento moderno de una derecha de masas en Cuba. Es una simpleza calificarlo de “fascista”, como si todas las derechas lo fuesen sin más.

Es importante comprender el contexto de enunciación de las ideas: no es lo mismo defender la democracia bajo un sistema liberal oligárquico que defenderla bajo un formato liberal social, que con sufragio universal o sin él. Habrá quien piense que la democracia es “una sola” —como dicen los estalinistas que “hay un solo marxismo”—, pero es un error, que Dilla no comete, aunque no considera sus diversas implicaciones.

La biografía, la  interpretación de las opciones políticas y de los contextos de enunciación de las ideas son aspectos cruciales para comprender una tradición y sus “recuperaciones” posibles. Es lo que he intentado hacer con Roa, y he visto utilidad en hacerlo para el presente, como es útil para la interpretación del pasado, hecho que también es relevante. Desde ahí busco interpretar los legados de intelectuales políticos, como Mañach o Alfredo Guevara, aspirando a hacer algo más que asignar calificaciones de quién es más importante, o más intelectual que el otro. Dilla, aunque en su segundo texto es mucho más analítico que en su primer alegato, simplifica este tema.

Dilla establece que los problemas que yo señalo como propios de la relación entre el socialismo y la democracia, son más bien atinentes a la relación liberalismo-democracia: “los problemas de la libertad del individuo ante el estado/comunidad”.