¿Qué y cuánto costó la Asamblea Constituyente de 1940? (2 y final)

Revista Bohemia, 1939

 

Eduardo Chibás, delegado a la Asamblea Constituyente de 1940 (por el Partido Revolucionario Cubano-Auténtico)  pidió a Carlos Márquez Sterling, presidente de dicha Asamblea, un informe de los gastos del evento. Márquez Sterling respondió, rindiendo detallada cuenta, como  muestra  el siguiente documento:

Archivo Nacional de Cuba

 

Un detalle: El Código Electoral vigente en la fecha concedía un crédito de 100.000.00 pesos para construir un “continente adecuado en la cripta del Capitolio y conservar en él los originales de nuestras Constituciones y las cenizas de un soldado desconocido del ejército libertador de Cuba.” Este crédito no fue ejecutado, pues las obras, por diversos motivos, nunca se iniciaron.

Siete décadas después, en  2017, por iniciativa de la Oficina del Historiador de la Ciudad, se ha construido el segundo de estos sitios en el Capitolio Nacional. En la inauguración, Eusebio Leal Spengler expresó: “Aquí descansa, simbólicamente, el fundamento moral, político e histórico de la nación: los restos mortales de un soldado cubano desconocido, a cuyos esfuerzos y sacrificios sin nombre, se debe el nacimiento de Cuba como República”.

Tumba al mambí desconocido, Capitolio Nacional, La Habana, Cuba

 

Ver aquí la primera parte de esta entrada.

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¿Qué y cuánto costó la Asamblea Constituyente de 1940? (1)

Bohemia 19 de mayo de 1940

 

Por Julio César Guanche

Costó mucho, políticamente, lograr su realización.

Hacia fines de los 1930, la celebración de una Constituyente “libre y soberana” enfrentaba varios obstáculos: el artículo 115 de la Ley Constitucional de 1935 (una cláusula rígida de protección constitucional), la necesidad de aprobar la amnistía política para los presos de la lucha antimachadista y de resolver el “problema universitario”, causado por la politización activa de la Universidad en dicha lucha, que llevó a su cierre.

Tras un enorme despliegue de acción colectiva de sectores ideológicamente muy diferentes entre sí, muy interesados en la Constituyente, los tres problemas encontraron soluciones. Primero, fueron  aprobadas (1937) la Ley de Amnistía y la Ley Docente. Luego ganó la exigencia de Constituyente “libre y soberana” contra los límites jurídicos que imponía el entonces vigente artículo 115.

El gran enemigo de la realización de la Asamblea fue la clase oligárquica cubana, que había disfrutado en exclusiva hasta la revolución de 1930-33 del control del país, y conservó poder tras el hecho revolucionario.

Fulgencio Batista, en medio de la campaña reformista que inició en 1936 (tras reprimir a sangre y fuego la revolución del 30 entre 1934 y 1935) apoyó la realización de la Constituyente, aunque su entusiasmo se desdijo cuando no ganó la mayoría en las elecciones para dicha Asamblea.

El Partido Comunista (PC) defendió el cónclave. Consideró el hecho mismo de su realización como una victoria obrera. Esa formación política movilizó a las clases trabajadores a seguir el curso de los debates, y a presionar a los constituyentistas a favor de los intereses de los trabajadores. Entre las varias campañas que el PC promovió a favor de la Constituyente, se encuentra “De la Fábrica al Capitolio”. (Las sesiones eran abiertas, y contaron con un público abigarrado que llenó la sala de sesiones.) La siguiente imagen muestra uno de los carteles de la campaña obrera pro Constituyente.

Revista, CTC, mayo de 1940

 

Después de varios años en que se manejaron diversas fechas —y fueron sucesivamente pospuestas— se celebraron elecciones para la Convención Constituyente  el 15 de noviembre de 1939. El evento comenzó a sesionar el 9 de febrero,  aprobó la Constitución el 5 de julio de 1940, y entró en vigor el 10 de octubre de ese año.

En el documental “¡Viva la República!”, de Pastor Vega (1972), aparece en video sesiones de la Convención. (Minutos 56 y 57).

La “nueva Cuba”: el capital simbólico de la revolución

diferencias encontradas

Por Julio César Guanche

La legitimidad de una revolución se asocia a  la promesa de un origen, a un nuevo nacimiento. Promete el advenimiento de una nueva vida. La promesa de la vida futura adquiere los matices de una religión secular: convoca a la fraternidad, al “compañerismo” para conseguirla. Así, la proclamación de una “nueva Cuba” está en el centro de las promesas políticas revolucionarias en la historia de la Isla, con los términos propios de su universo: renovación, refundación, mañana, “ahora sí”.

Problemas de la nueva Cuba se titula el estudio que realizó la Foreing Policy Association (1934) sobre el escenario cubano, dirigido a contrarrestar los efectos de la Revolución de 1930 a través de una plataforma reformista. “Joven Cuba” fue la organización fundada por Antonio Guiteras para luchar por lo contrario: la revolución social. Uno de los manifiestos (1934) del ABC, una de las organizaciones políticas antimachadistas confluyentes en la Revolución de 1930, se titula: “Hacia la Cuba nueva”. En esa historicidad, Cuba no acaba jamás de ser nueva.

La valoración de dicha “novedad” se observa en todos los discursos. Las oficinas cubanas en 1959 colgaron letreros en sus puertas que exigían: “Sea breve, hemos perdido cincuenta años”. Se aprecia por igual en las disputas: una investigación de 1700 páginas publicada por la Universidad de Miami (1963) le negó cualquier adjetivo a la nueva realidad cubana: fue titulada a secas Un estudio sobre Cuba.

En los 1950, la nueva Cuba necesitaba libertad económica y justicia social y un régimen libre de trabas con naciones extranjeras y libre de apetitos de políticos y personajes propios. Ese programa era expuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Rafael García Bárcena, con estas palabras: (El MNR) “se enfrenta en lo económico al comunismo, y se dirige a superar el capitalismo. Se opone, en lo social, a las exclusiones sociales o clasistas y a toda forma de totalitarismo” y concretaba su pensamiento doctrinal en: “Nacionalismo, Democracia, Socialismo”.

Sobre esos pilares, la libertad política (democracia), la justicia social (socialismo) y la recuperación de los bienes del país (nacionalismo), todo ello también bajo las influencias de la Revolución mexicana, la república española y el new deal, se asentaba la cultura política cubana de los años 50.

Ese campo aportó entonces un cambio radical al programa tradicional que aseguraba que “sin azúcar no hay país”. La nueva Cuba repudiaba ser un “presidio de cañas amargas”. El líder sindical comunista Jesús Menéndez afirmó: “sin obreros no hay azúcar”, o sea, sin obreros no hay país. El MR-26-7 radicalizó esa trayectoria: llamó a quemar más caña en medio de la insurrección. En ello, enarboló una consigna más generosa: “Sin libertad no hay país”.

En tal horizonte, las soluciones nacionales se situarían en el camino de los proyectos colectivos. De esa evolución no escapaba la percepción sobre el papel que los Estados Unidos habrían de jugar ante un triunfo revolucionario.

El golpe de estado de 1952 sepultó el gran triunfo del espacio posrevolucionario: la Constitución de 1940. Con los años, el contenido antidictatorial de la cultura política cubana de los años 40 y 50 —la cara “política” de su otra vocación democrática, la  democrático social— se ha difuminado. La explicación de la Revolución según la cual su origen se encuentra en “causas económicas”, impide recordar cómo se localiza también en contenidos específicamente políticos.

Muchos jóvenes, entre ellos Fidel Castro, fueron a Cayo Confites (1947) para combatir contra Trujillo. José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez y Juan Pedro Carbó Serviá, entre otros líderes estudiantiles, integraron una expedición a Costa Rica (1955) para defender el régimen constitucional de José Figueres. Dentro de Cuba, se contaba con la memoria del “aceite de ricino” y del “palmacristi” —provistos por Machado, y por Batista en su primera era— y se sabían los motivos de sus convicciones: amasar fortunas individuales, entregar el país a la embajada norteamericana y soltar las manos a la oligarquía cubana.

La preocupación no se reducía al pasado cubano, sino a la realidad de América Latina. «No es de ahora, ciertamente, la crisis del régimen democrático en nuestra América —decía Raúl Roa—. Su razón última hay que buscarla en las supervivencias de la estructura colonial, en la concentración de la propiedad rural, en el desarrollo económico dependiente, en el predominio político de las oligarquías, en la concepción patrimonial de la administración pública, en el avaro atesoramiento de la cultura, en la pugna interimperialista por el control de materias primas esenciales y en la etapa de tránsito social que atraviesa el mundo.”

Fidel Castro, al denunciar la venta de armas por los Estados Unidos a Somoza y a Trujillo, y de estos a su vez a Batista, afirmó en la época: “Si los dictadores se ayudan entre sí, ¿por qué los pueblos no han de darse las manos? […] ¿No se comprende que en Cuba se está librando una batalla por el ideal democrático de nuestro continente?”.

El programa de la nueva Cuba de 1959 alcanzó un consenso extraordinario al ser capaz de fusionar demandas diversas: “pan con libertad y pan sin terror”. Mostró el hambre como el resultado de la injusticia, y no de la ignorancia del trabajador, y la libertad como conquista popular. Expropió así el concepto de “revolución” del campo de la “politiquería” y restituyó su sentido. El capital simbólico de la revolución se materializó sobre la tierra firme de la justicia: haría justicia histórica al pueblo de Cuba contra los desmanes de la dictadura, y proveería la justicia del futuro con el reordenamiento de la estructura política y económica del país. En resumen, prometía una nueva Cuba.

 http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-nueva-cuba-capital-simbolica-de-la-revolucion.html

La Constitución cubana de 1940: el estado como patrimonio común (III, final)

1940-07-02-c-f

Por Julio César Guanche

Es posible ubicar la Constitución cubana de 1940 dentro de lo que se conoce hoy como “modelo democrático constitucional”. Ello, porque su texto regulaba, sin prioridades excluyentes entre sí, los derechos civiles, políticos y sociales.

La concurrencia de diferentes “generaciones” de derechos era constitutiva de lo que se entendía en la fecha como una democracia crítica de su versión liberal. Esta visión fue provista por la vasta ola democratizadora que siguió al triunfo del antifascismo.  Consagraba la “cuestión social” y defendía el control social de lo político, recurriendo, por ejemplo, en un número amplio de países europeos, al parlamentarismo como recurso de defensa y promoción de la soberanía.

No obstante, el carácter social de la Constitución de 1940 ha sido su rasgo más celebrado.

El constitucionalismo social —elaborado primero en México (1917), Rusia (1918) y Alemania (1919) y codificado en mayor número de países hacia la posguerra— buscó su legitimación más en la democracia que en la reglamentación formal del ejercicio político.

La alternativa  crítica al liberalismo oligárquico y elitario dio prioridad tanto a la libertad como a la justicia. Reformuló el marco mismo de comprensión de los derechos, que no se remitirían solo a individuos, sino también a grupos y clases. En ello, postuló el control social de la libertad y reorientó los derechos en defensa de los más desprotegidos: mujeres trabajadoras embarazadas, niños, arrendatarios, aparceros.

Para la época, la democracia como mecanismo de selección de elites era solo una de las concepciones en disputa. Después, como sucedió en el periodo de las transiciones a la democracia formal en la América latina de los 1980, esta noción procedimental derrotó a otras concepciones de la democracia.

Entre estas últimas se encontraba la idea de democracia como ejercicio interdependiente de derechos sociales y políticos, encuadrado en una vida cívica activa, que recogía la Constitución de 1940. Con esta visión, pretendía hacer parte a las masas del estado antes perteneciente como patrimonio exclusivo a las elites.

Ahora bien, esa carta magna ha sido sometida a numerosas críticas.

Los mismos constituyentistas reconocían que el texto podría quedar “en su mejor parte, en el limbo de las buenas intenciones si las leyes complementarias no fuesen prontamente votadas por el Congreso”. Para muchos, se agotó en su carácter programático, declaratorio de principios, pues no habilitó los cauces jurídicos necesarios para su cumplimiento. Una década después de promulgada solo se habían dictado, según Ramón Infiesta, diez de las setenta leyes especiales pendientes.

También ha sido cuestionado su “casuismo”, pretensión de “exhaustividad” y “reglamentarismo”, que la hacía “inoperante”. Ciertamente, el texto de 1940 es extenso: contiene al menos cien artículos más que las constituciones, también de alto contenido social, de España (1931), Italia (1947) o Argentina (1949).

Uno de los blancos predilectos de la crítica al “reglamentarismo” ha sido la consagración en el texto de 1940 del salario del maestro, que debía ser equivalente, como mínimo, a una millonésima parte del presupuesto nacional. Sin embargo, es posible apreciar aquí algo más profundo que la mera vocación reglamentista.

Esa disposición, como otras similares, buscaba conectar las disposiciones formales de atribución de derechos, ubicadas en la parte dogmática de la constitución, con las obligaciones materiales de satisfacerlos, construyendo, también en el texto constitucional, la interrelación entre derechos. Impugnaba la escisión, de raíz liberal, entre la política y la economía que dejaba intacta la desigualdad social, al tiempo que afirmaba la libertad política del ciudadano. Antes que reglamentista, es más útil considerarla entonces como “garantista”.

Además, la Constitución de 1940 fue víctima de las contradicciones que dejó en pie en el modelo que pretendió impulsar. La imposibilidad de ese marco para encarar problemas centrales de la sociedad cubana —como la corrupción, el latifundio, la polarización ciudad-campo y la subindustrialización—, contribuyó a la ineficacia del texto constitucional.

Entre 1941 y 1947, la inflación ascendió a 60% contra 25% de aumento en los salarios reales de los trabajadores. El censo de 1953 mostró una cifra de personas analfabetas en las zonas rurales mayor a la reportada por el censo de diez años atrás. En 1950 había un maestro urbano por cada 18 niños de edad escolar, pero un solo maestro por cada 159 niños en zonas rurales.

En el lapso de su vigencia (1940-1952) previa al triunfo revolucionario de 1959, la economía no se diversificó desde el punto de vista industrial. Los intentos de la burguesía no azucarera para conseguir este propósito fueron derrotados. Si bien el texto constitucional proscribió el latifundio, en la práctica no fue modificado. La producción del campo siguió comprometida en lo fundamental por el monocultivo. Los avances de las reformas sociales no pudieron expandirse, pues funcionaban también dentro de redes de clientelismo y corrupción.

Estos procesos no contaban con posibilidades eficaces de control democrático social ni parlamentario. La recuperación de la lógica del “Estado botín” se oponía así a la promesa de convertir al Estado en un patrimonio de la sociedad.

Es posible apreciar la dimensión del legado de 1940 desde otra perspectiva. Esto es, si el análisis de su eficacia se mira como un proceso de más “larga duración” que visibilice mejor la dimensión sociopolítica de aquello a lo que se enfrentó —el “Estado plantación”— y de aquello por lo que fue derrotado: la dictadura de Fulgencio Batista.

El estado oligárquico y la dictadura batistiana —que fue también “dictadura” en su política económica, como muestra la firma del Convenio de Londres, que imponía restricciones a la producción azucarera mientras el régimen reprimía las resistencias sociales ante las consecuencias de esta medida— eran enemigos del tipo de democracia que representaba la Constitución de 1940. No por casualidad, fue esta la gran bandera de lucha de las generaciones revolucionarias de los 1950 que buscaban tanto libertad como justicia.

http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-constitucion-cubana-de-1940-el-estado-como-patrimonio-comun-iii-final.html

La Constitución cubana de 1940: el estado como patrimonio común (II)

1940

Por Julio César Guanche

La Constitución cubana de 1940, aprobada en un momento de gran consenso nacional, recogió en clave reformista parte importante de las demandas de la revolución popular de 1930-1933.

La calificación de “reformista” no tiene, a priori, ribetes críticos. Refiere a que fue comprehensiva de demandas de diversos actores, y a que, por ello, experimentó consensos en torno a problemas fundamentales, como la intervención del Estado en la economía, recogió tensiones correlativas al intento de conciliación de propuestas diferentes entre sí y contuvo las demandas más radicales.

El “reformismo” del texto cubano enfrentó las tres cuestiones claves que constituían el núcleo de los socialismos latinoamericanos de su momento: las cuestiones agraria, obrera y nacional. En varios países, como México, Perú y Ecuador, la cuestión étnica resultaba también fundamental, pero en Cuba la “raza” ocupaba su lugar.

Ramiro Guerra imaginó el programa reformista de una «nueva Cuba» pos1930: luchar contra el latifundio, como régimen de explotación de la tierra, destructor de la economía, de la organización social y de la soberanía política y de la independencia nacional, sin que ello conllevara una acción contra la industria azucarera ni contra el capital nacional o extranjero.

En esa senda, la Constitución de 1940 proscribió el latifundio, estableció el reparto de tierras, y la construcción de casas, en forma de cooperativas — que serían llamadas “José Martí” y se organizarían a nivel municipal—, con el fin de adquirir tierras laborables y construir casas para campesinos, obreros y empleados pobres. Seguir leyendo “La Constitución cubana de 1940: el estado como patrimonio común (II)”

La Constitución de 1940 (I)

1940

Por Julio Cesar Guanche

Entre 1930 y 1933 Cuba experimentó una revolución cuyas demandas pusieron bajo asedio al Estado oligárquico estructurado en 1902, año de la fundación republicana.

Varios factores estructurales contribuyeron a ese asedio. Cambió el perfil de la fuerza laboral, tras el fin de la corriente inmigratoria de 1780-1930. La economía perdió la tendencia al crecimiento de la exportación de azúcar. El derrumbe del mercado norteamericano, con la gran depresión, produjo una grave crisis de desempleo.

La situación confluyó con la presión política de las masas. El movimiento obrero adquirió fuerza y organización. Un amplio campo social exigió modernizar la escuela. La prensa y la radio ganaron penetración al interior de la sociedad cubana.

En el proceso, el Estado se hizo más dependiente de la participación del ciudadano común—que contaba ahora con voto femenino, sistema de partidos, canales de representación funcional y una esfera pública ampliada—. La captación de nuevas lealtades ciudadanas sería reciprocada por la promesa del Estado de convertirse enun patrimonio común de la sociedad.

La Constitución de 1940 es la síntesis mayor de tal intención.

Cuba tomaba opción entre las ideologías que disputaban entonces el curso de la historia: el republicanismo social y el socialismo democrático; el marxismo-leninismo soviético y el fascismo. Para ese momento, el liberalismo del siglo XIX, cimentado sobre el individualismo, el abstencionismo estatal y el despliegue ilimitado de la propiedad privada, no era una ideología que pudiese intervenir con mayor éxito en los debates cubanos. Entre sus cargos estaba, en Cuba como en América latina, la justificación de la república oligárquica y la enorme devastación social desplegada tras1929.

En 1940 los asambleístas cubanos recelaban de aquel liberalismo. Entre ellos, no solo se encontraban comunistas como Blas Roca o Salvador García Agüero, sino también delegados del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), como Eduardo Chibás y Carlos Prío; o del ABC, como Joaquín Martínez Sáenz y Jorge Mañach.

Estas posiciones, diferentes en otros aspectos, compartían la inspiración keynesiana de hacer intervenir al Estado en la economía. Con ella, buscaban evitar el desajuste entre oferta y demanda;  regularla producción y elcomercio, para controlar lascrisis de superproducción; y fomentar el gasto público y el empleo, comprometidas tanto con el crecimiento del mercado interno como con políticas redistributivas.

La opción cubana por el republicanismo social se hizoexplícita en la Constitución. Sutexto consagró el principio de intervención gubernativa en la economía, declaró el subsuelo como propiedad estatal, estableció la jornada de trabajo máxima de cuarenta y cuatro horas semanales, las vacaciones retribuidas, la licencia por maternidad, las pensiones y seguros, la protección al pequeño propietario rural, la proscripción del latifundio y la restricción de la posesión de tierras por extranjeros, la igualdad en el salario sin distinciones de género —ni de estado civil en el caso de las mujeres.  Asimismo, prohibiódisolver sindicatos sin sentencia firme de la autoridad judicial y estableció el derecho a la libre sindicalización. Seguir leyendo “La Constitución de 1940 (I)”

La lealtad es un bien escaso

José Martí, por José Luis Fariñas

José Martí, por José Luis Fariñas

Por Julio César Guanche

En Quito, una inmigrante cubana, “sin papeles”, que llamaré Clara, de piel blanca, trabaja siete días a la semana, 16 horas por jornada. No tiene contrato laboral, cobra cada día una suma que ronda, al mes, el salario mínimo. Vive en lo que llama un “cuchitril”. Podrá enviar a su casa 50 usd mensuales, pero solo si se priva de todo. No cuenta con un día de vacaciones, o por enfermedad. En Cuba tiene una hija universitaria y un hijo que ingresará al preuniversitario. Para financiar su viaje, vendió su casa en la Isla y ahora aspira a irse hacia otra nación en la cual, “le han dicho”, están “dando papeles”. Al identificar a un cubano, cuenta la historia de su vida como si conociera desde siempre a quien la escucha. En esas condiciones, Clara es firme cuando asegura que no regresará a Cuba mientras “la cosa siga como está”.

En un municipio habanero, otra cubana, mulata, que llamaré María, que ahora es cuentapropista, narra en una entrevista: “Cuando empecé a trabajar en 1983 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al Mercado Centro con mis 55 pesos y hacía una factura, compraba maltas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con esta revolución y este mismo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal de fondo y se están cometiendo errores porque no es posible que nosotras, las madres, para poderles poner un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping para que les dure una semana. ¿Cuánto te cuestan? ¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? ¿Por qué el Estado no vende colegiales? Cuando nosotros estudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muerte, pasaban de hermano a hermano, pa´l primo, el amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices.”

¿Tienen algo que ver los testimonios (reales) de Clara y de María con el contenido de los artículos que aparecen en este folleto editado por Espacio laical?

Roberto Veiga y Lenier González han propuesto una discusión significativa. Sus textos declaran un compromiso con el fomento de una política de inclusión social, democratización política, desarrollo social y soberanía nacional. El expediente en el que han confiado para aunar voluntades en torno a ese proyecto es la suma de una sociedad civil “democratizada”, con mayor participación social; de una oposición “leal”, desvinculada de las agendas de “cambio de régimen”, y de un nacionalismo “revolucionario”, atravesado por contenidos de justicia social.

Haroldo Dilla, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, cuyos textos aparecen en esta compilación, han dialogado con la utilidad de los conceptos o la eficacia práctica de los ejes que articulan la propuesta de Veiga y González. Han cuestionado la vigencia del nacionalismo como ideología hegemónica en la Cuba actual, y la amenaza que supone que sea una ideología, en este caso la nacionalista, la que pretenda cubrir la pluralidad ideológica de una sociedad. Asimismo, han cuestionado la necesidad de calificar de “leal” a una oposición que, si operase en un marco regulatorio legal para su actuación, dentro del contexto de un Estado de Derecho, no necesitaría de “certificados de lealtad”. Además, juzgan desfasada la conceptualización sobre la sociedad civil, hecho que limita el alcance de los fines críticos que podría desempeñar la sociedad civil en relación con el estado cubano.

Los autores dialogan entre sí. No configuran bloques homogéneos de unos contra otros. Coinciden en varios puntos, y tienen desacuerdos gruesos en otros. En este texto, imagino cómo este debate importa para las vidas de Clara y de María, como metáfora de cubanos que puedan ser similares a ellas, estén en la Isla o fuera de ella. Seguir leyendo “La lealtad es un bien escaso”

Eduardo Chibás y el significado político de la vergüenza (II, final)

chibas

Por Julio César Guanche

Si se busca una imagen que codifique el cuerpo ideológico del nacionalismo, de orientación democrática, burguesa y popular-populista, que dominó la imaginación de la Convención Constituyente cubana que aprobó la importante Constitución de 1940, puede encontrarse en el calificativo con que se llamaron entre sí muchos delegados a lo largo de esos debates: “compañero señor”.

La ecuación revela el proyecto de conciliación entre el contenido igualitario, aportado por la Revolución popular que derrocó a Gerardo Machado (1930-1933) y la canalización reformista burguesa del curso revolucionario, que prometió, a través de la modernización capitalista del país, conseguir la soberanía política nacional, la liberación económica y la justicia social en aras del objetivo de “Cuba para los cubanos”.

La imagen del “compañero señor” no constituye una contradicción sino un oxímoron: dos palabras opuestas que no obstante, como diría Borges, construyen un sentido. En este caso, la democracia como proyecto regular de creación de la política “por el pueblo” —el programa de la redistribución horizontal del poder entre ciudadanos trabajadores—, contenida en el término “compañero”, y su regulación por la jerarquía, el poder vertical, expresada en el término “señor”, uso particular de poder político por parte del ciudadano propietario, que controla los términos de la creación, funcionamiento y reproducción de dicho poder.

El “compañero” y el “señor” conviven en la conquista ideológica de la Revolución cubana del 30: el nacionalismo democrático de corte popular/populista.

Ese discurso tiene gran consistencia en los debates alrededor de 1940: es el tono genérico de la Asamblea Constituyente, el esperanto en el que se entienden desde los comunistas y los abecedarios hasta los demócratas republicanos y los liberales, pasando por el resto de los partidos presentes en la Convención —y solo confrontado, en ocasiones, por el liberalismo de “viejo estilo”, doctrinario y oligárquico, tipo Orestes Ferrara. Seguir leyendo “Eduardo Chibás y el significado político de la vergüenza (II, final)”

Eduardo Chibás y el reformismo populista en Cuba (I)

chibásPor Julio César Guanche

Buena parte de los estudios cubanos, al estudiar la figura de Eduardo Chibás (19071951), lo han presentado in extremis: «el adalid de Cuba», según el título clásico de Luis Conte Agüero, versión laudatoria reeditada después en la historiografía revolucionaria, o como un demagogo populista, afectado por un ego compulsivo e irrefrenable.

A lo largo de su trayectoria política, Chibás mostró, ciertamente, bastante coherencia a la hora de defender la tríada de la plataforma política del reformismo social cubano, fuese en su versión del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), en el que militó varios años, o del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), que el mismo Chibás fundó en 1947. Esa tríada estaba integrada por acepciones específicas del antimperialismo, el nacionalismo y el socialismo, nucleadas en torno a un ideario que, de inicio, no resulta peyorativo calificar de “populista”.

El antimperialismo había sido el pregón de la Revolución de 1930 al denunciar el estatus colonial al que había reducido a Cuba la dependencia a los Estados Unidos, con el “sacrificio de los intereses más vitales de la sociedad cubana”. El núcleo de este antimperialismo se encontraba en el derecho a la autodeterminación de las naciones, a la conquista de la independencia política nacional y a su liberación económica, quiere decir, a “nacionalizar” sus riquezas, en el sentido de “cubanizarlas”, o sea, que fuesen cubanos sus propietarios.

El populismo latinoamericano de los 1940 entendió la industrialización como sinónimo genérico de desarrollo económico. La industrialización debía significar en los hechos diversificación económica, pero esta equivalía a confrontar el control de la inversión extranjera sobre la economía nacional, si quería dominar sectores rígidamente sometidos a la dependencia exterior, propiciada a lo largo del modelo de “crecimiento hacia afuera”, favorecedor de las oligarquías exportadoras. El nacionalismo populista fue el corolario ideológico de esta necesidad, que reelaboró contenidos de varias fuentes y defendió la existencia de la burguesía nacional.

El populismo confió a un Estado crecido en funciones y medios la resolución de los conflictos provenientes de la sobreexplotación del trabajo, típica del subdesarrollo, y de la puja de los intereses “nacionales” contra el latifundismo exportador criollo y contra la propiedad foránea de las riquezas. Por ello, consideraría al Estado capaz de regular las consecuencias “injustas” provenientes del libre desenvolvimiento de las relaciones capitalistas de producción y de servir de garantía para “nacionalizar” la economía y para “desarrollarla”. Seguir leyendo “Eduardo Chibás y el reformismo populista en Cuba (I)”

Cuba: hacia un redimensionamiento de los derechos humanos

cuba 

La temática de los derechos humanos ha sido una constante que ha marcado, durante muchos años, los debates sobre Cuba. La construcción de versiones particulares sobre el tema, desde diferentes puntos del espectro político-ideológico nacional, nos muestra la existencia de una gran contraposición de opiniones. Se trata de un tema crucial que, más temprano que tarde, cobrará mayor fuerza en los procesos de transformación que vive el país. Por este motivo nuestra revista ha convocado a un grupo de expertos para debatir sobre este asunto trascendental. Participan en el dossier el jurista Roberto Veiga, editor de la revista Espacio Laical; el politólogo Rafael Hernández, director de la revista Temas; el jurista Julio César Guanche, ensayista y pensador cubano; monseñor Carlos Manuel de Céspedes, vicario de la Arquidiócesis de La Habana, pensador y ensayista; y el politólogo Arturo López-Levy, académico y activista cubano radicado en Estados Unidos. (Nota introductoria de Espacio laical)

Las preguntas que se responden dentro del dossier:

 1-¿Puede hacer una reseña sobre los imaginarios históricos de nuestra nación acerca del tema de los derechos de la persona?

 2-En las últimas décadas, ¿cuáles concepciones han conseguido en nuestro país una mayor elaboración y difusión? ¿Alguna noción ha prevalecido?

 3-¿Cuánto han avanzado en materia de derechos las generaciones que hoy comparten el país?

 4-¿Cuánto nos queda por avanzar? ¿Cuáles podrían ser los mejores mecanismos para lograrlo?

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