Avatares de la igualdad, la libertad y la fraternidad

Derechos y garantías en la reforma constitucional cubana de 1992

Por Julio César Guanche

Hacia 1976 se había desvalorizado en Cuba el papel de la institucionalidad jurídica y política de protección de derechos, al tiempo que se valorizaban extraordinariamente las garantías materiales para su protección. Entre las causas de este hecho, se encuentran la crisis de la institucionalidad burguesa previa a 1959, la rápida defección del nuevo proceso social de los sectores medio y alto de la burguesía y el repudio de sus instituciones, la crisis de resolutividad del derecho para dar cuenta de nuevas necesidades y la obra social desarrollada por la Revolución.[*]

Para la Constitución de 1976 el Estado era la encarnación misma de «los intereses colectivos de toda la población trabajadora» (Azcuy 2000, 74). Por tanto, la regulación constitucional no podía privilegiar los mecanismos de defensa de derechos individuales, que la reforma de 1992 mantuvo intactos respecto a su consagración en 1976.

La Constitución cubana no usa la distinción entre los derechos económicos, culturales y sociales, y los civiles y políticos presente en la doctrina sobre derechos humanos posterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero tampoco aclara si los derechos serán de igual jerarquía y fuerza.

El ordenamiento y la práctica legales siguieron la filosofía de hacer prevalentes los derechos sociales sobre los individuales. Desde el punto de vista político, ello configura un patrón asistencialista de participación. Crea un ciudadano pasivo a la espera de la provisión pública de bienes y servicios.

Es un problema que afronta, también, a su manera, el liberalismo:

los derechos liberales y los derechos a recibir prestaciones sociales se otorgan en términos paternalistas, pues resultan funcionales para la institucionalización de los sistemas económico y administrativo. […] Como consecuencia, Habermas caracteriza la orientación predominante de los ciudadanos frente al gobierno en términos de «alto output-bajo input», es decir, por una renuncia privatista a la parte activa del papel de ciudadano, que queda de este modo reducido a la categoría de un «cliente» pasivo del Estado social, cuyas únicas contribuciones al bien común se limitan al voto y a los impuestos. (Melero de la Torre 2001, 193)

Para la ciudadanía demorepublicana, la capacidad de ejercer el conjunto de derechos —individuales y sociales—, configura un tipo de partipación política orientada hacia la autonomía y la independencia personales. Desde esta imaginación, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) sustituye el principio de precedencia de un tipo de derecho sobre otro por el de «progresividad», que supone el crecimiento cuantitativo de los derechos y el crecimiento cualitativo de su interrelación a partir de su irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia.

La Constitución cubana dispone un capítulo específico para los derechos fundamentales, en el cual se plasman todos los consagrados por la Declaración Universal de 1948, con excepción de tres: el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de circulación y emigración, que aparecen regulados en leyes específicas —Código Penal, Código Civil y Ley de Migración no. 1312 de 1976 (modificada por el Decreto Ley No. 302, de 16 de octubre de 2012), además de disposiciones de los organismos de la Administración Central del Estado, respectivamente.

La Constitución establece un conjunto de principios que deben considerarse como derechos: la igualdad, la participación y el derecho de petición. Varios de ellos son extraíbles del cuerpo constitucional, algunos corresponden a los llamados de «tercera generación» —como el derecho a un medio ambiente sano— y derechos al deporte, a una vivienda confortable, a la defensa de la patria, entre otros. (Torrado 2003)

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los respectivos pactos de la ONU, se encuentran mayoritariamente reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano (Delgado Sánchez 2009). En específico, están consagrados todos en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales.

La declaración constitucional cubana de derechos no es atrasada para el año 1976, pero lo es respecto a 2010,

Cuba soñada – Cuba posible – Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato

Laboratorio Casa Cuba

La soberanía de la Patria no es más

que el ejercicio irrestricto de

todos los derechos de la dignidad humana en

todo el territorio de nuestro país por

todos los cubanos.

Cuba vive un cambio de época. Ello nos impone el apremio de velar por la soberanía de nuestra Patria. Preocupados por el presente y por el futuro, deseamos formular propuestas para ser estudiadas y debatidas públicamente, acerca de cómo podría desarrollarse, junto al proceso de actualización económica, la debida renovación del orden social cubano.

Quienes integramos el Laboratorio Casa Cuba, de procedencias ideológicas disímiles, partimos de un consenso en torno a cinco pilares que juzgamos cruciales e irrenunciables de cara al presente y el futuro de Cuba: abogamos por la realización de la dignidad humana, que se concreta mediante el ejercicio no-violento de la libertad, la igualdad y la hermandad, por la socialización de la riqueza espiritual y material que seamos capaces de crear, por la consecución de una democracia plena, por la búsqueda de la mayor estabilidad en este proceso de cambios, y por el resuelto rechazo a la intromisión de poderes extranjeros en los asuntos de Cuba.

Al proponer (nunca imponer) una definición mínima de República y algunos posibles instrumentos para realizarla, no deseamos promover agendas particulares, sino que cubanas y cubanos, con opiniones y creencias diferentes, entre todos contribuyamos a concretar, ampliar y profundizar estos criterios, que aspiramos a que sean la base de nuestra convivencia en un futuro próximo.

 

República:

Un orden público con un universo de actitudes, compromisos y reglas que garantizan a cada ser humano el disfrute de todas las capacidades necesarias para desempeñar su cuota de soberanía. El ejercicio de la soberanía ciudadana, que requiere un orden democrático, ha de tener como base las virtudes humanas, como medio principal el apoyo mutuo, y como meta la edificación de la justicia.

Instrumentos para afianzar la República en la Cuba de hoy y de mañana:

I. Garantizar el disfrute de los derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos.

II. Implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equitativamente de esos derechos, y para empoderar a los sectores desfavorecidos.

III. Asegurar el derecho a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia de la gestión pública y el acceso masivo y participativo a Internet.

IV. Garantizar a la multiplicidad social y política de la nación el derecho de escoger diversas formas para auto-organizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión pública.

V. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones existentes en Cuba, puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades, y auto-organizarse en comunidades con personalidad jurídica propia.

VI. Establecer diversos dispositivos para que la ciudadanía pueda controlar activamente el cumplimiento de la Constitución de la República, así como el desempeño de todas las instituciones oficiales.

VII. Procurar la mayor autonomía posible del desempeño de las instancias locales, entendidas como espacios comunitarios, con recursos y capacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del protagonismo solidario y la soberanía ciudadana.

VIII. Cuando un problema pueda resolverse en las bases -ámbito local, asociativo o de colectivo laboral-, las instancias superiores no deberán intervenir en su solución; las comunidades, asociaciones, empresas y colectivos de trabajadores han de tener la posibilidad de cooperar libremente entre sí para solucionar conjuntamente sus problemas.

IX. Derogar todas las normas que establecen discriminaciones entre ciudadanos según sus territorios de origen o residencia –incluyendo las que privilegian a extranjeros por sobre los cubanos-, así como las que proveen la posibilidad de sanciones penales para quienes no cometieron actos criminales (peligrosidad predelictiva: el “estado peligroso” y las “medidas de seguridad predelictiva”).

X. Instaurar mecanismos de control mutuo entre las diversas funciones públicas. Separar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, así como perfilar la cooperación que debe existir entre las mismas.

XI. Cada contribuyente debe poder participar en la elaboración y aprobación del destino de los fondos que ingresa al erario público, así como exigir responsabilidades sobre su uso en propósitos sociales bien definidos.

XII. Elegir todos los cargos públicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y competitivas, entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía.

XIII. También deberían ser electos siguiendo las reglas anteriores los máximos cargos ejecutivos de la República y de cada localidad.

XIV. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular, y establecer límites de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a ser ejercidos por una misma persona.

XV. Hacer efectiva la rendición de cuenta -periódica, pública e interactiva- de todos los funcionarios públicos.

XVI. Garantizar la realización del derecho del pueblo a revocar todos los mandatos.

XVII. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito, en todos los ámbitos y dimensiones.

XVIII. Asegurar eficazmente el derecho al trabajo y las garantías laborales; así como las libertades económicas necesarias, y subordinar la ejecutoria económica a compromisos sociales y ambientales.

XIX. Mantener, como derecho, el acceso universal y gratuito a la salud, mediante diversas formas sociales de organización, así como lograr una remuneración justa que esté a la altura de tal desempeño profesional.

XX. Garantizar el acceso universal y personalizado a una educación integral y democrática, humanista y diversa, con una remuneración justa para sus profesionales y un involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los planteles y la definición de los programas de estudio; así como a un desarrollo cultural libre y responsable.

XXI. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y una participación activa de todos sus actores.

XXII. Asegurar vías eficaces para garantizar la participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida del país.

XXIII. Todo el quehacer social debe cumplir los principios de legalidad, justicia y supremacía constitucional. Los preceptos constitucionales deben ser elaborados y aprobados con la participación protagónica del pueblo.

Sumamos nuestro modesto afán a los esfuerzos inolvidables de quienes han peleado y laborado por el triunfo del amor en nuestra tierra, a cuyas voces –un coro plural y diverso- unimos las nuestras, en común contraseña redentora.

Sus comentarios, análisis y propuestas pueden ser enviados a la siguiente dirección electrónica: labcasacuba@gmail.com

Pd. Días después de publicado este documento, se dio a conocer el que reproduzco a continuación, lo coloco como posdata, porque es útil leer juntos ambos textos. (nota del 29/03/13)

Claves para leer el documento Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato

El Laboratorio Casa Cuba nace luego del diálogo sostenido, en las páginas de la revista Espacio Laical, entre los juristas Julio César Guanche y Roberto Veiga González, sobre la democracia en Cuba. La gran mayoría de las personas que integran el Laboratorio han participado y dialogado en las páginas y eventos auspiciados por la revista. Los editores de Espacio Laical, con el debido consentimiento de la entidad a la que pertenece dicha publicación, han contribuido a la institucionalización del equipo, el cual opera como un grupo de trabajo cuyos condicionamientos sólo provienen de las convicciones de quienes lo integran.

El ejército de la libertad. El Directorio Revolucionario 13 de Marzo en la Revolución Cubana

Por Julio César Guanche

«Los estudiantes son el baluarte de la libertad, y su ejército más firme»

José Martí

Asalto a Palacio Presidencial 13 de Marzo de 1957, cartel de 99 Estudio

La ideología del Directorio Revolucionario*

El Directorio Revolucionario 13 de Marzo es un hijo de la inspiración socialista democrática al uso a mediados del siglo xx. Adscrito a esa filosofía, con carta de ciudadanía en la Constitución cubana de 1940, los miembros más intelectualizados del DR habrán leído a José Martí, Enrique José Varona, Julio Antonio Mella, Emilio Roig, y estarían muy influidos por Antonio Guiteras, muchos de cuyos textos inéditos y cuya memoria les serían allegados por colaboradores cercanos de Guiteras como Carmen Castro y Ayda Pelayo, así como por la lectura de Diálogos sobre el destino, de Gustavo Pitaluga, y los textos de José Antonio Ramos, Raúl Roa, Rafael García Bárcenas, Fernando Lles y Medardo Vitier.

El apego a la constitucionalidad, típico del consenso surgido de 1940 —aunque esa era una idea fuerte de la cultura política cubana en general—, guió desde 1952 las demandas de quienes serían luego miembros del DR. La evolución ideológica experimentada por este organismo con el decurso de la lucha, al modo en que la había experimentado el DEU de 1927, que llevó a este del combate por reivindicaciones estudiantiles hasta la propuesta de un “total y definitivo cambio de régimen» en la década de 1920, condujo al sector de la FEU que crearía el DR a repudiar tanto el 10 como el 9 de marzo, esto es, a hacer la denuncia integral del status al que habían conducido doce años de reformismo republicano.

La Carta Magna de 1940, una de las más avanzadas dentro de las constituciones promulgadas en su época, constituía el resultado de un equilibrio representativo de las fuerzas fundamentales del registro político cubano y así pudo inscribirse en la corriente del constitucionalismo social —de ahí que sancione en su parte dogmática los derechos económicos, sociales y culturales— anexa a la ideología del Estado de Bienestar.

A la altura de 1956, las causas de la inoperancia de la Constitución de 1940 para resolver los problemas nacionales iban más allá de los límites del reformismo cubano —con su enunciado de ampliar la distribución del ingreso sin afectar las bases económicas del sistema—, sino apuntaban hacia la crisis estructural de la política, hacia la fase crítica de la «frustración republicana», constatación que recorría una zona amplísima del arco ideológico nacional.

La frustración acumulada en el período 1940-1952, durante el mandato de ese propio texto legal, proveyó al cabo a la ciudadanía cubana de una enorme carga de cinismo político y de escepticismo ideológico. De hecho, el movimiento de masas que sería más popular en esos años, el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), ganó el favor popular con sus reivindicaciones éticas sobre la honestidad administrativa y la lucha contra la corrupción, junto al carisma de su líder Eduardo Chibás.[1] Como las elecciones eran la segunda zafra del país, la política quedaría arrojada al barro de la corrupción por sectores muy numerosos, incluida buena parte de la burguesía. De ese sumidero, la FEU de Echeverría podría rescatar a la política cuando demostrara que su lucha era una apuesta decidida por la Revolución y no parte del torneo republicano de gestos en busca de una silla curul.

Desde las batallas contra la dictadura de Gerardo Machado, la Universidad de La Habana había devenido un objetivo para todos los grupos políticos del país, asedio que trajo consigo la corrosión del carácter universitario. El golpe de estado de Batista sería el hito que necesitaba la Universidad para conocer la necesidad de un cambio radical. Por tanto, la convocatoria de la Universidad no se reducía a los estudiantes, sino se abría hacia todo el abanico de sectores con la esperanza puesta en cambiar el orden de cosas y devolver el status republicano a la nación. En el símbolo representado por la Universidad se refugió la zona más revolucionaria de la conciencia y la cultura nacionales. Aunque violada al menos en tres ocasiones, la autonomía universitaria volvió a desempeñar un papel capital, como lo había jugado también durante la vigencia de la Ley Docente de 1937. La autonomía habilitaba a la Universidad como el ideal moral de una República para la nación en el contexto de la Dictadura.

La radicalización revolucionaria de la presidencia de Echeverría pondría término a los posibles pactos de dirigentes de la FEU con el régimen, llamados «tramitaciones», y enarbolaría el ideal de intransigencia demostrando la imposibilidad de un diálogo con Batista —con la eliminación previa de los males de la política tradicional dentro de la FEU y de la Universidad, a través del recurso imprescindible de no recurrir a las armas—. La FEU y luego el DR llenarían en la práctica, hasta los primeros meses de 1957, el espacio dejado a la intemperie por la pseudo-oposición al dictador.

Jose Antonio Echeverría, presidente de la FEU y lider del Directorio Revolucionario

La definición ideológica primaria del DR se encuentra en su rechazo hacia los métodos corruptos, en su necesidad de desplazar del liderato de la oposición a Batista a las formaciones políticas tradicionales. De ellas, la corriente más fuerte correspondía al Partido Revolucionario Cubano-Auténtico (PRC-A) a quien le fuera arrebatado el poder por el golpe del 10 de Marzo de 1952

El PRC-A había devenido hegemónico en ese período, por su conexión con las necesidades de la sociedad civil cubana, pero su práctica de gobierno había provocado un rechazo tan abierto que, llevado el sistema al límite por Batista, abriría más tarde la puerta a la impugnación total del régimen político-económico republicano.

El PRC-A, lo más parecido que pudo haber en Cuba a una socialdemocracia, había reeditado en Cuba lo que Trostky apuntaba de los socialrevolucionarios rusos, quienes «se imaginaban que la futura revolución no sería ni burguesa ni socialista, sino ´democrática`», cuyo partido «se trazaba una senda, que pasaba entre la burguesía y el proletariado y se asignaba el papel de árbitro entre las dos clases». No obstante, las declaraciones del Autenticismo constituían en 1956 solo el recuerdo de una antigua ilusión. Las otras organizaciones que seguían un programa similar en sus términos al del PRC-A —con su consigna de 1934: «nacionalismo, democracia y socialismo»—, como era el caso del DR —y de la juventud ortodoxa, por ejemplo—, encontraban sus diferencias con el Autenticismo, más que en el nivel programático, en el contenido asignado a esos conceptos y en cómo pretendían llevarlos a vías de hecho en la política nacional. Por esos motivos, la línea ideológica que Echeverría configura discursivamente bajo la síntesis de «Revolución Cubana», según se integra y conforma en el tiempo, guarda distancia de los postulados Auténticos.

Desde el punto de vista ideológico, el DR estaba más cercano, como muestra la Proclama leída en su acto de constitución, al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Rafael García Bárcenas, quien afirmaba en su manifiesto programático: (El MNR) «se enfrenta en lo económico al comunismo, y se dirige a superar el capitalismo. Se opone, en lo social, a las exclusiones sociales o clasistas y a toda forma de totalitarismo»[2] y concretaba en «un trípode ideológico su pensamiento doctrinal: Nacionalismo, Democracia, Socialismo»[3], como por igual coincidiría la proyección del DR con las perspectivas sociales de la «Carta a la Juventud», de Aureliano Sánchez Arango, ahora líder de la organización conocida como Triple A y antiguo miembro del DEU de 1927, al igual que Bárcenas.

Sobre los tres pilares de Bárcenas, la libertad política (Democracia), la justicia social (Socialismo) y la recuperación de los bienes del país (Nacionalismo), inspirado esto último en el ejemplo hemisférico de la revolución mexicana, se asentaba también el imaginario del DR, donde los tres conceptos debían estar relacionados entre sí, y la ausencia de uno hacía imposible la existencia de los demás. En marzo de 1956 en la revista Alma Mater, órgano de la FEU, su presidente daría a conocer el «Manifiesto al Pueblo de Cuba», que afirmaba: «La Revolución Cubana va hacia la superación de las lacras coloniales y de los males de la independencia, hacia la liberación integral de la nación, libre de toda injerencia extranjera así como de toda perversión doméstica, hacia el desarrollo integral de las potencias materiales y espirituales del país y hacia el cumplimiento de su destino histórico. La revolución es el cambio integral del sistema político, económico, social y jurídico del país y la aparición de una nueva actitud psicológica colectiva que consolide y estimule la obra revolucionaria».[4]

En el año en que se daría a conocer el Informe Kruschov sobre los crímenes de Stalin y en el cual se produciría la intervención soviética en Hungría, la ideología del comunismo era rechazada con denuedo por la mayor parte de las fuerzas políticas cubanas, incluyendo a las de las nuevas hornadas revolucionarias. El DR era anticomunista por convicción, pero era socialista al modo en que había irrumpido en Cuba esa opción después de la Revolución de 1930 y que en los años cincuenta García Bárcenas definía de este modo: «Nuestro socialismo se opone a que los seres humanos sean considerados solamente como piezas necesarias para el soporte de la Producción o del Estado, pues advierte en cada hombre la dignidad y la libertad inherentes a su condición de persona humana».[5]

Los representantes criollos del socialismo del Kremlin tampoco serían los grandes polemistas programáticos del DR, pues desde los cuarenta eran un Partido moderado en sus demandas económicas y políticas. El Partido Socialista Popular había sabido integrarse a la política liberal social burguesa en los primeros años de la década del cuarenta y desarrollado prácticas de sobrevivencia cuando el clima de la Guerra Fría y las circunstancias de poder domésticas en Cuba lo llevaron a perder posiciones, fuese el poder de los sindicatos —su plataforma preferente para hacer política—, o la propia posibilidad de su actuación legal bajo la dictadura de Batista. Sin embargo, en ese período la principal contradicción del DR con el PSP sería la estrategia de lucha y no las definiciones discursivas, amén de las «reservas históricas» del DR frente a ese partido por su accidentada trayectoria ideológica: «error de agosto» de 1933, pacto con Batista en 1938 y seguimiento del «browderismo» en los 1940. Echeverría, en medio del ambiente anticomunista de los años cincuenta, al declarar ante una acusación de penetración comunista en la FEU que esta « no era comunista ni anticomunista como no era católica ni anticatólica», esgrimía para ese contexto toda una declaración de principios, aunque no a favor del comunismo sino en contra del sectarismo. Con todo, el PSP combatiría durante años la táctica insurreccional del DR —y asimismo la del MR-26-7. En el «Llamamiento del Comité Nacional del PSP», de 26 de febrero de 1957 —dos semanas antes del asalto al Palacio Presidencial— este partido comentaba la situación política, denunciaba los crímenes y hacía un llamamiento a los partidos, sindicatos e instituciones del país y señalaba: «En realidad solo hay dos factores oposicionistas que actúan con intensidad, uno el ´26 de julio´, que lo hace a su manera, con su foco antigubernamental de la Sierra Maestra y sus erróneas ideas acerca de la acción política, y otro el nuestro, nuestro Partido Socialista Popular, que se esfuerza por mover a los obreros y al pueblo a base de las correctas tácticas de la unión y la lucha de masas».[6] Después, el ataque a Palacio sería calificado en la Carta Semanal de acto «putchista»,[7] como lo había sido por igual el ataque al cuartel Moncada. El PSP seguiría defendiendo la tesis de la lucha de masas y negándose a aceptar la insurrección armada hasta que el curso de los acontecimientos le obligó a cambiar de opinión.

La adherencia programática del DR a la democracia social, que defendía la soberanía nacional, el régimen democrático, la autonomía universitaria y la solidaridad americana sobre la base del pensamiento de José Martí, tampoco sería muy diferente a la de los atacantes al Moncada que en su «Manifiesto de los Revolucionarios del Moncada a la Nación», de 23 de julio de 1953, hicieron «suyo los programas de la Joven Cuba, ABC Radical y del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)» —aunque los postulados del DR contra la injerencia norteamericana sobre Cuba no estaban presentes en dicho Manifiesto.

Si bien las ideas de la FEU y del DR sobre la necesidad para Cuba de «libertad económica y justicia social», hacia un régimen « libre de trabas con naciones extranjeras y libre de influencias también y de apetitos de políticos y personajes propios» podían comulgar con las de otros grupos revolucionarios, había otros asuntos que salían a relucir con la rúbrica entre Echeverría y Fidel Castro de aquel documento en México, algunos de ellos quizás imprevistos por los firmantes.

Echeverrìa José Antonio, Juan Pedro Carbó, René Anillo y otros compañeros en una manifestaciòn contra Batista

El papel de la FEU en la insurrección

Un divorcio sonado (y soñado): la democracia contra la oligarquía

“El capitalismo financiarizado que se impone ante nosotros puede considerarse, en efecto, un asalto oligárquico a la democracia. Esto supone una reconfiguración profunda de las relaciones de poder que conduce a su concentración política y económica. Por ahora al menos, el objetivo no parece ser la supresión sin más de las libertades públicas y de los derechos sociales, sino su máxima reducción posible. De lo que se trataría, así, es de preservar regímenes mixtos en los que convivan elementos oligárquicos y democráticos, pero en los que estos últimos ocupen un papel marginal. Sería una variante degradada de lo que los antiguos, una vez más, llamaban oligarquías isonómicas. Regímenes controlados por minorías que toleran la existencia de algunas libertades, siempre que no pongan en cuestión su dominio”. Gerardo Pisarello. Ver Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático

Ayer, hoy y mañana de la Constitución cubana

Por Tania Chappi Docurro

El espacio de debate Último Jueves, de la revista Temas (correspondiente a octubre de 2012), tuvo lugar en la sala Fresa y Chocolate, del ICAIC. Esa vez  Temas impulsó el intercambio de criterios en torno a «20 años. La reforma constitucional de 1992». A vuelo de pájaro podría decirse que, según los presentes, los cambios realizados entonces a la Constitución fueron positivos, pues se flexibilizó la política económica, se elaboró una Carta Magna menos deudora de postulados del socialismo soviético, más acorde a las realidades y a la identidad cubanas. No obstante, afirmaron también, las transformaciones resultaron insuficientes y, debido al “proceso de actuali-zación” por el que en estos momentos transita la Isla, cada vez lo son más. Por lo tanto, Cuba necesita volver a reformar su Constitución, e incluso, señalaron algunos, elaborar una nueva. Asimismo, expertos y público coincidieron en que los postulados de la Ley de leyes suelen desconocerse y violarse.

Desde el auditorio se formularon interrogantes como: ¿Qué tópicos deberá reflejar un nuevo proyecto constitucional? ¿Qué pasos se van a dar, a tono con las actuales relacio-nes entre la Iglesia y el Estado, en cuanto al marco jurídico para ellas?  Si se plantea que el Estado es de todos y el Partido es el de la nación cubana, ¿por qué gracias al artículo 5 de la Constitución el PCC es el rector fundamental de la sociedad y está más allá del control popular? Igualmente: ¿Por qué no funcionan los mecanismos que están en la letra de la Constitución; no tiene que ver con los mecanismos reales de poder que se ejercen a través de las estructuras verticales de la sociedad? Otro de los asistentes mani-festó: los juristas y sociólogos cada vez hacen más referencia al emergente constitucio-nalismo democrático latinoamericano. Cuba se halla dentro del contexto del ALBA, ¿eso ejercería alguna influencia en una futura reforma constitucional?

Si fuera a publicar esta información en un diario, tal vez escribiría solo esto, pero, como en realidad no me agradan las reseñas periodísticas que describen el traje y escamotean el alma –práctica tan en boga y de la cual tampoco yo he podido escapar-, cederé el es-pacio a los protagonistas de esa tarde. Fueron ellos Orlando Cruz, Dr. en Ciencias His-tóricas, investigador en el Instituto de Filosofía; Julio César Guanche, jurista, investiga-dor; Ulises Aquino, cantante, director de la Ópera de la Calle; Rafael Hernández, direc-tor de la revista Temas, moderador del encuentro; y una nutrida concurrencia, juriscon-sultos incluidos, que desafió un verdadero diluvio para acudir a la cita.

Rafael Hernández comenzó con un viaje en el tiempo: “¿Cómo eran las cosas hace 20 años? Tuvieron que ver con el IV Congreso del Partido en octubre de 1991, uno de cu-yos acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional una reforma de la Constitución de 1976. La Asamblea la sometió a reforma en 1992 y aprobó un texto constitucional nue-vo. Según las estadísticas de entonces, en aquella sesión del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron 296 intervenciones de diputados, que dieron lugar a correcciones. La nueva versión de la Constitución suprimió 16 artículos presentes en la de 1976, se modificaron 64 y se introdujeron 13. En consecuencia, la mayor parte del texto constitucional fue modificado de manera parcial o total.”

¿Por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional en 1992?

El pasado (republicano) que vuelve, el futuro posible

Por Àngel Duarte Montserrat

la democracia contra el capitalismo

El republicanismo, en España, vuelve a escena. Desaparecido en tiempos de la Transición ha renacido con energía. Se debate a propósito de él, y con cierta intensidad, tanto en los ambientes académicos como en la arena pública. No es, a pesar de que recurran usualmente a esas descalificaciones los analistas cortesanos, ni una simple monomanía juvenil ni anti-monarquismo primario. No es, en definitiva, una moda pasajera.