Elecciones en Cuba: necesidades más allá de los números

Por Julio César Guanche

El pasado 26 de noviembre se celebraron elecciones parciales en Cuba. Como parte del proceso, en abril próximo tendrán lugar comicios generales. Para entonces, el país tendrá por primera vez en casi sesenta años al frente a un cubano (es más improbable que sea una cubana) distinto a Fidel y Raúl, si se mantiene el anuncio hecho por este último de no continuar en el máximo cargo estatal.

Con vistas a las recientes votaciones, se había previsto la promulgación de una nueva ley electoral, de la cual aún no se tienen noticias. (Sucede lo mismo con la reforma constitucional, anunciada desde 2011.) Comentaristas señalaron que los índices de abstencionismo, votos anulados y votos en blanco, que suman 19,17 % (1,562,731 de electores) rompen explícitamente con la tesis del “apoyo unánime”. Otros compararon esas cifras con el abstencionismo reciente de Chile (53 %,) y Colombia (62 %), y concluyeron que eran muestra de la “fortaleza de la revolución”.

La “guerra de cifras” no es nueva ni será este su último episodio. Aquí no eludo los datos, al tiempo que priorizo cuestiones que los números no muestran. Comento cómo el sistema electoral no genera consecuencias densas para dos problemas: no valoriza el voto como parte de un proceso de participación cívica y legitimidad constitucional, lo que es contradictorio con una larga tradición cubana al respecto, y que las elecciones no se vinculan con la toma de decisiones económicas, lo que desconoce la relación fundamental entre propiedad y libertad.

La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

  

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.

El Capitolio, el soberano, la representación y la ley en Cuba

Por Teodoro Yan Guzman Hernández

Días atrás Progreso Semanal publicó un trabajo titulado “Para cuando terminen el Capitolio…” en el que se afirmó que El Capitolio, sometido ahora a una su restauración general, sería la sede nuevamente del parlamento cubano y que para ello ocuparía la planta baja y el ala norte del tercer y cuarto pisos. La materialización de esa idea pudiese traer consigo cambios políticos en Cuba, que trascienden a un simple movimiento de locación de la actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hoy se encuentra en la esquina donde convergen las calles 42 y 23, en el municipio capitalino de Playa. Aunque es válido aclarar que allí solo se encuentran las oficinas y que las pocas veces que sesiona en el año, de manera ordinaria y extraordinaria, con sus más de seiscientos diputados, lo hace en el Palacio de las Convenciones.

La mudada, ya sea inminente o demorada –esto al parecer dependerá sobre todo de la gestión constructiva que va avanzando con obstáculos– plantea preguntas sobre la estructura y las funciones de ese órgano de representación de nuestro sistema político. ¿El hábito hace al monje? El Capitolio fue construido originalmente para acoger a un parlamento distinto al de hoy. ¿El cambio de sede podría marcar el momento para una renovación en aspectos que ya están desde hace un tiempo en la agenda pública?

El primero está relacionado con sus escasas sesiones. Según la Constitución cubana, la Asamblea Nacional debe reunirse dos veces al año de forma ordinaria. Esto tradicionalmente sucede a mediados y a final de año; de forma extraordinaria puede reunirse las veces que sean necesarias, previa convocatoria del Consejo de Estado, lo que sucede casi siempre una vez más en el año.

Cuando la asamblea no sesiona, en su lugar –y no en su grado- lo hace el Consejo de Estado, un órgano que la representa y está integrado por 31 miembros, que no son elegidos por el voto popular, sino que mediante la elección directa de los ciudadanos, primero ingresan al Parlamento en condición de diputados, y es ese mismo Parlamento recién constituido, quien elige entre todos sus miembros, a los integrantes del Consejo de Estado, así como a su jefatura.

A ello está vinculado un segundo reclamo: el peso que ha tenido el Consejo de Estado en la actividad legislativa en Cuba, cuando ha regulado cuestiones esenciales de la sociedad cubana, a través de decretos-ley, que debían o podían hacerse mediante ley, teniendo en cuenta el significado político-jurídico de esta, y al margen de la equiparación, que en 1979 haya hecho la propia Asamblea Nacional entre estas dos disposiciones jurídicas de diferente rango.

Un tercer reclamo tendría que ver con la dinámica de las sesiones. En particular, con la marcada tendencia a la unanimidad en las votaciones de los proyectos de ley, como manifestación de un posible pensamiento monolítico y poco disentido de sus miembros, que en principio, en nada tendría que ver con el monopartidismo. Las posibles discusiones, según se dice, ocurren en las comisiones previas, pero en plenario, lo que observa el soberano en las sesiones –editadas y diferidas– que se trasmiten en televisión, suele ser un ejercicio de aprobación prácticamente  unánime.

Citizen participation in the Cuban State

 

 Por Julio César Guanche

(Este texto es la traducción al ingles de La participación ciudadana en el Estado cubano )

The democratic republicanism has been central to major events like the French Revolution or the Spanish Republic, and now inspires changes underway in Venezuela, Bolivia and Ecuador. The socialist movement, like jacobinism, is part of the republican heritage that includes struggles for democracy and the political concept of fraternity: the reciprocity of equality is freedom. Undemocratic republicanism was, in contrast, established in Latin American oligarchic republics after independence from Spain, founded on the exclusion of indigenous, black and mestizo majorities as well as the free poor. That was the regime established in Cuba between 1902 and 1933. The cause of the country’s sordid reputation is based on its oligarchic and exclusive profile, not on its republican character. The establishment of the Republic was precisely the great conquest of the struggles waged throughout the nineteenth century in the country.

Thus, the republican ideology has a conflicting image on the Island for its development in the twentieth century. The act of calling the dictatorship from 1902 to 1959 a «Republic» and calling the regime that followed a «Revolution,” expresses this problem, but does not form part of the solution. The form of government that regulates the current Constitution is also a Republic. Now, the growing impetus towards new and redefined Republican-content is essential and urgent for the democratization of Cuban politics. Promoting civic participation as a Republican means plays a key role in collectively shaping the social order and of ensuring that the action taken by the government is in the control of its citizenry. For that reason, I study the institutional design of civic participation in the Cuban state, and its potential to promote further participation. The recovery of the actual democratic republicanism for Cuban political culture is the vocation of the analysis.

CLACSO publica el libro «Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992»

 Descargue aquí el libro

 Por Julio César Guanche

La política cubana posterior a 1959 reelaboró el concepto de democracia a partir de la centralidad de la justicia social, la multiplicación de los actores políticos y la independencia nacional.

El proceso se orientó a la integración social del pueblo como clave de su transformación en sujeto colectivo. En 1976 se dotó de una Constitución que institucionalizó las formas de participación ciudadana. En 1992 una extensa reforma fijó nuevas condiciones de desarrollo para ese objetivo.

El sistema institucional cubano ha funcionado desde entonces sin interrupciones, reconoce mecanismos de participación directa y las elecciones han sido convocadas con regularidad, transparencia del escrutinio y altos índices de participación electoral. El hecho es explicable por la legitimidad histórica del poder revolucionario y de la figura de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa del sistema que ha conseguido inclusión social, equidad y soberanía nacional, y por diversos grados de presión política y social.

Sin embargo, el diseño institucional está sometido a tensiones contradictorias en su interior. Por un lado, busca promover la participación política, por otro concentra y centraliza poder y desestimula con ello la participación. De hecho, las prácticas representativas prevalecen sobre las participativas, en una contradicción con los objeticos declarados por el discurso institucional.

Las experiencias de cambio social desarrolladas hoy en América Latina han recolocado el tema de la participación en un lugar central, con una recuperación creativa del contenido clásico del republicanismo y del socialismo en cuanto régimen del autogobierno, esto es, de la participación directa de los ciudadanos en la gestión pública.

La reflexión sobre el contenido de la Constitución cubana vigente tras la reforma de 1992 reclama atención no solo por urgencias específicamente cubanas sino por un hecho que alcanza al contexto regional: la necesidad de reconstruir el paradigma de la democracia desde las condiciones socioestructurales e históricas de la región, marcadas por una inveterada exclusión social y un concepto patrimonial de la política.

Esta investigación recoloca el tema en los debates teóricos-políticos cubanos a partir de una comprensión republicana democrática. Recupera y confronta saberes provenientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de corrientes teóricas cuyas ideas apenas circulan en el contexto nacional.

En un plano específico, esta investigación contribuye a colocar en el campo de las opciones políticas cubanas respuestas a dos problemas: la debilidad de las formas de ejercicio directo de poder y las carencias del control concreto sobre la actuación estatal.

En esta argumentación, la concentración y la centralización de poder son incompatibles con la promoción de la participación, y, al mismo tiempo, la desconcentración y la descentralización, para ser democráticas, deben orientarse hacia la socialización del poder y la soberanía ciudadana.

Para ello, se proponen posibilidades de rediseño del sistema institucional de la participación/representación política con la ampliación—y la facilitación del empleo— de los instrumentos de democracia directa y del control sobre la representación.

De modo inusual en Cuba, el ejercicio de derechos individuales y colectivos se considera aquí como otra forma de participación. La práctica cubana siguió el modelo constitucional de hacer precedentes los derechos sociales sobre los individuales. El principio de precedencia configura un patrón asistencialista de participación. Se hace necesario reforzar la base institucional del ejercicio de derechos como clave de la participación autónoma de la ciudadanía. En esta comprensión, el ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales que los aseguran, y de su sistema de garantías jurídicas— es un recurso para subordinar el Estado a la sociedad. Por ello, propongo la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos y de control constitucional.

Por otro lado, a partir del análisis del sistema institucional de la representación política —nominación, mandato, rendición de cuentas y revocación— se proponen garantías materiales y jurídicas para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder, a través de representantes, a la intervención en la dirección del Estado.

En todos los casos, la argumentación teórica, el análisis de la práctica política y las recomendaciones que se hacen, parten del trabajo empírico realizado con investigaciones de campo, análisis de datos y entrevistas a expertos, funcionarios estatales y ciudadanos.

En un plano general, la investigación contribuye a defender la necesidad de radicalizar democráticamente el sistema institucional cubano de la participación, en contraposición a la imaginación liberal. Sitúa las necesidades de la «democratización de la democracia» en el continuo de las necesidades republicanas: la promoción de la autoorganización popular, la independencia política de las organizaciones sociales, la autonomía de la persona, la socialización de la propiedad y el fomento de formas asociativas desmercantilizadas.

Se argumenta como, para alcanzar mayor desarrollo democrático, el Estado cubano debe convertirse en actor de importancia decisiva, no único, en la transformación social con equidad. Se afirma que es preciso construir poder desde lugares diferentes —Estado, poderes públicos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas—, en un espacio político regido por los principios de autonomía y cooperación, con la participación directa de las bases en la elaboración, ejecución y control de la política estatal hacia este horizonte: la construcción colectiva del orden.

En Cuba se modifica hoy el perfil de lo que ha sido el socialismo en su historia nacional. Los procesos de descentralización parecen ser la guía de las remodelaciones. Hasta el momento, ellas se han pronunciado básicamente sobre el campo económico, pero las tranformaciones modificarán bases políticas.

En ese contexto, la afirmación de la participación ciudadana es el único expediente eficaz para procesar el conjunto de cambios con consenso social.

Una conclusión resultante de este estudio es que la posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en el SP cubano enfrenta numerosos obstáculos, provenientes de su ambiente, pero también del propio perfil del modelo.

En consecuencia, afirmo que la acumulación de los desgastes causados por tales obstáculos reclama una sustitución del modelo mismo de participación política. Las soluciones a los problemas antes considerados pueden encontrarse en varios órdenes: ejercer efectivamente prerrogativas ya consagradas, transformar el sentido de las regulaciones vigentes que otorgan prevalencia a la soberanía estatal sobre la soberanía ciudadana y habilitar nuevos mecanismos de participación que empoderen a la ciudadanía a través de la participación directa y el control de la representación. Si la reforma de 1992 habilita constitucionalmente el conjunto de cambios económicos que hoy se proponen, por la magnitud de los desafíos políticos que ellos plantean se estima que es aconsejable encararlos a través de un proceso constituyente nacional.

Estos contenidos son abordados en el libro Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, de Julio César Guanche, que acaba de ser publicado por CLACSO, en su colección Becas de Investigación.

La evolución del constitucionalismo cubano según Hugo Azcuy

Descargue aquí el libro de Hugo Azcuy (publicado por Ruth Casa Editorial/ICIC Juan Marinello), en pdf

Ver aquí otros libros publicados por Ruth Casa editorial en formato de Libros Libres (descargas en pdf)

Por Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche

La Constitución vigente en Cuba data de 1976. Las reformas de 1978, 1992 y 2002 se proyectaron sobre la forma y el fondo de ella. La reforma de 1992 modificó más de la mitad de su articulado, aunque oficialmente no dio lugar a una nueva Constitución.

Escribir un prólogo a un libro que recoge, entre otros textos, conferencias dictadas en los años 1970 por el profesor Hugo Azcuy sobre la Constitución de 1976 es un empeño complejo. Aunque trate sobre una Constitución vigente, el paso del tiempo y las modificaciones operadas sobre ella pueden ofrecer la impresión de ser un libro que nace caducado.

Es usual que un prólogo sea laudatorio del autor y de su obra. Quienes lo escribimos leímos al profesor Azcuy en la última etapa de su vida. En la fecha, mediados los años noventa, era investigador del Centro de Estudios sobre América (CEA) y fue uno de los primeros en trabajar con mayor lucidez desde Cuba el tema de los derechos humanos. Desde 1992 en adelante había elaborado varios de los textos que resultaban esenciales para recomponer la teoría constitucional cubana, desde un punto de vista marxista, tras décadas de seguirse en el país las líneas gruesas del Derecho constitucional soviético.

Las conferencias de Azcuy de los años setenta no escapan a esa influencia. Este libro merece, por tanto, no tanto nuestro «elogio» como toda nuestra atención.

Ernesto Che Guevara utilizaba una metáfora singular para dilucidar el camino que lleva a resolver una desviación: un aviador que ha perdido el rumbo debe volver al punto de partida, al origen del camino y no tratar de enmendar el destino cuando toma conciencia del hecho. Publicar en Cuba, en 2010, este libro de Hugo Azcuy contribuye a entender el punto de partida de muchos presupuestos de algún modo todavía vigentes, pero que no hacen visibles su pertenencia a la experiencia «desviada» del socialismo histórico.

En sus páginas se afirma: «Nuestra Constitución se atiene, con toda consecuencia, a la doctrina y a la técnica propia del constitucionalismo socialista» (todas las citas de Azcuy en esta edición, p.51) y, más adelante, asegurará: el «plan organizativo del Estado socialista quedó esbozado, en sus elementos esenciales, en los decretos fundamentales de la Revolución [rusa], que conformaron la Constitución soviética de 1918. Esos elementos se perfeccionaron en las Constituciones de 1924 y 1936, las cuales, puede decirse, elaboraron las bases generales del sistema socialista de los órganos estatales». (p. 183)

La Constitución soviética de 1936 consagró la transformación de la Revolución rusa en el régimen diseñado por Stalin. En 1977 se aprobaría la última de las constituciones que rigieron la vida política de la URSS hasta su disolución en 1991. El «constitucionalismo socialista»[1] referido por Azcuy se había desplegado desde 1936 hasta los años setenta en las leyes fundamentales de Bulgaria (1947), Corea (1948), Hungría y Alemania Oriental (1949), Polonia y Rumanía (1952), Mongolia (1960), Checoslovaquia (1960, reformada en 1968 y 1970), Rumanía (1965), República Democrática Alemana (1968), Bulgaria (1971), Hungría (1972), Yugoslavia (1974) y China en 1975, esta última tras una historia de confrontación con la URSS. Ese es el marco histórico, el contexto, de la experiencia constitucional a la que «se atiene, con toda consecuencia», según el profesor Azcuy, la Constitución Socialista de la República de Cuba, aprobada en 1976 por 97,7% de los votos del electorado cubano.

Tomando en cuenta las que entendemos como necesidades del hoy, es importante «servirse» del «Azcuy de los años 70» por un motivo esencial: entendemos que perviven en Cuba muchas de las tesis del «constitucionalismo socialista». El «marxismo-leninismo» en su versión soviética no es desde 1992 la ideología oficial del Estado cubano, y la URSS desapareció hace dos décadas, pero la cultura política y las corrientes institucionales tienen disímiles mecanismos de pervivencia y reproducción. Con la crítica a lo producido por Azcuy en los años setenta se puede contribuir a poner sobre sus pies varias nociones que hoy pasan como «naturales» y que no obstante provienen de aquella experiencia y están marcadas por ella.

Ahora, al empeño contribuye el propio Azcuy, que hace la crítica de sí mismo en los textos «Cuba: ¿reforma constitucional o nueva Constitución», «Revolución y derechos» y «Estado y sociedad civil en Cuba», así como en los materiales que fueron recogidos en el volumen Derechos humanos. Una aproximación a la política, de aparición póstuma.[2] Lamentablemente, el desarrollo de esta perspectiva, que él había contribuido decisivamente a perfilar,[3] se vio limitado por su fallecimiento temprano.

Espacios y límites en el sistema político cubano: A propósito de un libro de Juan Valdés Paz

Descargue aquí El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano, de Juan Valdés Paz, publicado por Ruth Casa Editorial.

Ver aquí otros libros publicados por Ruth Casa editorial en formato de Libros Libres (descargas en pdf)

Por Ailynn Torres Santana

El espacio y el límite. Estudios sobre el sistema político cubano es el título del libro de Juan Valdés Paz publicado por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello y por Ruth Casa Editorial en 2009. En él se recogen un grupo de ensayos, escritos en un período de casi quince años, que abordan problemáticas de la sociedad y el Estado cubano a través del estudio del sistema político.

Con este libro el autor no solo nos muestra un tipo de análisis poco acostumbrado por su claridad y sentido crítico, sino que incita a sus lectores/as a la creación, a la transformación; también por eso Valdés Paz es, con El espacio y el límite, un educador en lo que le significa la educación liberadora, que necesita, busca, la comunión del aprendizaje.

Tal es así que el libro comienza con un texto sobre las Ciencias Políticas, como campo de conocimiento y sobre todo como disciplina. La madurez de las Ciencias Políticas – dice el autor – debe medirse de acuerdo a su aplicación a la realidad (Valdés, 2009:9). Con esto no solo declara desde el inicio el compromiso que caracteriza el libro, sino que presenta también lo que considero su guía y énfasis central: el análisis de lo «realmente existente». Esta expresión la encontraremos, no por gusto, en reiteradas ocasiones. En ella se resume el objetivo principal del volumen: contribuir a la transformación de la realidad, a la construcción y perfeccionamiento de un proyecto social con sentido y práctica socialistas.

Con este fin, el autor presenta una agenda de temas pendientes para las Ciencias Políticas cubanas, que es, en definitiva, para la política práctica en Cuba, a saber: el ambiente del sistema político cubano; la relación entre el cambio de la vida, la estructura social y el nuevo orden político; la relación entre el sistema político cubano y el resto de los sistemas sociales; los fundamentos teóricos e ideológicos del sistema político; sus componentes; la gobernabilidad; la legitimidad; el orden institucional y las instituciones, entre otros muchos que, declarada o implícitamente, dejan verse en los análisis que hace.

Cuba soñada – Cuba posible – Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato

Laboratorio Casa Cuba

La soberanía de la Patria no es más

que el ejercicio irrestricto de

todos los derechos de la dignidad humana en

todo el territorio de nuestro país por

todos los cubanos.

Cuba vive un cambio de época. Ello nos impone el apremio de velar por la soberanía de nuestra Patria. Preocupados por el presente y por el futuro, deseamos formular propuestas para ser estudiadas y debatidas públicamente, acerca de cómo podría desarrollarse, junto al proceso de actualización económica, la debida renovación del orden social cubano.

Quienes integramos el Laboratorio Casa Cuba, de procedencias ideológicas disímiles, partimos de un consenso en torno a cinco pilares que juzgamos cruciales e irrenunciables de cara al presente y el futuro de Cuba: abogamos por la realización de la dignidad humana, que se concreta mediante el ejercicio no-violento de la libertad, la igualdad y la hermandad, por la socialización de la riqueza espiritual y material que seamos capaces de crear, por la consecución de una democracia plena, por la búsqueda de la mayor estabilidad en este proceso de cambios, y por el resuelto rechazo a la intromisión de poderes extranjeros en los asuntos de Cuba.

Al proponer (nunca imponer) una definición mínima de República y algunos posibles instrumentos para realizarla, no deseamos promover agendas particulares, sino que cubanas y cubanos, con opiniones y creencias diferentes, entre todos contribuyamos a concretar, ampliar y profundizar estos criterios, que aspiramos a que sean la base de nuestra convivencia en un futuro próximo.

 

República:

Un orden público con un universo de actitudes, compromisos y reglas que garantizan a cada ser humano el disfrute de todas las capacidades necesarias para desempeñar su cuota de soberanía. El ejercicio de la soberanía ciudadana, que requiere un orden democrático, ha de tener como base las virtudes humanas, como medio principal el apoyo mutuo, y como meta la edificación de la justicia.

Instrumentos para afianzar la República en la Cuba de hoy y de mañana:

I. Garantizar el disfrute de los derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos.

II. Implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equitativamente de esos derechos, y para empoderar a los sectores desfavorecidos.

III. Asegurar el derecho a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia de la gestión pública y el acceso masivo y participativo a Internet.

IV. Garantizar a la multiplicidad social y política de la nación el derecho de escoger diversas formas para auto-organizarse con el propósito de promover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión pública.

V. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones existentes en Cuba, puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades, y auto-organizarse en comunidades con personalidad jurídica propia.

VI. Establecer diversos dispositivos para que la ciudadanía pueda controlar activamente el cumplimiento de la Constitución de la República, así como el desempeño de todas las instituciones oficiales.

VII. Procurar la mayor autonomía posible del desempeño de las instancias locales, entendidas como espacios comunitarios, con recursos y capacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del protagonismo solidario y la soberanía ciudadana.

VIII. Cuando un problema pueda resolverse en las bases -ámbito local, asociativo o de colectivo laboral-, las instancias superiores no deberán intervenir en su solución; las comunidades, asociaciones, empresas y colectivos de trabajadores han de tener la posibilidad de cooperar libremente entre sí para solucionar conjuntamente sus problemas.

IX. Derogar todas las normas que establecen discriminaciones entre ciudadanos según sus territorios de origen o residencia –incluyendo las que privilegian a extranjeros por sobre los cubanos-, así como las que proveen la posibilidad de sanciones penales para quienes no cometieron actos criminales (peligrosidad predelictiva: el “estado peligroso” y las “medidas de seguridad predelictiva”).

X. Instaurar mecanismos de control mutuo entre las diversas funciones públicas. Separar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, así como perfilar la cooperación que debe existir entre las mismas.

XI. Cada contribuyente debe poder participar en la elaboración y aprobación del destino de los fondos que ingresa al erario público, así como exigir responsabilidades sobre su uso en propósitos sociales bien definidos.

XII. Elegir todos los cargos públicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y competitivas, entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía.

XIII. También deberían ser electos siguiendo las reglas anteriores los máximos cargos ejecutivos de la República y de cada localidad.

XIV. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular, y establecer límites de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a ser ejercidos por una misma persona.

XV. Hacer efectiva la rendición de cuenta -periódica, pública e interactiva- de todos los funcionarios públicos.

XVI. Garantizar la realización del derecho del pueblo a revocar todos los mandatos.

XVII. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito, en todos los ámbitos y dimensiones.

XVIII. Asegurar eficazmente el derecho al trabajo y las garantías laborales; así como las libertades económicas necesarias, y subordinar la ejecutoria económica a compromisos sociales y ambientales.

XIX. Mantener, como derecho, el acceso universal y gratuito a la salud, mediante diversas formas sociales de organización, así como lograr una remuneración justa que esté a la altura de tal desempeño profesional.

XX. Garantizar el acceso universal y personalizado a una educación integral y democrática, humanista y diversa, con una remuneración justa para sus profesionales y un involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la gestión de los planteles y la definición de los programas de estudio; así como a un desarrollo cultural libre y responsable.

XXI. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investigación, y una participación activa de todos sus actores.

XXII. Asegurar vías eficaces para garantizar la participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida del país.

XXIII. Todo el quehacer social debe cumplir los principios de legalidad, justicia y supremacía constitucional. Los preceptos constitucionales deben ser elaborados y aprobados con la participación protagónica del pueblo.

Sumamos nuestro modesto afán a los esfuerzos inolvidables de quienes han peleado y laborado por el triunfo del amor en nuestra tierra, a cuyas voces –un coro plural y diverso- unimos las nuestras, en común contraseña redentora.

Sus comentarios, análisis y propuestas pueden ser enviados a la siguiente dirección electrónica: labcasacuba@gmail.com

Pd. Días después de publicado este documento, se dio a conocer el que reproduzco a continuación, lo coloco como posdata, porque es útil leer juntos ambos textos. (nota del 29/03/13)

Claves para leer el documento Cuba soñada-Cuba posible-Cuba futura: propuestas para nuestro porvenir inmediato

El Laboratorio Casa Cuba nace luego del diálogo sostenido, en las páginas de la revista Espacio Laical, entre los juristas Julio César Guanche y Roberto Veiga González, sobre la democracia en Cuba. La gran mayoría de las personas que integran el Laboratorio han participado y dialogado en las páginas y eventos auspiciados por la revista. Los editores de Espacio Laical, con el debido consentimiento de la entidad a la que pertenece dicha publicación, han contribuido a la institucionalización del equipo, el cual opera como un grupo de trabajo cuyos condicionamientos sólo provienen de las convicciones de quienes lo integran.

¿A quién y cómo rinden cuenta los políticos electos en Cuba?

[El domingo 3 de febrero se realizaron elecciones generales en Cuba. En este contexto, sigo compartiendo pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. En esta nueva entrada, la quinta y última dedicada al tema, analizo los mecanismos de rendición de cuentas y de revocación de los representantes estatales cubanos.]

Ver entradas anteriores: Sobre el vínculo (o la carencia de este) entre el representante y su elector en Cuba; Cómo promover la representación política de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano, La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano, El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

La rendición de cuentas constituye un deber constitucional para todos los órganos y funcionarios del Estado. Según el artículo 68 «las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios» y «los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento».(1) El diseño institucional lo concibe como un control social sobre la actividad de Gobierno, no reducido a la estructura institucional del Poder Popular.(2)

Los delegados deben realizar asambleas de rendición de cuentas dos veces al año, con el objetivo de informar sobre la gestión realizada para solucionar los planteamientos antes recibidos y recoger nuevos planteamientos y opiniones. En los documentos analizados aparece la necesidad de preparación de estas reuniones como una prioridad para obtener de ella el máximo rendimiento. Los delegados deben buscar la información necesaria para ofrecer respuestas de calidad y coordinar la asistencia de las entidades implicadas en las mayores problemáticas de la comunidad. En los informes que elaboran las AMPP para sus sesiones habituales, se evidencia la preocupación por problemas existentes durante el ejercicio de la labor de los delegados: la participación de los vecinos en la solución de los problemas comunitarios; la concertación, por parte de los delegados, de los planteamientos recibidos con la AMPP; la permanencia de los electores en las asambleas de rendición de cuentas; la evaluación y análisis de lo sucedido en la propia asamblea; la comunicación del delegado con sus electores, etcétera.

Un informe de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular de la ANPP, que sintetizó una investigación sobre el desarrollo de las funciones de los delegados a las AMPP y los Consejos Populares, en junio de 2006 presentaba como uno de los problemas más notables «el relacionado con la atención, respuestas y soluciones que ofrecen las direcciones administrativas a los planteamientos que hace la población». (ANPP 2006) En 2009, otro informe de la misma Comisión declaró «hay que señalar que el nivel de solución de los planteamientos formulados a las entidades administrativas resulta particularmente bajo en algunos territorios». (ANPP 2009)

Por las entrevistas realizadas, es posible constatar altos grados de formalismo en las rendiciones de cuenta en lo que respecta, por ejemplo, a las tareas de fiscalización y control, o el ejercicio de ciertas presiones sobre el cabal cumplimiento de estas tareas.

Sobre el vínculo (o la carencia de este) entre el representante y su elector en Cuba

[El domingo 3 de febrero se realizaron elecciones generales en Cuba. En este contexto, sigo compartiendo pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. En esta nueva entrada, la cuarta dedicada al tema , analizo el vínculo existente entre los electores y quienes han resultado  elegidos.]

Ver entradas anteriores: Cómo promover la representación política de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano; La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano; El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

En entradas anteriores sobre este tema, he afirmado que el proceso electoral cubano no define los programas de gobierno a nivel municipal, provincial, ni nacional. La ausencia de programa de gobierno se ha tomado por el discurso institucional cubano como una virtud. La periodista Agnerys Rodríguez Gavilán, ha publicado en días pasados un texto que ilustra esta comprensión. Allí afirma:

  “No hay en esos actos, conferencias, visitas, recorridos e intercambio de experiencias [de los candidatos] con el pueblo que los postuló nada de oportunismo, demagogia ni politiquería, tampoco de campaña de propaganda electoral.

Recordemos que estos candidatos fueron postulados de manera directa, cuando el pueblo eligió en las urnas a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, quienes hasta en un 50 por ciento están representados, tanto en las candidaturas para el Parlamento como en las asambleas provinciales; y de manera indirecta, por medio de las propuestas que hicieron las diferentes organizaciones de masas del país.

“Son los méritos y virtudes, expuestos en sus biografías, o la lectura que de estos se hace en las televisoras y emisoras nacionales, provinciales y municipales, así como su publicación en periódicos nacionales y provinciales, la principal campaña pública, con un profundo sentido cívico y ético.

“En estos espacios, en ningún caso los candidatos del pueblo pueden hacer campaña a su favor, ni las autoridades electorales pueden beneficiar a unos y denigrar a otros. Mucho menos hacer promesas o presentar programa de gobierno, a la usanza de las democracias burguesas.”

 Del mismo modo, el discurso estatal cubano sostiene que la prohibición de hacer campaña es una ventaja del sistema porque impide la demagogia. Hipotéticamente, la preocupación por la «demagogia» expresa más las debilidades que las fortalezas del diseño: la demagogia no es producida por la existencia en sí de una campaña electoral sino por la ausencia de mecanismos republicanos de control sobre lo prometido por el representante. En lo adelante, analizo las potencialidades del mandato, la rendición de cuenta, y la revocación en tanto tales: como mecanismos ciudadanos de participación en la formación de la voluntad estatal y de control sobre el representante.