La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

 1. Paisaje cubano (Small) 

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas. Seguir leyendo “La política nuestra de cada día (II y final)”

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La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

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Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

  1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
  2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana. Seguir leyendo “La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional”

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

aguadefensamayo2010Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales. Seguir leyendo “A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana”

La lealtad es un bien escaso

José Martí, por José Luis Fariñas

José Martí, por José Luis Fariñas

Por Julio César Guanche

En Quito, una inmigrante cubana, “sin papeles”, que llamaré Clara, de piel blanca, trabaja siete días a la semana, 16 horas por jornada. No tiene contrato laboral, cobra cada día una suma que ronda, al mes, el salario mínimo. Vive en lo que llama un “cuchitril”. Podrá enviar a su casa 50 usd mensuales, pero solo si se priva de todo. No cuenta con un día de vacaciones, o por enfermedad. En Cuba tiene una hija universitaria y un hijo que ingresará al preuniversitario. Para financiar su viaje, vendió su casa en la Isla y ahora aspira a irse hacia otra nación en la cual, “le han dicho”, están “dando papeles”. Al identificar a un cubano, cuenta la historia de su vida como si conociera desde siempre a quien la escucha. En esas condiciones, Clara es firme cuando asegura que no regresará a Cuba mientras “la cosa siga como está”.

En un municipio habanero, otra cubana, mulata, que llamaré María, que ahora es cuentapropista, narra en una entrevista: “Cuando empecé a trabajar en 1983 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al Mercado Centro con mis 55 pesos y hacía una factura, compraba maltas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con esta revolución y este mismo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal de fondo y se están cometiendo errores porque no es posible que nosotras, las madres, para poderles poner un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping para que les dure una semana. ¿Cuánto te cuestan? ¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? ¿Por qué el Estado no vende colegiales? Cuando nosotros estudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muerte, pasaban de hermano a hermano, pa´l primo, el amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices.”

¿Tienen algo que ver los testimonios (reales) de Clara y de María con el contenido de los artículos que aparecen en este folleto editado por Espacio laical?

Roberto Veiga y Lenier González han propuesto una discusión significativa. Sus textos declaran un compromiso con el fomento de una política de inclusión social, democratización política, desarrollo social y soberanía nacional. El expediente en el que han confiado para aunar voluntades en torno a ese proyecto es la suma de una sociedad civil “democratizada”, con mayor participación social; de una oposición “leal”, desvinculada de las agendas de “cambio de régimen”, y de un nacionalismo “revolucionario”, atravesado por contenidos de justicia social.

Haroldo Dilla, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, cuyos textos aparecen en esta compilación, han dialogado con la utilidad de los conceptos o la eficacia práctica de los ejes que articulan la propuesta de Veiga y González. Han cuestionado la vigencia del nacionalismo como ideología hegemónica en la Cuba actual, y la amenaza que supone que sea una ideología, en este caso la nacionalista, la que pretenda cubrir la pluralidad ideológica de una sociedad. Asimismo, han cuestionado la necesidad de calificar de “leal” a una oposición que, si operase en un marco regulatorio legal para su actuación, dentro del contexto de un Estado de Derecho, no necesitaría de “certificados de lealtad”. Además, juzgan desfasada la conceptualización sobre la sociedad civil, hecho que limita el alcance de los fines críticos que podría desempeñar la sociedad civil en relación con el estado cubano.

Los autores dialogan entre sí. No configuran bloques homogéneos de unos contra otros. Coinciden en varios puntos, y tienen desacuerdos gruesos en otros. En este texto, imagino cómo este debate importa para las vidas de Clara y de María, como metáfora de cubanos que puedan ser similares a ellas, estén en la Isla o fuera de ella. Seguir leyendo “La lealtad es un bien escaso”

Citizen participation in the Cuban State

 

Cuba

 Por Julio César Guanche

(Este texto es la traducción al ingles de La participación ciudadana en el Estado cubano )

The democratic republicanism has been central to major events like the French Revolution or the Spanish Republic, and now inspires changes underway in Venezuela, Bolivia and Ecuador. The socialist movement, like jacobinism, is part of the republican heritage that includes struggles for democracy and the political concept of fraternity: the reciprocity of equality is freedom. Undemocratic republicanism was, in contrast, established in Latin American oligarchic republics after independence from Spain, founded on the exclusion of indigenous, black and mestizo majorities as well as the free poor. That was the regime established in Cuba between 1902 and 1933. The cause of the country’s sordid reputation is based on its oligarchic and exclusive profile, not on its republican character. The establishment of the Republic was precisely the great conquest of the struggles waged throughout the nineteenth century in the country.

Thus, the republican ideology has a conflicting image on the Island for its development in the twentieth century. The act of calling the dictatorship from 1902 to 1959 a “Republic” and calling the regime that followed a “Revolution,” expresses this problem, but does not form part of the solution. The form of government that regulates the current Constitution is also a Republic. Now, the growing impetus towards new and redefined Republican-content is essential and urgent for the democratization of Cuban politics. Promoting civic participation as a Republican means plays a key role in collectively shaping the social order and of ensuring that the action taken by the government is in the control of its citizenry. For that reason, I study the institutional design of civic participation in the Cuban state, and its potential to promote further participation. The recovery of the actual democratic republicanism for Cuban political culture is the vocation of the analysis. Seguir leyendo “Citizen participation in the Cuban State”

Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático

un largo termidor
Una obra fundamental en el republicanismo contemporáneo. Tras El eclipse de la Fraternidad, de A. Doménech, el profesor Pisarello logra un excelente análisis sobre el peligro real de destrucción que sufren las sociedades democráticas a manos de las nuevas oligarquías con sus prácticas neoliberales. Imprescindible en el rearme moral e ideológico de la izquierda y del pensamiento y acción democrático.
Pisarello, Gerardo, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Trotta, Madrid, 2011.ISBN: 978-84-9879-236-2
La exigencia de democracia real en diferentes rincones del mundo permite constatar una paradoja. Al tiempo que la democracia se presenta como el más legítimo de los regímenes políticos, la mayoría de elementos con los que se identifica se encuentra en crisis. Las concepciones liberales dominantes suelen minimizar la distancia entre el ideal democrático y su práctica efectiva. Para ello, lo reducen a una simple técnica de recambio periódico de las élites gobernantes. La hipótesis de este ensayo es que esta concepción restrictiva de la democracia oculta su sentido histórico más profundo. Y acaba dando cobertura a regímenes que, cada vez más, operan como oligarquías isonómicas, es decir, con algunas libertades públicas. A partir precisamente de la clásica contraposición aristotélica entre democracia y oligarquía, o mejor, entre Constitución democrática y Constitución oligárquica, este libro repasa críticamente teorías y prácticas que, a lo largo de la historia, han procurado despojar al principio democrático de su componente igualitario y emancipatorio, marginándolo o reduciéndolo a una pieza inofensiva de la organización social.En la crisis actual, esta lectura permite constatar cómo, con aparentes credenciales democráticas, lo que se abre paso política y jurídicamente es un constitucionalismo antidemocrático con fuertes rasgos oligárquicos.” SUMARIO DE LA OBRA Introducción. La ofensiva oligárquica y la lucha por la Constitución democráticaLa constitución de los antiguos: irrupción y eclipse del principio democrático
Atenas: la tensión entre Constitución oligárquica y Constitución democrática
Roma: la Constitución mixta y las luchas antioligárquicas
La Constitución mixta medieval y la dispersión del poder
El constitucionalismo de los modernos: entre revolución democrática y repliegue oligárquico
La Constitución del Estado moderno y las luchas contra el absolutismo
La Constitución inglesa: del fragor republicano a la monarquía parlamentarizada
La Constitución norteamericana y el temor a la «tiranía de las mayorías»
La Revolución francesa: poder constituyente y democracia plebeya
El constitucionalismo liberal y sus críticos
La Constitución monárquica restaurada y el liberalismo censitario
El impulso de la democracia social: el cartismo británico y la Constitución francesa de 1848
De las respuestas social-preventivas al camino reformista: democratizar el Estado, socializar el Derecho
Los caminos de la Constitución social: la democratización truncada
Las constituciones republicanas de entreguerras: de la esperanza democratizadora a la reacción social-totalitaria
La Constitución social de posguerra: seguridad material y renuncia democrática
El constitucionalismo social en la periferia: el caso de América Latina
la crítica democratizadora al «consenso» constitucional de posguerra
La impugnación igualitaria del constitucionalismo social tradicional
Constitución social y liberación nacional: el impacto del movimiento anticolonizador
El neoliberalismo y el asalto de la Constitución oligárquica
«Democracias gobernables»: el regreso del constitucionalismo liberal doctrinario
La rebelión de las élites y el fin de la Constitución social mixta
El fantasma de la Constitución despótica
La Constitución alternativa: de las señales del Sur a la indignación democrática
Índice de nombres
Índice general
fuente de esta información: https://dedona.wordpress.com/2012/02/22/resena-del-libro-un-largo-termidor-la-ofensiva-del-constitucionalismo-antidemocratico-de-gerardo-pisarello/

CLACSO publica el libro “Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992”

cubierta

 Descargue aquí el libro

 Por Julio César Guanche

La política cubana posterior a 1959 reelaboró el concepto de democracia a partir de la centralidad de la justicia social, la multiplicación de los actores políticos y la independencia nacional.

El proceso se orientó a la integración social del pueblo como clave de su transformación en sujeto colectivo. En 1976 se dotó de una Constitución que institucionalizó las formas de participación ciudadana. En 1992 una extensa reforma fijó nuevas condiciones de desarrollo para ese objetivo.

El sistema institucional cubano ha funcionado desde entonces sin interrupciones, reconoce mecanismos de participación directa y las elecciones han sido convocadas con regularidad, transparencia del escrutinio y altos índices de participación electoral. El hecho es explicable por la legitimidad histórica del poder revolucionario y de la figura de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa del sistema que ha conseguido inclusión social, equidad y soberanía nacional, y por diversos grados de presión política y social.

Sin embargo, el diseño institucional está sometido a tensiones contradictorias en su interior. Por un lado, busca promover la participación política, por otro concentra y centraliza poder y desestimula con ello la participación. De hecho, las prácticas representativas prevalecen sobre las participativas, en una contradicción con los objeticos declarados por el discurso institucional.

Las experiencias de cambio social desarrolladas hoy en América Latina han recolocado el tema de la participación en un lugar central, con una recuperación creativa del contenido clásico del republicanismo y del socialismo en cuanto régimen del autogobierno, esto es, de la participación directa de los ciudadanos en la gestión pública.

La reflexión sobre el contenido de la Constitución cubana vigente tras la reforma de 1992 reclama atención no solo por urgencias específicamente cubanas sino por un hecho que alcanza al contexto regional: la necesidad de reconstruir el paradigma de la democracia desde las condiciones socioestructurales e históricas de la región, marcadas por una inveterada exclusión social y un concepto patrimonial de la política.

Esta investigación recoloca el tema en los debates teóricos-políticos cubanos a partir de una comprensión republicana democrática. Recupera y confronta saberes provenientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de corrientes teóricas cuyas ideas apenas circulan en el contexto nacional.

En un plano específico, esta investigación contribuye a colocar en el campo de las opciones políticas cubanas respuestas a dos problemas: la debilidad de las formas de ejercicio directo de poder y las carencias del control concreto sobre la actuación estatal.

En esta argumentación, la concentración y la centralización de poder son incompatibles con la promoción de la participación, y, al mismo tiempo, la desconcentración y la descentralización, para ser democráticas, deben orientarse hacia la socialización del poder y la soberanía ciudadana.

Para ello, se proponen posibilidades de rediseño del sistema institucional de la participación/representación política con la ampliación—y la facilitación del empleo— de los instrumentos de democracia directa y del control sobre la representación.

De modo inusual en Cuba, el ejercicio de derechos individuales y colectivos se considera aquí como otra forma de participación. La práctica cubana siguió el modelo constitucional de hacer precedentes los derechos sociales sobre los individuales. El principio de precedencia configura un patrón asistencialista de participación. Se hace necesario reforzar la base institucional del ejercicio de derechos como clave de la participación autónoma de la ciudadanía. En esta comprensión, el ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales que los aseguran, y de su sistema de garantías jurídicas— es un recurso para subordinar el Estado a la sociedad. Por ello, propongo la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos y de control constitucional.

Por otro lado, a partir del análisis del sistema institucional de la representación política —nominación, mandato, rendición de cuentas y revocación— se proponen garantías materiales y jurídicas para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder, a través de representantes, a la intervención en la dirección del Estado.

En todos los casos, la argumentación teórica, el análisis de la práctica política y las recomendaciones que se hacen, parten del trabajo empírico realizado con investigaciones de campo, análisis de datos y entrevistas a expertos, funcionarios estatales y ciudadanos.

En un plano general, la investigación contribuye a defender la necesidad de radicalizar democráticamente el sistema institucional cubano de la participación, en contraposición a la imaginación liberal. Sitúa las necesidades de la «democratización de la democracia» en el continuo de las necesidades republicanas: la promoción de la autoorganización popular, la independencia política de las organizaciones sociales, la autonomía de la persona, la socialización de la propiedad y el fomento de formas asociativas desmercantilizadas.

Se argumenta como, para alcanzar mayor desarrollo democrático, el Estado cubano debe convertirse en actor de importancia decisiva, no único, en la transformación social con equidad. Se afirma que es preciso construir poder desde lugares diferentes —Estado, poderes públicos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas—, en un espacio político regido por los principios de autonomía y cooperación, con la participación directa de las bases en la elaboración, ejecución y control de la política estatal hacia este horizonte: la construcción colectiva del orden.

En Cuba se modifica hoy el perfil de lo que ha sido el socialismo en su historia nacional. Los procesos de descentralización parecen ser la guía de las remodelaciones. Hasta el momento, ellas se han pronunciado básicamente sobre el campo económico, pero las tranformaciones modificarán bases políticas.

En ese contexto, la afirmación de la participación ciudadana es el único expediente eficaz para procesar el conjunto de cambios con consenso social.

Una conclusión resultante de este estudio es que la posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en el SP cubano enfrenta numerosos obstáculos, provenientes de su ambiente, pero también del propio perfil del modelo.

En consecuencia, afirmo que la acumulación de los desgastes causados por tales obstáculos reclama una sustitución del modelo mismo de participación política. Las soluciones a los problemas antes considerados pueden encontrarse en varios órdenes: ejercer efectivamente prerrogativas ya consagradas, transformar el sentido de las regulaciones vigentes que otorgan prevalencia a la soberanía estatal sobre la soberanía ciudadana y habilitar nuevos mecanismos de participación que empoderen a la ciudadanía a través de la participación directa y el control de la representación. Si la reforma de 1992 habilita constitucionalmente el conjunto de cambios económicos que hoy se proponen, por la magnitud de los desafíos políticos que ellos plantean se estima que es aconsejable encararlos a través de un proceso constituyente nacional.

Estos contenidos son abordados en el libro Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, de Julio César Guanche, que acaba de ser publicado por CLACSO, en su colección Becas de Investigación.

El Estado como precondición de los derechos: beneficios y límites de una concepción relevante para América Latina

   El costo de los derechos

Descargue aqui  el prologo y la introduccion de El Costo de los Derechos, de Stephen Holmes y Cass Sunstein

Por Juan González Bertomeu

El texto que a continuación se reproduce es el prólogo de Juan F. González Bertomeu a la edición castellana del libro de Stephen Holmes y Cass Sunstein, El Costo de los Derechos, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2011. Se reproduce aquí con el amable permiso de la editorial.

Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré qué derechos tienes: así podría resumirse la tesis central del valioso libro que prologo. Para Stephen Holmes y Cass Sunstein, la pregunta ¿qué derechos garantiza una comunidad? no puede responderse (sólo) mirando la Constitución de esa comunidad sino, muy especialmente, estudiando cuántos recursos se destinan a asegurar su cumplimiento. Los derechos cuestan dinero. Todos ellos, ya se trate de las libertades tradicionales a la no interferencia estatal (libertades negativas), ya de los derechos sociales, usualmente identificados como aquellos que exigen el despliegue de una actividad más directa por parte del Estado (libertades positivas).

 Para los autores, justamente, esta dicotomía es engañosa. Porque su satisfacción cuesta dinero, porque ella requiere la prestación de un servicio público activo, todos los derechos son positivos. Los derechos sociales muestran más claramente esta dimensión, la necesidad de la prestación estatal. Esta prestación queda más oculta en el caso de las libertades negativas. Igualmente existe: ni la más negativa de las libertades podría ser garantizada en ausencia de un deber estatal, y tal deber sólo merece ser tomado en serio cuando se destina parte del presupuesto tanto a satisfacerlo en forma directa cuanto a penar su incumplimiento.

 Según Holmes y Sunstein, esas libertades significan bien poco si se las toma meramente como inmunidades contra la intervención estatal, sin considerar el aparato burocrático que debe concretarlas en la práctica. Dicho sea de paso, todos los derechos son también negativos: la demanda de una persona por acceder a una vivienda se transforma, una vez satisfecha, en una por conservarla de interferencias indebidas; el derecho de una niña a acceder a la educación sólo puede garantizarse si el Estado o un tercero no pueden restringirlo.

 La idea del libro es clara y sencilla, y su contribución es significativa. El libro debilita la noción de que el Estado es por definición el enemigo de la libertad y los derechos, de que un Estado fuerte sea necesariamente uno abusivo. Sus autores muestran de manera convincente que los derechos carecen de virtualidad práctica en ausencia de un Estado que vele por su protección (es en cambio al defender un Estado débil que se exhibe un bajo compromiso con ellos). Además, desnuda la falsedad de uno de los argumentos principales empleados para negar el carácter exigible de los derechos sociales, según el cual lo que hace tan costosos estos derechos –a diferencia, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos– es la necesidad de que el Estado brinde un servicio a sus beneficiarios. Como vimos, la vigencia de los derechos civiles y políticos tampoco puede entenderse sin la existencia de un servicio público. Seguir leyendo “El Estado como precondición de los derechos: beneficios y límites de una concepción relevante para América Latina”