¿Qué significa una Asamblea Constituyente?

Foto: Kaloian

Julio César Guanche

Las constituciones nacidas de la celebración de asambleas constituyentes en Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), dieron lugar al “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Aunque muy discutido hoy, este cuerpo legal se encuentra entre lo más creativo del constitucionalismo global, por sus procesos muy incluyentes de elaboración y su innovación en materia de derechos y participación política.

Recurrir más a asambleas constituyentes para elaborar constituciones, que a otros métodos como las comisiones de expertos o el empleo de los parlamentos existentes, es una novedad. Contabilizando 239 procesos constitucionales alrededor del orbe, entre 1947 y 2015, se ha comprobado que la Comisión de expertos fue usada 36 por ciento, mientras las Asambleas Constituyentes 26 por ciento. El resto lo ocupan otros métodos, como los parlamentos o tratados internacionales.

El tema de cómo hacer una Constitución implica la comprensión sobre qué es el Poder constituyente y su distinción con el Poder constituido. El Poder constituyente es el poder del pueblo, originario e indelegable. Es la soberanía. El Poder constituido es la institucionalidad creada para ejercer poder público. En sentido genérico, es el Estado y Gobierno. El Constituyente debe mandar, el Constituido debe obedecer.

La distinción –que no necesariamente la oposición– entre poder constituyente y poder constituido es un pilar del constitucionalismo. Permite afirmar, continuamente, que la soberanía es del pueblo, y no de quien ejerce el poder público. El Estado y el Gobierno tienen existencia limitada por la Constitución, y ninguna norma ni acto puede contradecir la Ley de leyes, por ser el mandato del soberano.

Un diálogo sobre la Constitución cubana

Foto: Kaloian

Por Julio César Guanche

I.

Días atrás en un parque con wifi en La Habana, un vendedor de periódicos pregonaba, además de la prensa, folletos de normas jurídicas. Entre ellas, destacaba la Constitución cubana, que ofrecía a 25 pesos. En ello, se produjo este diálogo:

-Una mujer: “Mijo, pa qué yo quiero eso?”

-Otra mujer: “Pero, bájale el precio, que la van a cambiar, y ahorita no sirve pa ná.”

-Un hombre: “?Ahorita?”

-Otra mujer: “La Constitución y los Lineamientos son lo mismo, y los Lineamientos valen dos pesos”.

-El vendedor: “Dejo la ley de la vivienda en 10 pesos, pero la Constitución se queda en 25.”

El compañero vendió un par de “leyes” de la vivienda, y una copia del Decreto ley sobre migración, pero ninguna Constitución.

II.

La necesidad de reformar la Constitución vigente fue anunciada en 2011 por el presidente Raúl Castro Ruz. Hace unos días, el Buró Político del PCC informó “acerca de los estudios que se vienen realizando para una futura reforma de la Constitución”. Trascendió que “reflejará” las transformaciones ocurridas en los últimos años. Fue informado además que la reforma “ratificará el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del Partido en la sociedad cubana”. Es importante como información, aunque no es muy exhaustiva, si se tiene en cuenta que ambos contenidos están vigentes y que la comisión de estudios debe contar ya con varios años de labor.

La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

  

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.

La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana.

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales.

El Capitolio, el soberano, la representación y la ley en Cuba

Por Teodoro Yan Guzman Hernández

Días atrás Progreso Semanal publicó un trabajo titulado “Para cuando terminen el Capitolio…” en el que se afirmó que El Capitolio, sometido ahora a una su restauración general, sería la sede nuevamente del parlamento cubano y que para ello ocuparía la planta baja y el ala norte del tercer y cuarto pisos. La materialización de esa idea pudiese traer consigo cambios políticos en Cuba, que trascienden a un simple movimiento de locación de la actual sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hoy se encuentra en la esquina donde convergen las calles 42 y 23, en el municipio capitalino de Playa. Aunque es válido aclarar que allí solo se encuentran las oficinas y que las pocas veces que sesiona en el año, de manera ordinaria y extraordinaria, con sus más de seiscientos diputados, lo hace en el Palacio de las Convenciones.

La mudada, ya sea inminente o demorada –esto al parecer dependerá sobre todo de la gestión constructiva que va avanzando con obstáculos– plantea preguntas sobre la estructura y las funciones de ese órgano de representación de nuestro sistema político. ¿El hábito hace al monje? El Capitolio fue construido originalmente para acoger a un parlamento distinto al de hoy. ¿El cambio de sede podría marcar el momento para una renovación en aspectos que ya están desde hace un tiempo en la agenda pública?

El primero está relacionado con sus escasas sesiones. Según la Constitución cubana, la Asamblea Nacional debe reunirse dos veces al año de forma ordinaria. Esto tradicionalmente sucede a mediados y a final de año; de forma extraordinaria puede reunirse las veces que sean necesarias, previa convocatoria del Consejo de Estado, lo que sucede casi siempre una vez más en el año.

Cuando la asamblea no sesiona, en su lugar –y no en su grado- lo hace el Consejo de Estado, un órgano que la representa y está integrado por 31 miembros, que no son elegidos por el voto popular, sino que mediante la elección directa de los ciudadanos, primero ingresan al Parlamento en condición de diputados, y es ese mismo Parlamento recién constituido, quien elige entre todos sus miembros, a los integrantes del Consejo de Estado, así como a su jefatura.

A ello está vinculado un segundo reclamo: el peso que ha tenido el Consejo de Estado en la actividad legislativa en Cuba, cuando ha regulado cuestiones esenciales de la sociedad cubana, a través de decretos-ley, que debían o podían hacerse mediante ley, teniendo en cuenta el significado político-jurídico de esta, y al margen de la equiparación, que en 1979 haya hecho la propia Asamblea Nacional entre estas dos disposiciones jurídicas de diferente rango.

Un tercer reclamo tendría que ver con la dinámica de las sesiones. En particular, con la marcada tendencia a la unanimidad en las votaciones de los proyectos de ley, como manifestación de un posible pensamiento monolítico y poco disentido de sus miembros, que en principio, en nada tendría que ver con el monopartidismo. Las posibles discusiones, según se dice, ocurren en las comisiones previas, pero en plenario, lo que observa el soberano en las sesiones –editadas y diferidas– que se trasmiten en televisión, suele ser un ejercicio de aprobación prácticamente  unánime.

Una entrevista con Julio Cesar Guanche, por Yadira Escobar

En  esta entrevista, se tratan temas de reforma constitucional, crítica social y nacionalismo, entre otros que atañen al presente de Cuba.

 

Ver una transcripción de la entrevista aquí, hecha por Rafael González Escalona, a quien agradezco sus palabras.

La lealtad es un bien escaso

José Martí, por José Luis Fariñas

Por Julio César Guanche

En Quito, una inmigrante cubana, “sin papeles”, que llamaré Clara, de piel blanca, trabaja siete días a la semana, 16 horas por jornada. No tiene contrato laboral, cobra cada día una suma que ronda, al mes, el salario mínimo. Vive en lo que llama un “cuchitril”. Podrá enviar a su casa 50 usd mensuales, pero solo si se priva de todo. No cuenta con un día de vacaciones, o por enfermedad. En Cuba tiene una hija universitaria y un hijo que ingresará al preuniversitario. Para financiar su viaje, vendió su casa en la Isla y ahora aspira a irse hacia otra nación en la cual, “le han dicho”, están “dando papeles”. Al identificar a un cubano, cuenta la historia de su vida como si conociera desde siempre a quien la escucha. En esas condiciones, Clara es firme cuando asegura que no regresará a Cuba mientras “la cosa siga como está”.

En un municipio habanero, otra cubana, mulata, que llamaré María, que ahora es cuentapropista, narra en una entrevista: “Cuando empecé a trabajar en 1983 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al Mercado Centro con mis 55 pesos y hacía una factura, compraba maltas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con esta revolución y este mismo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal de fondo y se están cometiendo errores porque no es posible que nosotras, las madres, para poderles poner un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping para que les dure una semana. ¿Cuánto te cuestan? ¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? ¿Por qué el Estado no vende colegiales? Cuando nosotros estudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muerte, pasaban de hermano a hermano, pa´l primo, el amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices.”

¿Tienen algo que ver los testimonios (reales) de Clara y de María con el contenido de los artículos que aparecen en este folleto editado por Espacio laical?

Roberto Veiga y Lenier González han propuesto una discusión significativa. Sus textos declaran un compromiso con el fomento de una política de inclusión social, democratización política, desarrollo social y soberanía nacional. El expediente en el que han confiado para aunar voluntades en torno a ese proyecto es la suma de una sociedad civil “democratizada”, con mayor participación social; de una oposición “leal”, desvinculada de las agendas de “cambio de régimen”, y de un nacionalismo “revolucionario”, atravesado por contenidos de justicia social.

Haroldo Dilla, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, cuyos textos aparecen en esta compilación, han dialogado con la utilidad de los conceptos o la eficacia práctica de los ejes que articulan la propuesta de Veiga y González. Han cuestionado la vigencia del nacionalismo como ideología hegemónica en la Cuba actual, y la amenaza que supone que sea una ideología, en este caso la nacionalista, la que pretenda cubrir la pluralidad ideológica de una sociedad. Asimismo, han cuestionado la necesidad de calificar de “leal” a una oposición que, si operase en un marco regulatorio legal para su actuación, dentro del contexto de un Estado de Derecho, no necesitaría de “certificados de lealtad”. Además, juzgan desfasada la conceptualización sobre la sociedad civil, hecho que limita el alcance de los fines críticos que podría desempeñar la sociedad civil en relación con el estado cubano.

Los autores dialogan entre sí. No configuran bloques homogéneos de unos contra otros. Coinciden en varios puntos, y tienen desacuerdos gruesos en otros. En este texto, imagino cómo este debate importa para las vidas de Clara y de María, como metáfora de cubanos que puedan ser similares a ellas, estén en la Isla o fuera de ella.

Citizen participation in the Cuban State

 

 Por Julio César Guanche

(Este texto es la traducción al ingles de La participación ciudadana en el Estado cubano )

The democratic republicanism has been central to major events like the French Revolution or the Spanish Republic, and now inspires changes underway in Venezuela, Bolivia and Ecuador. The socialist movement, like jacobinism, is part of the republican heritage that includes struggles for democracy and the political concept of fraternity: the reciprocity of equality is freedom. Undemocratic republicanism was, in contrast, established in Latin American oligarchic republics after independence from Spain, founded on the exclusion of indigenous, black and mestizo majorities as well as the free poor. That was the regime established in Cuba between 1902 and 1933. The cause of the country’s sordid reputation is based on its oligarchic and exclusive profile, not on its republican character. The establishment of the Republic was precisely the great conquest of the struggles waged throughout the nineteenth century in the country.

Thus, the republican ideology has a conflicting image on the Island for its development in the twentieth century. The act of calling the dictatorship from 1902 to 1959 a «Republic» and calling the regime that followed a «Revolution,” expresses this problem, but does not form part of the solution. The form of government that regulates the current Constitution is also a Republic. Now, the growing impetus towards new and redefined Republican-content is essential and urgent for the democratization of Cuban politics. Promoting civic participation as a Republican means plays a key role in collectively shaping the social order and of ensuring that the action taken by the government is in the control of its citizenry. For that reason, I study the institutional design of civic participation in the Cuban state, and its potential to promote further participation. The recovery of the actual democratic republicanism for Cuban political culture is the vocation of the analysis.

Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático

Una obra fundamental en el republicanismo contemporáneo. Tras El eclipse de la Fraternidad, de A. Doménech, el profesor Pisarello logra un excelente análisis sobre el peligro real de destrucción que sufren las sociedades democráticas a manos de las nuevas oligarquías con sus prácticas neoliberales. Imprescindible en el rearme moral e ideológico de la izquierda y del pensamiento y acción democrático.

Descargue aquí el libro completo en pdf

Pisarello, Gerardo, Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Trotta, Madrid, 2011.ISBN: 978-84-9879-236-2
La exigencia de democracia real en diferentes rincones del mundo permite constatar una paradoja. Al tiempo que la democracia se presenta como el más legítimo de los regímenes políticos, la mayoría de elementos con los que se identifica se encuentra en crisis. Las concepciones liberales dominantes suelen minimizar la distancia entre el ideal democrático y su práctica efectiva. Para ello, lo reducen a una simple técnica de recambio periódico de las élites gobernantes. La hipótesis de este ensayo es que esta concepción restrictiva de la democracia oculta su sentido histórico más profundo. Y acaba dando cobertura a regímenes que, cada vez más, operan como oligarquías isonómicas, es decir, con algunas libertades públicas. A partir precisamente de la clásica contraposición aristotélica entre democracia y oligarquía, o mejor, entre Constitución democrática y Constitución oligárquica, este libro repasa críticamente teorías y prácticas que, a lo largo de la historia, han procurado despojar al principio democrático de su componente igualitario y emancipatorio, marginándolo o reduciéndolo a una pieza inofensiva de la organización social.En la crisis actual, esta lectura permite constatar cómo, con aparentes credenciales democráticas, lo que se abre paso política y jurídicamente es un constitucionalismo antidemocrático con fuertes rasgos oligárquicos.» SUMARIO DE LA OBRA Introducción. La ofensiva oligárquica y la lucha por la Constitución democráticaLa constitución de los antiguos: irrupción y eclipse del principio democrático
Atenas: la tensión entre Constitución oligárquica y Constitución democrática
Roma: la Constitución mixta y las luchas antioligárquicas
La Constitución mixta medieval y la dispersión del poder
El constitucionalismo de los modernos: entre revolución democrática y repliegue oligárquico
La Constitución del Estado moderno y las luchas contra el absolutismo
La Constitución inglesa: del fragor republicano a la monarquía parlamentarizada
La Constitución norteamericana y el temor a la «tiranía de las mayorías»
La Revolución francesa: poder constituyente y democracia plebeya
El constitucionalismo liberal y sus críticos
La Constitución monárquica restaurada y el liberalismo censitario
El impulso de la democracia social: el cartismo británico y la Constitución francesa de 1848
De las respuestas social-preventivas al camino reformista: democratizar el Estado, socializar el Derecho
Los caminos de la Constitución social: la democratización truncada
Las constituciones republicanas de entreguerras: de la esperanza democratizadora a la reacción social-totalitaria
La Constitución social de posguerra: seguridad material y renuncia democrática
El constitucionalismo social en la periferia: el caso de América Latina
la crítica democratizadora al «consenso» constitucional de posguerra
La impugnación igualitaria del constitucionalismo social tradicional
Constitución social y liberación nacional: el impacto del movimiento anticolonizador
El neoliberalismo y el asalto de la Constitución oligárquica
«Democracias gobernables»: el regreso del constitucionalismo liberal doctrinario
La rebelión de las élites y el fin de la Constitución social mixta
El fantasma de la Constitución despótica
La Constitución alternativa: de las señales del Sur a la indignación democrática
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fuente de esta información: https://dedona.wordpress.com/2012/02/22/resena-del-libro-un-largo-termidor-la-ofensiva-del-constitucionalismo-antidemocratico-de-gerardo-pisarello/