La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana.

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales.

La Constitución cubana de 1940: el estado como patrimonio común (III, final)

Por Julio César Guanche

Es posible ubicar la Constitución cubana de 1940 dentro de lo que se conoce hoy como “modelo democrático constitucional”. Ello, porque su texto regulaba, sin prioridades excluyentes entre sí, los derechos civiles, políticos y sociales.

La concurrencia de diferentes “generaciones” de derechos era constitutiva de lo que se entendía en la fecha como una democracia crítica de su versión liberal. Esta visión fue provista por la vasta ola democratizadora que siguió al triunfo del antifascismo.  Consagraba la “cuestión social” y defendía el control social de lo político, recurriendo, por ejemplo, en un número amplio de países europeos, al parlamentarismo como recurso de defensa y promoción de la soberanía.

No obstante, el carácter social de la Constitución de 1940 ha sido su rasgo más celebrado.

El constitucionalismo social —elaborado primero en México (1917), Rusia (1918) y Alemania (1919) y codificado en mayor número de países hacia la posguerra— buscó su legitimación más en la democracia que en la reglamentación formal del ejercicio político.

La alternativa  crítica al liberalismo oligárquico y elitario dio prioridad tanto a la libertad como a la justicia. Reformuló el marco mismo de comprensión de los derechos, que no se remitirían solo a individuos, sino también a grupos y clases. En ello, postuló el control social de la libertad y reorientó los derechos en defensa de los más desprotegidos: mujeres trabajadoras embarazadas, niños, arrendatarios, aparceros.

Para la época, la democracia como mecanismo de selección de elites era solo una de las concepciones en disputa. Después, como sucedió en el periodo de las transiciones a la democracia formal en la América latina de los 1980, esta noción procedimental derrotó a otras concepciones de la democracia.

Entre estas últimas se encontraba la idea de democracia como ejercicio interdependiente de derechos sociales y políticos, encuadrado en una vida cívica activa, que recogía la Constitución de 1940. Con esta visión, pretendía hacer parte a las masas del estado antes perteneciente como patrimonio exclusivo a las elites.

Ahora bien, esa carta magna ha sido sometida a numerosas críticas.

Los mismos constituyentistas reconocían que el texto podría quedar “en su mejor parte, en el limbo de las buenas intenciones si las leyes complementarias no fuesen prontamente votadas por el Congreso”. Para muchos, se agotó en su carácter programático, declaratorio de principios, pues no habilitó los cauces jurídicos necesarios para su cumplimiento. Una década después de promulgada solo se habían dictado, según Ramón Infiesta, diez de las setenta leyes especiales pendientes.

También ha sido cuestionado su “casuismo”, pretensión de “exhaustividad” y “reglamentarismo”, que la hacía “inoperante”. Ciertamente, el texto de 1940 es extenso: contiene al menos cien artículos más que las constituciones, también de alto contenido social, de España (1931), Italia (1947) o Argentina (1949).

Uno de los blancos predilectos de la crítica al “reglamentarismo” ha sido la consagración en el texto de 1940 del salario del maestro, que debía ser equivalente, como mínimo, a una millonésima parte del presupuesto nacional. Sin embargo, es posible apreciar aquí algo más profundo que la mera vocación reglamentista.

Esa disposición, como otras similares, buscaba conectar las disposiciones formales de atribución de derechos, ubicadas en la parte dogmática de la constitución, con las obligaciones materiales de satisfacerlos, construyendo, también en el texto constitucional, la interrelación entre derechos. Impugnaba la escisión, de raíz liberal, entre la política y la economía que dejaba intacta la desigualdad social, al tiempo que afirmaba la libertad política del ciudadano. Antes que reglamentista, es más útil considerarla entonces como “garantista”.

Además, la Constitución de 1940 fue víctima de las contradicciones que dejó en pie en el modelo que pretendió impulsar. La imposibilidad de ese marco para encarar problemas centrales de la sociedad cubana —como la corrupción, el latifundio, la polarización ciudad-campo y la subindustrialización—, contribuyó a la ineficacia del texto constitucional.

Entre 1941 y 1947, la inflación ascendió a 60% contra 25% de aumento en los salarios reales de los trabajadores. El censo de 1953 mostró una cifra de personas analfabetas en las zonas rurales mayor a la reportada por el censo de diez años atrás. En 1950 había un maestro urbano por cada 18 niños de edad escolar, pero un solo maestro por cada 159 niños en zonas rurales.

En el lapso de su vigencia (1940-1952) previa al triunfo revolucionario de 1959, la economía no se diversificó desde el punto de vista industrial. Los intentos de la burguesía no azucarera para conseguir este propósito fueron derrotados. Si bien el texto constitucional proscribió el latifundio, en la práctica no fue modificado. La producción del campo siguió comprometida en lo fundamental por el monocultivo. Los avances de las reformas sociales no pudieron expandirse, pues funcionaban también dentro de redes de clientelismo y corrupción.

Estos procesos no contaban con posibilidades eficaces de control democrático social ni parlamentario. La recuperación de la lógica del “Estado botín” se oponía así a la promesa de convertir al Estado en un patrimonio de la sociedad.

Es posible apreciar la dimensión del legado de 1940 desde otra perspectiva. Esto es, si el análisis de su eficacia se mira como un proceso de más “larga duración” que visibilice mejor la dimensión sociopolítica de aquello a lo que se enfrentó —el “Estado plantación”— y de aquello por lo que fue derrotado: la dictadura de Fulgencio Batista.

El estado oligárquico y la dictadura batistiana —que fue también “dictadura” en su política económica, como muestra la firma del Convenio de Londres, que imponía restricciones a la producción azucarera mientras el régimen reprimía las resistencias sociales ante las consecuencias de esta medida— eran enemigos del tipo de democracia que representaba la Constitución de 1940. No por casualidad, fue esta la gran bandera de lucha de las generaciones revolucionarias de los 1950 que buscaban tanto libertad como justicia.

http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-constitucion-cubana-de-1940-el-estado-como-patrimonio-comun-iii-final.html

La necesidad de abrir caminos (Dúplica a Haroldo Dilla)

Por Julio César Guanche

Haroldo Dilla me ha hecho el honor de replicar, en “Los íconos difusos”, un artículo en el que cuestiono algunos de sus comentarios.

No me he referido a los miedos que despierte ser acusado de “difuso”, ni a cuál sería la respuesta heroica ante ello. Sostener una posición política democrática debe ser un derecho ante el cual la heroicidad sea superflua y el miedo inconcebible —como defiendo, ya que estamos, abolir todas las fuerzas antidisturbios y liberar a todos los presos por razones políticas de este mundo—. Pero sigo pensando que su posición regatea la legitimidad de posturas políticas diferentes.

Nunca he aceptado desacreditar una postura intelectual por las descalificaciones que se dirijan a la persona de su proponente. Dilla hizo esto en su primer texto, cuando aseguró que todas las opciones de Alfredo Guevara se orientaban a su “uso y beneficio” como “mandarín y gay oficial”, “suerte de florero”. Ahora dice que soy yo el que lleva a ese punto la discusión. Pero lo dejaré de lado, pues dice cosas de mayor importancia que mis reales o supuestos yerros polémicos.

Las biografías son algo más importante que los intercambios de “chismes” privados. Ya que Dilla entra en detalles biográficos, lo haré para explicarme.

Para entender la vida política de Mañach, por ejemplo, es necesario ser preciso en su biografía. Es oportuno saber que prologó la primera edición en forma de libro (1954) de La historia me absolverá. Es importante conocer que  Mañach, “no se fue” de Cuba, sino que, según él mismo, no le dejaban alternativa, cuando lo retiraron del claustro universitario, y le privaron de sus fuentes de empleo en los medios de prensa.

También es necesario notar que se opuso a la dictadura de Batista, y que, por sus convicciones, liberal republicanas, no podía compartir el curso comunista, que según entendía, tomaba el curso revolucionario desde fecha temprana. Es bueno saber que llegó muy enfermo a Puerto Rico, que esto ha habilitado reinterpretar el “apoyo explícito” que, se ha dicho, prestó a la invasión de Girón (1961), o conocer que no autorizó en vida la publicación de Teoría de la frontera, queeran notas de curso sobre un tema que nunca antes había trabajado.

Tampoco es redundante la interpretación de sus inserciones políticas. Es necesaria la interpretación del ABC, entendida tradicionalmente como “facistoide”, cuando fue el primer movimiento moderno de una derecha de masas en Cuba. Es una simpleza calificarlo de “fascista”, como si todas las derechas lo fuesen sin más.

Es importante comprender el contexto de enunciación de las ideas: no es lo mismo defender la democracia bajo un sistema liberal oligárquico que defenderla bajo un formato liberal social, que con sufragio universal o sin él. Habrá quien piense que la democracia es “una sola” —como dicen los estalinistas que “hay un solo marxismo”—, pero es un error, que Dilla no comete, aunque no considera sus diversas implicaciones.

La biografía, la  interpretación de las opciones políticas y de los contextos de enunciación de las ideas son aspectos cruciales para comprender una tradición y sus “recuperaciones” posibles. Es lo que he intentado hacer con Roa, y he visto utilidad en hacerlo para el presente, como es útil para la interpretación del pasado, hecho que también es relevante. Desde ahí busco interpretar los legados de intelectuales políticos, como Mañach o Alfredo Guevara, aspirando a hacer algo más que asignar calificaciones de quién es más importante, o más intelectual que el otro. Dilla, aunque en su segundo texto es mucho más analítico que en su primer alegato, simplifica este tema.

Dilla establece que los problemas que yo señalo como propios de la relación entre el socialismo y la democracia, son más bien atinentes a la relación liberalismo-democracia: “los problemas de la libertad del individuo ante el estado/comunidad”.

La lealtad es un bien escaso

José Martí, por José Luis Fariñas

Por Julio César Guanche

En Quito, una inmigrante cubana, “sin papeles”, que llamaré Clara, de piel blanca, trabaja siete días a la semana, 16 horas por jornada. No tiene contrato laboral, cobra cada día una suma que ronda, al mes, el salario mínimo. Vive en lo que llama un “cuchitril”. Podrá enviar a su casa 50 usd mensuales, pero solo si se priva de todo. No cuenta con un día de vacaciones, o por enfermedad. En Cuba tiene una hija universitaria y un hijo que ingresará al preuniversitario. Para financiar su viaje, vendió su casa en la Isla y ahora aspira a irse hacia otra nación en la cual, “le han dicho”, están “dando papeles”. Al identificar a un cubano, cuenta la historia de su vida como si conociera desde siempre a quien la escucha. En esas condiciones, Clara es firme cuando asegura que no regresará a Cuba mientras “la cosa siga como está”.

En un municipio habanero, otra cubana, mulata, que llamaré María, que ahora es cuentapropista, narra en una entrevista: “Cuando empecé a trabajar en 1983 yo ganaba 111 pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al Mercado Centro con mis 55 pesos y hacía una factura, compraba maltas, helado y le compraba juguetes a mi sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis es a nivel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, pero ¿cómo se explica que si todos nacimos con la revolución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con esta revolución y este mismo gobierno? ¿Qué es lo que está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal de fondo y se están cometiendo errores porque no es posible que nosotras, las madres, para poderles poner un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo en la shopping para que les dure una semana. ¿Cuánto te cuestan? ¿Veinte dólares, tú tienes veinte dólares? ¿Por qué el Estado no vende colegiales? Cuando nosotros estudiábamos, vendían colegiales, y no tenían muerte, pasaban de hermano a hermano, pa´l primo, el amiguito. Entonces te exigen, pero tú no puedes exigir lo que tú no das. ¿Tú crees que se puede? Nosotros salíamos y fiestábamos todos los fines de semana, con los cuatro metros de tela que te daban, íbamos todo el mundo igual, pero éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero todos los demás éramos felices.”

¿Tienen algo que ver los testimonios (reales) de Clara y de María con el contenido de los artículos que aparecen en este folleto editado por Espacio laical?

Roberto Veiga y Lenier González han propuesto una discusión significativa. Sus textos declaran un compromiso con el fomento de una política de inclusión social, democratización política, desarrollo social y soberanía nacional. El expediente en el que han confiado para aunar voluntades en torno a ese proyecto es la suma de una sociedad civil “democratizada”, con mayor participación social; de una oposición “leal”, desvinculada de las agendas de “cambio de régimen”, y de un nacionalismo “revolucionario”, atravesado por contenidos de justicia social.

Haroldo Dilla, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, cuyos textos aparecen en esta compilación, han dialogado con la utilidad de los conceptos o la eficacia práctica de los ejes que articulan la propuesta de Veiga y González. Han cuestionado la vigencia del nacionalismo como ideología hegemónica en la Cuba actual, y la amenaza que supone que sea una ideología, en este caso la nacionalista, la que pretenda cubrir la pluralidad ideológica de una sociedad. Asimismo, han cuestionado la necesidad de calificar de “leal” a una oposición que, si operase en un marco regulatorio legal para su actuación, dentro del contexto de un Estado de Derecho, no necesitaría de “certificados de lealtad”. Además, juzgan desfasada la conceptualización sobre la sociedad civil, hecho que limita el alcance de los fines críticos que podría desempeñar la sociedad civil en relación con el estado cubano.

Los autores dialogan entre sí. No configuran bloques homogéneos de unos contra otros. Coinciden en varios puntos, y tienen desacuerdos gruesos en otros. En este texto, imagino cómo este debate importa para las vidas de Clara y de María, como metáfora de cubanos que puedan ser similares a ellas, estén en la Isla o fuera de ella.

Citizen participation in the Cuban State

 

 Por Julio César Guanche

(Este texto es la traducción al ingles de La participación ciudadana en el Estado cubano )

The democratic republicanism has been central to major events like the French Revolution or the Spanish Republic, and now inspires changes underway in Venezuela, Bolivia and Ecuador. The socialist movement, like jacobinism, is part of the republican heritage that includes struggles for democracy and the political concept of fraternity: the reciprocity of equality is freedom. Undemocratic republicanism was, in contrast, established in Latin American oligarchic republics after independence from Spain, founded on the exclusion of indigenous, black and mestizo majorities as well as the free poor. That was the regime established in Cuba between 1902 and 1933. The cause of the country’s sordid reputation is based on its oligarchic and exclusive profile, not on its republican character. The establishment of the Republic was precisely the great conquest of the struggles waged throughout the nineteenth century in the country.

Thus, the republican ideology has a conflicting image on the Island for its development in the twentieth century. The act of calling the dictatorship from 1902 to 1959 a «Republic» and calling the regime that followed a «Revolution,” expresses this problem, but does not form part of the solution. The form of government that regulates the current Constitution is also a Republic. Now, the growing impetus towards new and redefined Republican-content is essential and urgent for the democratization of Cuban politics. Promoting civic participation as a Republican means plays a key role in collectively shaping the social order and of ensuring that the action taken by the government is in the control of its citizenry. For that reason, I study the institutional design of civic participation in the Cuban state, and its potential to promote further participation. The recovery of the actual democratic republicanism for Cuban political culture is the vocation of the analysis.

CLACSO publica el libro «Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992»

 Descargue aquí el libro

 Por Julio César Guanche

La política cubana posterior a 1959 reelaboró el concepto de democracia a partir de la centralidad de la justicia social, la multiplicación de los actores políticos y la independencia nacional.

El proceso se orientó a la integración social del pueblo como clave de su transformación en sujeto colectivo. En 1976 se dotó de una Constitución que institucionalizó las formas de participación ciudadana. En 1992 una extensa reforma fijó nuevas condiciones de desarrollo para ese objetivo.

El sistema institucional cubano ha funcionado desde entonces sin interrupciones, reconoce mecanismos de participación directa y las elecciones han sido convocadas con regularidad, transparencia del escrutinio y altos índices de participación electoral. El hecho es explicable por la legitimidad histórica del poder revolucionario y de la figura de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa del sistema que ha conseguido inclusión social, equidad y soberanía nacional, y por diversos grados de presión política y social.

Sin embargo, el diseño institucional está sometido a tensiones contradictorias en su interior. Por un lado, busca promover la participación política, por otro concentra y centraliza poder y desestimula con ello la participación. De hecho, las prácticas representativas prevalecen sobre las participativas, en una contradicción con los objeticos declarados por el discurso institucional.

Las experiencias de cambio social desarrolladas hoy en América Latina han recolocado el tema de la participación en un lugar central, con una recuperación creativa del contenido clásico del republicanismo y del socialismo en cuanto régimen del autogobierno, esto es, de la participación directa de los ciudadanos en la gestión pública.

La reflexión sobre el contenido de la Constitución cubana vigente tras la reforma de 1992 reclama atención no solo por urgencias específicamente cubanas sino por un hecho que alcanza al contexto regional: la necesidad de reconstruir el paradigma de la democracia desde las condiciones socioestructurales e históricas de la región, marcadas por una inveterada exclusión social y un concepto patrimonial de la política.

Esta investigación recoloca el tema en los debates teóricos-políticos cubanos a partir de una comprensión republicana democrática. Recupera y confronta saberes provenientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de corrientes teóricas cuyas ideas apenas circulan en el contexto nacional.

En un plano específico, esta investigación contribuye a colocar en el campo de las opciones políticas cubanas respuestas a dos problemas: la debilidad de las formas de ejercicio directo de poder y las carencias del control concreto sobre la actuación estatal.

En esta argumentación, la concentración y la centralización de poder son incompatibles con la promoción de la participación, y, al mismo tiempo, la desconcentración y la descentralización, para ser democráticas, deben orientarse hacia la socialización del poder y la soberanía ciudadana.

Para ello, se proponen posibilidades de rediseño del sistema institucional de la participación/representación política con la ampliación—y la facilitación del empleo— de los instrumentos de democracia directa y del control sobre la representación.

De modo inusual en Cuba, el ejercicio de derechos individuales y colectivos se considera aquí como otra forma de participación. La práctica cubana siguió el modelo constitucional de hacer precedentes los derechos sociales sobre los individuales. El principio de precedencia configura un patrón asistencialista de participación. Se hace necesario reforzar la base institucional del ejercicio de derechos como clave de la participación autónoma de la ciudadanía. En esta comprensión, el ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales que los aseguran, y de su sistema de garantías jurídicas— es un recurso para subordinar el Estado a la sociedad. Por ello, propongo la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos y de control constitucional.

Por otro lado, a partir del análisis del sistema institucional de la representación política —nominación, mandato, rendición de cuentas y revocación— se proponen garantías materiales y jurídicas para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder, a través de representantes, a la intervención en la dirección del Estado.

En todos los casos, la argumentación teórica, el análisis de la práctica política y las recomendaciones que se hacen, parten del trabajo empírico realizado con investigaciones de campo, análisis de datos y entrevistas a expertos, funcionarios estatales y ciudadanos.

En un plano general, la investigación contribuye a defender la necesidad de radicalizar democráticamente el sistema institucional cubano de la participación, en contraposición a la imaginación liberal. Sitúa las necesidades de la «democratización de la democracia» en el continuo de las necesidades republicanas: la promoción de la autoorganización popular, la independencia política de las organizaciones sociales, la autonomía de la persona, la socialización de la propiedad y el fomento de formas asociativas desmercantilizadas.

Se argumenta como, para alcanzar mayor desarrollo democrático, el Estado cubano debe convertirse en actor de importancia decisiva, no único, en la transformación social con equidad. Se afirma que es preciso construir poder desde lugares diferentes —Estado, poderes públicos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas—, en un espacio político regido por los principios de autonomía y cooperación, con la participación directa de las bases en la elaboración, ejecución y control de la política estatal hacia este horizonte: la construcción colectiva del orden.

En Cuba se modifica hoy el perfil de lo que ha sido el socialismo en su historia nacional. Los procesos de descentralización parecen ser la guía de las remodelaciones. Hasta el momento, ellas se han pronunciado básicamente sobre el campo económico, pero las tranformaciones modificarán bases políticas.

En ese contexto, la afirmación de la participación ciudadana es el único expediente eficaz para procesar el conjunto de cambios con consenso social.

Una conclusión resultante de este estudio es que la posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en el SP cubano enfrenta numerosos obstáculos, provenientes de su ambiente, pero también del propio perfil del modelo.

En consecuencia, afirmo que la acumulación de los desgastes causados por tales obstáculos reclama una sustitución del modelo mismo de participación política. Las soluciones a los problemas antes considerados pueden encontrarse en varios órdenes: ejercer efectivamente prerrogativas ya consagradas, transformar el sentido de las regulaciones vigentes que otorgan prevalencia a la soberanía estatal sobre la soberanía ciudadana y habilitar nuevos mecanismos de participación que empoderen a la ciudadanía a través de la participación directa y el control de la representación. Si la reforma de 1992 habilita constitucionalmente el conjunto de cambios económicos que hoy se proponen, por la magnitud de los desafíos políticos que ellos plantean se estima que es aconsejable encararlos a través de un proceso constituyente nacional.

Estos contenidos son abordados en el libro Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, de Julio César Guanche, que acaba de ser publicado por CLACSO, en su colección Becas de Investigación.

Tres opiniones sobre el cierre de los cines en 3D

Aunque haya pasado cierto tiempo de la medida-úkase que cerró los cines en 3D manejados por particulares en Cuba, confío en el valor de la memoria y en la utilidad de recordarnos que Cuba no es un “país de poca memoria”. Por ello, reproduzco ahora estos trabajos.

 

Mis puntos de vista en 3D

Por Ulises Aquino

 Asumir la forma en que nuestro Estado actúa, sin tener en cuenta nuestras necesidades y aspiraciones, nos coloca en una posición peligrosamente arcaica y olvidadiza.

Para él (el estado), aceptar y promover el trabajo por cuenta propia hoy, no es resultado del éxito de la Empresa estatal socialista, ni una reformulación de sus esquemas para lograr mejores rendimientos y productividad, sino, y por el contrario, la única vía visible para descargarse del inmenso peso económico que voluntariamente se echó encima y nos obligó a acatar, con cargas ya imposibles de sostener dadas las condiciones objetivas que rigen la economía mundial, y el séquito de problemas que nos acompañan desde hace años.

Como siempre, los errores y fracasos vienen a parar a nosotros, nos responsabilizaron por lo negativo de los resultados. (Recordemos el Editorial de Granma donde nos señalaban como pichones con el pico abierto).

Viví la experiencia como trabajador por cuenta propia. Con licencias solicitadas y entregadas por las autoridades competentes, y en el momento de retirármelas, no importaron la inversión, ni los gastos, ni el esfuerzo. Ni se buscaron alternativas. Simplemente me fueron retiradas sin derecho a reclamar nada. Tal es así, que hasta el día de hoy no me han sido devueltas, ni ha existido una explicación por parte de los organismos involucrados en este hecho, a pesar de haber escrito innumerables cartas a todos los estamentos del Estado, y del Gobierno.

Traducido este asunto al lenguaje popular quiere decir, que los encargados de autorizar, cerrar, negar, prohibir, cuando actúan con la convicción de estar “haciendo lo correcto”, basta con su intención, aunque en la práctica violen Leyes y Resoluciones hechas por ellos mismos, incluso violando hasta nuestra Constitución, sin importar si con ello, dan un paso atrás, o saltan muchos metros a la inversa. Todo depende del nivel o rango del funcionario interesado, en mi caso parece ser uno, o una, más importante que las Leyes y que los derechos ciudadanos.

Lo que queda muy claro, es que no existe una verdadera voluntad de cambio de mentalidad, ni mucho menos el deseo de buscar nuevas fórmulas que nos conduzcan al bienestar, o al menos a paliar el desencanto diario ante problemáticas fáciles de resolver. Ligado esto a la incapacidad probada de las estructuras construidas, de las cuales el propio Estado no encuentra como zafarse, solo pensando en aligerar su carga, acude a 200 formas autorizadas del trabajo por cuenta propia, que representan muy poco, o nada, por su impacto macroeconómico, pues se trata de timbirichis y semiempresas con niveles de impuestos y de obligaciones, cuyos ingresos y beneficios, no alcanzan para desarrollarse ni incrementar la calidad de los servicios que ofertan, por lo que para lograr resultados están obligadas a transitar no pocas veces por el mercado negro, o por otras vías nada ortodoxas. Esto lo conoce el estado, lo sabe, lo acepta, ya que es casi imposible para cualquier negocio subsistir y generar beneficios con los precios obligados a los que vende el estado.

La figura del cuentapropista está diseñada para los empleos que nadie quiere realizar para el estado, por su baja remuneración, u otros en los que el estado no ha logrado dar pie con bola desde hace cincuenta años.

La liberación del trabajo por cuenta propia para el trabajo profesional, ya es otra cosa, los profesionales estarán obligados a trabajar para la Empresa estatal, a recibir salarios con los que no se puede sostener una familia no se sabe hasta cuándo, pues no tenemos información de cuál es, o será, el Proyecto de país que pretenden construir, para el que dicho sea de paso, no hemos sido convocados a opinar, con lo que se infiere que nuestra opinión tal y como en el caso del retiro de licencias para los cines 3D, y las otras licencias, pasos hacia atrás, o hacia delante, nuestro criterio huelga.

Es suficiente el criterio y el juicio de un viceministro de Cultura, para determinar que es banal, y que no lo es, es suficiente para que corran a cerrarle los negocios a quienes invirtieron recursos y medios sin derecho a exigir indemnización alguna contra quienes entregaron las licencias para ejercerlo.

El momento es el de liberar el trabajo honrado, de quien sea capaz y arriesgue su tiempo y sus conocimientos por su cuenta, pues siempre tendrá un impacto social trascendente, del cual, el estado también se beneficiará. Atando a los profesionales en los que tantos medios, recursos y dinero, nuestro pueblo invirtió, no vamos a ninguna parte, llegado ese momento cumplirían un rol no solo socializador trabajando por su propia cuenta, sino tributando al estado, por tanto al pueblo, no solo con sus impuestos, sino con importantísimas obras que hoy, resultan imposible lograrse en las estructuras estatales, en los que la práctica histórica ha demostrado incapacidad para llevarlas a buen puerto.

Cintas amarillas

Carlos M. Álvarez

Quedan, de cinco, cuatro agentes de la seguridad cubana presos en Estados Unidos, cumpliendo cadenas visiblemente excesivas para las violaciones legales que cometieron. Entre tantos motivos decorosos, que luego fueron crucificados públicamente en campañas y pancartas laudatorias, cabría preguntarse si la iniciativa propuesta por René González, enviar un mensaje al pueblo norteamericano con sus propios símbolos, es una iniciativa genuina.

Cuba ha utilizado muchas veces una idea generosa como confirmación de un sistema, un conflicto particular como ícono de una totalidad, de un bienestar unánime, y por tanto la pregunta no resulta descabellada. El niño Elián debía regresar a Cárdenas, pero eso no significaba, tal como sabemos ahora, y tal como se dijo, que el socialismo tendría un carácter irreversible.

La propuesta de René González es, en principio, sensata, quizás la propuesta más sensata con que a nivel propagandístico haya contado esta cruzada. Hay una relación directa entre el regodeo y la torpeza como métodos y la libertad como fin. Por cada simposio de los Cinco que se organizó en Los Arabos o en Camajuaní, por cada oportunista que le dedicó un diploma en los CDR o en la ANAP, por cada puntillosa e inservible reiteración nacional, esos hombres acumularon un mes más de cárcel, perdieron un metro más de espacio, un cuadrante de luz.

Uno no puede creerles demasiado a diarios y noticieros que cada tres semanas, por el más enrevesado motivo, convoquen a manisfestación. Yo comprendí -echando a un lado mi creciente escepticismo- que la propuesta de René González era una propuesta genuina cuando encontré a un par de delincuentes de Centro Habana –que no tienen nada que perder, y por lo mismo nada que simular- vestidos de amarillo sin que implicara un homenaje a Oshún. Las mulatas con felpas y blusas desbembadas. Los hombres con camisetas sobre lo justo, camisetas con 69s en el pecho y letreros De Puta Madre. Pero este detalle exótico sabremos perdonarlo.

El éxito de la convocatoria demuestra no solo eso, su éxito, sino también el rotundo fracaso de las anteriores. ¿Cómo René González logró una masividad tan numerosa sin ayuda de los sindicatos, y una masividad tan espontánea, a pesar de los sindicatos? La impresión general es que tuvo que llegar este hombre -que evidentemente sabía lo que estaba diciendo, y también lo que estaba sintiendo- para tomar su causa de la mano y rescatarla del fanguizal publicitario en el que el marketing del socialismo la había hundido.

Leamos un fragmento de su alocución, transmitida por la televisión el pasado 3 de septiembre: “Yo solo tengo para el pueblo una exhortación personal (…) Quiero que el 12 de septiembre el país se llene de cintas amarillas y que el visitante o el corresponsal extranjero que esté en la Isla no puedan ignorarlo. Que ese día la Isla de Cuba se sacuda y aparezcan cintas amarillas en los árboles, en los balcones, en las personas, como quiera que se les ocurra usarlas, en las mascotas, como ustedes lo decidan, que esas cintas amarillas llenen el país y que no pueda ser ignorado, que no pueda dejarse de reportar al mundo que el pueblo cubano está esperando por cuatro de sus hijos que están presos en Estados Unidos.”

El mensaje es sencillo –no tiene otro calificativo. El mensaje le habla al individuo, deja un margen para la elección e incluso para la no elección, y se aparta conscientemente de nuestro abigarrado y tedioso simbolismo oficial, del altivo discurso de la Revolución. Hay una frase de una crónica que Carpentier publicara en Social en los años veinte, y que para el próximo 1 de mayo debieran colgar en un cartel, desde lo alto de la Biblioteca Nacional: “La grandilocuencia es antihumana.”

Búsqueda cooperativa de lo verdadero y lo justo. (A propósito de un comentario de A. Chaguaceda)

Por Hiram Hernández Castro

Guanche, intervengo en esta polémica no por afectado, sino para aportar algunas cuestiones que me parecen substanciales para asumir un diálogo desarrollador, entendiendo por tal la búsqueda cooperativa de lo verdadero y lo justo:

1) Los que recibieron el texto original que pretendía publicar en Catalejo y que recién publica la revista Sin Permiso pueden constatar que al usar el término “liberalismo” lo hice de esta manera: «Apuntar a la tradición republicana democrática significa tomar distancia del liberalismo, o al menos de sus expresiones a la derecha del espectro político». El texto publicado en Catalejo, al que se refiere Chaguaceda, fue, por sugerencia de la dirección de Temas, reducido a la mitad por las características del  espacio. Algo que hice sin dudar porque era importante apoyar el documento desde el prestigio de esa revista y en Intranet, donde tienen accesos más cubanos. Al reducirlo tuve que sacrificar algunas frases aclaratorias. Soy el único responsable de las palabras que elegí. Extender «mi posición» respecto al liberalismo como un «escozor en parte de la intelectualidad de izquierda cubana» debe ser sostenido con argumentos que trasciendan a mi persona y a un texto en particular.

2) En el artículo publicado en Catalejo utilizo el concepto “liberalismo doctrinario”.  No es un término de mi invención, sino dispuesto por la literatura para referir precisamente al liberalismo primigenio (Constant, Guizot, Renan y otros). Me refiero al liberalismo que sentó bases políticas a través de los códigos napoleónicos y terminó siendo hegemónico o, para decirlo con Gramsci, de “sentido común”. Hablo de ese “liberalismo” y no lo contrapongo a un «republicanismo académico actual» o «neorepublicanismo», sino a los ideales republicanos de mambises, intelectuales y activistas políticos cubanos. Creo más importante insertar el documento del LCC en la tradición cívica cubana y en la virtud de sus luchas. Por ello, mi texto pretende comunicarse con un público más amplio que el académico o “experto” en filosofía y sociología políticas.

3) Liberalismos hay muchos (tanto o más que marxismos). El concepto tiene muchas distinciones o apellidos (político, económico, solidario, igualitarista, social,  etc.). En mi propósito fundamental ─apoyar la publicidad y deliberación horizontal ciudadana del documento del LCC─ no resulta esencial detenerme en la distinción del  “liberalismo académico”, categoría que puede denominar a autores situados a la derecha, centro e izquierda del espectro político. En otros textos y en mis clases en la universidad cito, argumento, me apoyo y crítico a liberales académicos como Dahl, Rawls, Habermas y Adela Cortina, entre otros. Como profesor de política jamás propondría desechar ese cúmulo de conocimiento que quien conoce verá cómo aprovecho. Como marxista crítico y hombre de izquierda pienso que el buen ciudadano se forma conociendo toda la cultura de la política posible, buscando alternativas y revelándose contra etiquetas y prejuicios.

4) El peligro de todo prejuicio está en impedir el juicio, es decir, el diálogo y la deliberación para generar consensos. Sin deliberación los ciudadanos votan desde sus intereses previos y tienden a ignorar las buenas razones de los otros. Se empobrece la necesaria empatía ciudadana para gestionar en común los bienes comunes. Sin una ética del diálogo no se puede deliberar para entrar en razones. Sin diálogo, o sin tomárselo en serio, las personas polemizan sólo desde sus intereses personales y se impone la lógica del mercado capitalista: «yo soy si te derroto».

5) Chaguaceda, de sopetón, pretendió socavar mi prestigio intelectual y moral. En una oración, con respecto a mi posición ante el liberalismo, comenta: «intentar sostener semejante artificio argumental ubica al autor a años luz no sólo de la sociología política sino también de los mejores análisis específicamente filosófico-políticos actuales, que el colega Hiram conoce….». Así, por una parte, me presenta como un autor desactualizado, pero por la otra, dice que conozco… Por más que leo no entiendo si dice que no sé o que sé pero manipulo la información en un intento «poco sostenible de alejar a la izquierda de los aportes liberales». En el desarrollo de este debate los lectores pueden ilustrarse sobre significados históricos y distinciones políticas de palabras como “liberalismo” y “republicanismo”, lo cual creo muy importante. No obstante, pienso que estas polémicas deberían propiciarse de otras maneras. A lo que sólo debo agregar que Chaguaceda tiene algo de razón: en un texto de esas características selecciono la información para lograr un propósito comunicativo que trasciende el ejercicio de erudición académica. Como también es cierto que nunca estaré lo suficientemente actualizado, pues lo que me motiva, cada día, a reproducirme como un intelectual es todo lo que no sé y requiero saber para defender, cada día, una mejor política para mi pueblo.

6) Al ataque de Chaguaceda le faltan razones de interpretación y contenido en los que no me voy a explayar, Guanche ya lo ha hecho con suficiente extensión y rigor. Más me preocupa que un intelectual de izquierda no reconozca la «utilidad de la virtud». El documento del LCC que hemos ponderado por su disposición a la pluralidad y el consenso ha generado también una polémica que no por, finalmente, aclaratoria,  debemos olvidar partió de una arremetida personal e injustificada. Chaguaceda no debió colocar su saber al servicio de un ataque contra una persona que, sin devengar salario alguno por ello, compone su texto y argumenta convicciones para defender una causa común: la pertinencia del documento Casa Cuba y la virtud cívica de sus coautores. Digo esto sólo para proponer que nuestros saberes se esgriman para cooperar con mejores argumentos para las buenas causas y no para retarnos a duelos innecesarios.

7) Entristece, por ejemplo, cuando vamos a comprar una película en DVD a los locales de cuentapropistas y sólo encontramos filmes de acción y terror. No creo que ese atractivo por ver “matarse mutuamente” pueda ser explicado por la naturaleza humana ni por la apasionada cultura cubana, debemos buscar sus raíces en la cultura de masas impuesta por el mercado capitalista y en la incultura de la política que padecemos. Sin embargo, no creo que sea una utopía avanzar en la constitución de un público crítico, lo que bien podría comenzar al asumir una polémica intelectual desde el presupuesto: “yo soy si tú también eres”, es decir, no atendiendo a intereses individuales o grupales, sino a intereses universalizables. Un intelectual o ciudadano sensibilizado con nuestras carencias de espacios plurales, reflexivos y deliberativos debería comprender cuánto se precisa cooperar con los que existen para que sirvan a la búsqueda ciudadana de lo bueno y lo justo. En este contexto, diría el maestro Hinkelammert, la bala que disparo al otro da la vuelta al mundo y me da por la espalda.

8) Como intelectual aspiro a fundamentar la necesidad de reconocernos mutuamente, en tanto ciudadanos, como interlocutores válidos, pero también analizar las condiciones de posibilidad de esa deliberación pública para que sea política y socialmente significativa. En ese camino me encuentro con el republicanismo democrático que defiende Guanche, Julio Antonio Fernández Estrada y, por otro ejemplo, el colectivo de la revista Sin permiso. A sus argumentos pretendo agregar un análisis crítico de las condiciones materiales y éticas de la deliberación. Asumo que no es suficiente que se llegue a decir: «usted puede decir lo que quiera, este es un país libre». Me percato que cuando la palabra ciudadana ejerza un real mandato democrático y soberano habrá que decir: «usted al decir lo que quiere no puede socavar la dignidad de otro ser humano, esta república garantiza condiciones materiales y normas democráticas para el respeto de la libertad, igualdad y fraternidad de todos sus ciudadanos».

9) Se ha dicho que el «liberalismo democrático» demostró que es mejor contar las cabezas que cortarlas. No voy ahora a cuestionar el rigor histórico de esa frase. Más me importa afirmar la necesidad de poder razonar con nuestras cabezas para distinguir lo que humaniza y deshumaniza una polémica intelectual o una deliberación ciudadana. Por ello, asumo que lo que puede obtener la sociedad cubana de sus intelectuales no se resuelve en el campo de su elección entre “dócil o disidente” o en el “dime que te diré” de la ciudad letrada, sino en lo que hace su opinión publicada para vigorizar la opinión pública; en lo que hace para dar fuerza intelectual al saber social y fuerza social al saber intelectual. Esto es, en definitiva, empoderar las condiciones en que todos los ciudadanos acceden a deliberar y codecidir las normas para mejorar juntos sus vidas.

 La Habana, mayo de 2013.