La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

  

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.

La soberanía de los ciudadanos es también la soberanía nacional

Henri Cartier-Bresson – CUBA. 1963.

Por Julio César Guanche

 

En una caricatura de la década de 1930, Eduardo Abela hizo decir a su personaje El Bobo, mientras este contemplaba una imagen de José Martí: «Maestro, cuando usted dijo: “con todos y para el bien de todos”, ¿a quién se refería?».

El todos al que se refería Martí es uno de los nombres posibles de la “soberanía”. Abela enunció así un tema crucial tanto para la filosofía política como para la política práctica, que podemos llamar «el problema de quiénes somos todos».

Todas las doctrinas políticas que no renuncian explícitamente a la democracia anuncian que están comprometidas con “todos”. Sin embargo, como decía Oscar Wilde, nadie puede escribir una línea sin descubrirse. En este caso, su teoría y su práctica descubren qué y a quién defienden cuando celebran discursivamente el “todos”.

El republicanismo oligárquico y el liberalismo (este con salvedades, como es el caso del liberalismo igualitario) confluyen en su carácter elitario: históricamente han defendido el gobierno de los pocos, de los ricos, de los «mejores», de los más «ilustrados», y han consagrado la exclusión o la limitación de poder para los pobres, las mujeres, los indígenas, los negros y los trabajadores. Han justificado su exclusión a través de expedientes como el racismo y recursos institucionales como el voto censitario y el sufragio masculino, calificado durante décadas como «sufragio universal» aún con la exclusión de todas las mujeres.

 El marxismo-leninismo soviético es, a su propia manera, también elitista: concibe que el “todos” debe ser dirigido por una “vanguardia”. Esta, organizada a través del  partido único y protegida por la ideología de Estado, celebra al pueblo al tiempo que lo considera como un colectivo de eternos menores de edad, que debe ser educado y organizado siempre desde fuera de sí mismo. De este modo, produce obstáculos para que el pueblo, el soberano, pueda institucionalizarse en tanto sujeto político y garantiza a la burocracia, ella también una oligarquía, como única detentadora del poder.

En contraste con esos enunciados, la soberanía democrática remite a un todos sin exclusiones y capaz de autogobernarse.  La afirmación genera dos preguntas obvias:

1. a) primero, cómo todos pueden llegar a ser efectivamente todos, sin exclusiones.
2. b) luego, cómo todos pueden ejercer efectivamente poder político, esto es, autogobernarse.

Antes de explorar las respuestas a ambas cuestiones, recuerdo que el “todos autogobernado”, lo que estaré comprendiendo como sinónimo de una comunidad soberana, tiene asimismo escalas: la soberanía remite por igual a la autodeterminación de un colectivo nacional frente a un gobierno ajeno, que a la libertad de una comunidad de ciudadanos al interior de una nación con gobierno propio.

Como he anticipado antes, a lo largo de esta intervención sugeriré maneras en que todos puedan llegar a ser efectivamente todos, y por ese camino puedan alcanzar autogobierno, pero retengo primeramente el hecho de que, si bien es posible hablar de “soberanías” (nacional, ciudadana, alimentaria, energética, sobre el propio cuerpo), etc, todas ellas no son sino manifestaciones relacionadas entre sí de una misma y única libertad. Esto es, la soberanía de la nación está vinculada a la soberanía de sus ciudadanos. El desarrollo de una es condición y resultado del desarrollo de otras. Por lo mismo, la ampliación de una de ellas a costa del recorte de otras, compromete  a ambas. Entre las múltiples dimensiones de la soberanía, elijo aquí tratar solo dos, y analizar el vínculo entre ellas: la soberanía nacional y la soberanía ciudadana.

Perspectivas críticas a Piketty

 

En días pasados, el importante escritor nicaragüense Sergio Ramírez publicó un texto sobre El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty. En dicho artículo, Ramírez dice: » Este es un libro sobre la desigualdad social, causada por la acumulación desmedida de capital, cuando esta alcanza cotas muy por encima de las tasas de crecimiento económico; abismo que, según Piketty, amenaza con ser catastróficamente mayor en el siglo XXI, si no hay políticas públicas, sobre todo políticas fiscales, que intervengan para cerrarlo. Volveríamos al reinado de los voraces rentistas, dice. El pasado, que devorará al futuro.» Como he leído varias opiniones de este perfil, y tomando en cuenta que este libro ha tenido muy amplia difusión, reproduzco aquí también algunas de las críticas que ha suscitado.

Ver aquí el libro completo de Piketty (La versión tiene sus problemitas, pero es gratis).

Ver aquí la crítica a Piketty de Yanis Varoufakis, «Ducho en twitter, bloguero y escritor de algún best-seller sobre economía», profesor de economía, y actual ministro de finanzas del gobierno de Syrisa, en Grecia. (La escribió antes del triunfo electora de ese partido.)

Ver aquí la crítica a Piketty de Michael Hudson, analista económico y profesor de investigación económica en la Universidad de Missouri en Kansas.

Este es un ejemplo de lo que encontrará en estos textos:

“Pero, y sobre todo: Piketty no habla de la reestructuración total que es el meollo de esta revolución neoliberal, que son las privatizaciones. No critica la privatización. Y el grueso de esa riqueza del 1 por ciento, que no ha dejado de crecer desde 1980, es, todo debidamente considerado, el resultado de la privatización del dominio público  y de los servicios públicos, de cosas que hace 100 años todo el mundo esperaba que fueran servicios públicos: carreteras, ferrocarriles, transporte público, sistemas de telefonía, sistemas de radiodifusión. Ahora que se han convertido en monopolios, los ricos ganan dinero con rentas monopólicas. Y la solución no es dejar simplemente que los ricos exploten al 99%, incrementando a su buen placer los precios que usted paga por el cable, por la refrigeración, por el transporte; es desprivatizar esos activos, devolverlos al dominio público, de manera que puedas suministrar a la gente servicios públicos básicos a precios muy bajos, y no a los precios extorsionadores que exige ese 1 por ciento que no ha hecho, en substancia, otra cosa que desahuciar a los Estados y expropiar el dominio público” Michael Hudson

Problemas de la democracia en Cuba

Nelson Ponce

 

(Notas para una exposición)

Por Julio César Guanche

Visiones sobre los núcleos del concepto de democracia de 1959

Se trata de una concepción diferente a la variante estadounidense del liberalismo.

1. Soberanía nacional e independencia económica. El nacionalismo es una de las bases de la cultura política cubana.
2. Justicia e igualdad social. Cuba llegó a ser el “primer estado de bienestar de América Latina” (1975-1989).
3. Participación popular, con gran presencia de mecanismos consultivos.
4. Visión crítica sobre el carácter “despiadado” del capitalismo.

Visiones sobre los núcleos críticos de ese modelo democrático

1. Partido único, ideología de estado, penalización de la oposición, militarización de la cultura política.
2. Monopolio estatal de la economía. Estancamiento de la productividad.
3. Mucha administración, poca política: escasa agencia ciudadana, dependencia del gobierno, Estado con cuotas de autonomía.
4. Institucionalización de la intolerancia y carencia de reconocimiento del pluralismo societal.

La democracia en lo social

Cuba cumplió los compromisos para 2010 respecto a los primeros cuatro Objetivos del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y reducir la mortalidad de los menores de cinco años. Para 2015, debe cumplir los objetivos 5 y 6: mejorar la salud materna y combatir el VIH/SIDA, y el paludismo.

Ocupa el lugar 44 (sobre más de 180) del Índice de Desarrollo Humano (Idh) (mide vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno). Según el “Índice de Desarrollo Humano No Económico”, se encuentra en el puesto 17 a nivel mundial y es el primero de los “países en desarrollo”.

Tiene una de las tasas de alfabetización más altas del mundo. Cuenta con uno de los mejores sistemas de respuesta médica a desastres. (ébola en África, misiones ante desastres a Paquistán, Haití, Honduras)

Por el bloqueo/embargo, Cuba “no ha tenido acceso a equipos médicos, medicinas ni materiales de laboratorio fabricados bajo patente estadounidense”.

No obstante, desde 2008, los gastos en educación, salud, bienestar social y vivienda han disminuido como proporción del presupuesto del Estado y del PIB. El último dato público sobre pobreza en Cuba es de 2004: 20 % de la población urbana.

La democracia en lo político

Cuba es Estado Parte en 42 instrumentos de derechos humanos. Se permitió, por ejemplo, la libertad de viajar y no existe hoy ningún condenado a pena de muerte. Sectores de la sociedad civil exigen la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales y Económicos y la posterior adecuación de la legalidad cubana a sus contenidos.

El PCC es partido único, y no reconoce tendencias en su interior. El Estado y las organizaciones sociales están subordinadas al partido, lo que obstruye el desarrollo independiente de la sociedad civil y la representatividad del aparato estatal.

La sociedad civil ha construido por sí misma espacios de desarrollo.

Por la prensa internacional, es más conocida la oposición tradicional. Es ilegal y en algunos casos tolerada. Amnistía Internacional denuncia represión, acoso y detenciones de corta duración sobre este sector. Como consecuencia de acuerdos con la Iglesia Católica y con el gobierno de EEUU ha habido excarcelaciones de presos por motivos políticos.

Existen además otros actores de importancia. Funcionan con o sin el PCC, tienen agendas propias, y se organizan y presionan para alcanzar intereses propios.

Como resultado del empoderamiento de la comunidad gay, el gobierno provee cirugías de reasignación de sexo y tratamiento de reemplazo hormonal a personas transgénero, se hacen marchas de calle, y el Gobierno comenzó a votar a favor de resoluciones que apoyan los derechos de personas homosexuales en ONU. Se considera un modelo potencial para expandir otro tipo de derechos civiles.

La comunidad afrocubana cuestiona que sufre discriminación (condiciones de vivienda, acceso a empleos y emprendimientos mejor remunerados, beneficio en las remesas, acceso a alquiler de casas y autos y a restaurantes y emprendimientos de servicios). Datos reflejan que los no blancos no padecen de una situación de exclusión o discriminación en las organizaciones políticas del sistema, pero su presencia en altos cargos de dirección política y empresarial es mucho más escasa. Se exigen políticas contra el racismo, que remuevan estructuras de discriminación y desigualdad.

Existe gran debate crítico en el campo cultural. Aparecen nuevas formas cívicas de organización. (Por ejemplo, autoorganización de cineastas para obtener una ley de cine.) Aumenta la blogosfera y las esferas públicas alternativas (comunicación a través de correos electrónicos, blogs, y mecanismos privados de difusión de contenidos, como el “Paquete” (especie de Netflix, que circula en discos duros portátiles por todo el país a bajos precios). El hecho es correlativo a la exigencia de acceso con precios justos a internet y de democratización de la prensa. Cerca de 27% de la población accede a internet, aunque otras fuentes estiman que la penetración de Internet es de 5%. El acceso privado actual tiene un costo muy alto, y ofrece servicios muy limitados.

Desde 1992 el Estado es laico. La iglesia católica ha sido interlocutor del gobierno. Se han construido instituciones religiosas, devuelto propiedades y multiplicado actividades de difusión y educación. Se ha elevado la visibilidad y el reconocimiento a las iglesias ecuménicas, y a la judía.

Una nueva generación, diferente a la de Fidel y Raúl Castro, ocupa puestos de poder en el país. Hace un año, según Rafael Hernández, de los 15 presidentes de asambleas provinciales del Poder popular, 80% tenía menos de 50. Los dirigentes del PCC en los 167 municipios de Cuba tenían todos menos de 50 años (menos uno). La edad promedio del Consejo de Ministros de Raúl Castro era 58 años y la del Comité Central del PCC 57.

Un desafío del Estado, el PCC y la sociedad civil es convivir con la diferencia,  despenalizar la resistencia política y pacífica, y legitimar la diversidad. Las políticas norteamericanas de apoyo al “cambio de régimen” deslegitiman a los actores internos que participan de ellas, y obstruye la colaboración de sectores civiles con el gobierno de EEUU sobre temas de beneficio mutuo. El desarrollo de la sociedad civil, también de la autónoma respecto al PCC y a las políticas de EEUU, es central para un mayor desarrollo democrático.

La democracia en lo económico

Se diversifica la organización económica. Se orienta hacia una economía mixta, con sector nacional y extranjero, y con formas públicas, cooperativas y privadas.

Contra la pretendida “hostilidad” del discurso oficial cubano contra el mercado, se amplían los espacios regulados por la lógica mercantil. A la IED se le otorga un rol fundamental. (Se estiman necesarios 2 mil millones anuales de inversión). Se ofrecen garantías a los inversionistas: exoneración del pago por 8 años del impuesto sobre utilidades, del pago de aranceles durante el proceso inversionista y del pago de impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Se descentralizan funciones que antes eran de los ministerios y pasan a empresas. De los ocupados en el sector estatal, 49% laboran en empresas. Hace 20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales. Hoy en el sector no estatal de la economía labora alrededor de 26% de los ocupados, y tiene ingresos más elevados. La población que tenía acceso a moneda fuerte, hacia 2010, fue estimada en 60%. En 2015 serán desestatizadas al menos 7.480 entidades económicas. Se ha anunciado que 40% de la fuerza laboral debe pasar al sector no estatal.

La ampliación del mercado se hace a expensas de dejar sin regulación tópicos fundamentales. Desde el punto de vista constitucional, como señala Domínguez, no existe tope sobre las tasas de interés financiero, ni sobre precios, ni está fijado salario mínimo ni máximo. No se impide la entrada de empresas internacionales en la inmensa mayoría de la economía cubana. No existen restricciones (salvo la IE) sobre el desarrollo de mercados laborales flexibles.

Se diversifica la propiedad: gubernamental, pública, mixta, extranjera, cooperativa, privada, personal. Se permitió la compraventa de casas y terrenos, y de automóviles. Cerca de 85 % de las viviendas del país son propiedad de quienes las viven. Se elevó a 99 años el tiempo en que los inversores extranjeros pueden utilizar tierras estatales para negocios inmobiliarios. Se extendió el tiempo y la cantidad de tierra entregada en arrendamiento a campesinos privados.

Con esto, se han multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que limita el monopolio estatal sobre la actuación política. El nuevo modelo se define oficialmente por lo que impedirá: «el plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad». Pero se consolidan estructuras de desigualdad e injusticia, con escasos canales de disputa. Los sindicatos tienen escaso papel como actor en disputa real de las condiciones de trabajo.

Visiones sobre la democracia en una Cuba posible

1. Reclamo de mayor espacio a los ciudadanos para organizarse, crear decisiones políticas y controlar y disputar las existentes.
2. Concepción interdependiente de los derechos: todos son necesarios.
3. Mayor peso al derecho (hacer valer el papel de la ley frente al decreto y el reglamento) y del derecho a resistir el derecho cuando su aplicación resulta ilegítima.
4. Democratización del acceso a la propiedad, frente a su monopolización y oligarquización, y del control sobre la organización económica, que garantice, o contribuya, a ganar en control sobre las condiciones de vida. Reclamo de función social y ambiental de la propiedad.
5. Reclamo de intervención pública orientada a disputar las fuentes de reproducción de la exclusión, la desigualdad y la injusticia.
6. Fomento de valores y de instituciones que favorezcan prácticas de reconocimiento y tolerancia. No es aceptable el “todo vale”. No valen la superexplotación, el individualismo implacable, la corrupción, las prácticas mafiosas, ni clase alguna de discriminación.
7. Es necesario reconstruir las relaciones con los Estados Unidos sobre bases distintas a las de la historia de su relación con Cuba: Ni Teddy Rooselvelt: “esa infernal pequeña república cubana”, ni Alexander Haig pidiendo a Nixon: “Usted ordene y convierto esa pinche isla en un estacionamiento.” Es democrático defender la soberanía nacional y la soberanía de los ciudadanos.

*Los días 27 y 28 de enero de 2015 un grupo de emprendedores, blogueros, cineastas e intelectuales cubanos viajaron a Washington DC para intercambiar con políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y académicos estadounidenses y cubanoamericanos, en un encuentro organizado por el proyecto Cuba Posible y el Cuba Research Center. El texto anterior constituye una ponencia presentada durante esta cita.

Ver todas las ponencias en: http://www.cubaposible.net/

Cuba: A propósito de la relación entre política y economía

 

  Descargue aquí el numero 36 de la revista OSAL, dedicada a Cuba

 

Por Julio César Guanche

 

Dentro de cinco años, el triunfo de 1959 arribará a su aniversario 60. Sesenta años es bastante tiempo. El proceso soviético duró apenas quince años más. Es imposible vaticinar cómo recibirá Cuba el 1 de enero de 2019, pero existen algunas certezas. Entre ellas, sobresale una: los representantes de la generación llamada “histórica” — en verdad, todas las generaciones son asimismo “históricas”— vivos para esa fecha tendrán cerca de 90 años. Por otra parte, Raúl Castro, cuando limitó a dos periodos el mandato de los más altos cargos representativos de la nación, impuso a su gobierno el tope de 2018. Entre una razón y otra, nadie que habitase la Isla a la caída de Gerardo Machado (1933) podrá ya conducir el rumbo nacional.

Es un escenario novedoso, aunque no sea terra incognita. El país ha vivido ya sin Fidel Castro. La salida del poder del líder revolucionario fue imaginada por décadas como el anuncio de cambios sísmicos en el mapa del país. Lo que ha ocurrido desde entonces hasta hoy ha comportado cambios, pero bastante alejados de la escala de los terremotos. A su vez, la sucesión de Raúl Castro parece haber sido asumida en las máximas esferas de decisión como un evento planificado en el que ocupen el poder los siguientes en la jerarquía institucional. Dado el nivel de problemas acumulados en la sociedad cubana, de conflictividades y tensiones que encuentran escasos canales de circulación y procesamiento, todo ello unido a la muy diversa localización, ideológica y geográfica, de los actores sociales y políticos interesados en el carácter del régimen político cubano, es una apuesta situada en la escala de lo posible, aunque interpretada en clave optimista.

Esa imaginación, entrenada en hacer política bajo control, en tanto administración de las cosas, sobredimensiona la capacidad de planificar y regular circunstancias, y no encara como posibilidad que la política adquiera dinámicas que, si bien sigan trayectorias de dependencia condicionadas por su historia, también dejen abierto el cambio súbito que desestabiliza las formas anteriores de control y/o legitimidad. Entre los datos que no toma en cuenta esa planificación del futuro se encuentra el número de cubanos que, dentro y fuera de Cuba, viven ya sin Raúl Castro, esto es, que hacen su vida por “cuenta propia”. Si un número determinado de personas no encuentran vínculo entre el sistema político insular y su forma de vivir —o lo encuentran no satisfactorio— es contradictorio hacer descansar la legitimidad de un cambio sobre las mismas bases que son criticadas.

México: Aquel 18 de marzo de 1938, cuando se expropió el petróleo

Por Adolfo Gilly

La reunión de gabinete en la cual el presidente Lázaro Cárdenas anunció la decisión de expropiar a las empresas petroleras y obtuvo su aprobación tuvo lugar el viernes 18 de marzo a las 20 horas. Eduardo Suárez, el secretario de Hacienda, refirió en sus memorias su participación en esa reunión. Dice que días después de su conversación con el Presidente, a la salida de la entrevista que tuvieron el 7 de marzo con los representantes de las empresas petroleras, precisamente el día 18 de marzo,

«el señor Presidente me citó para que me presentase en su domicilio particular en Los Pinos. Esperé un poco en la antesala y vi salir al señor licenciado Lombardo Toledano, secretario de la Confederación de Trabajadores de México, y a los líderes del Sindicato Petrolero. Enseguida el señor Presidente me invitó a que lo acompañara en su automóvil a que diéramos algunas vueltas por el Bosque de Chapultepec, para ponerme al tanto de lo que había determinado que debía hacerse y para que nos reuniésemos posteriormente con los miembros del gabinete presidencial, a quienes tenía reunidos en el Palacio Nacional.

«Durante el trayecto me pidió que explicara en su nombre al Consejo de Ministros todos los esfuerzos que se habían hecho para llegar a un acuerdo con los trabajadores de la industria petrolera y con las empresas; que la huelga estaba ya causando muy serios trastornos a la economía nacional y que no podía continuar así por tiempo indefinido pues, como yo sabía, la industria y los transportes de México se movían principalmente con productos del petróleo y que la huelga, de prolongarse algunos días más, tendría la consecuencia de paralizar la economía nacional; que en vista de la intransigencia de las compañías para negociar, no le quedaba más remedio que expropiar los bienes de las compañías petroleras en su integridad, y que ya había dado instrucciones a la Secretaría de Economía Nacional para que se preparasen los efectos correspondientes.

«Llegamos a Palacio, y en el salón de Consejo de la Presidencia de la República el señor general Cárdenas me dio la palabra para exponer lo que habíamos hablado en nuestro paseo por el Bosque de Chapultepec. Todos los ministros aprobaron la resolución tomada, y el decreto de expropiación fue firmado ahí mismo por el señor Presidente y refrendado por el señor don Efraín Buenrostro, secretario de Economía Nacional, y por mí, en mi carácter de secretario de Hacienda.»

En ese momento, 18 de marzo a la tarde, eran por los menos tres los secretarios de Estado al tanto de la decisión del Presidente: uno, el general Múgica, con quien la discutió el 9 de marzo y a quien encargó al día siguiente preparar el manifiesto a la nación que sería leído esa noche; los otros dos, informados ese 18 de marzo con anterioridad a la reunión de gabinete, el secretario de Hacienda Eduardo Suárez, encargado de presentar el informe en dicha reunión, y el secretario de Economía Efraín Buenrostro, encargado de preparar las medidas administrativas. Parece lógico suponer que a esa altura el secretario de la Defensa Nacional, Manuel Ávila Camacho, también estaba al tanto de la decisión que Cárdenas comunicaría en esa reunión.

A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

Por Alberto Acosta

 

Solo una palabra final para recordar mis amores y creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener hasta el final,

ese es mi bagaje.

Manuel Chiriboga Vega

La reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en relación a la política pública instrumentada durante estos años por el presidente de la República y también por la Asamblea Nacional.

A poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta “metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio del experto en justicia Luis Pásara[1].

En esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado por el Ejecutivo.

Los actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de 2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas constitucionales.

La Constitución cubana de 1940: el estado como patrimonio común (III, final)

Por Julio César Guanche

Es posible ubicar la Constitución cubana de 1940 dentro de lo que se conoce hoy como “modelo democrático constitucional”. Ello, porque su texto regulaba, sin prioridades excluyentes entre sí, los derechos civiles, políticos y sociales.

La concurrencia de diferentes “generaciones” de derechos era constitutiva de lo que se entendía en la fecha como una democracia crítica de su versión liberal. Esta visión fue provista por la vasta ola democratizadora que siguió al triunfo del antifascismo.  Consagraba la “cuestión social” y defendía el control social de lo político, recurriendo, por ejemplo, en un número amplio de países europeos, al parlamentarismo como recurso de defensa y promoción de la soberanía.

No obstante, el carácter social de la Constitución de 1940 ha sido su rasgo más celebrado.

El constitucionalismo social —elaborado primero en México (1917), Rusia (1918) y Alemania (1919) y codificado en mayor número de países hacia la posguerra— buscó su legitimación más en la democracia que en la reglamentación formal del ejercicio político.

La alternativa  crítica al liberalismo oligárquico y elitario dio prioridad tanto a la libertad como a la justicia. Reformuló el marco mismo de comprensión de los derechos, que no se remitirían solo a individuos, sino también a grupos y clases. En ello, postuló el control social de la libertad y reorientó los derechos en defensa de los más desprotegidos: mujeres trabajadoras embarazadas, niños, arrendatarios, aparceros.

Para la época, la democracia como mecanismo de selección de elites era solo una de las concepciones en disputa. Después, como sucedió en el periodo de las transiciones a la democracia formal en la América latina de los 1980, esta noción procedimental derrotó a otras concepciones de la democracia.

Entre estas últimas se encontraba la idea de democracia como ejercicio interdependiente de derechos sociales y políticos, encuadrado en una vida cívica activa, que recogía la Constitución de 1940. Con esta visión, pretendía hacer parte a las masas del estado antes perteneciente como patrimonio exclusivo a las elites.

Ahora bien, esa carta magna ha sido sometida a numerosas críticas.

Los mismos constituyentistas reconocían que el texto podría quedar “en su mejor parte, en el limbo de las buenas intenciones si las leyes complementarias no fuesen prontamente votadas por el Congreso”. Para muchos, se agotó en su carácter programático, declaratorio de principios, pues no habilitó los cauces jurídicos necesarios para su cumplimiento. Una década después de promulgada solo se habían dictado, según Ramón Infiesta, diez de las setenta leyes especiales pendientes.

También ha sido cuestionado su “casuismo”, pretensión de “exhaustividad” y “reglamentarismo”, que la hacía “inoperante”. Ciertamente, el texto de 1940 es extenso: contiene al menos cien artículos más que las constituciones, también de alto contenido social, de España (1931), Italia (1947) o Argentina (1949).

Uno de los blancos predilectos de la crítica al “reglamentarismo” ha sido la consagración en el texto de 1940 del salario del maestro, que debía ser equivalente, como mínimo, a una millonésima parte del presupuesto nacional. Sin embargo, es posible apreciar aquí algo más profundo que la mera vocación reglamentista.

Esa disposición, como otras similares, buscaba conectar las disposiciones formales de atribución de derechos, ubicadas en la parte dogmática de la constitución, con las obligaciones materiales de satisfacerlos, construyendo, también en el texto constitucional, la interrelación entre derechos. Impugnaba la escisión, de raíz liberal, entre la política y la economía que dejaba intacta la desigualdad social, al tiempo que afirmaba la libertad política del ciudadano. Antes que reglamentista, es más útil considerarla entonces como “garantista”.

Además, la Constitución de 1940 fue víctima de las contradicciones que dejó en pie en el modelo que pretendió impulsar. La imposibilidad de ese marco para encarar problemas centrales de la sociedad cubana —como la corrupción, el latifundio, la polarización ciudad-campo y la subindustrialización—, contribuyó a la ineficacia del texto constitucional.

Entre 1941 y 1947, la inflación ascendió a 60% contra 25% de aumento en los salarios reales de los trabajadores. El censo de 1953 mostró una cifra de personas analfabetas en las zonas rurales mayor a la reportada por el censo de diez años atrás. En 1950 había un maestro urbano por cada 18 niños de edad escolar, pero un solo maestro por cada 159 niños en zonas rurales.

En el lapso de su vigencia (1940-1952) previa al triunfo revolucionario de 1959, la economía no se diversificó desde el punto de vista industrial. Los intentos de la burguesía no azucarera para conseguir este propósito fueron derrotados. Si bien el texto constitucional proscribió el latifundio, en la práctica no fue modificado. La producción del campo siguió comprometida en lo fundamental por el monocultivo. Los avances de las reformas sociales no pudieron expandirse, pues funcionaban también dentro de redes de clientelismo y corrupción.

Estos procesos no contaban con posibilidades eficaces de control democrático social ni parlamentario. La recuperación de la lógica del “Estado botín” se oponía así a la promesa de convertir al Estado en un patrimonio de la sociedad.

Es posible apreciar la dimensión del legado de 1940 desde otra perspectiva. Esto es, si el análisis de su eficacia se mira como un proceso de más “larga duración” que visibilice mejor la dimensión sociopolítica de aquello a lo que se enfrentó —el “Estado plantación”— y de aquello por lo que fue derrotado: la dictadura de Fulgencio Batista.

El estado oligárquico y la dictadura batistiana —que fue también “dictadura” en su política económica, como muestra la firma del Convenio de Londres, que imponía restricciones a la producción azucarera mientras el régimen reprimía las resistencias sociales ante las consecuencias de esta medida— eran enemigos del tipo de democracia que representaba la Constitución de 1940. No por casualidad, fue esta la gran bandera de lucha de las generaciones revolucionarias de los 1950 que buscaban tanto libertad como justicia.

http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/la-constitucion-cubana-de-1940-el-estado-como-patrimonio-comun-iii-final.html

La importancia de saber por qué la Revolución francesa no fue una “revolución burguesa”

 

 

 

por Florence Gauthier

La tradición marxista ha solido ver en las revoluciones de la libertad y de la igualdad –que precedieron a lo que se ha llamado “la revolución proletaria” inaugurada por la Revolución rusa— “revoluciones burguesas”. Es sabido que Marx dejó elementos de análisis que presentan momentos diferentes y aun contradictorios de su reflexión, conforme a la evolución de sus conocimientos y de su comprensión de la Revolución francesa. El esquema interpretativo que discutiremos aquí fue producido, no por Marx, sino por la tradición marxista, y no es, como tal esquema, sino una interpretación de los distintos análisis dejados por Marx. Sin embargo, no me propongo aquí reconstruir el proceso que llevó a la cristalización de ese esquema interpretativo: ese trabajo está por hacer, y yo diría que es urgente hacerlo. Lo que me propongo es más bien discutir si ese esquema se corresponde con la realidad histórica. Para situar el problema, me limitaré al ejemplo de lo que se llama “la Revolución francesa”. Y querría empezar recordando sumariamente los quebraderos de cabeza a los que algunos grandes historiadores marxistas han sucumbido a la hora de hacer cuadrar los resultados de su investigación historiográfica con el esquema interpretativo de la “revolución burguesa”.

A comienzos del siglo XX, se entendía la Revolución francesa como “revolución burguesa” en el sentido de que la dirección política de la revolución se habría mantenido en manos burguesas, pasando de una fracción de la burguesía a otra. Las tareas de esa revolución habrían ido cumpliéndose bajo la presión de un movimiento popular concebido como incapaz de pensar y, por lo mismo, incapaz de desempeñar el menor papel dirigente.

Con todo, puesto que se trataba de una revolución “burguesa”, había que buscar la existencia de un embrión de “proletariado”. Y así se llegó a interpretar la presencia de los enragés, de los hebertistas o de los babuvistas como pequeños grupos “comunistas”, présago del movimiento futuro, el de la “revolución proletaria”.

Esta interpretación se halla ya en Jean Jaurès, en su Historia socialista de la Revolución francesa. Sin embargo, la obra rebasa por mucho ese esquema interpretativo gracias a la publicación de numerosos documentos, a veces in extenso, que dejan oír las voces múltiples de los revolucionarios y que muy a menudo contradicen el esquema interpretativo. [1].

Albert Mathiez reaccionó a esta interpretación “marxista” de una revolución “burguesa” que hacía incomprensible el acontecimiento histórico: no se privó de hablar de una “enorme necedad”, una y otra vez repetida por “dóciles escoliastas”. [2]

El esquema terminó estallando tras la publicación de las grandes monografías basadas en trabajo de erudición, y consagradas por vez primera a los movimientos populares, escritas por  Georges Lefebvre y sus discípulos, Richard Cobb, George Rudé, Albert Soboul y Kare Tonnesson. Lefebvre arrojó luz sobre la presencia de una revolución campesina autónoma en sus expresiones y en sus formas de organización y de acción [3]. Sus alumnos realizaron un trabajo de parecida magnitud para las ciudades, arrojando luz sobre la revolución sans-culotte [4]. El pueblo recuperó entonces su nombre y su dignidad. La “revolución burguesa” quedó petrificada. La tesis de Soboul escandalizó al descubrir lo que la historiografía conservadora ahora dominante busca disimular como sea: la democracia comunal, viva, ideadora de nuevas formas de vida política y social apoyadas en la ciudadanía y la soberanía popular, creadora de un espacio público democrático, alimentada por los derechos humanos y ciudadanos y aun inventora ella misma –de concierto con la revolución campesina— de un nuevo derecho humano: el derecho a la existencia y a los medios para conservarla. En suma: el descubrimiento de un verdadero continente histórico desconocido hasta la aparición de esos trabajos académicamente eruditos.

Sin embargo, Lefebvre y, luego, Soboul trataron de encuadrar la revolución popular autónoma en el esquema sedicentemente “marxista” de la “revolución burguesa”. Curiosa invención: contra la democracia comunal, Robespierre y la Montaña habrían instituido la llamada “dictadura del gobierno revolucionario”, que vendría a ser una suerte de reacción termidoriana avant la lettre y cuyo objetivo no sería otro que desbaratar el impulso democrático. Esta invención resulta asombrosa e incomprensible, desde luego. Pero no dejó de abrir brechas en distintos planos del esquema anterior.

Padre, de Juan Manuel Serrat

 

PADRE
Padre,
decidme qué
le han hecho al río
que ya no canta.
Resbala como un barbo
muerto bajo un palmo
de espuma blanca.
Padre,
que el río ya no es el río.
Padre,
antes de que vuelva el verano
esconda todo lo que tiene vida.

Padre,
decidme qué
le han hecho al bosque
que no hay árboles.
En invierno
no tendremos fuego
ni en verano sitio
donde resguardarnos.
Padre,
que el bosque ya no es el bosque.
Padre,
antes de que oscurezca
llenad de vida la despensa.

Sin leña y sin peces, padre
tendremos que quemar la barca,
labrar el trigo entre las ruinas, padre,
y cerrar con tres cerraduras la casa
y decía usted,

padre,
si no hay pinos
no se hacen piñones,
ni gusanos, ni pájaros.
Padre,
donde no hay flores
no hay abejas,
ni cera, ni miel.
Padre,
que el campo ya no es el campo.
Padre,
mañana del cielo lloverá sangre.
El viento lo canta llorando.

Padre,
ya están aquí…
Monstruos de carne
con gusanos de hierro.
Padre,
no tengáis miedo,
decid que no,
que yo os espero.
Padre,
que están matando la tierra.
Padre,
dejad de llorar
que nos han declarado la guerra.