La política nuestra de cada día (II y final)

Por: Mónica Baró

  

 (Aquí puede leer la primera parte de esta entrevista al jurista e investigador Julio César Guanche)

Con el tema de las transformaciones en curso, me surge una inquietud acerca de la concepción de participación prevaleciente, porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente participe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta auténtica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma decisiones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas posibilidades de decidir o de codecidir.

Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.

Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones sobre las cuales se decide.

El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capacidad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las organizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean entonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobierno que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como práctica, se ha desincentivado la organización política de las personas por sí mismas. Esa es una explicación. Hay otras posibles, pero creo que el valor fundamental es que hay que recuperar la confianza en que haciendo política se pueden cambiar las cosas.

En ese sentido hemos tenido grandes involuciones. Y eso es todo lo contrario a una revolución. Una revolución es la politización de la vida cotidiana, la capacidad de poner la posibilidad de vivir y convivir de buenas maneras bajo un orden reglado por decisiones colectivas. La despolitización de la vida cotidiana habla de un fracaso cultural de lo que debe ser una revolución. Esas ideas que encuentras en tanta gente de que no le interesa la política, de que no sirve para nada, de que es corrupta, tienen más que ver con que la política le es ajena. Y cuando la política te es ajena es porque la política no te pertenece, y si no te pertenece, es que has sido desposeído de ella, y la primera condición que nos hace ciudadanos es poseer la capacidad de hacer política.

No obstante, es necesario atender a experiencias que sí se organizan y lo hacen bien, como la comunidad LGTBI y distintos colectivos antirracistas, aunque sería necesaria una mayor articulación entre esos actores más allá de coyunturas concretas.

Citizen participation in the Cuban State

 

 Por Julio César Guanche

(Este texto es la traducción al ingles de La participación ciudadana en el Estado cubano )

The democratic republicanism has been central to major events like the French Revolution or the Spanish Republic, and now inspires changes underway in Venezuela, Bolivia and Ecuador. The socialist movement, like jacobinism, is part of the republican heritage that includes struggles for democracy and the political concept of fraternity: the reciprocity of equality is freedom. Undemocratic republicanism was, in contrast, established in Latin American oligarchic republics after independence from Spain, founded on the exclusion of indigenous, black and mestizo majorities as well as the free poor. That was the regime established in Cuba between 1902 and 1933. The cause of the country’s sordid reputation is based on its oligarchic and exclusive profile, not on its republican character. The establishment of the Republic was precisely the great conquest of the struggles waged throughout the nineteenth century in the country.

Thus, the republican ideology has a conflicting image on the Island for its development in the twentieth century. The act of calling the dictatorship from 1902 to 1959 a «Republic» and calling the regime that followed a «Revolution,” expresses this problem, but does not form part of the solution. The form of government that regulates the current Constitution is also a Republic. Now, the growing impetus towards new and redefined Republican-content is essential and urgent for the democratization of Cuban politics. Promoting civic participation as a Republican means plays a key role in collectively shaping the social order and of ensuring that the action taken by the government is in the control of its citizenry. For that reason, I study the institutional design of civic participation in the Cuban state, and its potential to promote further participation. The recovery of the actual democratic republicanism for Cuban political culture is the vocation of the analysis.

CLACSO publica el libro «Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992»

 Descargue aquí el libro

 Por Julio César Guanche

La política cubana posterior a 1959 reelaboró el concepto de democracia a partir de la centralidad de la justicia social, la multiplicación de los actores políticos y la independencia nacional.

El proceso se orientó a la integración social del pueblo como clave de su transformación en sujeto colectivo. En 1976 se dotó de una Constitución que institucionalizó las formas de participación ciudadana. En 1992 una extensa reforma fijó nuevas condiciones de desarrollo para ese objetivo.

El sistema institucional cubano ha funcionado desde entonces sin interrupciones, reconoce mecanismos de participación directa y las elecciones han sido convocadas con regularidad, transparencia del escrutinio y altos índices de participación electoral. El hecho es explicable por la legitimidad histórica del poder revolucionario y de la figura de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa del sistema que ha conseguido inclusión social, equidad y soberanía nacional, y por diversos grados de presión política y social.

Sin embargo, el diseño institucional está sometido a tensiones contradictorias en su interior. Por un lado, busca promover la participación política, por otro concentra y centraliza poder y desestimula con ello la participación. De hecho, las prácticas representativas prevalecen sobre las participativas, en una contradicción con los objeticos declarados por el discurso institucional.

Las experiencias de cambio social desarrolladas hoy en América Latina han recolocado el tema de la participación en un lugar central, con una recuperación creativa del contenido clásico del republicanismo y del socialismo en cuanto régimen del autogobierno, esto es, de la participación directa de los ciudadanos en la gestión pública.

La reflexión sobre el contenido de la Constitución cubana vigente tras la reforma de 1992 reclama atención no solo por urgencias específicamente cubanas sino por un hecho que alcanza al contexto regional: la necesidad de reconstruir el paradigma de la democracia desde las condiciones socioestructurales e históricas de la región, marcadas por una inveterada exclusión social y un concepto patrimonial de la política.

Esta investigación recoloca el tema en los debates teóricos-políticos cubanos a partir de una comprensión republicana democrática. Recupera y confronta saberes provenientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de corrientes teóricas cuyas ideas apenas circulan en el contexto nacional.

En un plano específico, esta investigación contribuye a colocar en el campo de las opciones políticas cubanas respuestas a dos problemas: la debilidad de las formas de ejercicio directo de poder y las carencias del control concreto sobre la actuación estatal.

En esta argumentación, la concentración y la centralización de poder son incompatibles con la promoción de la participación, y, al mismo tiempo, la desconcentración y la descentralización, para ser democráticas, deben orientarse hacia la socialización del poder y la soberanía ciudadana.

Para ello, se proponen posibilidades de rediseño del sistema institucional de la participación/representación política con la ampliación—y la facilitación del empleo— de los instrumentos de democracia directa y del control sobre la representación.

De modo inusual en Cuba, el ejercicio de derechos individuales y colectivos se considera aquí como otra forma de participación. La práctica cubana siguió el modelo constitucional de hacer precedentes los derechos sociales sobre los individuales. El principio de precedencia configura un patrón asistencialista de participación. Se hace necesario reforzar la base institucional del ejercicio de derechos como clave de la participación autónoma de la ciudadanía. En esta comprensión, el ejercicio de los derechos fundamentales —a través de su reconocimiento constitucional, de las políticas sociales que los aseguran, y de su sistema de garantías jurídicas— es un recurso para subordinar el Estado a la sociedad. Por ello, propongo la creación de nuevos mecanismos de protección de derechos y de control constitucional.

Por otro lado, a partir del análisis del sistema institucional de la representación política —nominación, mandato, rendición de cuentas y revocación— se proponen garantías materiales y jurídicas para proteger el derecho de todos los ciudadanos a acceder, a través de representantes, a la intervención en la dirección del Estado.

En todos los casos, la argumentación teórica, el análisis de la práctica política y las recomendaciones que se hacen, parten del trabajo empírico realizado con investigaciones de campo, análisis de datos y entrevistas a expertos, funcionarios estatales y ciudadanos.

En un plano general, la investigación contribuye a defender la necesidad de radicalizar democráticamente el sistema institucional cubano de la participación, en contraposición a la imaginación liberal. Sitúa las necesidades de la «democratización de la democracia» en el continuo de las necesidades republicanas: la promoción de la autoorganización popular, la independencia política de las organizaciones sociales, la autonomía de la persona, la socialización de la propiedad y el fomento de formas asociativas desmercantilizadas.

Se argumenta como, para alcanzar mayor desarrollo democrático, el Estado cubano debe convertirse en actor de importancia decisiva, no único, en la transformación social con equidad. Se afirma que es preciso construir poder desde lugares diferentes —Estado, poderes públicos, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas—, en un espacio político regido por los principios de autonomía y cooperación, con la participación directa de las bases en la elaboración, ejecución y control de la política estatal hacia este horizonte: la construcción colectiva del orden.

En Cuba se modifica hoy el perfil de lo que ha sido el socialismo en su historia nacional. Los procesos de descentralización parecen ser la guía de las remodelaciones. Hasta el momento, ellas se han pronunciado básicamente sobre el campo económico, pero las tranformaciones modificarán bases políticas.

En ese contexto, la afirmación de la participación ciudadana es el único expediente eficaz para procesar el conjunto de cambios con consenso social.

Una conclusión resultante de este estudio es que la posibilidad de incrementar la participación de la ciudadanía en el SP cubano enfrenta numerosos obstáculos, provenientes de su ambiente, pero también del propio perfil del modelo.

En consecuencia, afirmo que la acumulación de los desgastes causados por tales obstáculos reclama una sustitución del modelo mismo de participación política. Las soluciones a los problemas antes considerados pueden encontrarse en varios órdenes: ejercer efectivamente prerrogativas ya consagradas, transformar el sentido de las regulaciones vigentes que otorgan prevalencia a la soberanía estatal sobre la soberanía ciudadana y habilitar nuevos mecanismos de participación que empoderen a la ciudadanía a través de la participación directa y el control de la representación. Si la reforma de 1992 habilita constitucionalmente el conjunto de cambios económicos que hoy se proponen, por la magnitud de los desafíos políticos que ellos plantean se estima que es aconsejable encararlos a través de un proceso constituyente nacional.

Estos contenidos son abordados en el libro Estado, participación y representación políticas en Cuba. Diseño institucional y práctica política tras la reforma constitucional de 1992, de Julio César Guanche, que acaba de ser publicado por CLACSO, en su colección Becas de Investigación.

¿A quién y cómo rinden cuenta los políticos electos en Cuba?

[El domingo 3 de febrero se realizaron elecciones generales en Cuba. En este contexto, sigo compartiendo pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. En esta nueva entrada, la quinta y última dedicada al tema, analizo los mecanismos de rendición de cuentas y de revocación de los representantes estatales cubanos.]

Ver entradas anteriores: Sobre el vínculo (o la carencia de este) entre el representante y su elector en Cuba; Cómo promover la representación política de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano, La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano, El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

La rendición de cuentas constituye un deber constitucional para todos los órganos y funcionarios del Estado. Según el artículo 68 «las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y de los funcionarios» y «los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus cargos en cualquier momento».(1) El diseño institucional lo concibe como un control social sobre la actividad de Gobierno, no reducido a la estructura institucional del Poder Popular.(2)

Los delegados deben realizar asambleas de rendición de cuentas dos veces al año, con el objetivo de informar sobre la gestión realizada para solucionar los planteamientos antes recibidos y recoger nuevos planteamientos y opiniones. En los documentos analizados aparece la necesidad de preparación de estas reuniones como una prioridad para obtener de ella el máximo rendimiento. Los delegados deben buscar la información necesaria para ofrecer respuestas de calidad y coordinar la asistencia de las entidades implicadas en las mayores problemáticas de la comunidad. En los informes que elaboran las AMPP para sus sesiones habituales, se evidencia la preocupación por problemas existentes durante el ejercicio de la labor de los delegados: la participación de los vecinos en la solución de los problemas comunitarios; la concertación, por parte de los delegados, de los planteamientos recibidos con la AMPP; la permanencia de los electores en las asambleas de rendición de cuentas; la evaluación y análisis de lo sucedido en la propia asamblea; la comunicación del delegado con sus electores, etcétera.

Un informe de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular de la ANPP, que sintetizó una investigación sobre el desarrollo de las funciones de los delegados a las AMPP y los Consejos Populares, en junio de 2006 presentaba como uno de los problemas más notables «el relacionado con la atención, respuestas y soluciones que ofrecen las direcciones administrativas a los planteamientos que hace la población». (ANPP 2006) En 2009, otro informe de la misma Comisión declaró «hay que señalar que el nivel de solución de los planteamientos formulados a las entidades administrativas resulta particularmente bajo en algunos territorios». (ANPP 2009)

Por las entrevistas realizadas, es posible constatar altos grados de formalismo en las rendiciones de cuenta en lo que respecta, por ejemplo, a las tareas de fiscalización y control, o el ejercicio de ciertas presiones sobre el cabal cumplimiento de estas tareas.

Sobre el vínculo (o la carencia de este) entre el representante y su elector en Cuba

[El domingo 3 de febrero se realizaron elecciones generales en Cuba. En este contexto, sigo compartiendo pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. En esta nueva entrada, la cuarta dedicada al tema , analizo el vínculo existente entre los electores y quienes han resultado  elegidos.]

Ver entradas anteriores: Cómo promover la representación política de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano; La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano; El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

En entradas anteriores sobre este tema, he afirmado que el proceso electoral cubano no define los programas de gobierno a nivel municipal, provincial, ni nacional. La ausencia de programa de gobierno se ha tomado por el discurso institucional cubano como una virtud. La periodista Agnerys Rodríguez Gavilán, ha publicado en días pasados un texto que ilustra esta comprensión. Allí afirma:

  “No hay en esos actos, conferencias, visitas, recorridos e intercambio de experiencias [de los candidatos] con el pueblo que los postuló nada de oportunismo, demagogia ni politiquería, tampoco de campaña de propaganda electoral.

Recordemos que estos candidatos fueron postulados de manera directa, cuando el pueblo eligió en las urnas a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, quienes hasta en un 50 por ciento están representados, tanto en las candidaturas para el Parlamento como en las asambleas provinciales; y de manera indirecta, por medio de las propuestas que hicieron las diferentes organizaciones de masas del país.

“Son los méritos y virtudes, expuestos en sus biografías, o la lectura que de estos se hace en las televisoras y emisoras nacionales, provinciales y municipales, así como su publicación en periódicos nacionales y provinciales, la principal campaña pública, con un profundo sentido cívico y ético.

“En estos espacios, en ningún caso los candidatos del pueblo pueden hacer campaña a su favor, ni las autoridades electorales pueden beneficiar a unos y denigrar a otros. Mucho menos hacer promesas o presentar programa de gobierno, a la usanza de las democracias burguesas.”

 Del mismo modo, el discurso estatal cubano sostiene que la prohibición de hacer campaña es una ventaja del sistema porque impide la demagogia. Hipotéticamente, la preocupación por la «demagogia» expresa más las debilidades que las fortalezas del diseño: la demagogia no es producida por la existencia en sí de una campaña electoral sino por la ausencia de mecanismos republicanos de control sobre lo prometido por el representante. En lo adelante, analizo las potencialidades del mandato, la rendición de cuenta, y la revocación en tanto tales: como mecanismos ciudadanos de participación en la formación de la voluntad estatal y de control sobre el representante.

Cómo promover la representación de grupos desfavorecidos en el sistema electoral cubano

[Ante la inminencia de un nuevo proceso eleccionario en Cuba comparto pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. Por ello, se examina también la generación del aparato estatal a través del sistema electoral existente en el país. Serán varias entregas, relacionadas pero independientes entre sí. Esta es la tercera entrega]

Ver entradas anteriores: La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano ;
El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

El pueblo, según Lázaro Saavedra

Para la democracia republicana, el derecho de igualdad implica equidad y proporcionalidad en la representatividad social de los resultados de la elección. Si existen voluntades sociales subrepresentadas, o no representadas, es preciso sostener políticas públicas para garantizar la posibilidad de su acceso a la intervención en el Estado, en cuanto garantía del ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos —los llamados de «autonomía», aquellos que se ejercen de manera colectiva frente al Estado para procurar la satisfacción de intereses plurales.

El Estado cubano ha mantenido políticas de promoción de grupos desfavorecidos a través de diferentes mecanismos y actores. Las Organizaciones Sociales y de Masas (OSM) han desempeñado un papel primordial para la continuidad de esas estrategias, un ejemplo son las políticas llevadas a cabo por la Federación de Mujeres Cubanas.

Ahora bien, las políticas de identidad con las que trabajan las OSM responden a una estructura social homogénea, mantenida por tres décadas, y menos a una estructura «heterogeneizada», como la que caló en Cuba a partir de los años noventa. Dichas políticas atienden exclusivamente a los vínculos con el trabajo/estudio y a la pertenencia a una organización político social. Sin embargo, un contexto de diferenciación social produce sujetos de identidad y lealtades múltiples, que incorporan nuevas demandas identitarias.

La nominación de candidatos en el sistema electoral cubano

[Ante la inminencia de un nuevo proceso eleccionario en Cuba comparto pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. Por ello, se examina también la generación del aparato estatal a través del sistema electoral existente en el país. Serán varias entregas, relacionadas pero independientes entre sí.]

Ver entrada anterior: El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

desde el principio: cómo asegurar el rumbo de los elegidos

La Constitución reformada en 1992 y la ley Electoral promulgada a su tenor establecen dos mecanismos distintos de nominación de candidatos para integrar la estructura estatal:
a) los candidatos a delegados de circunscripción son nominados de modo directo a través de propuestas de los electores. Una vez electos integran las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP).
b) los candidatos a los niveles medio y superior (provincias y nación) son nominados de modo indirecto, por las AMPP a partir de propuestas realizadas por las Comisiones de Candidaturas (CC).
La nominación de candidatos a delegados de circunscripción tiene lugar en asambleas abiertas realizadas en áreas de nominación. Todos los electores presentes en ella tienen derecho a proponer, haciendo uso de la palabra, al candidato de su preferencia. Entre los propuestos resulta nominado aquel que obtenga mayor número de votos, expresados en público y a mano alzada. Para que la proposición sea aprobada, la persona debe aceptar su nominación. En cada circunscripción electoral deben existir al menos dos candidatos para ocupar el puesto de delegado. El máximo posible es ocho, pues es el número mayor de áreas de nominación en que puede dividirse una circunscripción.(1)
Para los niveles provincial y nacional las CC —integradas por representantes de las organizaciones sociales y de masas designados por sus direcciones territoriales respectivas, y presididas por un representante de la CTC— elaboran sus listas de precandidatos a partir de: a) delegados municipales que sean propuestos por las CC municipales para las Asambleas Provinciales del Poder Popular (APPP), b) ciudadanos que no sean delegados de las AMPP y que sean propuestos por las CC municipales y provinciales para integrar las APPP y la ANPP, respectivamente y c) en el caso de los precandidatos a diputados, además, ciudadanos que sean propuestos por la CC nacional para integrar la ANPP.
Según la regulación legal hasta 50% de las propuestas de delegados a las APPP y de los diputados a la ANPP provendrán de personas que sean delegados municipales. Una vez elegidos para la nueva responsabilidad, compartirán ambas funciones. El criterio busca hacer presente una representación de personas que han sido nominados de modo directo por sus vecinos. El número restante será integrado por propuestas de personas que las CC estimen como «relevantes» dentro de sus respectivos ámbitos de trabajo y estudio, aún cuando no residan en el municipio que los elige. Con ello se busca garantizar que las APPP y la ANPP estén integradas también por «ciudadanos con altos méritos y capacidad para hacer aportes importantes en los debates que se realizan en el […] órgano legislativo» con independencia del lugar donde vivan. (Lezcano)
Si bien hacer las propuestas de precandidatos a delegados provinciales y a diputados es facultad de las CC, cada AMPP aprueba, y con ello nomina, los candidatos que serán votados por su municipio y estos pasan a integrar la boleta electoral.(2) En todo caso, la base de la representación es el territorio. Para formular sus propuestas, las CC deberán consultar el parecer de cuantas instituciones laborales y organizaciones estimen pertinentes, así como los criterios de los delegados a las AMPP.
Teniendo en cuenta la regulación descrita, analizo a continuación los comportamientos participativos de la ciudadanía en ese diseño.

El diseño del sistema electoral cubano: una descripción crítica

[Ante la inminencia de un nuevo proceso eleccionario en Cuba comparto pasajes de un texto de investigación, publicado por CLACSO, donde estudio en detalle el modelo de la participación ciudadana en el Estado cubano. Por ello, se examina también la generación del aparato estatal a través del sistema electoral existente en el país. Serán varias entregas, relacionadas pero independientes entre sí. ]

pensar a quién se vota, cómo se vota, por qué se vota, qué se obtiene con el voto, ¿a qué obligan las elecciones?

Según la Ley Electoral de 1992 tienen derecho al voto todos los cubanos, hombres y mujeres, mayores de dieciséis años de edad, excepto los incapacitados mentales y los inhabilitados judicialmente; cada ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido, votar en los referendos, estar inscripto en el Registro de Electores, presenciar los escrutinios en los Colegios Electorales, participar en la asamblea de nominación de candidatos que le corresponde y a establecer reclamaciones sobre estos derechos; a contar con un registro de electores público, gratuito, y con posibilidad expedita de inscripción. La Ley considera nulas las boletas en las que «no pueda determinarse la voluntad del elector» —como las boletas en blanco o anuladas ex profeso—; consigna una «fórmula de mayoría» para resultar electo —el candidato debe contar con más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos—, que garantiza mayor legitimidad de los votados—; y no considera al Partido Comunista de Cuba (PCC) como sujeto del proceso electoral, pues no postula candidatos.
La reforma de 1992 estableció el voto voluntario, libre, directo y secreto de los electores para integrar todas las asambleas, que mantuvieron sus rasgos de unicameralidad y de ausencia de minorías parlamentarias. Confirió la facultad de nominar candidatos para las provincias y la nación a las «Comisiones de Candidaturas», mientras que en el nivel de municipio nominan los electores de modo directo en asambleas de vecinos.
Las elecciones generales se realizan cada cinco años, para elegir delegados a las asambleas municipales y provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el lapso, se realizan elecciones parciales, cada dos años y medio, para renovar las asambleas municipales. No se permite campaña electoral ni existe financiamiento para los candidatos.
Para las elecciones municipales, el sistema se organiza en circunscripciones uninominales (se puede votar solo por un candidato), divididas en áreas de nominación. Para las elecciones provinciales y nacionales, la boleta electoral contiene tantos nombres como cargos a elegir. Es un tipo de lista «cerrada y no bloqueada», en la cual se puede votar por tantos candidatos como aparezcan, o por uno o algunos de ellos, pero no cuenta con espacios en blanco para agregar nuevos candidatos. El sistema se rige por un criterio de representación proporcional, que elige un número de candidatos correspondiente a una cifra de población, una pauta que busca, en principio, evitar la manipulación del proceso a través del establecimiento a conveniencia de nuevas circunscripciones electorales.
Con ello el ordenamiento regula un proceso electoral semicompetitivo para los municipios —pues se convoca a la ciudadanía a «elegir a los mejores candidatos» entre una cifra mínima de dos y una máxima de ocho candidatos— y no competitivo para las provincias y la nación debido a la existencia del sistema de lista cerrada.
En teoría, las funciones de un sistema electoral semicompetitivo son: legitimación de las relaciones de poder existentes, distensión política hacia adentro, mejoramiento de la imagen hacia afuera, manifestación (e integración parcial) de fuerzas opositoras, y reajuste estructural del poder a fin de afianzar el sistema. Por su parte, un diseño de elecciones no competitivas se encarga de movilizar a todas las fuerzas sociales, de explicar a la población los criterios de la política estatal y de consolidar la unidad político-moral del pueblo. (CAPEL 1988, 260)
La mayor parte de estas funciones se verifican en el comportamiento práctico del sistema electoral cubano, que ha convocado con regularidad a elecciones, ha mantenido la transparencia del escrutinio, altos índices de participación electoral y cuenta con garantías electorales: la prohibición del apoyo oficial a candidatos personalizados y la tipificación de conductas electorales ilícitas.
El sistema carece de otras garantías, como la existencia de una autoridad electoral independiente y de una jurisdicción electoral con competencia privativa en la materia. La Comisión Electoral Nacional es el órgano encargado de organizar el proceso eleccionario y velar por su legalidad. Es designada por el Consejo de Estado, se constituye en la fecha que este determine y sus miembros toman posesión de sus cargos ante el Secretario de este órgano. No cuenta con autonomía administrativa, financiera y organizativa ni cuenta con una jurisdicción en materia electoral, de modo que las conductas ilícitas que le competen se tramitan por los Tribunales Municipales Populares. No se considera un «Poder Electoral», como en Venezuela ni tiene atribuidas las potestades con que cuenta la Función Electoral, en Ecuador, o el Órgano Electoral, en Bolivia, regidos por los principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad, principios con los cuales se busca garantizar un cauce —público pero no estatal y menos gubernamental— comprometido institucionalmente con la posibilidad de permitir mayores grados de representación de la diversidad social y política.
Desde 1976 hasta 2010 la participación electoral cubana ha oscilado entre 95, 2 % y 95, 9%. Esas cifras se han leído como una muestra de «respaldo a nuestro sistema político y una contundente respuesta de los cubanos y cubanas con derecho al sufragio a las campañas mediáticas orquestadas por el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea y sus lacayos del patio». (Granma 2010). (1)
Al unísono, ha contado con alta respuesta positiva de los electores a las solicitudes oficiales de «voto unido» —por todos los candidatos—, junto a la escasa presencia del voto nulo y en blanco, rubro que a lo largo del período se ha comportado sobre menos de 7%. (2) En general, las elecciones han servido como virtuales plebiscitos sobre la continuidad del proyecto revolucionario. (Gili Colom 1993, 56)
El hecho es explicable, entre otras causas, por la legitimidad histórica del poder revolucionario y del liderazgo personal de Fidel Castro, por la aceptación por parte de la ciudadanía de la institucionalidad existente como marco político para la defensa de la Revolución, y por diversos grados de presión política y social sobre el acto de votar.(3)
Sin embargo, el sistema deja en pie varios problemas en la base institucional de la participación ciudadana: desperdicia la posibilidad de extender mayores consecuencias participativas, más allá del voto directo exigido para todas las asambleas, pues mantiene rasgos del ejercicio concentrado de poder fijado en 1976: los programas de gobierno local, provincial y nacional no resultan definidos a través del proceso electoral;(4) a través de él no se dirime el poder político, pues los cargos puestos a elección no abarcan toda la estructura de dirección política (5); no se contabiliza un tipo de preferencia ciudadana de voto (6) y no se estimula el voto de los ciudadanos emigrados que se encuentren en el país al momento de la votación (7).